La Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil alcanzó este viernes la mayoría de votos necesaria para rechazar las últimas apelaciones del ex presidente Jair Bolsonaro y confirmar la sentencia de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, dictada en septiembre. El magistrado Alexandre de Moraes, relator del caso, fue el primero en pronunciarse y su voto fue secundado en las horas siguientes por los jueces Flávio Dino y Cristiano Zanin, según reportes del diario Folha de Sao Paulo. La votación virtual, que no contempla debate presencial, se extenderá hasta el viernes 14 de noviembre, pero se espera que el resultado final sea unánime contra el recurso presentado por Bolsonaro. El proceso judicial, desarrollado en el plenário virtual del STF, implica que los jueces pueden emitir su voto en cualquier momento dentro del plazo estipulado. La jueza Cármen Lúcia aún no ha registrado su posición, mientras que el ministro Luiz Fux, tras dejar la Primera Sala, no participará en la apreciación de los recursos del ex mandatario ni de los demás acusados en la causa. La expectativa es que no se produzca una solicitud de vista ni se lleve el caso al pleno físico, descartando así dilaciones significativas en esta instancia. En el voto de Moraes, presentado en un documento de 141 páginas al que accedió la Agence France-Presse, el magistrado reiteró el papel de Bolsonaro como principal líder de una organización criminal. El texto describe cómo, junto a varios colaboradores, conspiró para vulnerar el orden democrático tras su derrota electoral ante Luiz Inácio Lula da Silva en 2022. Moraes también reafirmó su acusación como instigador de los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando cientos de seguidores de Bolsonaro irrumpieron en las sedes de los poderes públicos en Brasilia. Durante el juicio, la defensa del ex presidente argumentó supuestas “profundas injusticias” y “contradicciones” en el fallo, denunciando obstáculos para el ejercicio de su derecho a la defensa y buscando reducir la pena. Sin embargo, Moraes descartó estas objeciones, afirmando que todas las pruebas estuvieron disponibles para los abogados y negó la existencia de restricciones a la defensa. “La sentencia fundamentó todas las etapas del cálculo de la pena”, escribió el juez, quien además cerró la puerta a una eventual disminución de la condena. Actualmente, Bolsonaro permanece en prisión domiciliaria preventiva, impedido de realizar declaraciones públicas o utilizar redes sociales. De confirmarse la negativa definitiva al recurso, quedará abierta la vía para una apelación adicional, aunque esta podría descartarse sin entrar en consideración de fondo. Si no prospera, la condena comenzará a ejecutarse formalmente, colocándolo ante la perspectiva de ingresar a prisión. En este escenario el magistrado Moraes será el encargado de definir el régimen de cumplimiento de pena. Entre las opciones analizadas figura la permanencia en arresto domiciliario, el traslado a una sala especial en la penitenciaría de Papuda, en el Distrito Federal, o su alojamiento en una celda de la superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, e incluso la derivación a una unidad militar. La defensa podría invocar el delicado estado de salud del líder derechista, de 70 años, para solicitar, en caso de condena firme, que se le conceda cumplir la pena en domicilio. La referencia es el caso de Fernando Collor de Mello, presidente entre 1990 y 1992, quien obtuvo esa modalidad en mayo para una condena de ocho años por corrupción. Bolsonaro presenta secuelas físicas derivadas de una puñalada sufrida en 2018 y fue diagnosticado recientemente con cáncer de piel, aunque las lesiones le fueron extirpadas. Paralelamente, tras la ratificación de la condena, el entorno de Bolsonaro y sectores aliados impulsaron en el Congreso un proyecto de ley de amnistía destinado a beneficiar al ex mandatario y a los participantes de los disturbios del 8 de enero. Sin embargo, la iniciativa perdió fuerza después de registrarse protestas multitudinarias en diversas ciudades. (Con información de AFP y EFE)

Se alcanzó la mayoría de votos para rechazar las apelaciones de Bolsonaro y dejar firme la condena a 27 años de prisión

El fiscal federal Carlos Stornelli expresó este jueves su “satisfacción” al referirse al inicio del juicio por la Causa Cuadernos y aseguró que este proceso judicial es la “punta del iceberg” de una vasta operación ilícita. “Que se haya llegado al juicio oral donde se ventilen todas estas cuestiones es una gran satisfacción después de todos estos años de muchísimo trabajo”, aseguró Stornelli en diálogo con Radio Rivadavia. En esa línea, el fiscal de la causa que involucra, entre otros, a la expresidenta Cristina Kirchner, dijo que el dinero ilícito detectado es “una parte”, no todo el que se utilizó para maniobras ilegales vinculadas a la obra pública. “Es lo que hemos podido detectar, quizás la punta del iceberg”, precisó Stornelli sobre una causa que tiene también en el banquillo a gran parte de los empresarios más importantes de la construcción. Con relación a la posible devolución por parte de los acusados respecto del dinero que pudo haber sido parte de maniobras ilegales, el fiscal sostuvo que no cree que “devolver” sea un verbo que los implicados en la causa conozcan. “Devolver es un verbo que no creo que conozca ninguno. El asunto es lo que se pudo encontrar e incautar, que es bastante: dinero en el extranjero, empresas incautadas e inmuebles”, describió el fiscal. Sobre la duración del juicio, Stornelli expresó su aspiración de que el tribunal haga “más intensa” la frecuencia de las audiencias para darle mayor celeridad al proceso.&nbsp; NA. &nbsp;

Carlos Stornelli aseguró que la Causa Cuadernos es la “punta del iceberg” de una vasta operación ilícita

