Alfonzo fue hallado culpable por el Tribunal Oral Federal de Paraná como “autor material y responsable” de la captación, acogida y traslado de menores para explotación sexual, agravado por la situación de vulnerabilidad de las víctimas y la consumación del delito. El caso ganó relevancia en 2015 al involucrar, además del locutor, a figuras del poder político y empresarial de la región. La hermana Martha Pelloni, reconocida por su lucha contra la trata de personas, tuvo un papel clave en el desarrollo de la causa. Los testimonios de las víctimas, quienes relataron haber sido abusadas desde los 14 o 15 años, conmocionaron a la opinión pública al señalar a importantes dirigentes políticos de Concordia. Alfonzo cumplió la mayor parte de su condena en la unidad penal de Concordia, y su liberación pondrá fin a un proceso judicial que desnudó una oscura trama de explotación sexual y abuso de menores en la provincia. No obstante, las secuelas para las víctimas persisten; muchas de ellas han tenido que rehacer sus vidas en el exterior, sin recibir apoyo del Estado, según sus propios relatos.&nbsp;

Gustavo Alfonzo recuperará su libertad en noviembre

El encuentro, organizado por el Instituto Dr. Juan Bautista Alberdi, se desarrolló en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia y convocó a integrantes de la magistratura, agentes judiciales y público en general. En la oportunidad, ante un importante auditorio, disertaron la vocal y presidenta de la Sala Nº 2 en lo Civil y Comercial del STJ, Gisela Schumacher; el vocal de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Paraná, Hugo González Elías, y el magister en Derecho Administrativo y profesor de grado y de posgrado, Patricio Sammartino. Entre las autoridades presentes estuvieron la vocal en ejercicio de la Presidencia del Superior Tribunal de Justicia, Laura Mariana Soage; la vocal Claudia Mizawak; el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, Alejandro Cánepa y la vicepresidenta, Gabriela López Arango.Reconocimiento En la ocasión, se hizo un reconocimiento a los tres primeros integrantes de la Cámara en lo Contencioso Administrativo N°1. La vocal, Laura Mariana Soage hizo entrega a quien fuera su Presidente decano el Dr. Julio Pérez Ducasse de un presente recordatorio agradeciéndole una vez más los servicios prestados y extendiendo ese reconocimiento a todos y todas las personas que integraron en su comienzo la Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 1 con asiento en Paraná.Temario Las temáticas tratadas durante la jornada fueron la responsabilidad patrimonial del Estado en el contexto de derecho comparado, descripción del sistema entrerriano y algunas conclusiones; la Responsabilidad del Estado en el Régimen Jurídico Entrerriano Ley Nº 10636, los aspectos particulares y sus implicancias prácticas; y la Ley de Responsabilidad del Estado Nacional Nº 26944, bases y criterios rectores.Historia Mediante la ley N° 10.051 publicada en el Boletín Oficial el 21/09/2012 se crearon las Cámaras en lo Contencioso Administrativo con asiento en las ciudad de Paraná y Concepción del Uruguay, reglamentándose así la disposición incorporada por la reforma constitucional de 2008 que permitía sustraer tal competencia de las encomendadas con exclusividad al Superior Tribunal de Justicia en pleno. La radicada en la ciudad de Paraná -denominada con el N° 1- tuvo su inicio formal el 11 de octubre de 2012 por Acuerdo General N° 21 Punto 4° del 07/08/2012, siendo su integración originaria con las vocales Susana Lelia Verzeñassi y Andrea Fabiana Giusti, el Vocal Julio César Pérez Ducasse fue el elegido por sus pares como su primer Presidente, la Secretaria fue Romina María Guadalupe Gamarra y sus demás integrantes fueron: Miguel Morahan, María Silvina Cozzi, Juan José González, Mónica Patricia Camejo, Ximena Beatriz Bernard, Luis María Guarascio, Adán Cesar Prinsich y Carlos Rodrigo Corradazzi. &nbsp;

Aniversario de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº 1

El borrador tiene la idea de dejar atrás muchas de las reformas incorporadas por la Administración de Gustavo Bordet. El texto ya llegó a algunas entidades que representan a actores judiciales. Otras están a la espera de que se los convide a la conversación. En el primer piso de Casa de Gobierno aseguraron que “falta un poco” para cerrar el circuito y enviar el articulado a la Legislatura. La propuesta es resucitar el sistema previo, en el cual los jurados llevaban casos para que sean resueltos por los postulantes. Desde siempre hubo sospechas de parcialidad por filtración, pero por ahora aparece como la salida posible del atolladero. El punto más álgido será la eliminación de la intervención del Superior Tribunal en el proceso de puntaje. Tras la reforma del ’22, un postulante inconforme con la nota otorgada por el Jurado en las dos primeras etapas (antecedentes y examen), podía pedir la revisión del pleno del Consejo. Y luego presentar una apelación ante el STJ, si su planteo no había sido atendido. En Justicia quieren regresar al esquema anterior. Antes de la última reforma, la inconformidad con este paso intermedio podía llegar a la Justicia tras la resolución del plenario, pero a través del esquema contencioso administrativo. Se apoyan en números para apuntalar esta vuelta atrás. Con el sistema pre 2022, hubo 8 recursos judiciales. Tras la reforma, se cuentan 19 apelaciones al Superior. Cada vez que llega al máximo tribunal, la mora en cada concurso se estima entre 6 y 8 meses. En el Palacio de Justicia no están de acuerdo con este retroceso. En el segundo piso de Tribunales evalúan que quitar la recursividad ante el Superior demoraría “años” la resolución de un concurso impugnado en esa etapa. Además, dejaron en claro que, formalmente, no hubo ninguna consulta sobre el texto de reforma al Consejo. De manera informal se anticipó una invitación que aún no se concretó. Otro tema que motivará quejas en la comunidad judicial será el cambio de los criterios para otorgar puntajes. Tanto la Legal y Técnica como la Justicia comparten la idea de reducir o eliminar los puntos que ganan los suplentes, designados “a dedo” en base a vínculos personales o familiares, por ocupar el cargo antes de que salga a concurso. Se apoyaría en un documento elaborado por la camarista penal Marcela Davite. &nbsp;

