La polémica por la&nbsp;apertura comercialLa política aperturista promovida por la administración Milei-Caputo llevó a cuestionamientos, por un lado, de aquellos que defienden el modelo proteccionista instaurado en la década del 40, del cual nunca se ha salido del todo.Pero, incluso desde la visión favorable a la apertura, se suele objetar que la misma debe estar precedida por reformas estructurales que alivien a las empresas locales de cargas impositivas y regulatorias, a la par que se les otorgue algún tiempo razonable para volverse competitivas.Bien, ¿cuánto tiempo? Seguramente para dar respuesta sería aconsejable analizar cada caso o sector en particular.Al respecto, es importante destacar lo comentado por Orlando Ferreres (2010) en su trabajo “Argentina: 100 años en cifras”, quien advierte que incluso la literatura que justifica la protección para industrias “infantes” fija límites de tiempo, de modo que las mismas alcancen la madurez competitiva en un plazo determinado. Sin embargo y curiosamente, existen industrias que son infantes desde la década del 50, ya que disfrutan de medidas proteccionistas impuestas desde ese entonces. No hace falta extenderse en la explicación de que tal subsidio, no ya a la falta de madurez, sino a la ineficiencia, es un golpe al poder adquisitivo de los argentinos.El caso FATE agudizó el debate, y justo en pleno tratamiento de la reforma que pretende dinamizar el mercado laboral otorgando un marco de mayor flexibilidad y previsibilidad a la contratación.Principales reformas&nbsp;estructuralesReviste cierta complejidad enumerar todas las “reformas estructurales” que requiere la Argentina para adquirir mayor competitividad y salir del estancamiento relativo iniciado en la década del 40.Pero sin dudas deben incluirse las siguientes:&nbsp; - Fiscal: para que el sistema impositivo sea menos complejo y gravoso (aquí las provincias deben hacer su parte), y para preservar el equilibrio fiscal.&nbsp; - Laboral: para que las pymes no vean amenaza su existencia ante un juicio laboral de consecuencias devastadoras, y para incentivar el empleo formal. - Reforma monetaria y cambiaria: llegar a un sistema cambiario plenamente flexible con moneda estable.&nbsp; - Regulatoria: eliminar desregulaciones considerabas excesivas que encarezcan o desalienten actividades productivas (incluye la laboral).Como se comentó inicialmente, se proponen tales reformas (lista no taxativa) para luego ir a la apertura comercial. Sin embargo, también podríamos ver a la apertura como una reforma estructural en sí misma, de carácter complementario, que acompañe los avances fiscales, laborales, monetario/cambiarios y regulatorios. Aquí juega un papel crucial la coordinación, como veremos luego.Y… ¿cómo la apertura podría ayudar a la&nbsp;competitividad&nbsp;empresarial?&nbsp; La pregunta parece contraintuitiva, sin embargo, el acceso más barato hacia capital y tecnología extranjera de vanguardia o al menos superior a la desarrollada localmente, para su incorporación en la producción de empresas locales que resistan el proceso, podría contribuir a la productividad y competitividad de las mismas.Tenemos un precedente, lo comenta el economista chileno Mauricio Rojas (2003), en referencia a la década de los 90.Este autor destaca que la producción manufacturera aumentó 47,5% entre los años 1990 y 1998, incrementándose la productividad por trabajador un 82%.&nbsp; Cuando se discute las causas del colapso de la Convertibilidad, resulta un lugar común hablar de “apertura indiscriminada” o “neoliberalismo”, en lugar de ahondar en los problemas fiscales que llevaron al endeudamiento y posterior default.La clave es la coordinación Otro aspecto que suscita debate es si shock o gradualismo, y en caso de este último cuál debería ser la velocidad del mismo.Propongo que la discusión brinde mayor protagonismo a la cuestión de la coordinación.Fundamento este pedido en la experiencia del gobierno de Mauricio Macri, el cual, más que por las acusaciones ideológicas absurdas que no resisten rigor económico (“neo”liberalismo, apertura “indiscriminada” etc) no pudo lograr sus objetivos a causa de una descoordinación manifiesta entre el sistema de metas de inflación y el ajuste fiscal tan parsimonioso que derivó en un ajuste hacia atrás, aumentando el déficit financiero, en vez de reducirlo, y haciendo entonces que los esfuerzos del entonces presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, por cumplir con el ritmo propuesto de reducción de la inflación, se tornaran vanos.Diferencias en lo fiscal y cambiario respecto a las anteriores experienciasComo ventaja frente a la situación de los 90 o la mencionada de la gestión Macri, hoy existe superávit fiscal, y un sistema cambiario de ajuste gradual de bandas que por su propia naturaleza tiende hacia un sistema cambiario de flotación pura.Mientras el proceso de desinflación se retome, abandonando la inercia de los últimos meses, no se podría acusar al gobierno de fomentar un “ancla cambiaria”, pues si el tipo de cambio se derrumba, será responsabilidad de las fuerzas de la oferta y de la demanda, y no de un sistema diseñado para generar atraso cambiario. Evitándose los errores incurridos durante la Convertibilidad y bajo la administración Macri, un proceso de reformas estructurales que incluya la apertura comercial como parte de las mismas, podría resultar exitoso.La apertura comercial no es una amenaza, sino una oportunidad. El verdadero peligro es repetir la descoordinación del pasado.&nbsp;

La apertura comercial como reforma estructural en sí misma

En tanto, a nivel interanual, el acumulado alcanzó un 26,4% desde enero del año pasado, según supo la Agencia Noticias Argentinas. El Índice de precios básicos al por mayor (IBIM), que excluye el efecto impositivo del IPIM, registró 1,6% y el Índice de precios básicos del productor (IPP) una de 1,6%. En el desglose del IPIM, los precios de los productos nacionales crecieron 1,7% (2,6% productos primarios; 1,4% productos manufacturados y 1,1% energía eléctrica). A su vez, los productos importados escalaron 1,5%.Iván Cachanosky, economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso, dijo que “la secuencia de IPIM mensual muestra que la inflación de costos se modera de forma sostenida desde octubre”.&nbsp; Dijo que “en el último trimestre del año (con excepción de diciembre), los precios mayoristas corrieron por debajo del 2% y enero no fue la excepción”.&nbsp; “Esto es coherente con una inflación que debería empezar a ceder en los próximos meses y retomar el camino de la desinflación”, señaló.Con respecto a los precios mayoristas de enero, destacaron los aumentos en productos agropecuarios (+4,1%), productos pesqueros (+4,6%) y alimentos y bebidas (+2,4%).Si bien los precios mayoristas corren por debajo del 2%, los datos a febrero continúan mostrando una inflación que podría ser todavía elevada, por lo que lo más probable es que el camino de reducir la inflación se retome en marzo”.

La inflación mayorista desaceleró al 1,7% en enero

La medida surge tras evaluar los efectos del fenómeno meteorológico ocurrido el 3 de septiembre de 2025. Según los informes técnicos de la Agencia de Extensión Rural INTA Chajarí y la Dirección de Agricultura, se constataron “pérdidas superiores al 50 por ciento en fruta madura”, afectando principalmente los cultivos de mandarinas y naranjas en estado de maduración avanzada.El documento oficial subraya que este nuevo evento fue un hecho “extraordinario de granizo y viento, cuya ocurrencia resultó imprevisible e inevitable”, lo que terminó por comprometer seriamente la producción comercializable de la región del distrito Mandisoví. Debido a que el plazo original de asistencia (establecido en un decreto previo de 2025) ya había vencido, el gobernador Rogelio Frigerio resolvió habilitar una extensión excepcional.&nbsp; La norma establece: “Incorpórase al régimen de Emergencia y/o Desastre Agropecuario declarado mediante Decreto DTO-2025-2522-GER-GOB el evento climático de granizo y viento ocurrido el día 3 de septiembre de 2025, que afectó las explotaciones citrícolas ubicadas en Colonia Ensanche Sauce, Santa Ana y zonas aledañas”.Asimismo, se aclara que la intención técnica de la Comisión Provincial de Emergencia es unificar ambos eventos climáticos (el de mayo y el de septiembre de 2025) bajo un mismo esquema de asistencia para simplificar los procesos administrativos y legales. Para que los damnificados puedan acceder a los beneficios fiscales previstos en la Ley Nº 10.836, dispone: “Habilítase en carácter excepcional un nuevo período para la presentación de declaraciones juradas por parte de los productores afectados por el evento incorporado (…) el cual se extenderá desde la entrada en vigencia del presente decreto y por el plazo de treinta (30) días corridos”. Tras la publicación en el Boletín Oficial, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca contará con un plazo de 90 días para remitir a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) el listado oficial de los certificados emitidos, garantizando así el alivio impositivo para los productores alcanzados.

