El Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado por Noemí Berros, Roberto López Arango y Mariela Rojas, dio a conocer este lunes los fundamentos del adelanto de sentencia que realizó el 21 de marzo cuando resolvió “declarar a PGA, autor penalmente responsable del delito de Comercio de estupefacientes.” y en consecuencia lo condenó a las penas de cinco años y seis meses de prisión y multa de 1.102.500 pesos”. La pretensión de la defensa en el debate consistió en la imposición a PGA de la pena de 3 años y 4 meses de prisión. PGA, de 46 años, fue acusado y condenado por “haber proveído de 21,815 kilogramos de marihuana a NOB, en la ciudad de Paraná, entre los días 21 y 22 de diciembre de 2023”, 21,8 kilos de marihuana, “sustancia ésta que fue transportada por sus consortes de causa NOB, DHOC y JAG de Paraná y con destino a la ciudad de Concordia”. En la resolución se consignó que los tres compradores fueron condenados por este Tribunal, con otra integración y en juicio abreviado, como coautores del delito de Transporte de estupefacientes a las penas de cinco años de prisión NOB&nbsp;y multa de 100.000 pesos, en tanto que DHOC y JAG a las respectivas penas de 4 años de prisión e igual monto de multa.Los tres concordienses fueron detenido en un procedimiento efectuado por personal del Escuadrón 4 “Concordia”, Sección Núcleo de Gendarmería Nacional Argentina, que se realizaba en el kilómetro 240 de la Ruta Nacional N° 14, Departamento de Concordia, Entre Ríos, el 22 de diciembre de 2023 alrededor de las 5:30, oportunidad en que al realizar un operativo público de prevención y aleatoriamente detener la marcha de un transporte público de pasajeros de la empresa comercial “Zenit”, se hallaron los 21,815 kilogramos de marihuana…”. La sustancia proveída por PGA y transportada por sus consortes se hallaba distribuida del siguiente modo: en el bolso N° 1 de color gris: una bolsa de consorcio negra con un total de nueve paquetes rectangulares envueltos en una cinta color ocre con marihuana; en el bolso N° 2 de color marrón tipo militar: una bolsa de consorcio negra que contenía 13 paquetes rectangulares envueltos con una cinta de color ocre con marihuana; y en el bolso N° 3 de color azul: cuatro paquetes rectangulares envueltos con una cinta marrón de color ocre con marihuana”. El Tribunal evaluó que a pesar de declarar un supuesto estado de necesidad que habría justificado su conducta, GNA informó que PGA “no registra actividad económica, laboral en relación de dependencia ni como autónomo/monotributista. Que se desempeñó en relación de dependencia del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, no surgen antecedentes de obra social e historial en la Superintendencia de Servicios de Salud”. También consignó que “entre 2006 y 2015 registra la titularidad de cuatro motocicletas: Honda CG125 Titán KS (2006), Honda C105 biz (2008), Honda NXR125 (2010) y CG 150 ESD Titán (2015). Se informa que en el 17 de abril de 2023 adquirió otra motocicleta, una Honda XR250 Tornado, cuya valuación fiscal a los fines de su valorización asciende a 1.600.000 pesos, importe aproximado a un crédito que, en el mes de marzo de 2023, habría tomado en el Banco Santander Río SA. Se desconoce la fuente de recursos que habría permitido cancelar la deuda ya que, desde el mes de enero de 2024, no se halla registrado en la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina”. El Tribunal sostuvo que “más allá del reconocimiento que el propio imputado hizo de su intervención en el ilícito que se le endilga, el cuadro probatorio reunido se erige en evidencia incontrastable del protagonismo, centralidad y dominio del hecho que Aguirre tuvo en sus manos en la ejecución del hecho consistente en proveer a NOB de la marihuana que fuera incautada en el kilómetro 240 de la RN 14, lo que lo emplaza sin reparos ni cortapisas en el carácter de autor del comercio ilícito objeto de la presente”. Respecto a la versión que dio el ahora condenado respecto a que accedió a vender el estupefacientes porque necesitaba comprarle un paf a su hija, los jueces entendieron que “la versión que proporcionó acerca de las circunstancias fácticas de modo, tiempo y lugar en las que –conforme su relato- insertó su participación está plagada de matices y peculiaridades inveraces que la prueba colectada desmiente y que se advierten solo enderezados a mejorar ‘in extremis’ su situación en el proceso frente a la contundencia cargosa del cuatro probatorio reunido y la amenaza punitiva en ciernes”. El Tribunal compartió “con el órgano acusador público que el acreditado comportamiento de Aguirre -al proveer a NOB de los 21,815 kilos de marihuana que éste y sus consortes de causa transportaban desde Paraná hacia Concordia- se haya abarcado por la figura básica de tráfico que describe y reprime el art. 5, inciso “c”, Ley 23.737, concretamente en la modalidad de comercio de estupefacientes, acto de comercio que el imputado probadamente consumó entre las 00:30 y la 01:10 del 22 de diciembre de 2023”. Así, entendió que “en primer lugar, ninguna información válidamente allegada al proceso acredita que el imputado Aguirre se hallara al momento del hecho en una situación o estado de necesidad con idoneidad para reducir su ámbito de autodeterminación y, en consecuencia, disminuir o menguar su culpabilidad por el hecho”. Añadió que “su aseveración -al declarar en debate- de que ese día le hizo el ‘mandado’ a NOG por 50.000 pesos&nbsp;‘por necesidad’, para comprarle medicamentos a su hija (un paf para el asma que costaba 16.000 pesos), no pasa de ser una aislada y solitaria manifestación cuya falta de anclaje probatorio hace de ella una justificación espuria expresada a modo de excusa o pretexto. No solo se trata de un dato no acreditado objetivamente y que solamente procede de la palabra del imputado, sino que, además, su inverosimilitud se desprende como evidente si tenemos en cuenta que el informe, aunque Aguirre no registra actividad económica o laboral ni fuente lícita de ingresos o recursos, en abril de 2023 (unos meses antes del hecho) había adquirido con un crédito del Banco Santander SA (que, para enero de 2024, se hallaba cancelado) una motocicleta Honda XR250 Tornado, cuya valuación fiscal ascendía a 1.600.000 pesos, lo que echa por tierra la situación de necesidad aducida”.&nbsp; &nbsp;

