La confirmación por parte de la Corte Suprema de la condena que se le impuso a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, movilizó al peronismo que comenzó a moverse para resistir lo que entiende es un acto de proscripción de la principal líder de la oposición. Mientras, la expresidenta espera la confirmación de su prisión domiciliaria, luego del fallo de la Corte, las manifestaciones continúan &nbsp;en torno al domicilio que antojadizamente apareció, el domicilio de la expresidenta condenada es el que figura en el padrón electoral, es de esperar que el STJ ordene esta situación. &nbsp;

El peronismo convocó a marchar a Comodoro Py

La exmandataria reforzó su pedido de prisión domiciliaria y en el mismo escrito adelantó cuándo irá a los tribunales de Comodoro Py. “No somos como la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales”, señaló. “No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho”. Así adelantó Cristina Kirchner su presencia en los tribunales para quedar detenida tras la decisión de la Corte Suprema. Lo hizo a través de un escrito publicado en las redes sociales, donde además reforzó su pedido para que le otorguen prisión domiciliaria con un argumento concreto: “No se trata de un privilegio; por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”. Cristina Kirchner compartió un documento en el que explicó su situación, e incluyó una dura crítica a la justicia: “El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención domiciliaria en mi casa, en el barrio de Monserrat”. En el mismo escrito, la titular del Partido Justicialista (PJ) adujo razones “institucionales”, después de haber sido Presidenta durante dos períodos consecutivos. “Debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella”, remarcó, antes de apuntar que esta protección es necesaria debido a “los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura”. En la presentación formal de los abogados de la ex vicepresidenta, que CFK subió a las redes, se detallan los argumentos legales y fácticos que sustentan la solicitud de detención domiciliaria. Entre ellos, se destaca la necesidad de garantizar la integridad física de la ex mandataria en un contexto de amenazas persistentes y la obligación legal de mantener la custodia presidencial. “Las condiciones de seguridad que deberían ser impuestas a Cristina Fernández de Kirchner dentro de una institución carcelaria conllevan a eliminar la posibilidad de que la ex Presidenta de la Nación comparta lugares comunes con otros internos y que sea sometida a un sistema de supervisión continua”, argumenta la defensa. “En otras palabras, se le debería imponer a nuestra defendida un régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal, los cuales prohíben que las personas privadas de su libertad ambulatoria sean sometidas a tratos crueles o inhumanos”, advierten. En la misma sintonía, Cristina Kirchner recordó que el 1 de septiembre de 2022 fue “objeto de un intento de magnicidio”, incidente que -consideró fue parte de “la etapa final del engendro político-electoral conocido como ‘Vialidad’”. “La bala no salió por un verdadero y auténtico milagro”, señaló la ex mandataria, quien de inmediato cuestionó la demora de los jueces en determinar las responsabilidades del hecho: “El Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos”. Unos minutos antes del mensaje de Cristina Kirchner, en los tribunales de Comodoro Py surgió una noticia que generó revuelo porque trascendió que uno de los jueces que debe resolver la detención de Cristina Kirchner había pedido licencia; sin embargo, luego se aclaró que ahora busca reprogramarla. Fuentes judiciales informaron a Infobae que, en principio, Jorge Gorini no estará toda la semana que viene. Es por una licencia que solicitó y se le concedió tiempo atrás, cuando el tema de Vialidad no estaba en agenda. Las fuentes consultadas señalaron que la licencia es “por motivos personales”, sin ahondar en detalles, y agregaron que el magistrado intenta reprogramar la actividad. Infobae. &nbsp;

Cristina Kirchner eligió el próximo miércoles 18 de junio para presentarse ante la Justicia y quedar detenida

La líder del PJ ensaya un último movimiento para sortear su condena y posicionarse en el tablero electoral.Tras la confirmación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, Cristina Fernández de Kirchner recurrió a una instancia internacional. Sus abogados se encuentran en Estados Unidos preparando una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de obtener una medida cautelar que le permita ser candidata y mantenerse en libertad.La decisión, conocida esta semana, fue revelada por el periodista Adrián Ventura, quien detalló que el equipo legal de la expresidenta ya inició gestiones en Washington. La estrategia consiste en solicitar a la CIDH que intervenga ante la supuesta vulneración de derechos fundamentales, como el de defensa en juicio y el derecho a ser elegida.Según Ventura, la presentación apunta a que la Corte Interamericana dicte una medida cautelar urgente que suspenda los efectos del fallo argentino. El planteo incluye la necesidad de permitirle a Cristina Kirchner competir electoralmente, especialmente en la tercera sección electoral bonaerense, y continuar en libertad durante la campaña.No obstante, el camino procesal en el sistema interamericano suele ser extenso y burocrático. La Comisión actúa primero, pero cualquier resolución definitiva debería pasar luego por la Corte Interamericana con sede en Costa Rica. “Cristina no tiene meses, tiene días”, advirtió el periodista, marcando las limitaciones de tiempo del intento judicial.La defensa de la expresidente está a cargo de un estudio jurídico estadounidense, no de los abogados tradicionales de su entorno. La jugada, inédita para una figura de su magnitud, refleja la intención de disputar en el plano internacional lo que la Justicia argentina ya resolvió en firme.