Amplían la emergencia agropecuaria para la actividad citrícola de la región por la caída de granizo en 2025

El Índice de Confianza al Consumidor (ICC) que elabora el Centro de Investigación en Finanzas de la Di Tella cayó un 4,7% en febrero respecto a la medición de diciembre, siendo el primer registro negativo del año tras la suba del 2,2% de enero.De esta manera, el ICC se ubicó en 44,38 puntos en el segundo mes del año.&nbsp; En la comparación interanual, el índice exhibió una disminución de 6,09% respecto de febrero de 2025, según precisó el reporte al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.En este marco, puntualizó que “el índice acumula una caída de 6,33%” desde el pico registrado en el actual gobierno durante enero de 2025, con un valor de 47,38 puntos. Asimismo, remarcó que desde el piso alcanzado en enero de 2024, tras las primeras medidas del presidente Milei, cuando el índice había caído a 35,60 puntos, el ICC acumula una suba de 24,66%”.Al referirse al resultado exhibido en términos regionales, el indicador registró caídas generalizadas en febrero. La disminución más pronunciada se observó en CABA (-7,77%), seguida por GBA (-5,35%), mientras que el Interior mostró la contracción más moderada (-2,26%).En este segmento del análisis, el informe precisó que el Interior continúa exhibiendo el índice más elevado (50,08 puntos), en tanto que el GBA mantiene el valor más bajo entre las tres regiones (41,25 puntos).Por nivel de ingresos, el ICC registró caídas mensuales en ambos segmentos. La disminución fue más pronunciada se dio entre los hogares de ingresos altos (-5,24%), mientras que entre los hogares de ingresos bajos la contracción fue más moderada (-2,28%). A pesar del mayor declive en la confianza, los hogares de ingresos altos continúan exhibiendo un índice superior (45,50 puntos) frente a los hogares de ingresos bajos (43,63 puntos).Por subíndices, todos los componentes del ICC mostraron variaciones mensuales negativas. La caída más marcada se observó en Situación Personal (-7,62%), seguida por Situación Macroeconómica (-5,37%), mientras que Bienes Durables e Inmuebles se mantuvo prácticamente estable (-0,02%).Al analizar los componentes por horizonte temporal, el informe de la Di Tella expuso que en febrero ambos indicadores mostraron caídas mensuales. La disminución más pronunciada se observó en las Expectativas Futuras (-5,75%), mientras que las Condiciones Presentes retrocedieron 3,22%. En la comparación interanual, las Condiciones Presentes se ubican 3,63% por encima del nivel de febrero de 2025, en tanto que las Expectativas Futuras se encuentran 12,08% por debajo del registro de un año atrás.&nbsp; NA.

La confianza del consumidor cayó 4,7% en febrero con fuerte deterioro de las expectativas futuras

Mientras el Congreso debate la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer los datos del empleo y, entre los principales indicadores, están las tasas de actividad, empleo y desocupación del último trimestre de 2025 en relación con el período anual entre 2021 y 2025. Al respecto, según supo la Agencia Noticias Argentinas, los tres indicadores son positivos, ya que las tasas de actividad y de empleo subieron y la desocupación bajó. Los datos arrojados por el informe técnico que elabora el INDEC mediante la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) se obtienen en 31 centros urbanos y en localidades de 2.000 habitantes como base. La EPH se realiza cada último trimestre, año tras año. En tal sentido, y según el operativo de diciembre pasado, en 2025 los índices a nivel país, en relación con los períodos 2021-2025, fueron buenos, ya que creció la actividad y el empleo, y disminuyó la desocupación.Los números generales de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC Población total urbana 91,3% del total del país - 43,3 millones de personas. Población inactiva 52,5% - 22,8 millones de personas Población económicamente activa 47,5% - 20,6 millones de personas. De la PEA, 19,3 millones son los ocupados y 1,3 millones los desocupados. Además, de los ocupados, 3,2 millones son ocupados demandantes de empleo, lo cual significa que trabajan pero buscan activamente otra ocupación; y 2,2 millones están subocupados, lo cual quiere decir que trabajan menos de 35 horas semanales y están dispuestos a trabajar más horas.Entre 2021 y 2025, ¿cuánto subió la actividad y el empleo y cuánto bajó la desocupación? Según los datos del INDEC, en el reporte de diciembre del último trimestre de 2025 respecto de años anteriores, inclusive hasta 2021, los números fueron buenos.

En medio del debate por la reforma laboral, el INDEC dio a conocer los datos de empleo

Por Daniel Sticco -La gestión de la deuda pública en enero se mantuvo bajo control pese a la concentración de pagos, según el equipo económico, que aseguró que el cronograma de vencimientos no presentará sorpresas y subrayó la necesidad de renovar compromisos para evitar presiones cambiarias. Durante el mes, la Administración Central realizó operaciones por USD 40.712 millones: USD 19.344 millones correspondieron a financiamiento y capitalizaciones, y USD 21.368 millones a amortizaciones y pagos. Desde el inicio de enero de 2026, la dinámica de la deuda pública atrajo la atención de analistas y consultoras económicas, debido a la concentración de vencimientos y la limitada acumulación de reservas internacionales en el Banco Central de la República Argentina y la capacidad de compra del Tesoro Nacional. Entre los compromisos más relevantes, los Bonos del Tesoro ajustados por inflación concentraron la mayor parte del calendario. La magnitud de las obligaciones en moneda local se sumó a las advertencias que, desde fines de 2025, emitían los analistas. Uno de ellos señaló: “Este enero se concentra el 35% de los compromisos trimestrales”, anticipando el impacto sobre la liquidez del mercado financiero. Bancos y fondos de inversión coincidieron en que la renovación de deuda será clave para evitar tensiones cambiarias, una preocupación reiterada entre los actores del sector. Al examinar el ritmo de pagos, quedó clara la distribución desigual de los vencimientos: un economista privado afirmó entonces que “la curva del Tesoro presenta fuertes picos en la primera quincena”, lo que dificulta la gestión de esos montos en períodos tan acotados. Pese a los desafíos, la posición oficial ante los altos pagos de enero de 2026 fue contundente. Voceros del Ministerio de Economía afirmaron: “No habrá sorpresas; el cronograma está bajo control”, en un mensaje dirigido a los mercados para reforzar la confianza en la ejecución.La primera señal concreta de esa confianza fue el pago del primer gran vencimiento del año a bonistas por USD 4.200 millones, el 9 de enero, mediante depósitos del Tesoro en el Banco Central y un préstamo REPO con seis bancos internacionales por USD 3.000 millones, evitando así afectar las reservas internacionales del ente monetario. El REPO consiste en la venta de bonos con acuerdo de recompra a precio y fecha pactados; en este caso, se utilizaron como garantía los Bonar 2035 y 2038 (legislación argentina). La Secretaría de Finanzas, liderada por Alejandro Lew, informó que en enero, tras los ajustes por diferencias de cambio y capitalización de intereses por USD 7.891 millones, la deuda primaria de la Administración Central creció en el mes en USD 5.867 millones, alcanzando un total de USD 460.934 millones, lo que representó un alza del 1,3% respecto de diciembre, pero una reducción de USD 6.854 millones en los últimos doce meses. La deuda bajo legislación extranjera cayó en USD 712 millones (hasta USD 163.691 millones), mientras que la deuda bajo legislación nacional se elevó en USD 6.579 millones, situándose al tipo de cambio mayorista de cierre de diciembre en USD 296.955 millones. Las operaciones de deuda con organismos internacionales -excluyendo al FMI- destinadas a recapitalizar el Banco Central y avanzar en reformas sin requerimiento legislativo, junto al efecto del ajuste de valuación de divisas, determinaron un incremento de USD 460 millones, totalizando USD 39.352 millones. Por su parte, los préstamos con el FMI aumentaron en USD 514 millones, en ambos casos predominando el efecto de la revaluación de las divisas respecto del dólar y el peso. Por diferencias de cambio, los Adelantos y Letras del Banco Central transferidos a la Tesorería aumentaron en USD 23 millones, alcanzando USD 55.360 millones. La deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central, descontados los depósitos oficiales en el ente monetario por USD 3.498 millones, totalizó en enero USD 457.436 millones, mostrando un aumento de USD 7.195 millones respecto de diciembre y una caída de USD 3.104 millones en comparación con un año antes. &nbsp; En relación a noviembre de 2023, la deuda bruta de la Administración Central a enero de 2026 subió en USD 35.641 millones. No obstante, al sumar las transferencias de pasivos del Banco Central al Tesoro y la variación de depósitos oficiales en el BCRA, el stock consolidado en los primeros 26 meses de la presidencia de Javier Milei presentó una reducción neta de USD 29.514 millones. Este proceso se descompone en un aumento de USD 22.431 millones con organismos internacionales y una baja de USD 51.945 millones en el agregado del sector público y privado.Próximos vencimientos El calendario de vencimientos del Tesoro exhibe una concentración de pagos relevantes en los próximos meses. El 27 de febrero debe afrontarse un pago superior a USD 1.000 millones por vencimientos de Bopreales (títulos emitidos por el Banco Central para cubrir deudas con importadores) y el vencimiento de intereses del acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI por USD 878 millones, cubiertos con la compra de Derechos Especiales de Giro (DEG) a Estados Unidos, y que serán cancelados con el próximo desembolso del organismo, tras la segunda revisión técnica de las metas del último trimestre de 2025. Los picos más altos se ubican en abril, junio y julio, con montos que superan los $20 billones en algunos casos. Entre los instrumentos predominantes figuran Boncer, Lecer, títulos duales y bonos atados al dólar, aunque los instrumentos en pesos constituyen la mayor parte de los compromisos. Según la consultora LCG, el programa financiero para febrero-diciembre contempla necesidades por USD 18.659 millones, equivalentes al 2,7% del Producto Bruto Interno (PBI). De ese total, las amortizaciones suman USD 6.566 millones y los intereses USD 7.281 millones. A esto deben agregarse los pagos del Banco Central, que suman USD 4.812 millones, desglosados entre Bopreal (USD 2.312 millones) y el swap con China (USD 2.500 millones). Para los analistas, la coordinación entre el Tesoro y el Banco Central sigue siendo un factor central para el desempeño de la economía en el corto plazo. La estrategia oficial apunta a evitar que la expansión monetaria de origen cambiario se traslade a los precios o al dólar. La absorción de pesos vía licitaciones permite esterilizar parte de la base creada por el BCRA, aunque el desafío de sostener el interés de los inversores privados por instrumentos en moneda local permanece vigente.