Condenaron a paranaense que le vendió 22 kilos de droga a tres concordienses

A Guillermo Reggiardo, se le achacaron todos estos ilícitos debido a su comportamiento en relación a una causa que se tramitaba en los Juzgados de Gualeguay. Se trata de un proceso por tenencia y comercialización de estupefacientes. El acusado principal era Emanuel Voney y había dos coimputados. Reggiardo envió el 12 de agosto un correo electrónico al Ministerio Público Fiscal en el que sostenía que en ese caso se habían cometido una serie de ilícitos. Al imputado, se lo había privado ilegítimamente de la libertad, según su exposición. Además, denunció que el fiscal del caso, Fernando René Martínez, y el juez de Garantías, Sebastián Elal, habrían incurrido en prevaricato por falsa imputación. Todos ellos, en conjunto con el defensor de Voney, habrían negociado la libertad del acusado a cambio de USD 2.500, según el relato de Reggiardo. En ese mismo mail, Reggiardo adjuntó un documento donde Néstor Voney, padre del acusado, era el verdadero denunciante de esos delitos y él era su representante legal.&nbsp; Cuando se lo llamó a declarar a Néstor Voney el 26 de agosto, Reggiardo se presentó al juzgado. Se escucharon, según consigna el auto de elevación a juicio, un serie de «gritos, insultos, descalificaciones e injurias provenientes de la mesa de entradas». El responsable era Reggiardo, según expuso una empleada. El letrado habló con Néstor Voney y lo determinó a no prestar declaración testimonial.Los hechos El desarrollo de la investigación y la constatación de los sucesos, demostró que la construcción que había hecho Reggiardo era falsa. En primer lugar, a Emanuel Voney no se lo había privado ilegítimamente de su libertad. El acusado había acordado, en conjunto con su abogado, una prisión preventiva en dos etapas antes de recuperar su libertad. En un primer momento (desde el 27 de enero hasta el 1 de febrero de 2024) estuvo alojado en Jefatura. Y desde ese día hasta el 13 del mismo mes tendría domiciliaria en la casa de su padre. Luego, quedó libre. Esto fue motivo de un acuerdo donde están las firmas del propio Emanuel Voney, su defensor Rubén Gallardo y el fiscal Fernándo Martínez. El entendimiento fue homologado por el juez de Garantías Sebastián Elal. Se trató, en resumidas cuentas, de un proceso legal normal y habitual. Por otro lado, la imputación de los delitos de tenencia y comercialización de estupefacientes tenía el suficiente peso probatorio para esa instancia procesal. Hay un video donde se registra una transacción comercial entre el acusado y otro joven. Voney entrega una bolsa con estupefacientes y a cambio recibe dinero. Además, Néstor Voney, el supuesto representado por Reggiardo, negó ser el autor de la denuncia. El padre del imputado en la causa inicial se presentó finalmente a declarar ante Fiscalía dos días después del escándalo que habría hecho su abogado para impedirlo. En ese momento no ratificó la denuncia hecha por Reggiardo en su nombre. “Yo no me hago cargo del contenido de la denuncia que fue remitida por e-mail. No la ratificó en ninguna de sus partes”, expresó según se lee en el auto de elevación a juicio. Esto llevó al convencimiento de Fiscalía que el documento enviado por correo por Reggiardo, que contenía la denuncia supuestamente hecha por Néstor Voney, era “falso” y había sido “creado” por el imputado. “Es en virtud de todo lo expuesto, que éste MPF entiende que el Dr. Carlos Guillermo Reggiardo es el autor directo del delito de falsa denuncia, el que concurre en forma ideal con la creación y uso de un documento privado falso, con aptitud para causar perjuicio en la medida en que resultaron idóneos para disponer la apertura de causa de la presente IPP y la realización de la presente investigación”, consigna el documento de Fiscalía. “Estos injustos penales así concursados &nbsp;- agrega - concurren, a su vez, en forma real con el delito de instigación a cometer el delito de incumplimiento del deber procesal de declarar&nbsp;como testigo”. La elevación a juicio se presentó el pasado 11 de abril. Allí, Beheran expuso: “En consecuencia, solicitó ante el Tribunal de Juicio que se le imponga la pena de dos años de prisión en relación a los delitos oportunamente imputados”.

El abogado Reggiardo quedó a un paso de ir a juicio

A través de un comunicado, la Sección Concordia manifestó su preocupación por lo que consideró un “ataque institucional, digital y moral” dirigido a la titular del colegio profesional. En esa línea, ratificaron que la labor del CAER se enmarca en la defensa del ejercicio profesional de la abogacía y en la promoción de una administración de justicia respetuosa del orden legal.El documento también reafirma que las observaciones formuladas por el CAER en relación con la aplicación de la Ley 11.141 tienen como objetivo garantizar una retribución justa para los abogados y abogadas de la provincia, en consonancia con lo que establece la normativa vigente. En tal sentido, sostienen que dichos planteos no pueden interpretarse como actos intimidatorios o de presión institucional.La Sección Concordia destacó además la gravedad de los hechos denunciados, entre ellos la recepción de una nota institucional con tono intimidante, seguida por una rápida y coordinada difusión en medios digitales alineados editorialmente, donde se replicaron acusaciones acompañadas por la imagen personal de la Dra. Simón y titulares considerados agraviantes.En consonancia con el CAER provincial, desde la Sección Concordia calificaron esta situación como una operación de desprestigio, con alto impacto público y características de violencia simbólica, moral y política por razones de género. Señalaron que se trata de un intento por disciplinar una voz institucional por el solo hecho de provenir de una mujer que ocupa un rol de liderazgo.Finalmente, el comunicado subraya que el Colegio de la Abogacía es una institución con legitimación legal para intervenir en defensa de la profesión y formular observaciones sobre aquellas prácticas que afectan el ejercicio del derecho. En este caso, remarcaron que la defensa de la correcta aplicación de la Ley de Honorarios Profesionales constituye una acción legítima en favor de una retribución equitativa para quienes ejercen la abogacía en la provincia.&nbsp;

El Colegio de Abogados de Concordia respaldó a la Dra. Simón y repudió acusaciones de la Magistratura

La resolución definitiva de los concursos 232 a 245 del Consejo de la Magistratura (CM) de Entre Ríos que se realizaron en 2018 para cubrir cargos de fiscales auxiliares en Paraná, Diamante, Feliciano, La Paz, Concordia, Chajarí, Concepción del Uruguay, Colón, Rosario del Tala, Villaguay, Gualeguay, Gualeguaychú, Villa Paranacito y San Salvador, sigue sin respuestas a siete años del llamado a concurso.Hace un mes, el portal paginajudicial.com &nbsp;reveló un listado que definiría, luego de siete años, un concurso que tuvo todos los condimentos de un culebrón judicial. La información del portal especializado en noticias judiciales consignó que “el gobernador Rogelio Frigerio tiene la lista de designaciones para cargos de fiscales auxiliares. Se trata de los concursos, entre el 232 al 245, que se llevaron adelante en el Consejo de la Magistratura”.La novedad fue recibida como “una buena noticia si se tiene en cuenta que los concursos se realizaron antes de la pandemia por el Covid -19. Pasó mucho tiempo. En el Ministerio Público Fiscal se había generado una importante expectativa por esta decisión gubernamental”.Sin embargo ocurrió lo contrario. Lo que fue un concurso enrevesado por situaciones impensadas como la pandemia y por dilaciones involuntarias –dos concursantes cursaban sendos embarazos y solicitaron la postergación del concurso-, se vio estallado por la calificación que logró un abogado de la matrícula que alcanzó el más alto puntaje que el Consejo de la Magistratura ha colocado en un examen escrito en toda su historia. Esta situación generó la impugnación de la calificación que obtuvo el letrado particular, lo que generó nuevas dilaciones. Todas las impugnaciones fueron rechazadas en todas las instancias que las abordaron. Hasta aquí, nada fuera de lo jurídico, aunque se señalaron cuestionamientos “éticos” a las impugnaciones.Los anuncios de un nuevo CM que se diferenciaría de etapas anteriores quedó en una proclama voluntarista puesto que la lista que fuentes oficiales cedieron a Página Judicial generó muchos rechazos y pocas adhesiones. Fuentes judiciales destacaron que “no pocos de los que fueron incluidos en la lista quedaron conformes con los destinos que se les adjudicó”. En este sentido, las fuentes deslizaron que “la Procuración tampoco quedó satisfecha con el listado”.La nueva etapa del CM, que se vería reforzada con la nueva modificación que propuso el Poder Ejecutivo de la Ley que lo regula, no sería tal en función de “viejas prácticas” que retrotraerían el funcionamiento del organismo que asesora al Ejecutivo en la designación de funcionarios judiciales. En este sentido se encuentra la entrevista personal de los concursantes con los consejeros del CM. Es vox populi en Tribunales que las políticas de género son utilizadas como una herramienta que deja afuera a postulantes que no serían del paladar de la Procuración.Boris Cohen, el abogado particular que obtuvo el “histórico” puntaje, así lo destacó quien era en su momento el presidente del CM, fue “desactivado” en la entrevista con los consejeros, puntualmente con una pregunta que realizó la consejera por las organizaciones sociales. Según se pudo determinar, la pregunta tuvo condimentos “maliciosos” porque habría tergiversado los hechos sobre los que pivoteó la pregunta. El corolario fue que Cohen pasó de ser el más alto puntaje en el examen que avalúa los conocimientos técnicos, para ser el más bajo en la historia de las entrevistas personales con los consejeros, lo que le valió descender abruptamente en la posición que había logrado hasta ese momento.Igual situación denunció otro abogado particular que habría sufrido una situación similar a la de Cohen. Andrés Messina sostuvo que iniciará acciones “si se confirma por decreto la lista de fiscales auxiliares que se ha publicado en medios provinciales”. Messina precisó que denunció ante el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) que fue perjudicado en el transcurso del concurso y añadió que el 17 de marzo envió una Carta Documento al Gobernador, Rogelio Frigerio, advirtiendo “la incorrecta forma” en que fue evaluado en la entrevista personal en el CM.Quienes siguen de cerca las dinámicas político-judiciales advierten de una Procuración que pretende un Ministerio Público Fiscal (MPF) “obediente y disciplinado”. Así, no habría lugar para operadores del Derecho que no “comulguen con el paladar del procurador”. En este sentido se indicó que hubo nuevas designaciones “a dedo” sin que se respete, aun para ocupar cargos interinos, a concursantes que pasaron por todo el proceso y esperan que el concurso del que fueron parte hace siete años, se defina de una vez.