El gobierno provincial quiere acelerar los cambios en el Consejo de la Magistratura

El fiscal a cargo, Mauro Jaume, confirmó a El Heraldo que el juez Francisco Ledesma aceptó el pedido de la fiscalía para que el caso sea juzgado mediante un juicio por jurado. En abril de este año, el Superior Tribunal de Justicia ordenó la anulación del proceso anterior al entender que, debido a un cambio en la imputación —abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por un funcionario policial—, correspondía realizar un juicio por jurado. La fiscalía adecuó la acusación y solicitó una nueva remisión a juicio, lo cual fue aceptado por el juez Ledesma. Querencio, quien fue jefe de la policía departamental de Concordia, actualmente cumple prisión preventiva bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica. La próxima audiencia definirá la admisión de pruebas para el juicio. &nbsp;

Enrique Querencio será juzgado por un jurado popular

En el acto hizo uso de la palabra la presidenta del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, María Marta Simón; el presidente de la sección Paraná, Pablo Tánger y la vocal del Superior Tribunal de Justicia, Gisela Schumacher. La magistrada, agradeció la invitación efectuada y recordó que hace 16 años se implementó la mediación, con anclaje en la Constitución entrerriana, y que desde entonces los procesos se llevan con éxito. La vocal del STJ referenció que “en ese tiempo se iniciaron más de 150 mil procesos, de los cuales, según los años, el porcentaje que se judicializa es entre el 12 y el 24 por ciento”. También, destacó que 635 mediadores y mediadoras contribuyen exitosamente con el fin del derecho y la justicia que “es traer paz a los conflictos y evitar que escalen”; y que Entre Ríos, como en tantas otras cosas, es pionera en este mecanismo, no solo en su implementación sino que, de la forma en que se ha hecho. Entre Ríos está a la vanguardia en todo el país en la forma exitosa en que se realiza. Por otra parte, Schumacher celebró la realización de este primer congreso, felicitando a los organizadores y recordó que en el año 2023 se dispuso la creación de una comisión integrada por representantes del colegio de la abogacía y de distintos sectores del poder judicial para trabajar en una modificación de la mediación, comisión que viene reuniéndose con éxito durante todo el 2024. Finalmente, resaltó la importancia del trabajo conjunto en pos de lograr consensos, porque esa “es la forma en que cualquier modificación arriba a éxitos seguros e implementaciones más rápidas”. El objetivo del encuentro es crear un ámbito para el intercambio de ideas y propuestas sobre legislación, doctrina y jurisprudencia, considerando los cambios sociales, sanitarios, culturales, económicos, las nuevas tecnologías y los desafíos pos pandemia. La actividad, destinada a abogados/as, magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as del Poder Judicial provincial y de la Nación, y letrados/as con prestación de servicios o que ejercen la docencia, es organizada por el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, la Sección Paraná y el Instituto de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos. &nbsp;

Los procesos de mediación en Entre Ríos, desde hace 16 años, se desarrollan con éxito