La deuda pública en enero bajó tras subir en diciembre y el Gobierno descarta sorpresas en los próximos vencimientos

Esto significa una baja del 7,6% con respecto a diciembre, algo natural por cuestiones estacionales, pero una suba del 9,7% frente a igual mes del año pasado, cuando fueron 880,7 millones. El 2025, fue de fuerte crecimiento. Es auspicioso el dato de producción de leche en Argentina, que mantuvo en el inicio de 2026 la senda alcista, en línea con las proyecciones que indican que el ordeñe continuará en expansión durante el presente ejercicio.Según la publicación de Infocampo, de esta manera, el ordeñe de enero quedó muy cerca de batir el récord para ese mes, que corresponde a 2015, con 973,8 millones de litros.Por otro lado, OCLA también resaltó el aumento de los denominados “sólidos útiles” (grasa butirosa y proteína), que subieron un 11,3% respecto a 2025, una tasa superior a la producción en litros de leche.Esto, producto de una mejora de los sólidos (Grasa Butirosa + Proteína), que pasaron del 7,00% en enero 2025 a 7,10% en enero de 2026. Precios de quebranto La contraparte del buen dato del horizonte productivo, reside en que los precios que cobran los productores siguen estando muy bajos y significan una rentabilidad negativa para la actividad.Los últimos datos relevados por OCLA, también sobre la base de información oficial, indican un precio promedio recibido por litro de $ 478,19, apenas 0,3% más que en diciembre y solo 7,7% por encima de enero de 2025. Esto implica que, en términos reales, deflactando la inflación acumulada, el valor cayó 2,5% intermensual y 18,7% interanual.Del mismo modo, si se mide en dólares, el precio está 22,5% por debajo de enero de 2025.

La lechería busca un récord productivo, con precios bajos

Según la Cámara de Feedlot, se van acentuando cada vez más, con la seca del verano, los niveles de encierre del ganado para la terminación de las recrías del 2025 y también la necesidad de abastecimiento de materia prima de los frigoríficos que no encuentran la hacienda suficiente entre los productores. En los establecimientos que dan hotelería, el 74% de la hacienda pertenece a la industria: el 42% con destino de consumo interno y el 58% de exportación, según recabó la Agencia Noticias Argentinas. La entidad que nuclea a los feedlot informó que el encierre en enero cayó levemente por una cuestión estacional ya que no hubo ese mes una fuerte oferta de terneros, pues su zafra comienza a fin de mes o inicios de marzo. En gran medida, el crecimiento de los encierres en los feedlot tiene que ver con la conveniencia de transformar el maíz en carne.&nbsp; Por cada kilo de novillo se pueden comprar 15 de maíz cuando se estima que 12 a 1 ya es una relación conveniente, al impactar en subas en los precios, lo que ya se refleja en los primeros remates de invernada del año. Esto le viene como anillo al dedo a todos los operadores que necesitan engordar hacienda ya que la oferta de terneros es limitada y se estima que incluso este año podría caer. &nbsp;A eso se agrega que hay buena oferta forrajera y por lo tanto se estiran las recrías y la retención de parte de criadores.Industriales de la ganadería Los datos indican que el 45% del total de hacienda encerrada es de estos frigoríficos, pero en los establecimientos hoteleros su participación llegó a 58%. Además en el último mes aumentó 3% mientras que la participación de los consumeros cayó 3% y fue de 42% sobre el total. De la hacienda que salió de los corrales de terminación, el 53,5% fue a frigoríficos exportadores, lo que no significa que toda la carne que se produjo por su faena terminó en los mercados internacionales, ya que todos integran sus negocios con la venta de cortes en el mercado doméstico. Pero sí da cuenta a las claras de su crecimiento en la actividad del engorde a corral y en el negocio de la carne. Llevaba varios años la consolidación del engorde a corral y de que los principales abastecedores de los feedlot hoteleros sean los matarifes y frigoríficos del consumo, hasta que los exportadores tuvieron que salir a comprar invernada para recría y engordar a corral, como consecuencia de la caída del stock vacuno y en particular de la categoría novillos. En 2025 creció 3,85% el consumo de carnes en Argentina, con 116,4 kilos por habitante, consolidando una tendencia de los últimos años que refleja avances en producción, competitividad y acceso a alimentos de calidad. De bovina se ingieren 49,92 kilos por persona, porcina 18,89 y aviar 47,68, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. NA. &nbsp;