Un cono de sombras opacó la definición del concurso de fiscales auxiliares que se realizó en 2018

Los imputados María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Rubén Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber y Renato Jesús Mansilla deberán cumplir con tareas comunitarias durante el período de 3 años (96 horas anuales), fijar domicilio y hacer un pago simbólico de la reparación del daño.&nbsp; Respecto a Jorge Pablo Balladares, María Jazmín y Giselle Mena Gioveni, ninguno se hizo presente y su situación deberá resolverse rápidamente antes del martes próximo o de lo contrario se tratará al final de las audiencias de remisión a juicio a finales de este año. El abogado defensor José Velázquez adujo problemas de logística pero el argumento fue rechazado por Babagelata ya que en la audiencia preliminar se había establecido que la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) fije una audiencia para discutir esto antes del inicio de la remisión a juicio. La presencia de los imputados es condición necesaria porque deben prestar el acuerdo a la salida alternativa de la probation. Así las cosas, el Estado recuperaría $19.585.000 cuando los 8 imputados cumplan con el pago en la cuenta bancaria del Gobierno Provincial. Tienen un plazo de dos años y medio para poder hacerlo en la forma de pago que deseen. En el caso de que la jueza homologue la probation de los otros 3 imputados, la suma asciende a $23.335.000. En sintonía con la audiencia en donde se puso en conocimiento el acuerdo de la probation que permite el recupero de más de $23.000.000 -pago simbólico de un puñado de los imputados- el gobierno provincial anunció en conferencia de prensa la nulidad de los contratos vinculados a la causa para “gestionar el recupero del dinero”.Los pagos que debe hacer cada imputado Nicolás Beber $4.000.000 Verónica Caíno $5.000.000 Gastón Sarnaglia $1.800.000 Jorge Balladares $1.500.000* Jazmín Mena Gioveni $1.500.000* Alejandro Ferreyra $1.096.000 Victoria Alvarez $785.000 Giselle Mena Gioveni $750.000* Macarena Alvarez $590.000 Andrea Demartín $850.000 Renato Jesús Mansilla $5.464.000 * El pago del monto está sujeto a que se homologue el acuerdo de estos imputados Según explicaron desde el MPF los montos “no fueron arbitrarios” sino que se basaron en un criterio que tuvo en cuenta el 10% de la suma que, según el hecho investigado, cada imputado recaudó mediante el cobro de cheques de los contratos y que a ese valor se lo actualizó a un valor promedio del dólar en $20. Además, se tuvo en cuenta la capacidad de económica de cada uno de los imputados incluidos en el acuerdo. Eso explica la diferencia de pago que deberá hacer cada uno.Los motivos del acuerdo Fue el fiscal Ignacio Aramberry quien tomó la palabra para presentar el acuerdo entre las partes y explicó por qué desde el MPF se decidió avanzar con esta medida alternativa que evite el juicio oral para estos imputados. Cabe aclarar que el acuerdo alcanzaba incluso a los tres imputados que no se hicieron presentes en tribunales.&nbsp; El fiscal explicó que los imputados con los que se llegó a un acuerdo tenían una expectativa de pena de prisión condicional por los delitos de peculado en condición de partícipes necesarios relacionados materialmente con el delito de asociación ilícita. En el caso de Beber y Mansilla la expectativa de pena era de 5 años, mientras que para el resto era de 3 años de prisión condicional.&nbsp; Además, Aramberry explicó que el MPF no considera que estos imputados hayan sido funcionarios públicos al momento de cometer el ilícito ya que a pesar de haber sido contratados por el Poder Legislativo, esos contratos no tenían validez y ellos nunca cumplieron funciones en el Estado. “Siempre su participación estuvo por fuera de lo público”, expresó el fiscal.&nbsp; Todos estaban contratados por la Legislatura sin que se haya probado que presten algún servicio u obra para el Estado. Además, todos cobraron cheques que pertenecían a otros contratados, es decir formaban parte del grupo de confianza que recaudaba parte del dinero para los responsables máximos del grupo delictivo.&nbsp; “Su intervención está reducida a un fragmento del hecho global y siempre se mantuvo en el ámbito de lo privado. Esto es diferente a otros imputados que tienen una expectativa de pena mayor porque su intervención es trasversal a todo el hecho”, agregó Aramberry.&nbsp; Durante la investigación quedó corroborado que el vínculo de dos de los imputados era a través del estudio contable Integral Asesoría que era comandado por otros imputados de mayor responsabilidad: Pedro Opromolla, Guido Krapp y Gustavo Falco. “Según nuestra hipótesis -continuó Aramberry- el estudio fue requerido a los fines de regular la situación impositiva ante los organismos recaudadores. En ese sentido, las profesiones que poseen los imputados Beber y Mansilla, no son económicas, características parecidas a las del resto de los imputados con los qeu llegamos a un acuerdo”. Además, es condición necesaria para que se disponga una probation que ninguno de los acusados tenga antecedentes penales ni cometa ningún delito durante el cumplimiento del acuerdo. Fiscalía de Estado, cuya representación está a cargo del exjuez Gustavo Acosta, prestó conformidad al acuerdo de suspensión de juicio a prueba e hizo una reserva respecto al recupero total de los fondos a través de otra vía.¿Qué es la probation o suspensión del juicio a prueba? Se trata de una medida alternativa al avance y realización de un juicio contra un imputado. Se puede hacer cuando la expectativa de pena no excede el límite del cumplimiento condicional, cuando el imputado no es un funcionario público ni tuvo antecedentes penales. El acusado debe comprometerse a realizar una serie de tareas comunitarias no remunerativas por un plazo estimado y el pago del resarcimiento del daño.&nbsp; Una vez que cumple su parte del acuerdo, el imputado queda sobreseído de culpa y cargo en el expediente. Es decir, la acusación se cae y no queda registro en el certificado de antecedentes penales.&nbsp; En caso de que el imputado no cumpla con lo acordado o cometa otro delito su situación procesal vuelve al momento del acuerdo de suspensión y deberá afrontar el proceso correspondiente. Con el adicional que en los casos de que haya cometido un nuevo delito, ya no tiene el derecho de que la prisión sea condicional más allá de los años a los que sea condenado.(I:Análisis)

Contratos en la Legislatura: Otorgaron la probation a 8 imputados

González, fue allanado por Gendarmería Nacional en su vivienda del barrio privado Puerto Barrancas, de la ciudad de Paraná, en horas de la mañana del sábado, y quedó detenido e incomunicado. Lo trasladaron y alojaron en el Escuadrón “Buenos Aires” de Procedimientos Judiciales de la fuerza federal. En horas de la mañana de este lunes, lo llevaron hasta el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado. Allí fue indagado por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, tal como lo había solicitado el fiscal federal Fernando Domínguez. A González lo defiende el abogado Néstor Oroño, oriundo de la ciudad de Santa Fe. Al mismo tiempo, la jueza había dispuesto la declaración indagatoria de otros dos exfuncionarios, Marcelo Morales y Juan Carlos Pimentel, “por la presunta comisión de los delitos de violación de los deberes de funcionario público en concurso ideal con negociaciones incompatibles con la función pública”. En el allanamiento del sábado, a González le incautaron casi 300.000 dólares en su vivienda del lujoso barrio privado de la capital provincial. (I:Análisis)

Causa Securitas: Jorge González fue indagado y luego liberado por la jueza Arroyo Salgado