Cristina Kirchner, entre la condena y las urnas: el giro político tras la decisión de la Corte

Además de los 6 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la sentencia contra la ex mandataria confirmada por la Corte incluye un decomiso de bienes. Qué informó en su última DDJJ ante la Oficina Anticorrupción. Mariel Fitz Patrick (Infobae) - Tras la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, Cristina Kirchner deberá enfrentar ahora, junto el resto de los otros ocho condenados, un decomiso de bienes por $84.835 millones. Así lo dispuso el TOF Nro 2 en su fallo del 6 de diciembre de 2022. El monto debe ajustarse a valores de hoy. La dos veces presidenta y exvicepresidenta de la Nación declaró un patrimonio de $250 millones ($249.421.220 para ser exactos), al cierre de 2023, según informó ante la Oficina Anticorrupción. Así figura en su declaración jurada de Baja, que están obligados a presentar todos los funcionarios públicos cuando dejan el poder. En cambio, en 2022, sus bienes habían aumentado casi un 42% a valores reales, considerando la inflación promedio anual de ese período (72,4%), respecto de lo que había declarado en 2021 (pasó de $48 millones a $118,8 millones en un año). Según la última DDJJ de 2023 - la de 2024 ya no está obligada a hacerla pública y, por otro lado, aún no se cumplió el plazo para presentarla ante la AFIP - el grueso de su patrimonio está en acciones en sociedades que no identifica. En total, suman $170 millones. Estas participaciones societarias en sociedades anónimas o SRL están detalladas en 11 renglones con valores individuales diferentes en cada caso, por lo que no es posible saber si se trata de una misma sociedad, dos, o más. Como fecha de ingreso a su patrimonio declara octubre de 2023, dos meses antes de dejar la vicepresidencia de la Nación. La familia Kirchner es dueña de dos sociedades que están bajo investigación de la Justicia: Hotesur, que el matrimonio adquirió en 2008 y tiene el Hotel Alto Calafate, y Los Sauces, la inmobiliaria familiar comprada en 2006. Entre los inmuebles de Los Sauces, está el departamento que Cristina Kirchner está usando para vivir, en el barrio de San Cristóbal, en el 2 piso “D” de la calle San José 1111, y en el que pidió anoche cumplir la prisión domiciliaria. Esa propiedad fue comprada por Los Sauces en junio de 2015, al ex secretario de Cultura Jorge Coscia, y pagada USD 370.000. Es donde vivía Florencia Kirchner y está embargada en el marco de la causa conocida como Hotesur-Los Sauces, elevada ya a juicio oral, y en la que Cristina Kirchner y su hijo Máximo están acusados de lavado de dinero y asociación ilícita.&nbsp;En mayo 2016, las acciones de esas dos empresas familiares, así como CO.MA.SA (sin actividad conocida), habían dejado de estar a su nombre, producto de la donación en vida de todos sus bienes y sus acciones en las empresas familiares a sus hijos, Máximo y Florencia. Fue justo al comenzar a ser investigada por la Justicia Federal por presunta corrupción. La jugada fue denunciada como una supuesta insolvencia fraudulenta para esquivar las medidas cautelares que comenzaban a dictarse sobre su patrimonio. Ese año también dejó de ser dueña en los papeles del 50% de 4 casas en Río Gallegos y su vivienda en El Calafate de 520 m2 y tres plantas, al lado del hotel boutique Los Sauces que ella misma ideó, y que amplió en un terreno que era de Lázaro Báez. Ese terreno lo canjeó en una permuta por otro lote frente al Lago Argentino de su propiedad con Austral Construcciones. Se trata de la que fue la nave insignia del empresario patagónico, a quien desconoce como “amigo” pero cuyos negocios en común y crecimiento patrimonial, la ex presidenta nunca explicó. Por esa donación a sus hijos, en su última declaración patrimonial correspondiente al 2023, Cristina Kirchner no informó inmuebles propios. Pero sí consignó $60,5 millones por el “usufructo” de dos de esas propiedades que anteriormente estaban a su nombre: su departamento de Recoleta de la calle Uruguay esquina Juncal, y su casa en Calafate. Si bien a ambos inmuebles los había adquirido mucho antes (el departamento de Recoleta en 1980 y la casa de Río Gallegos en 1979), declaró el usufructo de los mismos a partir de marzo de 2016, cuando concretó la donación en vida de todas sus propiedades a sus dos hijos. Los informó como “derechos reales en el país”, con una valuación a los fines del impuesto a los Bienes Personales correspondiente a la del 2022 “por no contar con la publicación del nuevo coeficiente de actualización”, según aclaró al pie de la DDJJ. “Se declara el derecho real del usufructo de un bien que no está a nombre de una persona, cuando ya lo donó en vida. Pero a los fines impositivos, quien vive ahí y usa el bien, debe pagar el impuesto correspondiente, con una valuación que se actualiza anualmente y que la AFIP informa en marzo”, explicó a Infobae el contador Ariel Eyman. En julio de 2023, Cristina Kirchner se compró un Toyota Corolla Híbrido con motor de 1.8 litros modelo 2023, que declaró en $15.333.801. Además, dijo tener $1.744.271 en cuatro cajas de ahorro en el país, y bienes del hogar por $1.843.496. No declaró dinero en el exterior ni deudas. Como ingresos anuales durante 2023, informó $97.727.008, y gastos personales por $82.109.709. En diciembre del año pasado, la Cámara Federal revocó el archivo de una denuncia por inconsistencias en las declaraciones juradas de la ex presidenta y ordenó avanzar en la investigación sobre su patrimonio. La última investigación por enriquecimiento ilícito referido al período 2010-2014 había sido cerrada por el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, los mismos que intervinieron en la instrucción de la causa Vialidad. Infobae. &nbsp;