La exportación de carne absorbe más de la mitad del ganado criado en corrales

Las exportaciones de Entre Ríos cerraron 2025 con un valor superior a 2.096 millones de dólares y un volumen cercano a 5,6 millones de toneladas de mercaderías. Desde el gobierno provincial destacaron la consolidación de una tendencia expansiva en la colocación de productos entrerrianos en el exterior.La evolución de la serie muestra un punto de inflexión en 2023, cuando el ingreso por ventas al mundo rondó los 1.000 millones de dólares, y un nuevo escalón durante 2025, con cifras próximas a los 2.100 millones. Los analistas subrayan que, incluso contra 2024, el avance alcanza el 47%.Los datos son preliminares y fueron difundidos por la Dirección de Relaciones Internacionales, a partir del trabajo técnico de la Dirección de Estadísticas y Censos.Qué se exportó y cómo se compuso la canasta El perfil de ventas al exterior se concentró principalmente en:Productos primarios: 56% Manufacturas de origen agropecuario / agroindustriales: 36% Manufacturas industriales y rubros energéticos: 8%Entre los principales productos se destacan trigo, soja, carne bovina, maíz, arroz y lácteos.Destinos: quiénes&nbsp;compraron más En el mapa de compradores, China absorbió el 27% de los envíos, seguido por Brasil con 11%. Luego aparecen Chile (6%), Uruguay (5%), y con 4% cada uno Estados Unidos, Países Bajos y Vietnam. En el siguiente escalón figuran Perú, Indonesia y Argelia, con 3% cada uno.Dato de contexto: con los valores informados, el promedio de exportación se ubicó en torno a USD 374 por tonelada (estimación sobre el total anual), y los dos principales destinos concentraron juntos 38% del mercado externo.El crecimiento por rubros Por grandes categorías, la mejora interanual frente a 2024 se repartió así: Productos primarios: +66% Agroindustriales: +24% Industriales: +57%En conjunto, el informe refleja una expansión generalizada por rubros y una mayor tracción exportadora de empresas radicadas en la provincia, con la producción agropecuaria y su procesamiento como columna vertebral del desempeño de 2025.

La provincia pegó un salto del 47% en un año

Luego del dato de 2,9% en enero y la vuelta atrás sobre la nueva medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el rubro de los alimentos y bebidas volvió a registrar subas durante las dos primeras semanas de febrero, lo que presionaría a la inflación del segundo mes del año, según distintas consultoras privadas. En medio de la polémica por la medición del INDEC sobre el IPC, la cual iba a ponderarse teniendo en cuenta las canastas de los años 2017 y 2018, la inflación de enero marcó su quinto mes en alza y se aceleró al 2,9%. En particular, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas cerró con un incremento de 4,7% y se ubicó como la división de mayor aumento. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los informes preliminares de distintas consultoras sitúan una desaceleración de ese rubro, aunque continúa quedando por encima del 2%. Hay que remontarse a agosto del 2025 para encontrar un aumento inferior en los alimentos (cuando marcó 1,5%). Desde ese mes en adelante, se consolidó una tendencia ascendente con aceleraciones notables. Para EcoGo, la inflación de los aliementos ronda entre 2,6% y 2,8%. En la primera semana de febrero, la consultora ponderó una variación del 2,6% en los alimentos dentro del hogar (+0,7), mientras que los que se consumen fuera del hogar se sitúan en 2,4%, promediando entre ambos 2,6%.&nbsp; Teniendo en cuenta la segunda semana del mes, ese índice se aceleró al 2,8%: dentro del hogar marcaron 2,9% (+0,9%) y fuera del hogar 2,1%, equilibrando una inflación del 2,8% para el rubro. Así, EcoGo estima que el IPC de febrero se sitúe en torno al 2,7% y 3%. “Se registró una aceleración en el precio de la carne y aporta mayor presión al rubro en el cierre del mes”, señalaron desde la consultora. Y agregaron que se prevén más aumentos en el componente de esparcimiento vinculados a la demanda estacional por los feriados del Carnaval, lo que “podría añadir una incendencia adicional sobre el nivel general de precios”. Econviews arrojó una suba inferior, con 0,6% para la segunda semana. Entre ellos destacan la suba de la carne (+2,3%) y la baja de las verduras (-0,5%). Para las cuatro semanas, la consultora estima un aumento del 2,2% en el rubro.&nbsp; Tras haber ponderado un alza de 2,5% en la primera semana (1,6% mensual), la medición de LCG se disminuyó al 1% para la segunda semana (2,4% mensual).&nbsp; Por su parte, Analytica también obtuvo una medición inferior al resto: en la primera semana consignó una variación del 0,6% en alimentos y bebidas del Gran Buenos Aires (GBA), lo que ubicaría el promedio mensual en torno al 2,6%. A pesar de que la inflación de enero registró el quinto mes en alza, desde Invecq indicaron que “esto no implica que el proceso de desinflación haya quedado atrás”, sino que “refleja la inercia propia de la dinámica inflacionaria, junto con la mayor incidencia de componentes estacionales y regulados que, tras haber contribuido trasitoriamente a moderar el &nbsp;índice a mediados de 2025, hoy están ejerciendo presión alcista sobre el nivel general”. La consultora estima una inflación menor a la de enero a través del IPC Invecq, actualmente corriendo a una velocidad mensual de 2,7% y que prevén que cierre febrero en 2,5%, continuando con una “leve desaceleración”. “Los procesos de desinlfación no son líneales. Aunque desde fines del 2025 la suba de precios parece haberse ubicado en un esclaón algo más elevado, la trayectoria sigue fuertemente condicionada por la dinámica de los estacionales y regulados, algo que probablemente se repita en lo inmediato”. Para el primer semestre del 2026 -que abarca los primeros seis meses del año-, Invecq proyectó una inflación del 2,2% que luego caerá al umbral del 1,5% en el segundo semestre, cerrando el año en la zona del 25% anual. El IPC de enero se aceleró y cerró en 2,9% Tras la renuncia de Marco Lavagna como director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y luego de que se de marcha atrás para la nueva metodología de medición del IPC, la inflación del primes mes del año se aceleró al 2,9%. La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por las subas en Carnes y derivados y Verduras, tubérculos y legumbres. Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en enero de 2026 fueron Educación (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,5%). A nivel de las categorías, los precios Estacionales (5,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Regulados (2,4%).

La inflación de alimentos continúa en alza y presiona al índice general

El Índice de Consumo Privado (ICP-UP) correspondiente a enero confirma que el gasto en los hogares inició 2026 sin un impulso claro, y que, si bien logró estabilizarse tras varios meses de bajas, la persistencia de caídas interanuales en indicadores clave refleja un escenario de mayor cautela. La Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo (UP) presentó una nueva edición del Índice de Consumo Privado (ICP-UP), a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, que en enero registró una leve suba del 0,1% mensual.&nbsp; Sin embargo, en la comparación interanual, el indicador mostró una caída de 1,5%, la segunda consecutiva, tras la baja observada en diciembre. El año pasado, el Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) registró una suba del 2,5% promedio frente a 2024, aunque diciembre mostró una caída del 1,4% interanual.&nbsp; Otros estudios indicaron un crecimiento anual del 10,3%, situando el consumo en niveles de 2022/2023. Sin embargo, aparecieron signos de desaceleración hacia el fin de año y simultáneamente la inflación cortó la inercia al descenso. En enero último, en términos desestacionalizados, el índice de la UP prácticamente mantuvo su nivel respecto del mes anterior, con lo cual frenó la secuencia de bajas registrada en el último semestre.&nbsp; “El comportamiento del índice sugiere que el gasto de los hogares continúa atravesando una fase de cautela, con dinámicas heterogéneas entre rubros y sin un motor claro de expansión”, señaló Gabriel Foglia, decano de la Facultad de Negocios de la UP. Las ventas de combustibles mostraron una recuperación hacia el cierre de 2025, con una suba interanual de 3,8% en diciembre. Sin embargo, el consumo de carne vacuna volvió a caer, con una baja de 6,5% interanual, cerrando el semestre en terreno negativo. La combinación de estos indicadores sugiere que el gasto en bienes esenciales continúa condicionado por decisiones de ajuste dentro de los hogares. Por el contrario, mientras las ventas en jugueterías mantuvieron tasas positivas y las de prendas de vestir y calzado mostraron leves subas, tanto en centros de compra como en supermercados, los préstamos ligados al consumo mantuvieron tasas positivas, aunque continuaron mostrando una marcada desaceleración. Las compras con tarjeta, por ejemplo, crecieron 11,7% interanual en enero, un ritmo significativamente menor al observado hacia fines de 2025, cuando las subas rondaban el 20%. Otros signos de la retracción se observaron en los bienes durables, como los automóviles y los inmuebles. El patentamiento de automóviles cayó 4,2% interanual e interrumpió una secuencia de 17 meses consecutivos de crecimiento. A pesar de la baja, los niveles de actividad se mantuvieron por encima de los registros del período 2020-2024. En contraste, los patentamientos de motos continuaron mostrando dinamismo, con un crecimiento de 15,3% interanual y acumulan cinco meses consecutivos de tasas positivas. El crédito hipotecario, en tanto, sostuvo su expansión, aunque el mercado inmobiliario mantiene señales de moderación.&nbsp; Las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires registraron en diciembre una variación prácticamente nula, con una caída interanual de 0,3%, tras un año mayormente positivo. En el rubro de recreación y turismo, los indicadores volvieron a mostrar fragilidad. El índice de restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires registró una caída de 2,3% interanual en diciembre, luego de la mejora puntual observada en noviembre. “Los datos del primer mes del año muestran que el consumo continúa en una zona de fragilidad. La estabilización mensual es una señal relevante, pero todavía convive con indicadores que reflejan menor dinamismo y decisiones más defensivas por parte de los hogares”, concluyó Foglia. Con este nuevo informe, la Universidad de Palermo consolidó al Índice de Consumo Privado como una referencia mensual para anticipar la evolución del gasto de los hogares y aportar una lectura más inmediata del pulso económico. &nbsp;