María Laura Balonga (Infobae) - El cirujano Daniel Ojeda (60), apodado el “Lotocki entrerriano”, había admitido su responsabilidad ante los jueces que lo juzgaron por la muerte de una paciente en la clínica trucha que montó en 2022 en Villa General Mitre, CABA. Ya sabía de lo que se trataba: la Justicia de Entre Ríos lo había condenado por el homicidio de una mujer y por lesionar a otras dos. También lo inhabilitó para ejercer la medicina. Este martes, los magistrados del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°1 porteño le unificaron la pena en 11 años de prisión y en 16 quedó la prohibición sobre su profesión. Los jueces del TOCC N°1, Fernando Ramírez, Luis Salas y Adrián Pérez Lance, consideraron a Ojeda responsable por los delitos de homicidio simple en concurso ideal con desobediencia a una orden judicial y le dieron la pena de 8 años de cárcel. Sin embargo, como cuando mató a su segunda paciente ya estaba condenado a 8 años de prisión por otro homicidio ocurrido en la ciudad de Concordia y, además, tenía prohibido ejercer la medicina por 16 años; la pena unificada para Ojeda quedó en 11. Los fundamentos del fallo que se conoció este martes se difundirán el próximo 1º de octubre. Pero, en este caso, el falso Lotocki “a principios del juicio reconoció su responsabilidad en los hechos que le imputan”, según pudo saber Infobae. Fue ante esto que la Fiscalía, representada por Horacio Azzolin y la auxiliar Jazmín Auat, solicitó en su alegato la condena que finalmente le concedieron los jueces. Así, el “Lotocki entrerriano” extiende su estadía en el penal de Ezeiza, donde ya cumplía la condena por homicidio imprudente y un amplio abanico de lesiones que le otorgó la Justicia de Entre Ríos por la muerte de una paciente en 2019 en la ciudad de Concordia: la uruguaya Iris Amaro (45) falleció dos días después de someterse a una liposucción con Ojeda. Ese fallo fue confirmado en marzo de este año. Eso no lo disuadió de seguir practicando tratamientos estéticos riesgosos y en lugares no aptos. Así, se fue de Entre Ríos e instaló en Buenos Aires otra clínica clandestina en la que ofrecía servicios de estética-plástica. El 3 de junio de 2022, Débhora Campos Gonzáles murió tras someterse a una liposucción, según la investigación que llevó adelante el fiscal Marcelo Retes, a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N°23. Por esa causa llegó al juicio que concluyó este martes y la estancia de Ojeda en la cárcel de Ezeiza se alarga.La muerte&nbsp;de Campos GonzálesEn la causa por la que fue condenado este martes, Ojeda reconoció que fue responsable de la muerte de Campos Gonzáles. Según la autopsia que está en el expediente, el fallecimiento pudo “deberse a dos posibilidades”: un uso “indebido de drogas anestésicas inyectadas, o a consecuencia del dolor que habría sufrido producto de anestesia mal proporcionada o combinada, durante el procedimiento llevado a cabo”. Ojeda le practicó a la víctima una cirugía estética coincidente con una liposucción y eso le produjo, siempre según la causa, “una descompensación hemodinámica... que al no poder ser revertido fue seguido de muerte”. También se destacó en la autopsia que los forenses hallaron tres “punturas vitales” similares a las que se ven para lograr un “inyección intracardíaca”. Las lesiones atravesaron la parrilla costal, la pleura y el pulmón izquierdo, provocando enfisema, que no tuvo “idoneidad para causar la muerte”, pero se dejó en claro que se buscó acceder al corazón y “no se logró”. Por lo que se consideró que “no utilizó el instrumental adecuado o bien careció de pericia para utilizarlo”, pero tampoco pidió una ambulancia del SAME y no hubo indicios de que la víctima haya sido intubada, algo que, quizá “podría haber mejorado su situación”. Para la Justicia, Ojeda operó sin “el acompañamiento de profesionales médicos” que se requieren para casos de este estilo, “como mínimo, un anestesiólogo”. Pero, además, el departamento en el que se hizo la cirugía no estaba habilitado como clínica, sino que era para habitar como vivienda “sin poseer las instalaciones sanitarias correspondientes, hallándose en el lugar elementos de quirófano oxidados y defectuosos”. Allí se encontró un desfibrilador y un electro bisturí que “no poseen antecedentes de habilitación ni registro ante la ANMAT” y, además, le atribuyeron que “no proporcionó la información correspondiente” a la víctima: no le hizo firmar los formularios de consentimiento. Pero, sobre todo, Ojeda, según la acusación, violó la prohibición que tenía desde el 15 de enero de 2021 por la causa de Concordia por la muerte de Amaro y por la cual estaba inhabilitado para ejercer la profesión. “Representándose y previendo cabalmente el eventual resultado de muerte, a sabiendas de las condiciones generales en que llevaría a cabo la práctica quirúrgica investigada, la falta de pericia y conocimiento en la materia, la inhabilitación para su ejercicio; programó, inició y continuó la misma sobre el cuerpo de la víctima, conformándose con la posible producción del resultado fatal, no adoptando tampoco conducta alguna demostrativa de voluntad de evitar el mismo”, rezaba la acusación que lo puso en el banquillo y por el que ha admitido su responsabilidad. El caso contra Ojeda le valió al cirujano el apodo del “Lotocki entrerriano” por las similitudes con la muerte de Rodolfo Christian Zárate y de Romina Vega por las que Aníbal Lotocki va a juicio y fue absuelto, respectivamente. &nbsp;

Condenaron al “Lotocki entrerriano” a 8 años de cárcel por la muerte de una paciente

Se trata del exedil Rafael Brambilla (Juntos por el Cambio), quien al mando de su auto Ford Focus colisionó con una moto conducida por un hombre de 30 años, que sufrió fractura de tibia, en la intersección calle Santa Fe y Avenida 9 de Julio. El día después del choque, Brambilla habría comenzado a recibir mensajes de una abogada de apellido &nbsp;Gauna que estaba representando los intereses de &nbsp;la persona lesionada (hermano de otra funcionaria policial), instándolo a que abone los daños que fueron causados, lo cual motivó una denuncia que recayó en el fiscal Matías Argüello de la Vega. La presentación del ex concejal plantea una incompatibilidad, dado que la letrada de la motociclista es, a su vez, la responsable de Criminalística de la comisaría interviniente y que fue la encargada de realizar las pericias policiales, junto a otra agente. A su vez, el exedil habría corroborado que el croquis realizado por el personal de criminalística de la comisaría de Chajarí no se correspondía con lo sucedido en el accidente. A partir de las evidencias aportadas por el denunciante, el fiscal del caso inició una investigación para determinar el grado de responsabilidad de las funcionarias policiales. Las pruebas recabadas en la investigación fueron suficientes para que el representante del Ministerio Público Fiscal imputara a la funcionaria policial, Cintia Gauna, del delito de negocios incompatibles con la función pública. De acuerdo a lo que indica el Código Penal, el delito en cuestión prevé una pena de hasta 6 años de prisión e inhabilitación perpetua. Se pudo saber que el fiscal de la Vega terminó la investigación penal preparatoria y la causa que recae contra Cintia Gauna fue elevada a juicio. Esta no es la primera investigación que posee Gauna en su contra. También está siendo investigada por ejercer la función de abogada y defender a un conocido narco de Chajari, cuestionando el trabajo de sus propios compañeros policías. Estas actitudes generan muchas disconformidades entre los abogados y sus pares policías, debido a la carencia de objetividad en las pericias que desarrolla y el manejo de información que concentra en un área tan sensible, como lo es criminalística. Pero a pesar de todo ello, sigue cumpliendo su cargo en criminalística de Chajarí. (Concordia Policiales). &nbsp;