Después de la condena: Cristina Kirchner deberá devolver $85.000 millones

Las presentaciones fueron hechas ante el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py. Todos plantearon cuestiones de salud o de edad. Martín Angulo - Al igual que la expresidenta Cristina Kirchner, el resto de los condenados en la causa “Vialidad” pidieron o pedirán cumplir sus condenas en la modalidad de arresto domiciliario por razones de salud o de edad. Las presentaciones fueron hechas ante el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py. Quienes lo solicitaron fueron el exsecretario de Obras Públicas José López, el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nacional Nelson Periotti y el exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz Raúl Pavesi, informaron a Infobae fuentes judiciales. Otros condenados hicieron pedidos de cumplir el arresto en una prisión determinada. López pidió cumplir la detención en un domicilio de Río Gallegos y puso como garante a María Amalia Díaz, su pareja. Díaz fue juzgada como presunta testaferro de López en la causa por los bolsos con los nueve millones de dólares con los que el exfuncionario fue detenido en 2016 en un convento de monjas de General Rodríguez. Díaz había sido condenada a dos años de prisión, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó la semana pasada que se dicte un nuevo fallo. La defensa oficial de López señaló que el exfuncionario tiene problemas psiquiátricos que lo obligaron a internarse en distintas oportunidades. También que o puede ir a prisión por una cuestión de seguridad ya que es arrepentido en la causa de los “cuadernos de la corrupción”. López ya estuvo preso en la cárcel de Ezeiza por el caso de los bolsos. La defensa señaló que su vida corre riesgo si vuelva a prisión. Por su parte, Periotti, a través de sus abogados Federico Paruolo y Matías Galván, solicitó la prisión domiciliaria por edad -cumple 80 años a principios de julio- y por salud -por distintos padecimientos que sufre-. Pidió quedar alojado en un domicilio de la localidad bonaerense de San Isidro. “Es incuestionable, a criterio de esta defensa, que el estrés carcelario en una persona de casi 80 años de edad, contribuye al progresivo deterioro de su situación de salud, de por sí la privación de estímulos ambientales y el aislamiento social en el adulto mayor puede relacionarse con deterioro cognitivoprogresivo“, sostuvieron los abogados. Pavesi sostuvo que tiene 74 años y requiere asistencia mecánica de respiración por las noches. Su abogado, Oscar Vignale, planteó de cumplir la prisión domiciliaria en una vivienda de la localidad bonaerense de Mar del Plata. Hubo otras presentaciones. Villafañe solicitó quedar detenido en la cárcel federal de Río Gallegos ya que vive en esa ciudad y así puede estar cerca de su familia. Su abogado, Miguel Ángel Arce Aggeo, adelantó que pedirá la prisión domiciliaria por razones de salud. Por último, el empresario Lázaro Báez hizo un planteo vinculado a otras causas y la pena. Su abogado Juan Villanueva solicitó que la causa de Vialidad pase al tribunal que tiene el expediente de lavado de dinero de la llamada “Ruta del dinero K” en la que Báez también tiene una condena confirmada, en ese caso a 10 años de prisión. La defensa busca hacer una unificación de pena. Báez estaba en prisión domiciliaria y la justicia ordenó que vuelva a la cárcel y quedó alojado en la prisión federal de Río Gallegos. Todos los pedidos de prisión domiciliaria serán analizados por el tribunal oral en legajos apartes. En los casos de salud, los condenados serán sometidos a estudios médicos por parte del Cuerpo Médico Forense. También se harán informes socioambientales en las viviendas que propusieron que cumplir las domiciliarias. El juez Gorini dispuso que todos los condenados se tienen que presentar en Comodoro Py en cinco días hábiles para quedar detenidos. Ese plazo vence el jueves de la semana que viene a las 9:30 horas. El magistrado también pidió un informe al Ministerio de Seguridad de la Nación sobre en qué lugares pueden quedar detenidos hasta tanto se resuelvan los pedidos de prisión domiciliaria. Infobae. &nbsp;

José López y el resto de los condenados también pidieron la prisión domiciliaria

Si bien los detalles los definirá la justicia, anticipan que evitarán exponer a la dos veces mandataria en el proceso. Tras la condena de la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en Casa Rosada prometen una detención “respetuosa”, y anticipan que evitarán “montar un show” del suceso.&nbsp; La fotografía del exvicepresidente Amado Boudou, esposado, en pijama y descalzo, detenido por la Prefectura Naval en su departamento de Madero Center grafica lo que no quieren representar en la administración libertaria. “La foto humillante no va a estar”, anticipó una fuente de Gobierno a la agencia Noticias Argentinas por los pasillos de Balcarce 50 respecto al suceso que tuvo lugar en noviembre de 2017, y sumó: “Eso lo hacía el macrismo”. Otra importante voz con acceso al despacho presidencial planteó que el proceso será “lo más cuidado posible”, y se mostró sorprendido por la determinación de la dirigente peronista de aplacar las expresiones de protesta.&nbsp; Lo cierto es que en el Poder Ejecutivo reina un clima de incomodidad entorno a la sentencia que dictó el pasado martes la Corte Suprema, y evitan correrse de las líneas acordadas que se limitan a remarcar que se trata de un proceso judicial y no político.&nbsp; Si bien el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) a cargo de Jorge Gorini, deberá definir el lugar en el que deberá comparecer la exmandataria, desde el Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullrich, aseguraron que también forman parte del debate que por estas horas permanece abierto.&nbsp; Por el momento, Gorini estableció que la exmandataria tiene cinco días hábiles para presentarse en los tribunales de Comodoro Py, y en caso de que la justicia no dé lugar al pedido de prisión domiciliaria de la defensa, existe la remota posibilidad de que deba permanecer detenida en un establecimiento de las fuerzas federales.El rechazo de la defensa de Cristina Kirchner&nbsp; Esta mañana, los abogados Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy presentaron una nota ante el Tribunal para que Cristina Kirchner pueda cumplir con los seis años de cárcel en su departamento ubicado en la calle San José al 1111, sin la necesidad pasar por una alcaldía.&nbsp; Especificaron además que las condiciones de asilamiento y vigilancia permanente necesarias solo pueden garantizarse en la privacidad de su hogar, y reclamaron que cumpla con el debido proceso sin hacer uso de la tobillera electrónica al exponer que tendrá custodiada las 24 horas.&nbsp; En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Gregorio Dalbón, abogado defensor de la dos veces mandataria aclaró que el Ministerio de Seguridad no tiene competencia en la determinación que definirá el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) y que deberá pasar por un juez de ejecución.&nbsp; “El ministerio de Seguridad no tiene injerencia, ellos dicen que sí porque es otra pillada de Bullrich que se está postulando para reemplazar a Milei o a (Rafael) Videla”, sentenció.&nbsp; La detención de una expresidenta, que además sufrió un intento de magnicidio, altera cualquier tipo protocolos, por lo que el letrado considera que la exmandataria debiera realizar el procedimiento correspondiente en su departamento del barrio porteño de Monserrat. En paralelo, Dalbón se presentó ante la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos, y se espera que la próxima semana eleve una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la aplicación del inciso f del artículo 366 del Código Procesal Penal Federal (CPPF) como última instancia de apelación.&nbsp; La idea es poder acceder al recurso de revisión de la sentencia condenatoria dictada por la Cámara Federal de Casación, que -precisó- es vinculante para los jueces, y de lugar a la recusación de Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos. NA &nbsp;