Gastos hogareños: se comió menos carne, se cortaron salidas y se exprimió la tarjeta

Tras la eliminación del artículo que permitía el pago de salarios en billeteras virtuales del proyecto de reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado, el sector fintech anticipó que insistirá con la normativa cuando el debate llegue a la Cámara de Diputados y consideró que el país necesita “con urgencia una modernización laboral profunda”. El proyecto inicial de reforma laboral contemplaba la posibilidad de que los salarios se acreditaran tanto en cuentas bancarias tradicionales como en billeteras digitales. No obstante, en el dictamen que se debatirá en el Senado, los legisladores decidieron eliminar la mención a los Proveedores de Servicios de Pago (PSP). De este modo, las cuentas bancarias y las entidades oficiales de ahorro quedaron como las únicas opciones legales para el pago de haberes. La supresión de este apartado obedeció a la presión ejercida por las cámaras bancarias, que advirtieron sobre el posible impacto negativo de canalizar los sueldos hacia billeteras digitales. Según el sector, los depósitos salariales representan un recurso central para financiar créditos destinados a pequeñas y medianas empresas. En ese contexto, la Cámara Argentina Fintech difundió un comunicado asegurando que “el país necesita con urgencia una modernización laboral profunda, alineada con la realidad productiva y tecnológica del siglo XXI. Sin embargo, resulta contradictorio que, en ese mismo proceso, se haya excluido del debate un artículo que efectivamente introducía mayor libertad y competencia: la libre elección del canal de acreditación salarial”. Acto seguido, los referentes del sector hicieron referencia a un informe reciente de la consultora Isonomía que exhibió que 9 de cada 10 argentinos considera que debería poder elegir dónde cobrar su sueldo. “Entre los jóvenes, 8 de cada diez cree que hacerlo en billeteras virtuales sería más práctico y 7 de cada 10 las percibe como una opción más segura. Además, el 64% de los trabajadores en relación de dependencia no eligió el banco donde hoy cobra su salario. La sociedad ya tomó una decisión”, consideraron. A la vez, plantearon que la propuesta excluida “ampliaba alternativas” ya que “las billeteras virtuales operan dentro de un marco supervisado por el Banco Central, con normas de prevención de lavado, ciberseguridad, identificación de clientes y trazabilidad de operaciones”. Y continuaron: “No hay vacío normativo ni informalidad. Hay competencia y un sistema plenamente integrado. Sostener la obligatoriedad bancaria en el cobro de salarios no responde a una necesidad técnica ni a la estabilidad del sistema. Responde a la preservación de un esquema que asegura a las entidades financieras tradicionales la administración de millones de cuentas sueldo”. Bajo la perspectiva de la industria fintech, la libertad de elegir dónde cobrar el sueldo “no debilita al sistema financiero” sino que “lo obliga a competir por el cliente”. En ese mismo tono, sumaron que postergar la discusión “no elimina el problema de fondo: la normativa vigente ya no refleja cómo los argentinos usan su dinero ni qué modelo de libertad económica esperan”. Por último, la Cámara Argentina Fintech aseguró que seguirá impulsando el debate cuando se discuta la reforma laboral en la Cámara de Diputados en los próximos días. En esa línea, informó que trabajará activamente para que el artículo de la discordia vuelva a ser incluido en la discusión legislativa. “Estamos convencidos de que reconocer el derecho de los trabajadores a elegir no es una concesión sectorial, sino una actualización imprescindible que fortalece el espíritu de la reforma laboral y la modernización que la Argentina necesita. El salario pertenece al trabajador. La decisión sobre dónde cobrarlo también debería pertenecerle”, concluyó la entidad. La controversia escaló a partir de las advertencias de las cámaras bancarias (ABA y Adeba), que sostienen que el traspaso de los depósitos salariales hacia las billeteras virtuales afectaría el financiamiento de la economía. Según sus estimaciones, la salida de estos fondos podría reducir el stock de préstamos al sector privado en un rango de entre 4 y 6 billones de pesos, impactando especialmente en el crédito a pymes y familias. Asimismo, los bancos remarcan que las entidades financieras tradicionales cuentan con seguros de depósito que brindan una seguridad adicional de la que carecen los PSP. Desde el ámbito de las fintech se rechaza este argumento, señalando que la normativa actual del Banco Central ya obliga a las billeteras virtuales a depositar el 100% de los fondos de sus clientes en cuentas a la vista en bancos comerciales. Bajo este esquema de “encajes”, las empresas tecnológicas argumentan que el dinero no abandona el sistema financiero, sino que simplemente cambia su forma de administración. Además, subrayan que el nivel de adopción de estas herramientas es masivo, alcanzando a 8 de cada 10 argentinos. El punto central del conflicto legislativo radica en la equiparación del CVU con el CBU para la recepción original de haberes, un cambio que fue retirado del proyecto tras intensas gestiones sectoriales. La industria tecnológica sostiene que la libre elección del canal de cobro es una demanda social que trasciende la competencia comercial. Por este motivo, el sector buscará que el debate se reabra en la Cámara de Diputados para reintegrar la posibilidad de que los trabajadores decidan de forma voluntaria dónde gestionar sus ingresos mensuales.

Las fintech insistirán en Diputados para que los salarios puedan cobrarse en billeteras virtuales