Elevaron a juicio la causa contra una funcionaria que habría tenido dos roles en un accidente de tránsito

Durante los tres días del congreso se debatieron políticas públicas con enfoque de género, se compartieron experiencias y se discutieron los desafíos en la implementación de las recomendaciones emitidas en encuentros anteriores, con el objetivo de mejorar la política de género, el abordaje de la violencia sistemática hacia la mujer, un mayor número de mujeres en lugares de decisión y que sus derechos fundamentales sean respetados.Por su parte, la vocal del STJ, Gisela Schumacher, disertó virtualmente sobre Control de Convencionalidad y Políticas positivas para la igualdad de oportunidades en género aplicado al ingreso y ascenso en la función pública de los tres Poderes del Estado. La ponencia de la magistrada se efectuó tras la aprobación previa, por parte de los/as organizadores/as del encuentro, por su contenido y la temática desarrollada.Las jornadas se desarrollaron en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este, Circunscripción Judicial de Alto Paraná. Fueron organizadas por la Corte Suprema de Justicia y la Fundación Justicia y Género de Costa Rica, que actúa como Secretaría Técnica, y el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) y la Itaipú Binacional. &nbsp;

Participación entrerriana en el XX Encuentro de Magistradas

En su reunión de Acuerdo General Nº 22/12, del 14 de agosto de 2012, el STJER estableció un régimen de rotación anual de inhábiles judiciales, alternándose anualmente entre el “Día de la Abogacía”, 29 de agosto; y el “Día de la Magistratura”, 15 de septiembre, correspondiendo a este último durante el presente año. Cabe destacar que el Acuerdo mencionado establece que, si la conmemoración de turno llegase a coincidir con una fecha inhábil, se trasladará al día hábil siguiente.

El 16 de septiembre será inhábil judicial por el Día de la Magistratura

Las acusaciones incluyen la presunta creación de una “fiscalía paralela” y la falsificación de un decreto oficial. para designar a su pareja, Analía Romero y a su hermana Daiana Alfonsina de La Madrid como empleadas permanentes del municipio con la categoría más alta, lo que ha causado gran conmoción en la localidad. Pedro de La Madrid, quien ya cuenta con una condena penal condicional y la suspensión de su matrícula como abogado por estafa procesal, habría ideado un esquema en el que utilizaba correos electrónicos apócrifos para notificar al municipio y a otros actores judiciales sobre causas inexistentes.&nbsp; Según la denuncia, el abogado manejaba dos cuentas falsas: ministeriofiscalconcordia@gmail.com y oficinadegestiondeaudienciasc@gmail.com, desde las cuales enviaba falsas notificaciones judiciales, incluyendo citaciones y denuncias, con el fin de ganar poder dentro del gobierno local.Modus operandiLa estrategia de De La Madrid le permitió avanzar en su posición dentro del municipio, cobrando por gestiones que, en muchos casos, no existían. Se le otorgó control sobre la digitalización de normativas, la página web oficial y la redacción de decretos. Sin embargo, uno de estos decretos resultó ser falso, lo que derivó en la segunda denuncia en su contra. Falsificación&nbsp; de un decretoLa acusación sostiene que De La Madrid falsificó un decreto para designar a su pareja, Analía Romero, y a su hermana, Daiana Alfonsina de La Madrid, como empleadas permanentes del municipio con la categoría más alta, igualando en nivel al intendente Javier Goldín.Para encubrir esta maniobra, el libro de decretos correspondiente al año 2021, donde estaba registrado dicho documento apócrifo, desapareció del archivo municipal, lo que también fue reportado ante las autoridades.Investigación en cursoEl Ministerio Público Fiscal de Concordia se encuentra investigando estas denuncias, las cuales podrían derivar en cargos graves contra De La Madrid, como falsedad ideológica, usurpación de títulos, estafa procesal y asociación ilícita. De comprobarse los delitos, las consecuencias legales para el ex asesor jurídico podrían ser severas. Impacto en el municipioEl caso ha desatado una tormenta política en Estancia Grande, afectando la imagen de transparencia del gobierno encabezado por el intendente Javier Goldín. Las miradas están puestas en los avances de la investigación judicial, que esclarecerá las responsabilidades de cada uno de los involucrados en este entramado que ha conmocionado a la comunidad local. &nbsp;

El municipio denuncia a exasesor jurídico por montar una “fiscalía paralela” y falsificar un decreto