Mariel Fitz Patrick (Infobae) - La jueza Sandra Arroyo Salgado dispuso el procesamiento con prisión preventiva de siete personas del entorno del ex senador Edgardo Kueider, cuya detención había ordenado el 20 de marzo pasado, por lavado de dinero y asociación ilícita. Es en la causa por enriquecimiento ilícito que tramita en los Tribunales de San Isidro y en la que interviene el fiscal federal Fernando Domínguez. El ex senador continúa con prisión domiciliaria en Paraguay por intento de contrabando de divisas a ese país, donde además está siendo investigado por lavado de dinero. Entre los procesados figura el socio y amigo de Kueider, Rodolfo Daniel González, dueño de la camioneta que usaban el ex legislador y su secretaria, Iara Magdalena Guinsel Costa, cuando cruzaban la frontera con Paraguay, y fueron detenidos en un control de rutina a principios de diciembre. Dueño de ese vehículo, al menos en los papeles, “Gonzalito” es empleado de la Biblioteca del Congreso desde 2004, asignado “en comisión” al despacho del Kueider cuando llegó al Senado nacional, con quien tiene una relación de mucha confianza. En una extensa resolución, Arroyo Salgado también procesó a Javier Rubel, primo de Kueider. De oficio maestro mayor de obras, Rubel figuró como socio del ex legislador en la empresa Betail SA, a través de la cual Kueider compró departamentos en la ciudad de Paraná y realizó movimientos de dinero que están siendo investigados por la Justicia. González y Rubel fueron procesados por ser co-autores del delito de “lavado de activos, doblemente agravado por haber sido cometido con habitualidad, como miembro de una asociación-banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza y por las intervenciones de funcionarios públicos que habrían cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones, en concurso real con el ilícito de uso de instrumento privado falso, en carácter de partícipe necesario”. Al primo de Kueider le adjudicó, además, el ilícito de haber presentado un balance falso. A su vez, les dictó - a cada uno - un embargo por $7.800.000. A pedido del fiscal, asimismo, declaró “en rebeldía” a la firma Betail SA, luego de la notificación cursada al domicilio de la sociedad - como reveló Infobae, allí hay una casa de familia en venta deshabitada-, y haber puesto en conocimiento a las defensas técnicas de Kueider, Rubel y González del requerimiento judicial. Esta decisión la comunicó a la Inspección General de Justicia, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y al Registro de Antecedentes Penales del Registro Nacional de Reincidencia. Arroyo Salgado dispuso, además, el procesamiento con prisión preventiva del contador José Carlos Nogueras, involucrado en distintas operaciones de Kueider. En cuanto al resto de los detenidos, les dictó el procesamiento con arresto domiciliario y tobillera electrónica. La medida alcanzó a Adriana Cecilia Crucitta, socia de González en dos firmas y, a su vez, empleada de la Biblioteca del Congreso; y al contador Ezequiel Gustavo Bovetti, a la empleada de su estudio Gabriela Patricia Saint Pierre; y a la ex secretaria de Kueider Rita Soledad Machuca. A todos los acusó de la figura de “lavado doblemente agravado por haber sido cometido con habitualidad, como miembro de una asociación-banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza y por las intervenciones de funcionarios públicos”. Les fijó embargos de entre $3 y $5 millones. Arroyo Salgado consideró que formaron parte de una “banda” entre cuyos miembros figuran Kueider y Guinsel Costa, quienes “poseen, según los hechos que trascendieron desde su detención en diciembre pasado, grandes capitales que estarían en la República del Paraguay y podrían ser utilizados para planes evasivos o de obstrucción. Aunado a ello, los nombrados (ex legislador nacional y secretaria de este último) como miembros de la presunta organización trazada por la acusación, cuentan con el conocimiento, soporte de terceras personas, abundantes medios disponibles y recursos financieros que les podrían permitir, a todos ellos, organizar una posible fuga del proceso y entorpecer la investigación”. A todos los acusó de perpetrar una maniobra “destinada a concretar, con habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras, a través de la colocación y puesta en circulación en el sistema financiero, así como también en la conversión mediante la adquisición de bienes inmuebles (y su posterior transferencia) y muebles -durante el período comprendido, en principio, desde el 1 de marzo de 2019 hasta el presente- con la finalidad de otorgarle apariencia de origen lícito a dinero proveniente de un ilícito penal (cohecho, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y violación de los deberes de funcionario público)”. Para concretarla - según la jueza - algunos de los miembros de la “asociación o banda” se valieron “de su especial condición de funcionarios públicos en el ejercicio y/o en ocasión de sus funciones”, en referencia Kueider como senador y Guinsel Costa, González y Crucitta como empleados del Congreso de la Nación, y “personas que actuaron en ejercicio de una profesión que requiere habilitación especial”, por los contadores Nogueras y Bovetti. Este expediente corre en paralelo al que lleva la Justicia de Concordia, de donde es oriundo Kueider, en el que en marzo el juez Edwin Bastian rechazó pasar su causa a Arroyo Salgado. Lo hizo a pedido del fiscal José Arias que viene impulsando la investigación desde mediados del año pasado. Tal como adelantó Infobae, la disputa se dirimirá en la Corte Suprema. Infobae.

La Justicia procesó por lavado de dinero al socio y al primo de Kueider en la causa por enriquecimiento ilícito

A casi diez meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes ratificó los procesamientos y las prisiones preventivas de los siete acusados por el caso. El niño de cinco años fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, cuando se encontraba en la casa de su abuela paterna. El tribunal, integrado por los jueces Selva Spessot, Ramón Luis González y Mirta Sotelo, confirmó la prisión preventiva para Antonio Benítez, Laudelina Peña, María Victoria Caillava, Carlos Guido Pérez, Daniel “Fierrito” Ramírez, Walter Maciel y Mónica Millapi. En este último caso, se ratificó también la modalidad domiciliaria otorgada por el juzgado de primera instancia, con fundamento en la necesidad de preservar el vínculo de la imputada con sus hijos menores de edad, en línea con lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos del Niño. En el caso del ex comisario Walter Maciel, la Cámara además revocó parcialmente el procesamiento por el delito de encubrimiento agravado y el de amenazas, al considerar que no correspondía atribuirle esos hechos si, como sostuvo la jueza de primera instancia, habría tenido una participación directa en la sustracción del niño. Por ese motivo, los camaristas lo consideraron —en esta instancia— partícipe necesario del delito de sustracción de un menor de diez años. También fueron revocados los procesamientos por amenazas atribuidos a Maciel y a Caillava, al considerar que la resolución de la jueza Cristina Pozzer Penzo no fundamentó adecuadamente la existencia de ese delito. Sin embargo, el resto de las imputaciones fueron ratificadas. &nbsp;Además, el tribunal confirmó los embargos dispuestos en primera instancia, que alcanzan sumas de entre un millón y veinte millones de pesos según el caso, con el objetivo de garantizar una eventual reparación y cubrir los costos del proceso. La resolución surge como respuesta a los planteos de las defensas, que cuestionaban la valoración de la prueba, la calificación legal de los hechos y la legalidad de las medidas cautelares. Entre otros argumentos, los abogados defensores alegaron que las imputaciones se basaban en indicios insuficientes, que existían contradicciones en la investigación y que no se había justificado debidamente la prisión preventiva. Finalmente, la Cámara desestimó estos planteos. Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 durante un almuerzo familiar en el paraje Algarrobal, localidad de 9 de Julio. Más tarde, fue llevado junto a otros niños a un naranjal cercano, donde quedó al cuidado de Benítez, Ramírez y Millapi. Testimonios incorporados a la causa indican que, alrededor de las 14:10, el nene fue apartado del grupo, mientras los adultos se habrían dispersado con distintos pretextos. La jueza de primera instancia, Cristina Pozzer Penzo, sostuvo como hipótesis principal que el menor fue víctima de un hecho aún no esclarecido que involucró directamente a Pérez y Caillava, quienes lo habrían trasladado en su camioneta Ford Ranger fuera del área de búsqueda. Esta suposición se apoya en rastros biológicos hallados en el vehículo, informes periciales y declaraciones testimoniales. Los registros de comunicaciones revelaron que varios de los imputados se desplazaron hacia otras zonas tras la desaparición, con impactos telefónicos en celdas alejadas del naranjal. Esta información, junto con la eliminación de mensajes detectada en algunos dispositivos, fue interpretada por la Justicia como un indicio de maniobras destinadas a ocultar lo sucedido. Asimismo, se atribuye a Laudelina Peña la manipulación del lugar donde fue hallada una de las zapatillas del niño. Según los peritos y testigos citados en el expediente, esa prueba habría sido colocada intencionalmente para desviar el curso de la investigación. En el caso del ex comisario Maciel, el fallo sostiene que obstaculizó la búsqueda en sus primeras horas. Entre otras conductas, se lo acusa de haber alterado libros de guardia policial, de demorar el despliegue de personal en el terreno y de modificar los horarios oficiales consignados sobre el inicio de los rastrillajes. Infobae.