A horas de haberse firmado el acuerdo entre YPF, la italiana ENI y la gigante árabe XRG para avanzar con el megaproyecto Argentina GNL, el presidente y CEO de la petrolera nacional, Horacio Marín, explicó el alcance de la inversión y el impacto que tendrá la iniciativa en la generación de empleo y el desarrollo de infraestructura energética. El plan contempla la movilización de veinte mil millones de dólares en infraestructura y otros diez mil millones en pozos petroleros, junto a la creación de hasta cincuenta mil puestos de trabajo en la etapa de máxima expansión. “Es un acuerdo vinculante entre las tres partes para lograr el financiamiento a fin de año y empezar las obras, que son gigantes. Serían 20 mil millones de dólares en infraestructura y otros 10 mil millones de dólares en pozos”, dijo Marín en conversación con Eduardo Feinmann en Radio Mitre. La firma del acuerdo de desarrollo conjunto (Joint Development Agreement, JDA) consolidó el compromiso para llevar adelante el proyecto Argentina LNG, enfocado en la producción y exportación de gas natural licuado. La alianza impulsa la construcción de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) con una capacidad total de doce millones de toneladas anuales. Marín detalló que el acuerdo ya es vinculante y que las empresas avanzan en la movilización de capital para alcanzar la decisión final de inversión (FID) y el cierre del financiamiento. El ejecutivo sostuvo que “toda la plata que hay que invertir durante este año para lograr el financiamiento final y empezar las obras que van a ser gigantes” y remarcó el interés de bancos internacionales en participar. De hecho, mencionó a JP Morgan como uno de los actores que ya inició gestiones. La inversión estimada para la infraestructura asciende a USD 20.000 millones, mientras que los pozos petroleros requerirán otros USD 10.000 millones. En este marco, la estrategia financiera ocupa un lugar central en la agenda del consorcio. El acuerdo con los bancos internacionales y la estructura de financiamiento resultarán determinantes para impulsar el megaproyecto, con la expectativa de alcanzar la decisión final de inversión durante la segunda mitad de 2026, según comunicó la empresa. El monto del financiamiento podría ubicarse entre USD 15.000 y USD 17.000 millones, según precisó el CEO de YPF. “Cuando firmemos la Decisión Final de Inversión y consigamos el financiamiento, y estoy convencido que lo vamos a lograr, van a empezar las obras que son inmensas”, dijo el presidente y CEO de YPF. Uno de los hitos técnicos más destacados del proyecto es la construcción de un gasoducto de cuarenta y ocho pulgadas de diámetro, el más grande de la historia argentina, que transportará gas desde Vaca Muerta hasta un nuevo puerto en Río Negro. Allí se instalará un polo exportador de energía, que se sumará a los centros logísticos de Bahía Blanca y al puerto de exportaciones frutícolas de la misma provincia.La infraestructura prevista abarca, además del gasoducto, oleoductos, poliductos, plantas de separación para el tratamiento de LPG (gas licuado de petróleo) y unidades de fraccionamiento de etano. “Vamos a tener etano fraccionado para exportarlo, y espero que haya inversiones para hacer más petroquímica en Argentina”, indicó Marín.El proyecto incluye la instalación de plantas flotantes de licuefacción frente a la costa de Río Negro, a cinco kilómetros de tierra firme. Allí operarán barcos de cuatrocientos metros de largo y ochenta metros de ancho, sin motor propio, que funcionarán como “superheladeras” para transformar el gas en líquido a ?160 °C. Este método permite una mayor eficiencia y rapidez frente a las plantas en tierra. “Estos proyectos de tanta inversión, atrasarse un año o dos es letal. Se pierde muchísimo valor para los accionistas y para la Argentina”, subrayó el titular de YPF. Las exportaciones comenzarán a partir de cuatro años después de la firma de la decisión final de inversión. La carga de gas licuado se realizará a través de buques metaneros, que distribuirán la producción principalmente a mercados de Europa y Asia. El impacto en la generación de empleo es uno de los pilares del proyecto. Marín estimó que la primera fase creará alrededor de 40.000 puestos de trabajo, con posibilidad de ampliarse a 50.000 empleos, si el consorcio expande la capacidad instalada a dieciocho millones de toneladas anuales. “Nosotros consideramos que todas las obras generaran 40 mil puestos de trabajos”, dijo Marín. “Estamos trabajando con otros posibles socios para expandir el proyecto a 6 millones de toneladas para hacerlo mucho más rápido. Si se logra, son 50.000 puestos de trabajo”, agregó. El cronograma de ejecución prevé la licitación de obras antes de fin de año, una vez completada la ingeniería básica (Front-End Engineering Design, FEED) y la estructuración técnica y comercial del proyecto. Cada aspecto del desarrollo, desde la producción y procesamiento hasta el transporte y exportación, se encuentra integrado en el plan de trabajo conjunto. El proyecto apunta a transformar el potencial energético de Vaca Muerta en divisas y empleo, diversificando la matriz exportadora argentina. Con esta iniciativa, la empresa estatal busca consolidarse como operadora shale de clase mundial y gran exportadora de hidrocarburos hacia 2031, combinando producción nacional con tecnología de licuefacción de última generación. El potencial exportador se refleja en las proyecciones de USD 10.000 millones anuales por ventas externas de gas y líquidos durante veinte años, proyectó Marín.

Inversiones por USD 30.000 millones: los números detrás del megaproyecto de GNL en la Argentina

Mientras el Gobierno acumula avances parlamentarios con la media sanción de la reforma laboral, el nuevo Régimen Penal Juvenil y el acuerdo Mercosur–Unión Europea, el Ministerio de Economía enfrenta otro desafío: recuperar el nivel de actividad productiva. En ese marco, la Unión Industrial Argentina (UIA) mantuvo este viernes un encuentro clave con el ministro Luis Caputo y hablaron de una batería de propuestas destinadas a reactivar la economía. El eje de la reunión estuvo puesto en la necesidad de dinamizar el consumo y aliviar la carga impositiva que pesa sobre el entramado productivo. Los industriales llegan con números que encienden luces de alerta: en diciembre la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 53,8%, casi tres puntos por debajo del mismo mes del año anterior, reflejando un nivel de actividad todavía retraído. Entre las iniciativas que la UIA puso sobre la mesa se destacan: Implementar un sistema de financiamiento en cuotas para el consumo, similar a “Ahora 12”, pero sin subsidio estatal. Facilitar el acceso al crédito para familias, con garantías que permitan reducir las tasas de interés. Utilizar herramientas como el FOGAR para abaratar préstamos destinados al consumo. Reducir la presión tributaria nacional y provincial. Impulsar un proyecto de ley de alivio impositivo general. Establecer incentivos fiscales para sectores con alto impacto en empleo y encadenamientos productivos. Evaluar la devolución del IVA a la construcción. Diseñar mecanismos que protejan a industrias que compiten con importaciones en condiciones desiguales. Acompañar reformas que reduzcan costos laborales y mejoren la competitividad. Desde la entidad fabril señalan que el objetivo es evitar que la crisis industrial se profundice y generar condiciones para que el sector privado vuelva a invertir y crear empleo. El planteo se produce en un contexto donde varias compañías extranjeras anunciaron su retiro del país o la venta de sus operaciones locales, en medio de la apertura económica y la reconfiguración del mercado. En los últimos meses se conocieron salidas o reestructuraciones de firmas internacionales en rubros como consumo masivo y energía, y también decisiones de cierre en marcas históricas. Entre los casos que generaron mayor impacto se menciona el cese de operaciones de la tradicional marca Paty, emblema de la industria alimenticia nacional, que anunció el cierre de su planta, profundizando la preocupación por el entramado productivo y el empleo.

La UIA acercó una hoja de ruta para impulsar la actividad y frenar la salida de empresas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el régimen de emisión de comprobantes con la Resolución General 5824, que actualiza la normativa vigente y alcanza a sectores que hasta ahora estaban exceptuados. A partir del 1° de julio de 2026, bancos, compañías de seguros, emisoras de tarjetas, instituciones educativas privadas y entidades de medicina prepaga deberán emitir comprobantes electrónicos que cumplan con todos los requisitos formales de ARCA. Hasta ahora, estas entidades generan documentos operativos o informativos, como resúmenes, liquidaciones, pólizas o extractos, que informan las operaciones pero no son comprobantes fiscales completos. La RG 5824 cambia esa dinámica y asegura que todas las transacciones queden registradas de manera oficial y digital. Uno de los cambios más importantes es la incorporación del Comprobante de Liquidación Electrónica Mensual. Este documento permite a los responsables emitir un único comprobante mensual por cliente o facturar operación por operación. La opción mensual resulta especialmente útil para bancos, tarjetas y seguros, donde el volumen de transacciones es muy alto y emitir un comprobante individual por cada movimiento sería complejo. Los comprobantes deben emitirse hasta el último día del mes y ponerse a disposición de los clientes en un plazo máximo de 10 días. Entidades financieras reguladas por la Ley N° 21.526. Compañías de seguros incluidas en la Ley N° 20.091, con excepción de ciertos seguros de caución. Emisoras y administradoras de tarjetas de crédito y prepagas, y operadores de pagos por transferencias según normativa del BCRA. Instituciones educativas privadas, confesionales y no confesionales, bajo la Ley N° 26.206. Entidades de medicina prepaga, constituidas como asociaciones, fundaciones o entidades civiles según la Ley N° 26.682 Los responsables deberán informar a ARCA los puntos de emisión de estos comprobantes. Esto incluye sucursales, locales, agencias o cualquier punto de venta donde se realicen operaciones. La información se actualiza al iniciar actividades, habilitar un nuevo local o cerrar un punto de venta. Una vez dado de baja un punto, no puede reutilizarse. Los puntos de venta se registran en el Sistema Registral, dentro de la opción “F 420/D - Declaración de domicilios”. También se pueden vincular a la actividad económica que corresponda. Para habilitarlos se utiliza el servicio “Administración de Puntos de Venta y Domicilios” con Clave Fiscal Nivel 3 como mínimo.Identificación de clientes La RG 5824 establece que los comprobantes a consumidores finales deben incluir la identificación del cliente cuando el responsable lo solicite para poder computar deducciones en el impuesto a las ganancias. Para operaciones iguales o superiores a $10.000.000, se deben registrar datos como DNI, CUIL o CDI. Los extranjeros pueden usar pasaporte o documento de identidad de su país. Si el sistema de facturación no permite ingresar toda la información, se puede usar “NR” (“No Requerido”) o ceros. Además, se puede registrar el CUIT del cliente para efectos fiscales. Según Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, la norma representa un cambio importante para los sectores alcanzados, ya que obliga a emitir comprobantes electrónicos completos y elimina la posibilidad de usar documentos informativos que no cumplían con la normativa. Domínguez explicó que el comprobante de liquidación electrónica mensual facilita la gestión en empresas con mucho volumen de operaciones, permite consolidar todos los movimientos de un cliente en un solo documento y mantener el control fiscal de manera más ordenada. El especialista destacó que la norma forma parte de un proceso de digitalización y estandarización de la información fiscal. Amplía los datos disponibles para ARCA, facilita la presentación de declaraciones juradas y permite fortalecer los controles a partir de información directa de las operaciones. De acuerdo con Domínguez, 2026 será un año de adaptación tecnológica para los sectores alcanzados, y 2027 marcará el primer período en que ARCA contará con información completa de estas operaciones bajo comprobantes electrónicos.Vigencia y plazos La resolución entró en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, pero la obligación de emitir comprobantes electrónicos comenzará con las operaciones realizadas desde el 1° de julio de 2026. Desde esa fecha también estará disponible la opción de vincular los puntos de venta con la actividad económica declarada en el Sistema Registral. Infobae. &nbsp;