El abogado sostuvo que el exmandatario fue imputado como ministro de Gobierno en el primero de seis hechos, pero estaba de licencia por campaña política y, por lo tanto, no estaba en ese rol funcional.La audiencia en la que se ventila el requerimiento de elevación a juicio comenzó entre febrero y marzo de este año, pero estuvo suspendida desde abril hasta la semana pasada porque recusaron al juez que está a cargo del proceso, Julián Vergara.El abogado de Urribarri recordó que la acusación contra el exmandatario resume “seis hechos que Fiscalía entiende que deben ser concursados realmente, es decir, juzgados individualmente, que arrancan con la licitación pública 01/08”.Cullen señaló que Urribarri está imputado “primero como ministro de Gobierno y luego como gobernador”, por haberse interesado en la contratación de la empresa Relevamientos Catastrales -una de las firmas que conduce el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros-, para la adquisición de software para la administración pública, siempre según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal (MPF).“La imputación como ministro de Gobierno desde enero de 2007 es imposible porque Urribarri estaba de licencia. Del 14 de septiembre de 2006, Urribarri no detentaba el cargo de ministro que sostiene el hecho imputado. Esto es crucial para nosotros”, dijo el defensor. “Le adjudican a Urribarri una calidad funcional que no tenía. Tienen que reformular el hecho. Y para eso estamos acá, para controlar la acusación que nace de una manera que falta a la verdad”, subrayó. “Esto se vuelve a repetir”, advirtió el abogado. “Los seis hechos se dan a través de una actuación sistemática de Urribarri, según la acusación, que en función de su cargo se interesaba y favorecía Cardona Herreros. Estamos bajo supuestos que no existen”, acotó e insistió: “Hay que adecuar la acusación para poder ejercer la mejor defensa posible”.Cabe señalar que entre este lunes y el viernes, Cullen y los otros defensores de Urribarri (los abogados Fernando Burlando y Javier Baños) completarán el alegato defensivo en representación del exmandatario provincial. El resto de las defensas ya lo hicieron: Guillermo Smaldone como exministro de Trabajo de la provincia (que se representa a sí mismo); Humberto Flores como exsecretario de Hacienda de la provincia (representado por Leopoldo Lambruschini); Carlos Haidar como exdirector de Informática de la provincia (representado por Candelario Pérez y Juan Antonio Méndez); Diego Cardona Herreros (representado por Ignacio Díaz y José Velázquez); Luis Erbes como exsecretario de Presupuesto y Finanzas (representado por Franco Azziani Cánepa); Miguel Ulrich como exdirector de Liquidaciones (continúa en el cargo y está representado por Gaspar Reca). Los fiscales a cargo de la investigación y la acusación son Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Ambos entienden que entre 2007 y 2015, en la provincia de Entre Ríos hubo una especie de “mesa de negocios” conformada por exfuncionarios políticos, el empresario paraguayo y empleados ejecutivos de sus empresas, que diseñaron licitaciones ajustadas, por montos millonarios que beneficiaron a las empresas de Cardona. Esas negociaciones implicaron sobreprecios y retornos de dinero para funcionarios públicos y privados. Los fiscales sostienen que las dádivas quedaron registradas en comunicaciones personales (telefónicas, correos electrónicos y planillas contables). No sólo refirieron a montos dinerarios sino también a viáticos, pasajes, paquetes turísticos, entre otros beneficios.“Estamos frente a una remisión a juicio que no supera el tamiz necesario de lo que establece el Artículo 402 y 403”, puntualizó el abogado. Y volvió a pedir la “reformulación” de la acusación para que se les vuelva a correr vista, vuelvan a defenderse y continuar con el proceso. En ese sentido, el defensor le reclamó al juez que dicte la nulidad. Para Cullen no pueden defenderse correctamente si la acusación no se readecúa. “Mi defendido no puede ser autor de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública si no estaba en el rol de funcionario público, no puede”, resaltó.Además, el defensor se quejó de que los hechos acusados contengan menciones a personas que estuvieron imputadas y acordaron suspensiones de juicio a prueba.“Le imputan conductas a personas que no pueden venir a defenderse. Si su señoría permitiera la continuidad de la remisión de estos hechos, estamos ante un problema gravísimo. Se van a comprobar hechos que involucran a personas que no pueden defenderse”, insistió. De ese modo se refirió el letrado a quienes dentro de este proceso acordaron con Fiscalía suspensiones de juicio a prueba. Es decir, aquellas personas que estuvieron imputadas por participación en los hechos investigados, que no eran funcionarios públicos sino empleados privados como Alfonso Campitelli, Miriam Fessia, Jorge Zanabone y Guillermo Linares -todos ejecutivos de las empresas de Cardona Herreros- que acordaron probation y multas por sus conductas.“Queremos que se adecúe la acusación a otra que permita el mayor derecho posible de defensa. Todo lo otro que dijeron los colegas que me precedieron, también debe tomarse”, pidió el abogado, plegándose de ese modo a los alegatos defensivos que lo precedieron.El viernes 13 de septiembre, cuando se reanude la audiencia que pasó a un cuarto intermedio, continuarán las exposiciones los abogados Javier Baños y Fernando Burlando. Los defensores porteños continuarán con planteos de fondo y pedirán el sobreseimiento de Urribarri.La agenda de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), registró jornadas en octubre para continuar con las réplicas de los fiscales a los alegatos defensivos, luego las dúplicas de los abogados, la resolución del juez y, para la etapa final, se espera la discusión sobre la prueba no controvertida que ingresará al juicio oral. Por último, habrá que sortear un tribunal que conduzca un futuro juicio oral y fijar fecha para su realización. Todo eso, si no se dicta un sobreseimiento. &nbsp;InvestigaciónLa causa tiene como imputados al exgobernador Sergio Urribarri y al empresario paraguayo, Diego Cardona Herreros. En el banquillo están además los exfuncionarios de gobierno Luis Alfonso Erbes, como exsecretario de Presupuesto y Finanzas de la provincia; Guillermo Smaldone, como exministro de Trabajo; Miguel Ulrich, como exdirector General de Ajustes y Liquidaciones; Carlos Haidar, como exdirector de Informática; José Humberto Flores como exsecretario de Hacienda.Durante el proceso también estuvieron investigados exempleados ejecutivos de las empresas contratistas que dirigió Cardona Herreros: Alfonso Campitelli, Miriam Fessia, Jorge Zanabone y Guillermo Linares. Todos ellos acordaron suspensiones de juicio a prueba y consiguieron cerrar su situación procesal antes del juicio oral. De modo que, en la investigación penal, una de las más importantes por los delitos acusados, las maniobras probadas, el rango de los funcionarios políticos involucrados y la cantidad de prueba colectada, continuó sólo para el empresario señalado como testaferro de Urribarri y los funcionarios públicos.Según la hipótesis de los fiscales, durante las dos gestiones urribarristas en Entre Ríos se formó una especie de “mesa de negocios” compuesta por los funcionarios públicos, el empresario paraguayo y varios de sus empleados ejecutivos. Desde la provincia se interesó y direccionó la contratación de servicios a cargo de la empresa Relevamientos Catastrales, propiedad del empresario.Los fiscales sostienen que, además de interesar contrataciones millonarias, los funcionarios públicos adelantaron información sensible para ajustar los pliegos de licitación y conceder el beneficio al empresario. Esas contrataciones, siempre siguiendo la hipótesis acusatoria, supusieron sobreprecios y el retorno de dinero, bienes y servicios tanto para los funcionarios políticos como para los empresarios.Cardona Herreros, además de ser el titular de las empresas adjudicatarias de varias licitaciones analizadas, resultó ser quien administraba el dinero de los funcionarios públicos, y ponía a disposición la estructura de sus empresas, a efectos de gestionar asuntos vinculados directamente a aspectos personales de cada uno de ellos.Los fiscales se hicieron de evidencia que prueba la acusación. Sostienen que para la causa se analizaron miles de datos virtuales de computadoras y teléfonos celulares, además de secuestrar otros elementos en los allanamientos.&nbsp; (Análisis)