En Casa Rosada anticipan una detención “respetuosa” de Cristina Kirchner y se diferencian del macrismo

La expresidenta se refirió a la decisión de la Corte Suprema de dejar firme la condena por la causa Vialidad, que no le permite ser candidata en las próximas elecciones. Minutos después de la decisión de la Corte Suprema que dejó firme la condena por la causa Vialidad y la inhabilita para ejercer cargos públicos de por vida, Cristina Kirchner habló desde la puerta de la sede del PJ Nacional y apuntó directamente contra la Justicia argentina.“Al cepo del salario del gobierno de Javier Milei, ahora el partido judicial le agrega el cepo al voto popular”, afirmó la ex mandataria. Y agregó: “En realidad, a este cepo no lo ponen este triunvirato de impresentables que funge como una ficción de la Corte Suprema, no se confundan, son tres monigotes que responden a mandos naturales muy por arriba de ellos. Que nadie se confunda. Tampoco es la oposición. Es el poder económico concentrado de la República Argentina, compañeros y compañeras. Ese que cuando se produjo el intento de magnicidio aquel primero de septiembre a los pocos días tituló ‘La bala que no salió, pero el fallo que sí saldrá’. En tapa. Más clarito echale agua”.“¿Saben por qué este cepo? Porque no van a cometer el mismo error que cometieron en el año 2019 cuando creyeron que, después de haber perdido las elecciones en el 2017, y después de esa campaña de estigmatización y vandalismo sobre mi persona, estaba acabada. Un detalle que seguramente se les escapa. Esta causa, tiene un cronograma electoral maravilloso. Un mes antes”, sentenció.La ex presidenta salió a la vereda y subió a un escenario improvisado en el ingreso del edificio de la calle Matheu, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí se mostró entera luego de la confirmación de la condena en su contra y retomó los argumentos que viene esgrimiendo para desacreditar a quienes la juzgaron, interpretando que los fallos son una represalia política por el proceso que lideró como presidenta. “¿Los argentinos nos votaban porque destruíamos el país? ¿Eso lo dice Macri, ese fracasado que lo sacaron a patadas? ¡Vamos! ¡A quién quieren engrupir!”, exclamó la ex presidenta. “O sea que ahora los argentinos somos todos otarios”, ironizó.“La paradoja, como les decía es: ellos en libertad y yo presa”, dijo Cristina Kirchner, vinculando a sus adversarios políticos como promotores de su declive judicial. “Quiero decirles algo: mientras los Sturzenegger, los inefables ”Totos” Caputos, los Macri de los parques eólicos, caminen sin que nadie les diga nada, estar presa es un certificado de dignidad política, créanme que lo siento de esa manera”, agregó. En esa línea continuó que la Justicia avanza contra “los dirigentes políticos que gobiernan para el pueblo y logran la distribución del ingreso más equitativa, que es lo que nunca nos van a perdonar a los peronistas” “Es contra los que sostenemos que el trabajo debe participar en el capital ”fifty fifty” (en partes iguales), porque es lo más justo, lo que da dignidad”, arengó Cristina Kirchner en la puerta de la sede del PJ.“Te cierran La Salada porque te falta el papelito y al mismo tiempo te dicen que los que fugan los dólares son héroes, tenemos que tener claridad”, agregó. “Me pueden meter presa pero los medicamentos cada vez están más caros, los padres van a seguir creyendo que sus hijos tienen derecho a comer cuatro comidas por día. Pueden meterme presa, pero tarde o temprano, puede tardar más o menos tiempo, pero el pueblo finalmente es como un río, se puede desviar el cauce pero finalmente el agua se filtra y pasa”, sostuvo. Luego agregó: “Yo espero que sea el peronismo, ese espacio político que abrí desde muy joven y en el que abrevé en casa - aunque con padre gorila, que Dios lo tenga en la gloria -, espero que ese cauce pueda ser conducido por esta fuerza política”. “La experiencia me enseña que el pueblo no se resigna a no tener derechos. No lo van a resignar. Y si enfrente encuentran dirigentes que sí se resignan, elegirán a otros, no tengan dudas que va a ser así“, dijo más adelante. “A militar, a organizarse, a profundizar el acercamiento y la empatía con la gente. Es fundamental que vean una dirigencia política y social comprometida con los problemas que tiene la gente y no con los problemas que tienen entre ellos, es lo que necesita la gente”, cerró finalmente. Infobae. &nbsp;

“El Partido Judicial le agrega el cepo al voto popular”