Qué sectores tendrán la obligación de emitir comprobantes electrónicos, según una nueva norma de ARCA

El dólar, mientras tanto, se mantiene estable o sube por debajo de los precios internos. Pero después ocurre lo inevitable: faltan divisas, se deterioran las reservas, aparecen tensiones, se abre la brecha y, tarde o temprano, llega la devaluación. La estabilidad desaparece de golpe. Es tentador atribuir el fenómeno a “mala administración” o a “especulación” según la preferencia política de turno. Pero esa lectura suele fallar en lo más importante: no explica por qué la película se repite incluso cuando cambian gobiernos, ideologías y programas. Para entender el mecanismo hay que mirar una variable menos visible —pero determinante—: el tipo de cambio real, es decir, el precio relativo que define si el país está caro o barato frente al mundo. El concepto clave: el tipo de cambio real y el atraso que se acumula Cuando hablamos del “dólar” en la conversación cotidiana solemos pensar en el tipo de cambio nominal (pesos por dólar). Sin embargo, el dilema argentino no se juega solo ahí. Se juega en el tipo de cambio real (TCR): una medida que compara los precios internos con los precios externos ajustados por el tipo de cambio. En simple, el TCR responde a una pregunta práctica: ¿producir en Argentina resulta caro o barato comparado con el exterior? Cuando los precios internos suben más rápido que el dólar, el TCR se aprecia: el país se encarece en dólares. Importar se vuelve relativamente barato, exportar se vuelve relativamente difícil y la economía empieza a demandar más divisas de las que genera.&nbsp; Por eso, el problema no aparece cuando el dólar sube, sino cuando queda demasiado bajo durante demasiado tiempo. Eso es atraso cambiario: un dólar que no acompaña la inflación y que, por ende, erosiona la competitividad y prepara la próxima corrección. En la práctica, el atraso cambiario funciona como una ilusión de bienestar inmediato. Mejora la sensación de poder de compra internacional, abarata transitoriamente importados y viajes, pero lo hace a costa de debilitar la fuente de divisas que sostiene esa misma normalidad: exportaciones netas, inversión productiva orientada a transables y acumulación de reservas.Lo que muestra&nbsp;un estudio regional&nbsp;de la CEPAL Un trabajo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó el tipo de cambio real de equilibrio para 17 países de la región y encontró un mecanismo recurrente: períodos de apreciación real (sobrevaluación del TCR) que tienden a finalizar en crisis cambiarias con depreciaciones abruptas y costos elevados para la actividad. El aporte del estudio es doble. Primero, pone en evidencia que la apreciación real no es un “capricho local”, sino un fenómeno regional asociado a economías dependientes de divisas (exportaciones concentradas, endeudamiento o capitales financieros) y expuestas a shocks externos. Segundo, muestra que la sobrevaluación del TCR altera incentivos: desplaza recursos desde sectores transables (exportables o sustitutos de importaciones) hacia sectores no transables.&nbsp; Ese corrimiento cambia la rentabilidad relativa, modifica la asignación de inversión y empleo, y reduce la capacidad de generar dólares genuinos cuando más se los necesita. En otras palabras: cuando el país se “abarata” en dólares para consumir, muchas veces se “encarece” para producir y exportar. Esa contradicción puede sostenerse mientras entren dólares; cuando dejan de entrar, el ajuste llega igual, pero suele ser más desordenado y más costoso.La historia argentina: la misma lógica&nbsp;con distintos nombres La tablita cambiaria de fines de los años 70, la convertibilidad en los 90, el atraso previo a la crisis de 2018 y otras etapas posteriores siguieron, con diferencias, una lógica similar: usar el tipo de cambio como herramienta de estabilización (o sostenerlo por debajo de la inflación) para moderar precios y expectativas.&nbsp; El efecto inicial fue positivo: inflación a la baja, crédito, consumo y “sensación de normalidad”. El problema apareció después: el país se volvió caro en dólares, la competitividad se deterioró, el déficit externo creció y la sostenibilidad quedó atada a que siguieran entrando dólares (por deuda o capitales). Cuando ese flujo se detuvo, el esquema colapsó y el ajuste llegó de forma traumática. Este repaso importa porque muestra que el atraso cambiario no es un accidente. Suele ser la consecuencia de intentar resolver un problema nominal (inflación) con un precio relativo (el dólar), sin atacar de manera consistente el núcleo fiscal-monetario y sin construir capacidad estructural de generación de divisas. El tipo de cambio puede ayudar a estabilizar, pero difícilmente pueda reemplazar un programa integral.La singularidad argentina: cuatro rasgos que&nbsp;agravan el patrón regional Argentina comparte el patrón regional, pero lo amplifica por cuatro rasgos estructurales. Primero, la inflación crónica. Con inflación alta, sostener un dólar “quieto” —o que suba menos que los precios— implica, casi mecánicamente, apreciación real. En este contexto, el atraso cambiario no es una decisión aislada: es el resultado natural de usar el tipo de cambio como ancla sin una desinflación creíble y sostenible. Segundo, el bimonetarismo social. El dólar funciona como reserva de valor y unidad de cuenta para ahorro, inmuebles y expectativas. Esa demanda estructural de divisas hace que la presión cambiaria exista incluso en fases de aparente normalidad. No se trata de una corrida ocasional: es una preferencia arraigada, producto de décadas de pérdida de poder adquisitivo del peso. Tercero, la respuesta institucional típica ante la escasez: controles, segmentación y brecha. En lugar de un ajuste con reglas claras, Argentina suele racionar divisas, multiplicar tipos de cambio y habilitar arbitrajes. Esa dinámica distorsiona precios relativos, castiga exportaciones, incentiva conductas defensivas y termina reduciendo la oferta genuina de dólares, que es lo que se necesita para estabilizar. Cuarto, la fragilidad financiera y el peso de pasivos en moneda dura (públicos y privados). Un ciclo de dólar atrasado suele convivir con endeudamiento externo o con instrumentos indexados. Cuando llega la corrección cambiaria, el servicio de esa deuda se encarece, sube el riesgo país y se estrecha el margen fiscal y financiero. Eso amplifica el carácter recesivo del ajuste.El ángulo que suele faltar: el impacto fiscal del atraso cambiario El atraso cambiario no es solo un problema del sector externo: en Argentina también es un problema fiscal, porque termina afectando la recaudación, el gasto, la deuda y la gobernabilidad del presupuesto. Un tipo de cambio real apreciado puede sostener por un tiempo consumo y “sensación de estabilidad”, pero debilita inversión, producción y empleo formal, y con rezago erosiona bases tributarias como IVA, Ganancias y contribuciones. A la vez, vuelve más volátil la caja del Tesoro al distorsionar exportaciones, liquidación de divisas e ingresos vinculados al comercio exterior, mientras la brecha y los “parches” cambiarios agregan discrecionalidad e incertidumbre. Además, presiona sobre subsidios y tarifas (energía y transporte) y, cuando llega la corrección, el ajuste reaparece por tarifa, impuesto o deuda. En paralelo, una devaluación brusca encarece el financiamiento, empeora la dinámica de la deuda y fuerza decisiones difíciles entre licuar o recomponer ingresos públicos. Finalmente, el golpe se transmite a provincias y municipios vía coparticipación y costos dolarizados, desordenando licitaciones, contratos, redeterminaciones y planificación. En suma: el atraso cambiario no solo prepara una crisis de balanza de pagos; también prepara una crisis presupuestaria, porque erosiona la recaudación futura, agrava subsidios y vuelve más frágil la deuda. Conclusión: el problema no es que el dólar suba; es el dólar que se atrasa La CEPAL muestra que América Latina atraviesa, con distintos matices, episodios de sobrevaluación del tipo de cambio real que terminan colapsando en crisis. Argentina comparte ese patrón, pero lo vuelve más virulento por una combinación singular: inflación crónica, bimonetarismo social, baja credibilidad y una respuesta institucional basada en segmentación y controles que suele profundizar el problema de fondo. Por eso, la estabilidad cambiaria no se logra con un dólar congelado ni con devaluaciones recurrentes. Se logra con un programa integral que reduzca la nominalidad, acumule reservas y, sobre todo, aumente la generación genuina de divisas. Hasta que esa base no cambie, cada período de calma puede ser apenas la antesala de la próxima corrección.