La defensa de Urribarri pide que dicten la nulidad y reformulen la acusación

La presidenta del tribunal&nbsp;fundamentó su oposición al pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF) para que Báez sea derivado a la Unidad Penal N° 1 de Paraná. Entendió que la condena que pesa sobre el exministro, no está firme. Asimismo, fundamentó su rechazo a los pedidos de los fiscales para que Urribarri y Aguilera sean alojados en la cárcel bajo la modalidad de prisiones preventivas. A su voto se plegó el vocal Julián Vergara. De modo que, por mayoría, el tribunal impuso medidas restrictivas de la libertad contra los tres condenados: que fijen domicilio y se reporten semanalmente a Fiscalía, que entreguen sus pasaportes y se emita alerta a Migraciones para que no puedan salir del país y que entreguen, cada uno, 20 millones de pesos como caución.&nbsp;El cumplimiento de estas coerciones impuestas, del que deberán dar cuenta, estará vigente hasta que la sentencia “sea ejecutable”. En disenso se pronunció el vocal Elvio Garzón, que no coincidió en lo medular de los votos que le precedieron. Para el juez, existe un riesgo de fuga latente que, en el caso de Aguilera y Urribarri, puede concretizarse. Además, subrayó una disparidad a la hora de aplicar las prisiones preventivas. “Son las personas más vulnerables las que soportan las medidas más gravosas, el encierro en unidades penales”, marcó. En uno de los puntos que sí coincidieron los tres jueces, fue denegar el pedido de Mauro Urribarri para que levanten el embargo sobre la casa del lago de Federación, inmovilizada en febrero de 2018. En la audiencia que discutieron las preventivas sobre los condenados del “megajuicio por corrupción”, el abogado Emilio Fouces se presentó en representación de Kriptax Inc SA, la empresa familiar de los Urribarri, y en nombre de Mauro Urribarri como presidente del Directorio. La mansión de Federación está inscripta como bien empresarial. De modo que al dictar la medida cautelar sobre la propiedad por la condena a Sergio Urribarri, tanto su hijo como la empresa se consideraron perjudicados. &nbsp;La solicitud fue rechazada de plano por los tres jueces.&nbsp; (Análisis)

Urribarri, Aguilera y Báez continuarán en libertad con restricciones

“La participación activa y comprometida en ese proceso debe estar alejada de cualquier acto de violencia y represión. “La Democracia es escuchar y considerar todas las voces, especialmente aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.&nbsp; ‘‘Solo así se construye una sociedad más justa e inclusiva”. &nbsp;