Confirmaron los procesamientos de todos los acusados de la desaparición de Loan

El acto oficial se realizó este miércoles en el despacho de la Vicegobernación y estuvo encabezado por la vicegobernadora y presidente de la Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos, Alicia Aluani, quien fue asistida por el secretario del Senado, Sergio Avero.&nbsp; Además, acompañaron la prosecretaria de la Cámara de Senadores, Sara Foletto, y el secretario del Jurado de Enjuiciamiento, Eduardo Rodríguez Vagaría.En la oportunidad, el doctor Daniel Omar Carubia tomó juramento como representante suplente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento para intervenir en la causa caratulada “Etienot Josefina Beatriz – Jueza de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad de Diamante- denuncia en su contra promovida por el Excelentísimo Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos-Resolución N° 657/23 con fecha 20/09/2023 de conformidad establecido por la ley Nº 9.283. &nbsp;

Omar Carubia juró como integrante del Jurado de Enjuiciamiento

Mientras fue secretario general de la Gobernación en el primer mandato del gobernador Gustavo Bordet, Edgardo Kueider, recibió dinero en efectivo que sumó, a lo largo de cuatro años, el equivalente a un millón de dólares. En una primera reconstrucción realizada por Infobae, se constató que manejó entre 2018 y 2019 una cifra superior a USD 500 mil a través de una autorización legal. Ahora se pudo comprobar que durante los años 2016 y 2017 tuvo a su disposición otro monto similar. Fue luego de una transferencia de partidas realizada vía decreto por el ex gobernador Gustavo Bordet. Estos recursos llegaban a su oficina en fajos de billetes dos veces al mes, al principio y a mitad del período, durante cuatro años. El monto total presupuestado era dividido por doce meses. Y en cada quincena se le hacía llegar a sus manos un 50% de esa cuota mensual.El procedimiento, según pudo reconstruir este medio, era el siguiente. El primer paso era una nota firmada por Kueider en la que solicitaba al Servicio Administrativo Contable de la Gobernación que se le haga entrega de un determinado monto. Esto debía tomarse de la partida 3.9.2. Ese número correspondía en el nomenclador a los gastos reservados, consignó un informe publicado en el portal de Infobae. Con ese escrito se iniciaba un expediente. A la solicitud se le agrega una autorización del gasto y una orden de pago. Todo tenía la rúbrica de Kueider. Con esa documentación, se solicitaban los fondos a la Tesorería General de la Provincia. De allí salía un cheque nominado a la orden del Contable de Gobernación.Las autoridades de esta dependencia administrativa endosaban el cheque a favor de una persona que trabajaba en el área. Lo hacían “en procuración”. Este tipo de operación permite al portador del valor conferir su representación para exigir el pago sin transmitir su propiedad y sin tener que recurrir a las formalidades del mandato.Cámaras de seguridad en el despacho de KueiderUna vez al mes, con una mochila que se compró al efecto, esta persona iba a la sede central del Banco de Entre Ríos y cobraba el cheque en ventanilla. Al regresar a Casa de Gobierno, los fajos de billetes eran acomodados en la caja fuerte del Tesoro Provincial. El dinero no se contaba. Los primeros días de cada mes o cuando se había cumplido la quincena, Kueider llamaba al Contable de la Gobernación a través del sistema Cronos, una red telefónica interna del Gobierno de Entre Ríos que permite intercomunicar a todas las oficinas del Estado. Estas comunicaciones no quedan registradas.Ese llamado implicaba que había que llevarle dinero. La operación se realizaba después de las 13. A esa hora termina el turno de trabajo de la planta de personal y la Casa de Gobierno queda casi vacía. El dinero se preparaba en Tesorería dentro de bolsas de residuos y de cajas de resmas de papel para evitar que quedara a la vista. Es que la persona que debía llevarlo hasta el despacho de Kueider tenía que caminar 50 metros por las galerías de la Casa de Gobierno y atravesar una guardia policial antes de llegar a destino.Por cada entrega de dinero que se hacía, el secretario general de la Gobernación firmaba un recibo oficial emitido por el SIAF (Sistema Integrado de Información Financiera). Kueider no debía rendir ante los órganos de control en qué utilizaba el dinero. Solo tenía que constar que había llegado a sus manos. Solía quejarse de que le entregaran billetes chicos, de cien pesos. En esos años, las denominaciones más grandes eran de $500 y $1.000. Antes de darle destino final, Kueider guardaba el efectivo en una caja fuerte. Estaba en una dependencia muy pequeña, pegada a su oficina. No estaba empotrada en la pared. Las nuevas autoridades no la encontraron. El recibo se adjuntaba a la nota, la autorización del gasto y la orden de pago y se sumaban al legajo de caja diaria de la Tesorería de la Provincia. La documentación era luego rendida al Tribunal de Cuentas. El detalle de los montos que manejó Kueider durante los cuatro años es el siguiente: * 2016 - $ 3,6 millones - Valor promedio del dólar oficial $ 14,97 - USD 240.080 * 2017 - $ 5,1 millones - Valor promedio del dólar oficial $ 16,77 - USD 304.114 * 2018 - $ 8,35 millones - Valor promedio del dólar oficial $ 28,61 - USD 291.913 * 2019 - $ 10,062 millones - Valor promedio del dólar oficial 49,72 - USD 202.373 * El total del período suma, aproximadamente, USD 1.038.480.El marco legalA partir de 2018, regía la ley provincial 10.533 que establecía que los gastos reservados quedaban en manos de la Secretaría General de la Gobernación. Pero durante 2016 y 2017 Kueider pudo manejar esos recursos luego de que Bordet se los otorgara por decreto. Los gastos reservados estuvieron en poder del Ministerio de Gobierno hasta 2015. Cuando asumió la gobernación, Bordet colocó en esa cartera a Mauro Urribarri, hijo de su antecesor Sergio Urribarri. La intención del nuevo mandatario era restarle poder al ex gobernador. Y por eso dictó dos decretos para quitarle el manejo de estos fondos que no requieren rendición.El primero fue el 118 del 10 de febrero de 2016. Allí se transferían los gastos reservados del Ministerio a la Secretaría General. El mecanismo utilizado fue una modificación presupuestaria por transferencia compensatoria de crédito. Es una facultad que la Legislatura otorga al gobernador en cada ley de presupuesto. Pero esto no fue suficiente. Las áreas contables se negaron a entregar dinero de gastos reservados a Kueider porque no tenía una autorización expresa de uso. Eso se solucionó con un nuevo decreto: el 869 del 19 de abril. Allí se le otorgó al secretario general la facultad de disponer de los fondos de la partida 392, la de gastos reservados.Estos movimientos de dinero son algunos de los registrados por las cámaras de seguridad que Kueider hizo instalar en su oficina. Según la entrevista que dio desde Paraguay el jueves, su intención era que sirvan para hacer una suerte de “Gran Hermano”. La idea era que las filmaciones se transmitieran a través de un sitio web y mostrar cómo trabajaban él y su personal. La historia fue distinta. Las cámaras utilizadas eran genéricas y tenían un bajo nivel de seguridad. Fueron hackeadas. Y usadas para captar los videos que se encontraron en un disco externo. El dispositivo había quedado en una prenda que Kueider dejó en un departamento que alquilaba en Buenos Aires. Cuando la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que lo investiga por enriquecimiento ilícito, allanó el lugar, se topó con los registros, resaltó el portal de Infobae.La magistrada, en el último resolutorio que tomó, sospecha que el dinero que se maneja en las oficinas de Kueider podría provenir de las coimas pagadas por la firma Securitas para quedarse con el contrato de seguridad privada de la empresa provincial de energía Enersa. Los videos corresponden a fines de 2018 y a principios de 2019. Kueider hizo una denuncia en la Justicia, alegando que habían querido extorsionarlo.&nbsp; Al respecto, dio varias versiones de cómo llegaron los videos a su conocimiento. En un primer momento, dijo que fue vía correo electrónico. En la entrevista que brindó el jueves pasado, afirmó que una persona (que no identificó, pero que no pertenecía a su círculo íntimo) le había hecho mención de la existencia de esas filmaciones. Lo que consta en la denuncia es una tercera versión. El fiscal coordinador de Paraná, Ignacio Aramberry, respondió un pedido de información pública presentado por Infobae. Indicó que Kueider expresó en su presentación que había recibido “un llamado de una persona desconocida quien le manifestó tener en su poder fotos, capturas de imágenes y videos comprometedores de funcionarios que se encontraban bajo la órbita del anoticiante”. La denuncia tiene fecha 12 de febrero de 2019. “Ante la falta de comprobación del hecho, se procedió al correspondiente archivo” de la causa, registrada con el N° 98079, el día 28 de marzo de 2023, concluyó Aramberry.(I:Infobae-Análisis) &nbsp;