La Justicia define el lugar de detención para Cristina Kirchner. Descartan un predio por ser “un villerío” y suena fuerte el edificio Centinela de Gendarmería. Luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la prisión de 6 años contra la ex presidenta Cristina Kirchner, resta determinar a qué lugar será trasladada mientras se tramite la prisión domiciliaria. Los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 que llevaron adelante el juicio que derivó en la condena a la ex mandataria fueron Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. Justamente Gorini estuvo la semana pasada en el predio que la Policía Federal Argentina tiene en Palermo (Cavia 3350) y donde conviven la Policía Montada, Interpol, el Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) y otras divisiones de la fuerza. Ese es uno de los lugares a donde podría ir Cristina Kirchner, aunque fuentes policiales revelaron a la Agencia Noticias Argentinas que “no sería indicado para una ex presidenta que tiene 72 años y que sufrió un atentado”. “Ese lugar parece un villerío. No está preparado para que vaya Cristina”, deslizaron las fuentes consultadas. Por estas horas, el lugar que más sonó para alojar a la ex jefa de Estado es la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, ubicada en la calle Madariaga 6997 del barrio porteño de Villa Riachuelo. Justamente allí estuvo alojado el fin de semana pasado el dirigente Juan Grabois, luego de tomar el Instituto Presidente Perón. Sin embargo, a la hora de analizar los lugares, aseguran quienes más saben que el lugar más acorde para alojar a Cristina Kirchner sería el edificio Centinela de Gendarmería Nacional, situado en la Avenida Antártida Argentina 1480, en el barrio porteño de Retiro. Otros lugares que también surgieron pero que perdieron peso son la Unidad 28 de Tribunales del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y el Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres de Ezeiza. NA. &nbsp;

El lugar que suena para detener a la expresidenta y que la Policía describe como “un villerío”

El mandatario, además, hizo alusión al “pacto de impunidad” junto al kirchnerismo por el que había sido acusado.El presidente Javier Milei afirmó que “se hizo justicia” ante la condena confirmada contra la expresidenta Cristina Kirchner a 6 años de prisión por la causa Vialidad. Así se refirió el jefe de Estado ante la sentencia confirmada por la Corte Suprema, haciendo alusión al “pacto de impunidad” que se lo acusó de acordar con el kirchnerismo. “Justicia. Fin. La República funciona y todos los periodistas corruptos, cómplices de políticos mentirosos, han quedado expuestos en sus operetas sobre el supuesto pacto de impunidad”, expresó Milei en sus redes sociales.La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a seis años de prisión para la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al rechazar por unanimidad los recursos presentados por la defensa de la exmandataria en la causa por irregularidades en la adjudicación de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz.El máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó cada uno de los argumentos del recurso de queja presentados por la exmandataria y sostuvo que “el debido proceso ha sido salvaguardado” y que “la encausada obtuvo una sentencia fundada en ley”. NA. &nbsp;

Javier Milei: “Justicia. Fin. La República funciona”

Tras agotar todas las instancias judiciales en el país, la exmandataria puede recorrer un largo camino en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La expresidenta Cristina Kirchner quedó en condiciones de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de que la Corte Suprema dejara firme su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad. Su defensa lo había anunciado en reiteradas ocasiones y dejó reserva de recurrir a tribunales internacionales en diversos escritos y ahora este será el único camino que le quede. Para concretar el planteo ante la CIDH se deben dar ciertos pasos procesales, la mayoría de los cuales ya están concretados en este caso, en el cual la condena incluye inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En primer lugar se deben haber agotado las instancias internas de apelación, algo que la Corte confirmó este martes al rechazar los recursos en queja de todos los acusados. Casación ya había confirmado las condenas en noviembre de 2024 y también las absoluciones por el delito de asociación ilícita, al rechazar las apelaciones de la fiscalía. Ahora se abrirá una nueva etapa en la cual los defensores de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, tendrán que fundamentar ante ese tribunal internacional que hubo graves violaciones a garantías procesales y constitucionales o algún tipo de connivencia entre la estructura estatal y judicial. En primer lugar, la CIDH examinará si la petición es admisible y si fue presentada en los plazos previstos, seis meses desde que se considera agotada la última instancia de apelación a nivel nacional. También se evalúa que no haya otra investigación similar abierta por el mismo tema. Si la Comisión admite el pedido, solicitará al Estado argentino que presente un informe y en paralelo la defensa de Cristina Kirchner tendrá que entregar argumentos y prueba. En el transcurso del proceso, se podría convocar a audiencias públicas o presentar escritos y al final de este camino la CIDH dará a conocer un “informe de mérito” con su conclusión vinculada a eventuales violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En base a esta conclusión, la Comisión puede recomendar a la Argentina que enmiende las irregularidades denunciadas y si hay incumplimiento, impulsar una demanda ante la Corte Interamericana, cuya sentencia es vinculante. Mientras todo esto ocurra, la ex Presidenta quedará detenida e inhabilitada para ejercer cargos públicos. Por su edad puede pedir el arresto domiciliario, algo que resuelve el Tribunal Oral Federal 2, como instancia de ejecución de todas las condenas. NA. &nbsp;

Cristina Kirchner quedó en condiciones de recurrir a la CIDH

El máximo tribunal rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa. Ratificó la pena por administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado. Es la primera vez en la historia argentina que una expresidenta recibe condena firme en una causa por corrupción. En un fallo histórico firmado este 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina confirmó la condena penal contra la exmandataria Cristina Elizabet Fernández de Kirchner. Por unanimidad, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron rechazar el recurso extraordinario federal presentado por su defensa y dejaron firme la pena de seis años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por el delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. La decisión se dio en el marco del expediente N.º 2833/CSJN, titulado “Fernández de Kirchner, Cristina Elizabet y otros s/defraudación a la administración pública – Recurso Extraordinario Federal”, y constituye una resolución de altísimo impacto político e institucional. El caso, vinculado a la causa conocida mediáticamente como “Vialidad”, involucraba el direccionamiento de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez durante su gestión como presidenta de la Nación.Los fundamentos del fallo La Corte Suprema consideró que no se violaron garantías constitucionales, como alegaba la defensa, entre ellas el debido proceso, la imparcialidad del tribunal o el principio de legalidad. Por el contrario, el alto tribunal señaló que la sentencia condenatoria fue debidamente fundada y respaldada en pruebas suficientes, conforme a las reglas de la sana crítica racional. Además, descartó cualquier arbitrariedad o afectación de derechos fundamentales en el desarrollo del juicio oral. “No se ha configurado lesión constitucional manifiesta que amerite la intervención correctiva de esta instancia excepcional”, sostuvieron los ministros del tribunal supremo, validando así tanto la actuación del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 2 como la revisión de la Cámara Federal de Casación Penal.Un fallo con repercusiones históricas Con esta resolución, Cristina Fernández de Kirchner queda formalmente condenada en última instancia, aunque conserva la posibilidad de recurrir a tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La exvicepresidenta ya no posee fueros parlamentarios, y esta decisión podría acelerar la discusión sobre la eventual ejecución de la pena. El fallo marca un hito en la historia judicial del país: es la primera vez que un expresidente o expresidenta de la Nación recibe una condena penal firme por delitos contra la administración pública.Contexto y proyecciones La confirmación de esta condena llega en un clima político denso, atravesado por fuertes tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. En las próximas horas se esperan reacciones del entorno kirchnerista, así como eventuales movilizaciones o declaraciones públicas. El impacto político será inmediato, tanto en el armado electoral como en el frente judicial. La exmandataria enfrenta aún otras causas pendientes, pero esta condena ya representa un antes y un después en la relación entre poder y justicia en Argentina.<section class="noteSuggested" data-id="65617" data-title="Puede interesarte"></section> &nbsp;