Tras la violencia policial: El Superior Tribunal de Entre Ríos llama al diálogo

Se destacó el intercambio que se establecerá con los profesionales extranjeros que participarán. Habrá expositores de México, Perú, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay y Argentina. Graciela Chiappa, titular de la sección Concordia del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, repasó los ejes y temáticas que estarán presentes en este encuentro que fue declarado de interés por Diputados.La Cámara baja declaró de interés legislativo las Jornadas Internacionales de Derecho de Familia, a realizarse en el Centro de Convenciones de Concordia el 29 y 30 de agosto. Radio Diputados conversó al respecto con Graciela Chiappa, titular de la sección local del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, organizadora del encuentro. “Son las primeras jornadas que hacemos en Derecho de Familia con estas características, internacional”, dijo Chiappa, quien agradeció el apoyo de la Cámara de Diputados y, específicamente del autor de la iniciativa, Marcelo López. En cuanto a los contenidos que se desarrollarán en el encuentro, dijo que comprenderán toda la problemática actual de esta rama del Derecho y la complejización que cada día va tomando y que “requiere de soluciones cada vez más novedosas y acores al caso planteado”. También destacó el intercambio que se establecerá con los profesionales extranjeros que participarán, algunos de manera remota y otros en forma presencial. Habrá expositores de México, Perú, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay y Argentina. La entrevistada repasó los distintos temas que abordarán los expositores, los cuales hacen hincapié en los derechos de las infancias, que son el eje del Derecho de Familia, y de los adultos mayores, que “se están haciendo muy visibles”. La organización está a cargo del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos Sección Concordia y cuenta con la colaboración de la Asociación de Abogados de Salto -República Oriental del Uruguay, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (UDELAR) y el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.&nbsp;

Concordia se prepara para las primeras Jornadas Internacionales de Derecho de Familia

Con respecto al menor involucrado por conducir uno de los vehículos, la fiscal denegó el planteo del doctor Ernesto Figún, solicitando la imputación del joven de 16 años que conducía el vehículo involucrado en el siniestro.&nbsp; El abogado de los familiares de las víctimas fatales había requerido que se lo impute por “homicidio con dolo eventual”, como así también que se incluya al padre del menor, Sergio Andrés Pessolani, como partícipe necesario.&nbsp; Tras analizar las evidencias disponibles, la fiscal determinó que no existen elementos suficientes para encuadrar al adolescente en el delito de homicidio con dolo eventual, lo que hace inviable la imputación solicitada, tal lo publicado por 7Páginas. En cuanto a lo solicitado por el doctor Pessolani, autorizó a pegar nylon en las ventanas y vidrios rotos del vehículo de su propiedad, el cual permanece secuestrado en la Comisaría Nº 23 como parte de la investigación. En tanto, le denegó su pedido de ampliar un informe de Vialidad, argumentando que las pruebas necesarias ya fueron cumplimentadas por los organismos municipales, provinciales y con la documentación policial existente en el legajo. La Fiscal también dejó en claro que las partes tienen el derecho de producir sus propias pruebas y evidencias, conforme al Código Procesal Penal. La investigación responde a un hecho trágico que cobró la vida de una familia de Concordia, el pasado 2 de abril. El padre de familia y su hijo de 8 años murieron en el acto, mientras que la mujer y otra hija, a los pocos días del trágico suceso.Octavio Telliz manejaba el Volkswagen Fox en el que viajaban su esposa, Daniela Dos Santos, y sus dos hijos, Ian y Ariana. Regresaban a Concordia luego de pasar el fin de semana largo en Federación.&nbsp; El choque se produjo contra un Chevrolet Cruze, en el cual se conducía un joven de 16 años y otra menor de edad.

Accidente fatal en Federación. Fiscal descartó la imputación por dolo eventual 
al joven de 16 años involucrado

Vazón, fue designado en noviembre de 2022 como Secretario del Consejo de la Magistratura Nacional, con la firma del presidente del organismo, Horacio Rosatti. Según la denuncia, Vazón habría estado cobrando por sus servicios en ambos cargos, lo que ha llevado a la Fiscalía a abrir una investigación formal bajo la carátula de “Fraude a la Administración Pública”.El fiscal Gonzalo Badano, encargado del caso, ha solicitado al Consejo de la Magistratura Nacional que informe si Vazón estuvo contratado bajo cualquier modalidad desde diciembre de 2023 hasta la fecha. Esta información es crucial para determinar si el abogado oriundo de Concepción del Uruguay, incurrió en la defraudación al Estado, lo que podría llevar a una pena de prisión de 2 a 6 años, además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.Vazón, quien tiene una estrecha relación con el expresidente Mauricio Macri, ya que fue vicepresidente segundo del PRO en Entre Ríos, fue designado por Macri en 2016 como presidente de la Delegación Argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Su carrera ha estado acompañada de figuras cercanas, como el actual ministro de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, y el ex candidato a intendente Juan Ruiz Orrico, quien fue destituido tras un accidente fatal en el que se encontró alcohol en su sangre mientras conducía un vehículo estatal. La investigación sobre Vazón se centra en la posible violación del artículo 174, inciso 5, del Código Penal Argentino, que contempla la defraudación agravada contra la administración pública. Este delito es especialmente grave debido a la naturaleza del daño, que afecta directamente al Estado, y se castiga con severidad debido a la mayor protección que merece la propiedad del Estado en comparación con la de los particulares.El desarrollo de esta causa podría tener importantes implicaciones no sólo para Vazón, sino también para la integridad del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, un organismo clave en la selección de jueces y funcionarios judiciales en la provincia. La comunidad judicial y política de Entre Ríos espera con atención los avances de esta investigación, que podría marcar un precedente significativo en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder en la administración pública.<figure class="image"><img src="https://elheraldocdn.eleco.com.ar/media/2024/08/pdf.jpg" alt="PDF - 1"></figure><figure class="image"><img src="https://elheraldocdn.eleco.com.ar/media/2024/08/pdf_1.jpg" alt="PDF - 2"></figure><figure class="image"><img src="https://elheraldocdn.eleco.com.ar/media/2024/08/pdf_2.jpg" alt="PDF - 3"></figure> &nbsp;