Cómo Edgardo Kueider llegó a manejar un millón de dólares sin controles

Aseguró que no existe evidencia de un ilícito ni de dinero proveniente de actividades delictivas. Además, expresó su descontento con el tratamiento mediático del caso, argumentando que la difusión del video asociado a su situación ya lo había condenado públicamente, independientemente de la veracidad de las acusaciones. “La condena mediática ya la tengo”, afirmó, señalando que, incluso si presenta pruebas en su defensa, todo será puesto en duda. “Nunca me tomaron declaración”, aseguró y luego afirmó: “No hay ilícito, no hay plata proveniente de ningún delito”. Además, criticó a los medios de comunicación que cubrieron el caso e indicó: “La imagen del video ya de por sí te condena, que es lo que terminó pasando, independientemente si he cometido o no un ilícito”. “La condena mediática ya la tengo. Todo lo que diga y muestre, aún con pruebas, va a ser puesto en duda. Tengo para exhibir material para dar crédito a mi posición y a mi verdad”, declaró. Dijo que los dólares que le encontraron cuando intentaba ingresar a Paraguay “no provienen de ilícitos y tampoco provienen de Argentina”. También se refirió a las causas judiciales que lo tienen en la mira, sus terminales políticas, el manejo de los gastos reservados y más. “Desde que en el Senado se produjo el tratamiento de mi expulsión, recibí amenazas. Esto tiene un interés de alto voltaje político. El kirchnerismo se encargó de instalar que esto responde a una cuestión vinculada a la ley bases, para bajarla”, expresó. Asimismo, se defendió: “Si tenemos una ley de blanqueo, que yo mismo voté, para qué vas a llevar la plata a otro lado. Es irrisorio ese tipo de planteo”. Respecto a los viajes en plan de inversión en Paraguay que trascendieron, comentó que “No son operaciones mías por lo tanto no puedo hablar de eso. No hay ninguna investigación ni ilícito al respecto”. “Varios de estos viajes tuvieron que ver con que Iara (Guinsel Costa) ha tramitado la ciudadanía paraguaya y están acreditados. Ella también tenía sus actividades acá”, completó. &nbsp;

Kueider se defiende: “No hay ilícito, no hay plata proveniente de ningún delito”

El planteo obligará al Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia a revisar la sentencia de Bastián. El magistrado concordiense había rechazado hace unas semanas el planteo de inhibitoria que presentó Arroyo Salgado en diciembre. Además, le había sugerido a la jueza Federal de San Isidro que lleve el conflicto de competencia entre ambos juzgados ante la Corte Suprema, el único superior jerárquico común que tienen ambos Tribunales.Sin embargo, la defensa de Kueider interpuso un recurso de apelación ante el fallo de Bastián. Y llevó su decisión a la instancia superior: el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia. Este órgano judicial deberá, en los próximos días, fijar día y hora de la audiencia para tratar el planteo.Bastián y Arroyo Salgado investigan a Kueider por el mismo delito: enriquecimiento ilícito. Pero lo hacen abarcando períodos distintos. La causa en Concordia abarca desde 1999 hasta 2023. La de San Isidro se centra en el lapso de 2019 a 2023.Además, la jueza Federal tiene al ex senador en la lupa por lavado de dinero y una posible asociación ilícita en la que intervendrían otras personas ligadas a Kueider que fueron detenidas días atrás y trasladadas a Buenos Aires.

La defensa de Kueider quiere que Arroyo Salgado concentre la investigación

El Juzgado de Garantías Nº4 de San Isidro, a cargo del juez Esteban Rossignoli, resolvió este lunes la excarcelación de Julio César Coria, uno de los custodios de Diego Maradona que la semana pasada fue detenido por dar falso testimonio. A la hora de determinar el fallo, el magistrado consideró que el imputado no posee condenas anteriores y, al tener declarado un domicilio fijo en el partido bonaerense de Ezeiza, entendieron que no hay riesgo de que se fugue durante el proceso en su contra. Según se desprende de la resolución a la cual pudo acceder Infobae, el juez Rossignoli confirmó que “corresponde calificar ‘prima facie’ los hechos investigados como constitutivos del delito de Falso Testimonio”. En esa línea, contempló que Coria no posee “condenas anteriores, capturas o rebeldías”. A ello, se le suma que el imputado declaró un domicilio fijo en Ezeiza, “circunstancia que no ha sido desmerecida procesalmente en la investigación”. El magistrado también reparó en “las características personales” de Coria, las cuales no les hacen sospechar de que podría eludir el proceso. A los fines de asegurar su disponibilidad durante el juicio, Coria “deberá prestar formal promesa de someterse al proceso, a cuyo efecto deberá constituir domicilio dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires, no pudiendo ausentarse de su domicilio real por más de 24 horas, sin autorización previa”, según precisa la resolución. El martes pasado, Coria detenido tras ser acusado de cometer falso testimonio durante el juicio por la muerte del futbolista en el que son juzgados siete profesionales de salud por el delito homicidio simple con dolo eventual. Se trata de la psiquiatra Agustina Cosachov y el neurocirujano Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Díaz, el enfermero Ricardo Omar Almirón, el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna, la médica coordinadora Nancy Forlini y el responsable del equipo de enfermería Mariano Perroni. En ese contexto, Coria declaraba como testigo cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, integrado por los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach, aprobaron su arresto a partir de un pedido formulado por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, además del abogado Fernando Burlando. La Fiscalía argumentó que Coria presentó contradicciones clave durante su declaración. En primer lugar, negó haber tenido comunicación alguna con el neurocirujano durante y después de la internación domiciliaria de Maradona. No obstante, se presentaron conversaciones de WhatsApp que contradecían esta afirmación. En uno de los intercambios, Luque se refiere a Coria como “amigo” y lo invita a un asado. El ahora imputado, tras ser confrontado con dichas pruebas, aceptó que las conversaciones eran suyas, alegando que inicialmente “no lo recordaba”. La segunda discrepancia señalada involucra a la psiquiatra. Según Coria, la profesional participó en las maniobras de reanimación de Maradona alternándose con la enfermera presente en el domicilio. Sin embargo, este dato no fue mencionado en los dos testimonios previos del custodio: uno dado el mismo 25 de noviembre de 2020, día del fallecimiento del ex futbolista, y otro en abril de 2021. Al ser consultado por el tribunal sobre este presunto olvido, Coria justificó que quizá no fue preguntado al respecto o simplemente lo pasó por alto en esas ocasiones. Y entonces fue detenido y luego imputado por la fiscal Carolina Asprella por falso testimonio. Cuando lo indagaron se negó a declarar aunque avisó presentará más adelante un escrito. Infobae.