Dólar,  recaudación  y deuda: el lado B del atraso cambiario

El semáforo de economías regionales correspondiente a diciembre de 2025 elaborado por Coninagro, reflejó un escenario más ajustado para las producciones del interior argentino, con 4 actividades en verde, 9 en amarillo y 6 en rojo. La principal novedad fue el retroceso de la actividad porcina, que pasó de verde a amarillo, marcando la única variación respecto del mes anterior y evidenciando un deterioro en la rentabilidad del sector. El indicador releva tres ejes centrales: negocio, productivo y mercado. El primero compara la evolución de precios y costos, tanto mensual como interanual; el segundo evalúa área sembrada o stock y volumen de producción; y el tercero analiza exportaciones, importaciones y consumo interno. La combinación de estos factores permite medir el pulso real de cada economía regional más allá de los precios aislados. Las actividades en rojo fueron yerba mate, arroz, papa, vino y mosto, hortalizas y algodón. En la mayoría de estos casos, el componente de negocio mostró el mayor deterioro, ya que los precios percibidos por los productores quedaron rezagados frente a la inflación y al aumento de los costos operativos, erosionando la rentabilidad y complicando cualquier intento de recuperación.En el extremo opuesto se ubicaron bovinos, ovinos, granos y miel, que permanecieron en verde gracias a precios que crecieron por encima de la inflación, buen dinamismo exportador y señales productivas estables o en expansión. Estos complejos lograron sostener márgenes positivos en un contexto macroeconómico todavía exigente. El grupo más numeroso fue el de actividades en amarillo: forestal, maní, leche, tabaco, cítricos dulces, mandioca, peras y manzanas, aves y, desde este mes, porcinos. Allí predominan situaciones intermedias, con precios que no terminan de acompañar la suba de costos, demanda interna sin gran impulso y mercados externos con avances dispares, lo que se traduce en recuperaciones lentas y frágiles. El caso porcino sintetiza esta dinámica. En los últimos doce meses, los precios subieron 17%, muy por debajo de la inflación del 31,5%, mientras que las importaciones crecieron con fuerza y alcanzaron USD 165 millones. Aun con exportaciones en alza y un consumo interno que trepó a 19 kilos por habitante al año, el deterioro del margen llevó a que el sector perdiera la categoría verde.La mirada histórica muestra que las dificultades no son nuevas. En más de una década de seguimiento, 8 de las 19 economías regionales pasaron más de la mitad del tiempo en rojo. Vitivinicultura y cítricos dulces encabezan ese listado, seguidas por lechería y arroz. En contraste, las carnes bovina, aviar y porcina, junto con maní y granos, lograron trayectorias más estables, con mayor presencia en verde. En materia de comercio exterior, 2025 dejó un fuerte crecimiento exportador, con ventas totales por USD 59.160 millones, un 29% por encima del promedio de la última década. Sin embargo, la estructura sigue altamente concentrada en el complejo granario, que explica el 78% de las exportaciones, mientras que el conjunto del resto de las economías regionales aporta apenas el 14%.Del lado de las importaciones, también se observa concentración, con granos liderando las compras externas y varios sectores mostrando subas significativas.Al comparar con los promedios históricos, aparecen contrastes marcados: arroz, lácteos, tabaco y bovinos mostraron fuertes avances exportadores, mientras que aviar y forestal registraron retrocesos. En importaciones, crecieron con fuerza cítricos dulces, maní y vitivinicultura, mientras que papa, hortalizas y ovinos redujeron sus compras externas. El semáforo, así, no solo retrata el presente, sino que confirma que la competitividad estructural sigue siendo el gran desafío pendiente para buena parte de las economías regionales argentinas.

Yerba mate, arroz, papa, vino y algodón: economías en rojo

Además, precisó 623.990 pesos para no llegar a ser considerado indigente, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.La variación mensual de la canasta alimentaria (CBA) fue de 5,8%, mientras que la básica total (CBT) fue de 3,9%.&nbsp; En el reporte de la medición interanual, la canasta alimentaria tuvo una variación de 37,6% y la total fue de 31,6%. Por primera vez en varios años, el informe de canasta básica se conoció días después del anuncio de la inflación de enero que, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 2,9% en el primer mes del año y marcó un incremento interanual del 32,4%.Un adulto necesitó al menos 201.939 pesos para no ser considerado indigente, mientras una familia tipo compuesta por dos mayores y dos niños tuvo que conseguir 623.990 pesos para no quedar bajo esa línea. En la medición de la pobreza, un adulto solo necesitó 440.226 pesos para no ser considerado pobre, mientras una familia de cuatro zafó de integrar ese conjunto con un piso de 1.360.299 pesos.

Economía

La apertura comercial como reforma estructural en sí misma

La inflación mayorista desaceleró al 1,7% en enero

Amplían la emergencia agropecuaria para la actividad citrícola de la región por la caída de granizo en 2025

La confianza del consumidor cayó 4,7% en febrero con fuerte deterioro de las expectativas futuras

En medio del debate por la reforma laboral, el INDEC dio a conocer los datos de empleo

La deuda pública en enero bajó tras subir en diciembre y el Gobierno descarta sorpresas en los próximos vencimientos

La lechería busca un récord productivo, con precios bajos

La exportación de carne absorbe más de la mitad del ganado criado en corrales

La provincia pegó un salto del 47% en un año

La inflación de alimentos continúa en alza y presiona al índice general

Gastos hogareños: se comió menos carne, se cortaron salidas y se exprimió la tarjeta

Las fintech insistirán en Diputados para que los salarios puedan cobrarse en billeteras virtuales

Inversiones por USD 30.000 millones: los números detrás del megaproyecto de GNL en la Argentina

La UIA acercó una hoja de ruta para impulsar la actividad y frenar la salida de empresas

Qué sectores tendrán la obligación de emitir comprobantes electrónicos, según una nueva norma de ARCA

Dólar, recaudación y deuda: el lado B del atraso cambiario

Yerba mate, arroz, papa, vino y algodón: economías en rojo

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en enero

Más Leídas de Economía

La apertura comercial como reforma estructural en sí misma

La inflación mayorista desaceleró al 1,7% en enero