La Corte Suprema confirmó la condena a Cristina Fernández de Kirchner: 6 años de prisión e inhabilitación perpetua

El Instituto de Derecho Penal de Entre Ríos, la Asociación de Víctimas de Delitos Aberrantes (VIDAER), la Asociación de Pensamiento Penal, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ), expresaron públicamente su profundo rechazo ante la aprobación en comisión al proyecto de reforma de la ley de juicio por jurados de la provincia de Entre Ríos. “Implica una ilegítima e inconstitucional modificación a los casos que deben ser resueltos por jurados en casos penales, pretendiendo irregularmente dar poder a una justicia clasista, cada vez más deslegitimada ante la sociedad. La aprobación en comisión del proyecto de reforma resulta contraria a las claras disposiciones de la Constitución Nacional” manifestaron en un comunicado enviado a nuestro medio. RADIO CHAJARI dialogó con el abogado Ignacio Doubell, quien explicó: “el proyecto que ingresó en la legislatura achica la competencia del jurado para la cantidad de delitos que atiende. Hoy el número ya es limitado, está previsto para los delitos más graves. Quedarían afuera muchos delitos de abuso sexual”. Recordó que en la actualidad los juicios por jurado atienden los delitos con penas desde los 20 años hacia arriba y con el nuevo proyecto solo atenderían los delitos que superen los 20 años, por lo que ingresarían los homicidios calificados y otros delitos seguidos de muerte, como violación seguida de muerte, secuestro extorsivo seguido de muerte, entre otros. Doubell también explicó que el nuevo proyecto busca reducir el monto del pago que reciben las personas por ser jurados. &nbsp;

Proyecto de reforma de ley de juicio por jurado: “Quedarían afuera muchos delitos de abuso sexual”

Un día antes de que la Corte Suprema defina si confirma la condena en la causa Vialidad, referentes del kirchnerismo se darán cita en el Instituto Patria para definir su postura y acciones frente a un fallo que podría dejar fuera del escenario político a Cristina Fernández de Kirchner. Este martes 10 de junio, la Corte Suprema tiene previsto pronunciarse sobre uno de los expedientes más sensibles de los últimos años: la causa Vialidad, que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y por la cual fue condenada en 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por presuntos actos de corrupción vinculados a la obra pública en Santa Cruz. Si bien no hay confirmación oficial sobre el contenido del fallo, fuentes judiciales dan por descontado que el máximo tribunal utilizará el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, mecanismo que le permite rechazar recursos extraordinarios sin tratar los argumentos de fondo. En ese caso, quedaría firme la condena ratificada por la Cámara de Casación en 2024.Movilización y estrategia: encuentro en el Instituto PatriaAnte este panorama, diputados, senadores, gremialistas y dirigentes del kirchnerismo se reunirán este lunes 9 de junio en la sede del Instituto Patria. El objetivo del encuentro será evaluar los posibles escenarios y definir acciones concretas en defensa de Cristina &nbsp; &nbsp;Kirchner, en un clima de creciente tensión institucional. Según trascendió, no se descarta una convocatoria a movilizaciones u otras expresiones públicas que muestren respaldo a la exmandataria, quien aún conserva fuerte influencia en parte del peronismo, pese a su distanciamiento de la competencia electoral directa.Cristina y un mensaje con tono de resistenciaEn medio de la expectativa, el sábado 7 de junio, Cristina Fernández de Kirchner encabezó un acto en Corrientes junto al intendente Martín “Tincho” Ascúa, donde aludió sin rodeos a la inminente definición judicial. “Salió el anuncio y se desataron los demonios. Comenzaron a pedir que me metan presa. Está claro que quieren que esté acorralada, pero si eso es así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?”, disparó durante su intervención de más de 30 minutos. La expresidenta hizo referencia al clima histórico de persecución que, según denunció, atraviesa el peronismo: “Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. Pero lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo argentino, que tiene memoria e identidad”. Además, recordó episodios clave del peronismo como los fusilamientos de José León Suárez o los bombardeos de Plaza de Mayo, al vincularlos con el actual escenario: ”Cada uno tiene que estar en el lugar que más sirve. La historia del peronismo no es una película, es una lucha real. Y hay que estar a la altura”. &nbsp;

El kirchnerismo se reúne antes del fallo clave de la Corte sobre Cristina Kirchner