Ordenaron liberar al custodio de Diego imputado por falso testimonio

Este lunes, la defensa de Cristina Fernández de Kirchner formalizó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de queja para solicitar la revisión de la condena dictada en su contra en la denominada causa Vialidad. El abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi, explicó ante la prensa los fundamentos del pedido, centrado en presuntas irregularidades procesales. “Presentamos un recurso de queja previsto por la ley, con el objetivo de que el máximo tribunal analice violaciones a las garantías constitucionales que se produjeron a lo largo del juicio”, detalló Beraldi. A su vez, el letrado señaló que el planteo busca corregir “arbitrariedades” contenidas en la sentencia condenatoria. En su exposición, Beraldi remarcó que no se trata de una acción excepcional ni de un pedido fuera de lo común: “Este trámite es habitual y se presenta cuando se detectan graves y reiteradas vulneraciones de derechos fundamentales”, afirmó. La presentación de la defensa incluye, entre otros puntos, cuestionamientos a la imparcialidad del tribunal que juzgó a la exmandataria y al modo en que se valoró la prueba durante el proceso. Beraldi insistió en que la expresidenta fue víctima de un proceso viciado y pidió que la Corte garantice el respeto al debido proceso y al derecho a un juicio justo. &nbsp;

Causa Vialidad: el abogado de Cristina Kirchner negó temor y cuestionó el fallo ante la Corte

Lo hizo al presentar su recurso de queja ante el máximo tribunal, lo que también más temprano había hecho la defensa de la ex mandataria con el reclamo de su absolución en la causa. Villar, en su escrito de 10 páginas al que accedió Infobae, mantuvo la postura de la Fiscalía desde el juicio oral. Allí Diego Luciani y Sergio Mola habían pedido que la ex presidenta sea condenada a 12 años de prisión por asociación ilícita y administración fraudulenta. Por mayoría, el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py la condenó a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta. La Fiscalía apeló a Casación y en esa instancia Villar mantuvo el pedido de 12 años. Pero Casación, también por mayoría, ratificó el fallo. Así, Villar apeló a la Corte con un recurso extraordinario que fue rechazado, por lo que ahora acude directamente al máximo tribunal con un recurso de queja. “La decisión de la CFCP luce arbitraria, ya que carece de fundamentos válidos y se limita a rechazar de forma aparente la postura y los recursos de esta parte. Las afirmaciones dogmáticas, las valoraciones aisladas, la omisión del contexto y de la prueba decisiva, transforman a la sentencia en una decisión inválida y dan cuenta de la existencia de diversas causales de arbitrariedad”, sostuvo el fiscal en su presentación ante la Corte Suprema para objetar el fallo de Casación. Villar también apeló las absoluciones que se dictaron en el juicio oral y que ratificó Casación del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, y del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro. La Fiscalía le pidió a la Corte Suprema que también sean condenados. En su presentación, el fiscal resaltó que en la causa “se investigan graves hecho de corrupción realizado por funcionarios estatales y empresarios, se presenta un caso que compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino, con lo cual el interés institucional se encuentra ampliamente acreditado, así como su naturaleza federal”. Así basó su pedido para que la Corte Suprema intervenga en el caso y acepte su planteo. Además, objetó que Casación haya rechazado su primera apelación para ir al máximo tribunal: “con tratamiento aparente de los agravios planteados por esta parte, fundamentos dogmáticos y un análisis fragmentado de las pruebas, el Tribunal Oral Criminal Federal y la Cámara Federal de Casación Penal excluyeron, de manera definitiva, la imputación del delito de asociación ilícita para alguno de los imputados y administración infiel para otros”. Villar y la defensa de Cristina Kirchner no fueron las únicas partes que presentaron sus recursos de queja ante la Corte Suprema. También lo hicieron las defensas del ex secretario de Obras Públicas José López, del empresario Lázaro Báez, del ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Raúl Pavessi, Juan Carlos Villafañe y Mauricio Collareda. El plazo para completar las apelaciones vence mañana. En su recurso de queja, la ex presidenta pidió su absolución y además que no intervenga en el caso el juez de la Corte Suprema Manuel García-Mansilla, a quien recusó. Explicó que el juez fue designado por decreto por el presidente Javier Milei y que eso vulnera su independencia porque su continuidad en el cargo depende del jefe de Estado. La defensa explicó que la semana pasada Milei dio un reportaje en el que sostuvo que Cristina Kirchner va a ir presa por esta causa. “En tal contexto, la integración de este Alto Tribunal con un magistrado nombrado en comisión, designado por el propio Presidente de la Nación, quien anticipa o reclama lo que debe resolverse en el caso, genera un fundado temor objetivo de parcialidad y fulmina toda posibilidad de que nuestra defendida reciba un juicio justo”, sostiene la recusación. NA.

La Fiscalía le pidió a la Corte Suprema que condene a Cristina Kirchner a 12 años por asociación ilícita

Casi no hubo discusiones en una jornada que cerró la admisión de pruebas y en donde las partes terminaron de precisar qué es lo que quieren que se tenga como evidencia a la hora de realizarse el juicio oral si así lo considera el juez de Garantías Julián Vergara. El magistrado ahora deberá resolver si están dadas las condiciones de avanzar hacia el juicio oral tras más de un año de audiencias de remisión a juicio. Según explicó el propio Vergara en la audiencia de este lunes, no hay plazos establecidos para su resolución, pero adelantó que intentará resolver “lo más rápido posible”.&nbsp; “Sería casi irresponsable resolver en 10 días los planteos que se realizaron durante meses. Voy a tratar de ser lo más rápido posible, entre los 15 y 20 días dependiendo de la agenda de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA)”, expresó el juez que se encargó de controlar el cumplimiento de las garantías durante esta etapa del proceso judicial.&nbsp; Cabe recordar que la demora de estas audiencias tuvo que ver con que los abogados defensores intentaron apartar a Vergara del proceso por considerar que podía ser un juez parcial. Sin embargo, en la jornada de este lunes el abogado de Sergio Urribarri, Miguel Cullen, le agradeció públicamente a Vergara “por haber escuchado con atención todas nuestros planteos durante todos estos meses”.En esta última jornada, Vergara escuchó principalmente al abogado Ignacio Díaz realizar una serie de planteos que no hicieron a la cuestión de fondo. Tras estos planteos procesales y de incorporación de prueba, Vergara clausuró las audiencias y se expresó respecto a los plazos en los que resolverá si la causa está en condiciones de llegar a juicio oral. La causa investiga el supuesto pago de coimas por parte del empresario Diego Armando Cardona Herreros, dueño de Relevamientos Catastrales SA, a funcionarios del gobierno de Urribarri.&nbsp; En una audiencia que se realizó en marzo de 2024, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano expusieron &nbsp;cuánto se pagó en dádivas por cada contratación entre el Estado entrerriano y las empresas que manejaba Diego Cardona Herreros. Los cálculos son en base a un informe contable elaborado en el marco de la investigación que quieren ventilar en un juicio oral y que acumulados superan los $12.000.000 en concepto de dádivas, según la profusa evidencia analizada por los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF).(I:Análisis) &nbsp;

Causa Coimas: Vergara resolverá en 20 días si Urribarri tiene que afrontar un nuevo juicio