Presidente del Consejo de la Magistratura, Mauro Vazón bajo investigación por presunto fraude a la administración pública

Presidente del Consejo de la Magistratura bajo investigación por presunto fraude a la administración pública

El martes 30 de julio la Oficina de Gestión de Audiencias del Poder Judicial, el andamiaje burocrático que establece cuándo se realiza un juicio y qué jueces participan, informó que el martes 6 de agosto, a las 9,30, se haría una audiencia para resolver el pedido del Ministerio Público Fiscal de hacer efectivas las condenas aplicadas en 2022 en el marco del megajuicio al exgobernador Sergio Urribarri; al ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez; y al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera. Será ante el tribunal conformado por la camarista María Carolina Castagno, y los jueces de Garantía Elvio Osir Garzón y Julián Carlos Vergara, reseñó Entre Ríos Ahora.El 18 de abril, los fiscal Ignacio Aramberry, Patricia Yedro, Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull se presentaron ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y pidieron la «inmediata detención» del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez, y prisión preventiva para el exgobernador Sergio Urribarri, y de su cuñado, Juan Pablo Aguilera. Los tres fueron condenados en 2022 en el marco del megajuicio: a Báez le aplicaron 6 años y 6 meses; a Urribarri, 8 años; y a Aguilera, 6 años y 6 meses. El abogado Leopoldo Cappa introdujo un planteo y dijo que hay en trámite ante la Cámara de Casación Penal un recurso de queja que cuestiona la integración del tribunal para tratar ese pedido. Pero la OGA le dijo que no haría lugar a ese reproche, aunque igual suspendió la audiencia prevista para el martes 6 y la reprogramó para este jueves 22, a las 9. ¿La razón? Uno de los jueces que integra el Tribunal, Elvio Garzón, extendió el pedido de licencia médica. Leopoldo Cappa, Fernando Burlando y Javier Baños, el equipo de defensores de Urribarri, volvió a pedir el aplazamiento de esa audiencia con el argumento de que su reproche a la conformación del tribunal sigue en pie y ahora llegó en queja a la Sala Penal del STJ.La OGA les respondió que su planteo se había vuelto abstracto por cuanto por segunda vez volvieron a aplazar ese trámite. Ahora, en razón de la enfermedad del abogado Ignacio Díaz, defensor del exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Ángel Báez. Entonces ese trámite, la audiencia para hacer efectivas las condenas que se pidió en abril, se pospuso, sin fecha.(I:Análisis) &nbsp;

Aplazan otra vez la audiencia por prisiones a exfuncionarios

Por otro lado, el secretario del Instituto de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, José Raúl Velázquez, dijo que en la matrícula “hay unanimidad en la oposición al proyecto”. El Instituto de estudios comparados en ciencias penales y sociales (Inecip), cargó contra el argumento económico esgrimido por “sectores minoritarios” del Poder Judicial provincial para reducir la competencia del juicio por jurados.En base a datos oficiales de la Justicia entrerriana, fijó en $ 6,6 millones las remuneraciones a 12 jurados durante un proceso que insuma 4 días. “Asumamos que todos los juicios duraran 4 días (en la práctica, suelen durar menos: 2 o 3 días), y que se realizaran 80 juicios por año (lo que representaría) el doble de los que se realizaron en 2023, que fueron 39”, plantó el instituto. En esta estimación, el costo total anual de los juicios por jurados sería de $ 530 millones.En comparación al presupuesto anual de 65 millones de pesos del Poder Judicial de Entre Ríos, el procedimiento insumiría apenas el 0,8 % “aun exagerando los días y duplicando la cantidad de juicios por jurados que se hacen por año”, resaltó el Inecip.Por su parte, Velázquez indicó a esta Agencia que la discusión sobre el juicio por jurados “se ha dado internamente y se ha consultado a los integrantes” del instituto quienes “por unanimidad se han expresado en contra de la reforma”.Cuestionamientos&nbsp;del Instituto Penal&nbsp;del Colegio de la Abogacía Además, consignó que no existen razones “ni jurídicas, ni empíricas ni emocionales” para introducir la modificación que se discute en la Legislatura.“Recurren al argumento de la revictimización para decir que no es viable el juicio por jurado”, en casos de violencia de género o hacia menores, señaló. “Pero hay una cuestión – acotó – Si se trata de menores, ya sea en caso de un juicio técnico o por jurado, se pasa la entrevista que se hizo en Cámara Gesell. Y en si son mayores, las víctimas declaran por igual ante un juez técnico o un jurado. No hay diferencias”, arguyó. Por último, reclamó: “Sería importante que la Cámara de Diputados, la Comisión que trata el proyecto, nos escuche a efectos de tener las mejores herramientas y tomar la mejor decisión posible”, concluyó. &nbsp;

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