El exlegislador entrerriano quedó detenido junto a una acompañante tras ser sorprendido con una millonaria suma de dinero no declarada cuando ingresaba a Paraguay desde Brasil. La Justicia de Paraguay formalizó este jueves la imputación del senador nacional argentino Edgardo Darío Kueider, por el delito de tentativa de contrabando. Junto a él también fue imputada Iara Magdalena Guinsel Costa, quien lo acompañaba al momento de ser detenido en un control fronterizo. Según confirmaron los fiscales paraguayos Édgar Benítez y Gabriel Segovia, el procedimiento tuvo lugar en la cabecera del Puente de la Amistad, que une Ciudad del Este con Foz de Iguazú (Brasil), cuando el legislador se trasladaba en una camioneta Chevrolet Trailblazer 4×4 negra. Al revisar el vehículo, agentes aduaneros encontraron una mochila que contenía 211.102 dólares, 640.000 guaraníes y 3.900.000 pesos argentinos, todo sin declarar. Como consecuencia de este hallazgo, Kueider y Guinsel Costa quedaron detenidos en el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional. El expediente judicial quedó en manos del juez especializado en delitos económicos Humberto Otazú, quien ordenó una audiencia telemática para evaluar la situación procesal de los imputados. El senador declaró ante los fiscales que el dinero no le pertenecía y que su presencia en Paraguay respondía a una reunión de negocios vinculada a la joven Guinsel Costa, a quien atribuyó la titularidad de los fondos. Sin embargo, las autoridades paraguayas sostienen que existen “elementos de convicción suficiente sobre la existencia de un hecho punible grave”, lo que motivó la imputación. Del total incautado, el Ministerio Público paraguayo restituyó al legislador la suma de 9.900 dólares, correspondiente al monto máximo permitido para ingresar al país sin necesidad de declaración. Investigación en Argentina Este episodio fronterizo no es el único que compromete al ex senador por Entre Ríos. En Argentina, Kueider ya era investigado por enriquecimiento ilícito en la Justicia de Concordia, y está involucrado en otra causa federal en San Isidro, por presuntas coimas relacionadas con contratos de una empresa de seguridad. A raíz de los nuevos hechos, la PROCELAC inició de oficio una nueva investigación patrimonial para determinar el origen de los fondos incautados. La situación judicial se agrava con su mención en una megacausa que lleva adelante la jueza Sandra Arroyo Salgado, en la que se investiga a la empresa de seguridad Securitas por supuestas maniobras irregulares para mantener contratos con el Estado y otras entidades privadas. Mientras tanto, desde Paraguay aseguran que el ex legislador no goza de ningún tipo de inmunidad diplomática y deberá enfrentar el proceso judicial como un ciudadano más, conforme a las leyes locales. El procedimiento penal podría extenderse hasta cuatro meses, mientras que el proceso administrativo tributario llevaría al menos 90 días. El escándalo tiene fuertes repercusiones tanto en Paraguay como en Argentina, y deja en el centro de la escena a uno de los legisladores más cercanos al oficialismo en Entre Ríos, ahora bajo la lupa por presuntos delitos económicos y financieros. Con información de Infobae &nbsp;

Finalmente: la Justicia de Paraguay imputó a Edgardo Kueider por contrabando y quedó detenido

El STJ confirmó la sentencia que ordena al gobierno provincial brindar información sobre la extracción de arena. El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Gobierno provincial y confirmar íntegramente la sentencia de primera instancia que hizo lugar, de forma parcial, a una acción de amparo por acceso a la información pública presentada por Fundación CAUCE. El fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos ratifica la obligación del Estado provincial de brindar la información faltante en el plazo de diez días hábiles administrativos, específicamente la relacionada al destino de la arena extraída. La acción judicial fue iniciada el 10 de abril de 2025 por Fundación CAUCE, luego de que no se respondiera en tiempo y forma una solicitud de acceso a la información pública presentada el 25 de noviembre de 2024. La demanda apuntaba a obtener datos claves sobre la extracción de arenas silíceas de canteras y arena de río, los controles realizados por el Estado, el volumen extraído, los destinos de ese bien natural y los ingresos tributarios que percibe la provincia por dicha actividad.El Superior Tribunal compartió el encuadre dado por la sentencia de primera instancia: se trata de una acción de amparo por omisión en la entrega de información pública ambiental. El fallo recuerda que dicha información debe ser entregada de forma completa, veraz, adecuada y oportuna, tal como lo establecen el Acuerdo de Escazú, la Ley Nacional 25.831 y la normativa provincial.En particular, el voto de la vocal Dra. Susana Medina subraya que el Gobierno provincial no aportó información concreta sobre el destino de la arena de río, ni en sede administrativa ni al producir su informe en el expediente judicial. Además, calificó de extemporáneo e inatendible el argumento de que esa información sería “reservada” o “sensible”, señalando que las propias leyes invocadas por el Estado permiten brindar compilaciones de datos sin violar el secreto comercial ni identificar a personas físicas o jurídicas.El fallo resalta que el destino de los bienes naturales forma parte de la gestión ambiental y reviste un claro interés público, por lo que debe ser accesible para la ciudadanía. También sostiene que la obligación estatal de brindar información no puede eludirse con invocaciones genéricas de confidencialidad, y que si existiera algún dato sensible, corresponde aplicar mecanismos de disociación o tachas.Con este nuevo respaldo judicial, Fundación CAUCE reafirma su compromiso con el derecho a acceder a información pública ambiental, entendiendo que la transparencia y la participación ciudadana son pilares fundamentales para una gestión democrática y sostenible de los bienes comunes. &nbsp;