El trámite, larguísimo y que ha tenido idas y vueltas, arrancó el 20 de febrero de 2024 y concluirá, si en medio no ocurre nada extraordinario, este lunes 31 de marzo, más de un año después. En medio, el juez que tramita la causa fue recusado. El planteo recusatorio fue tratado por el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones Santiago Brugo, que también fue recusado ante el «temor de parcialidad» por cuanto antes de ser magistrado había sido integrante del Ministerio Público Fiscal.Pero la decisión de Brugo fue recurrida ante un tribunal integrado por Gervasio Labriola, Alejandro Grippo y Rafael Cotorruelo, que rechazaron el planteo de los defensores. Entonces los abogados quisieron continuar el reclamo en la Cámara de Casación Penal. Pero les cerraron esa puerta. La causa investiga el supuesto pago de coimas por parte del empresario Diego Armando Cardona Herreros, dueño de Relevamientos Catastrales SA, a funcionarios del gobierno de Urribarri. En una audiencia que se realizó en marzo de 2024, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano expusieron &nbsp;cuánto se pagó en dádivas por cada contratación entre el Estado entrerriano y las empresas que manejaba Diego Cardona Herreros. Los cálculos son en base a un informe contable elaborado en el marco de la investigación que quieren ventilar en un juicio oral. A continuación, se transcriben parte de los “PLM” registrados en la causa, referente a cada licitación.&nbsp; Cabe recordar que con esa sigla quedaron asentadas las coimas en planillas, documentación y correos electrónicos, según la profusa evidencia analizada por los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF).Licitación 1/08, la primera Se pagó un PLM total por $3.062.000 (tres millones sesenta y dos mil pesos). En este caso, esta suma está distribuida de la siguiente manera: -36,47% para SDU (NdR: se advierte que las siglas corresponden al exgobernador Sergio Daniel Urribarri) lo que arroja una suma total de $1.000.007 (un millón siete pesos) -36,47% para equipo, que arroja la misma suma. Como equipo identificamos a quienes eran empresarios de Relevamientos Catastrales. -5,46% para JGLapo, iniciales con las cuales identificamos a José Gervasio Laporte que arroja un total de $149.713. -7,29% a una persona que no identificamos. -7% para Zurdo Ruso (NdR: en distintos pasajes de la investigación, las menciones “Ruso” hacen referencia a Luis Alfonso Erbes), que arrojó $141.940 Además del cálculo de estos pagos, había un PLM fijo de $280.000 “destinados al jefe”. “Según la evidencia que tenemos así se lo indicaba a Urribarri y un porcentaje adicional de $40.000 otorgados por instrucciones del señor Cardona Herreros”, plasmó Yedro. Ampliación de la Licitación 1/08 Se pagó un PLM total de $1.038.000 y se distribuyó del siguiente modo: -$30.000 mensuales para Lemon que sumó $240.000. -$106.000 mensuales PLM Entre Ríos arrojando un total de $848.000 “En el marco de la contratación directa de aquella continuidad de la 1/08, el PLM ascendió a $800.000, $30.000 mensuales destinados a Entre Ríos, $50.000 mensuales para Lemon distribuidos entre tres miembros de la sociedad (Alfonso Campitelli, Diego Cardona Herreros y Jorge Zanabone) que hacen un total de $500.000 distribuidos entre los tres integrantes”, leyó la fiscal este jueves. Y agregó: “La Licitación 48/11 arrojó un PLM total de $3.762.000 distribuidos así: -$7.000 PLM uno -$7.000 al Ruso que dio un total de $252.000 -PLM dos $50.000 que arroja $1.800.000 -PLM tres $10.000 para la Casa de Entre Ríos lo que arrojó $360.000 “En este PLM hubo una distribución interna entre los integrantes de la sociedad y cada uno cobró $180.000. Hubo otra distribución interna de $45.000 para Cardona Herreros, Campitelli y Zanabone, lo que arrojó un total de $270.000 para cada uno”, acotó la fiscal.Licitación 84/13 del Ministerio de Trabajo Tuvo un PLM total de $6.876.000. La distribución fue entre: Guillermo Smaldone $50.000 y en total $1.800.000 -MU (identificado como Mauro Urribarri) $40.000 y un total de $1.440.000 -DAC $40.000 que arrojó $1.440.00 -Ruso $20.000 y arrojó un total de $720.000 -Turco (en referencia a Carlos Haidar) $5.000 que arrojó un total de $180.000 También hubo distribución interna.Licitación 2/15 Arrojó un PLM total de $1.836.000 Ruso $7000 arrojó un total de $126.000 Equipo $40.000. “La estimación contable va entre $540.000 y 720.000. la distribución fue reducida por lo cual los PLM dos y tres pudieron haberse visto reducidos”, dijo la fiscal. Miguel Ulrich $5.000 mensuales que arrojaron un total de $90.000 Y una distribución entre Cardona Herreros y Campitelli de $15.000 lo cual arrojó $270.000 para cada uno. “Estos PLM refieren concretamente a las licitaciones, pero también se corroboraron otros conceptos registrados como PLM Entre Ríos”, diferenció la fiscal. “Cada vez que se efectuaba el pago de la provincia, se ponían en marcha los PLM” Así lo subrayó la fiscal Yedro. “Esa era la mecánica, cada vez que se efectuaba el pago de la provincia por una contratación, se ponía en marcha este sistema de distribución de PLM para funcionarios y empresarios”.En la investigación desarrollada, los fiscales consiguieron reconstruir la ruta, los montos y los beneficiarios de los mismos, en base a las comunicaciones internas y los asientos contables. Las operatorias variaron: se libraron cheques a nombre de empresas asociadas que se registraron como “pagos de contraprestaciones ficticias o servicios simulados, facturados por terceras empresas a Relevamientos Catastrales”, también hubo dinero en efectivo, y las empresas compraron objetos y servicios para funcionarios políticos o familiares de los mismos.“No solo tomamos en consideración mensajes de correos, anotaciones y registros hallados &nbsp;sino también se cotejó con asientos contables, expedientes de cada licitación, expedientes de pago. A través de la documentación que Fiscalía se ocupó de recabar, la mecánica quedó plasmada ahí”, manifestó Yedro. La fiscal manifestó que el dinero destinado al exgobernador “era almacenado en las oficinas de Cardona”. “También se hicieron depósitos bancarios para otros funcionarios. Esto surgió de las entrevistas con las secretarias de Cardona Herreros y otros testigos”. (Entreriosahora) &nbsp;

Última audiencia de remisión a juicio en la causa Coimas. Urribarri podría recibir 10 años

Se trata de una actividad asincrónica, no arancelada y con certificación, destinada a integrantes de Poderes Judiciales de Argentina y a personas interesadas en la temática. Se dictará a través del campus virtual del Instituto “Dr. Juan Bautista Alberdi”. Esta cohorte estará vigente hasta el 17 de abril a las 23:59. Las personas interesadas en participar deben inscribirse en https://institutoalberdi.jusentrerios.gov.ar/events/capsula-educativa-compensaciones-economicas-para-conyuges-y-convivientes/ &nbsp;

Judiciales

Condenaron a paranaense que le vendió 22 kilos de droga a tres concordienses

El abogado Reggiardo quedó a un paso de ir a juicio

El Colegio de Abogados de Concordia respaldó a la Dra. Simón y repudió acusaciones de la Magistratura

Un cono de sombras opacó la definición del concurso de fiscales auxiliares que se realizó en 2018

Contratos en la Legislatura: Otorgaron la probation a 8 imputados

Causa Securitas: Jorge González fue indagado y luego liberado por la jueza Arroyo Salgado

La Justicia procesó por lavado de dinero al socio y al primo de Kueider en la causa por enriquecimiento ilícito

Confirmaron los procesamientos de todos los acusados de la desaparición de Loan

Omar Carubia juró como integrante del Jurado de Enjuiciamiento

Cómo Edgardo Kueider llegó a manejar un millón de dólares sin controles

Kueider se defiende: “No hay ilícito, no hay plata proveniente de ningún delito”

La defensa de Kueider quiere que Arroyo Salgado concentre la investigación

Ordenaron liberar al custodio de Diego imputado por falso testimonio

Causa Vialidad: el abogado de Cristina Kirchner negó temor y cuestionó el fallo ante la Corte

La Fiscalía le pidió a la Corte Suprema que condene a Cristina Kirchner a 12 años por asociación ilícita

Causa Coimas: Vergara resolverá en 20 días si Urribarri tiene que afrontar un nuevo juicio

Última audiencia de remisión a juicio en la causa Coimas. Urribarri podría recibir 10 años

“Compensaciones económicas para cónyuges y convivientes”

Más Leídas de Judiciales

Condenaron a paranaense que le vendió 22 kilos de droga a tres concordienses