Nuevo fallo a favor del derecho a la información ambiental

Desestimó por unanimidad la recusación de CFK contra Lorenzetti por extemporánea y sin pruebas. Consideró que no había causal objetiva ni fundamentos legales. Consideró que no había causal objetiva ni fundamentos legales.La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó in limine por unanimidad la recusación presentada por la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner contra el juez Ricardo Lorenzetti, en el marco de la causa CFP 5048/2016 sobre incidente de recurso extraordinario. El máximo tribunal, con el voto de sus tres miembros -Carlos&nbsp; Rosenkrantz, Horacio Rosatti y el propio Lorenzetti-, consideró que el planteo fue presentado fuera de los plazos procesales y carece de fundamentos jurídicos suficientes.La recusación había sido promovida el pasado 5 de mayo, invocando como causal una supuesta falta de imparcialidad del magistrado, basada en notas periodísticas, disidencias en fallos del tribunal, declaraciones televisivas del juez y una denuncia realizada en el Senado por la senadora Anabel Fernández Sagasti. Según los abogados defensores, el comportamiento de Lorenzetti vulneraría los principios de imparcialidad judicial establecidos en los Principios de Bangalore y en precedentes jurisprudenciales como el caso “Llerena”.Sin embargo, la Corte evaluó que la mayoría de los hechos alegados ya eran conocidos con anterioridad a la presentación del recurso extraordinario del 13 de febrero, y por tanto debieron haberse planteado en ese momento. En cuanto a las declaraciones posteriores —como una entrevista dada por Lorenzetti el 1° de mayo, donde afirmó que la Corte debía resolver con prontitud antes de las elecciones—, el tribunal concluyó que no constituían una causal objetiva ni comprobable de recusación. “El planteo no fue realizado en tiempo oportuno y no cumple con la fundamentación exigida por la ley”, subrayó la Corte, que también remarcó que la defensa no ofreció pruebas para sostener las acusaciones ni invocó causal específica prevista por el Código Procesal Penal.Finalmente, el fallo enfatiza que las recusaciones contra miembros de la Corte deben interpretarse de forma restrictiva, ya que su aceptación podría afectar la garantía del juez natural y el normal funcionamiento del máximo tribunal del país. &nbsp;

La Corte Suprema rechazó la recusación de Cristina Kirchner contra el juez Ricardo Lorenzetti

El juez Rafecas desestimó denuncias de Milei contra los periodistas Pagni y Lijalad, defendiendo la libertad de prensa y el debate político. El juez federal Daniel Rafecas desestimó sendas denuncias penales presentadas por el presidente Javier Milei contra los periodistas Carlos Pagni y Ari Lijalad, al considerar que sus expresiones están amparadas por el derecho a la libertad de prensa y no constituyen delito alguno. En el caso de Pagni, la presentación de Milei había sido motivada por comentarios realizados el 28 de abril en su programa “Odisea Argentina” (LN+), donde el periodista trazó un análisis histórico que, según el Presidente, insinuaba un paralelismo entre su ascenso al poder y el de Adolf Hitler en Alemania. El mandatario consideró que tales afirmaciones afectaban su honor y reputación. Sin embargo, Rafecas concluyó que las expresiones de Pagni se encuadran dentro del debate político y no representan una imputación concreta ni una injuria personal. “No se atribuyó delito alguno ni se deshonró intencionalmente al denunciante”, sostuvo el magistrado, subrayando que las críticas se emitieron en el marco del ejercicio legítimo de la libertad de expresión. El fallo detalla fundamentos constitucionales e internacionales sobre libertad de prensa, y remite al precedente “Kimel vs. Argentina” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se sostiene que los funcionarios públicos deben tolerar un mayor grado de crítica. Rafecas advirtió que perseguir penalmente opiniones periodísticas podría lesionar el debate democrático.En igual sentido, y también en la misma jornada, el juez desestimó otra denuncia de Milei contra el periodista Ari Lijalad, quien había publicado el 4 de mayo una columna en el portal “El Destape” titulada “Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi”.Ambos expedientes fueron archivados por inexistencia de delito. &nbsp;

La Justicia Federal desestimó las denuncias de Javier Milei contra periodistas por inexistencia de delito

Desde la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ) manifestaron su enfático rechazo al proyecto de modificación de la Ley de Jurados de Entre Ríos que impulsa el Gobierno de Entre Ríos. Cuestionaron que busca limitar la competencia del jurado popular a delitos con penas superiores a 20 años. Advirtieron que la medida representa un retroceso constitucional y una amenaza al derecho ciudadano de intervenir en la justicia penal.Ese lunes 2 de junio a las 14.30 la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto del Poder Ejecutivo que ingresó el 26 de julio de 2024. La iniciativa “modifica la competencia del jurado popular y la limita a delitos y los delitos conexos que con ellos concurren, cuya pena exceda los 20 años de prisión o reclusión”, criticaron. En este marco, sostuvieron que “la reforma constituye un serio retroceso, desconociendo abiertamente la manda constitucional que establece que TODOS LOS JUICIOS CRIMINALES TERMINARÁN POR JURADOS”. Desde la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ) vienen remarcando que “la competencia amplia de los jurados para conocer y juzgar todos los crímenes es uno de los núcleos duros que deben respetar las leyes de jurados”.Hoy, Diputados continuará abordando la polémica&nbsp;modificación de la Ley de Juicio por Jurados “Si bien nos encontramos en un proceso de expansión del sistema constitucional en todo el país (al que la provincia de Entre Ríos se sumó hace unos años) con competencia limitada a delitos más graves, ello no implica bajo ningún concepto el acotamiento del poder ciudadano de juzgar cada vez menos delitos, cuando en realidad debería ser lo contrario: el aumento progresivo de la competencia”. “Los argumentos que acompañan este proyecto de reforma carecen de todo sustento. Nótese que la demora en la realización de las audiencias previas al juicio por jurados (que también deben realizarse para los juicios con jueces técnicos) demuestra que el atraso no se debe al proceso de jurados, sino a una clara demora judicial”, aclararon. Es por ello que desde la Asociación Argentina de Juicio por Jurados expresaron su preocupación por “la nueva embestida contra el derecho de los ciudadanos a participar en la administración de justicia” e insistieron en su firme rechazo a que se modifique la ley de jurados, finaliza el comunicado enviado a esta Agencia firmado por la presidenta de la entidad a nivel nacional, Silvina Manes, y el titular de la Filial Entre Ríos, Elvio Garzón. &nbsp;

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