La Justicia Federal rechazó el pedido de Cristina Fernández de Kirchner para recuperar la pensión que percibía como viuda de Néstor Kirchner, decisión que habilita a la ANSES a exigirle la devolución de los fondos cobrados durante los últimos años, estimados en unos $1.000 millones.La jueza Karina Alonso Candis, a cargo del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 7, denegó la medida cautelar solicitada por la ex mandataria en el expediente “Fernández Cristina Elisabet c/ ANSES s/ Nulidad de Acto Administrativo”. En su presentación, Fernández de Kirchner pedía restablecer el cobro simultáneo de dos pensiones vitalicias: la correspondiente a su cargo como ex presidenta y la de su esposo fallecido.El fallo estableció que no se cumplieron los requisitos para otorgar la cautelar, ya que la cuestión de fondo —la validez de las resoluciones que suspendieron los pagos— deberá resolverse en el juicio principal.&nbsp; Además, la magistrada subrayó que los actos administrativos conservan presunción de legitimidad, y que no pueden ser suspendidos salvo disposición expresa. En paralelo, la ANSES informó que avanzará con el reclamo para recuperar los montos percibidos. Según el organismo, las pensiones presidenciales son asignaciones graciables y no derechos adquiridos, por lo que, al perder vigencia su otorgamiento, corresponde reintegrar lo cobrado.Desde el Gobierno señalaron que el fallo “protege el interés público y la transparencia en el uso de recursos estatales”. Mientras tanto, la defensa de la exvicepresidenta analiza presentar una apelación ante la Cámara Federal de la Seguridad Social para intentar revertir la medida.

La Justicia rechazó el reclamo de Cristina Fernández por la pensión de Néstor Kirchner

El magistrado hizo lugar al pedido de condena efectuado por la fiscal Julia Rivoira y que acompañó el abogado querellante, Carlos Conti. En tanto, la defensa del imputado, a cargo del letrado Carlos Medina, había solicitado una pena de 25 años de prisión. Los planteos fueron formulados el 28 de octubre pasado, durante la audiencia de cesura realizada en el Salón de Audiencias Nº 4 de los Tribunales de Concordia. Pedro Medina seguirá detenido en la Unidad Penal Nº 1, de Paraná. Se trató del centésimo cuadragésimo sexto juicio por jurados realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

Prisión perpetua para el joven que mató a una mujer e incendió su casa en el Barrio Nebel

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner será juzgada como supuesta jefa de asociación ilícita y cohecho junto a otros 86 acusados, entre ellos ex ministros de su gobierno, el remisero autor de los “cuadernos” Oscar Centeno y medio centenar de empresarios. La fiscal general Fabiana León, quien llevará adelante la acusación en el caso Cuadernos desde el jueves próximo, advirtió que se trata de la investigación “de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina”. Desde las 9.30 y con trasmisión por el canal de Youtube del Poder Judicial de la Nación los jueces del Tribunal Oral Federal 7 Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero darán inicio al debate que se prevé durará al menos tres años y que durante el primer mes transcurrirá cada jueves con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio en el caso central y los conexos que llegan al debate. La ex presidenta deberá conectarse desde su lugar de detención domiciliaria en San José 1111 donde cumple la pena de seis años de prisión por administración fraudulenta impuesta en la “Causa Vialidad” y que la Corte Suprema dejó firme este año. Además serán juzgados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obra pública José López y el ex funcionario de esa cartera Roberto Baratta y los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. Se juzgarán 540 hechos de supuesto pagos ilegales por parte de empresarios para acceder a contrato de obra pública: llegan al estrado 65 hombres de negocios y dos choferes, uno de ellos el remisero autor de los escritos en los cuadernos, Centeno, imputado colaborador en el caso procesado como supuesto miembro de asociación ilícita. Entre los empresarios que llegan a juicio están el primo del ex presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli y Enrique Pescarmona. La investigación se centro en la existencia de una asociación ilícita que habría funcionado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional para recaudar dinero de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales. Los delitos que se imputan van desde asociación ilícita a cohecho, dádivas y encubrimiento, según el caso. El delito de asociación ilícita prevé hasta diez años de prisión y el de cohecho tiene un máximo de seis años. En el caso Vialidad por el direccionamiento del 80 por ciento de la obra pública en Santa Cruz a favor del también condenado empresario Lázaro Báez, el Tribunal Oral Federal 2 que llevó adelante el juicio descartó la figura de asociación ilícita y condenó por defraudación, algo que quedó firme en la Corte Suprema.Desde marzo de 2026 se sumará un día de audiencias en Cuadernos mientras que las declaraciones indagatorias de los acusados comenzarían entre fin de año y de manera posterior a la feria judicial de enero. El Tribunal aún tiene que decidir si también serán virtuales o para esta instancia se habilitará la presencialidad. Infobae.

Cristina Kirchner vuelve al banquillo de Comodoro Py junto a 86 acusados

El juicio oral y público por la muerte de Diego Armando Maradona se reanudará el 17 de marzo de 2026, a la vez que se rechazó el pedido del debate por jurados populares formulado por la defensa del neurocirujano Leopoldo Luque, según informaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas. Conforme a la resolución dictaminada por los jueces Alberto Ortolani, Pablo Rolón y Alberto Gaig, miembros del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) número 7 de San Isidro, se estableció que dentro de cuatro meses se concrete el comienzo del nuevo debate por el presunto homicidio simple con dolo eventual del astro argentino, un delito que prevé una pena de entre 8 a 25 años de prisión. Los magistrados fijaron una audiencia preliminar (en el término del artículo 338 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires) para el 12 de noviembre a las 10:30 para tratar los acuerdos probatorios y la lista de testigos. En este sentido, se confirmó que el juicio por jurados populares contra la enfermera Dahiana Gisela Madrid se realizará debido a que las nulidades del proceso principal no lo afectaron. Ese debate comenzará en el TOC número 3 una vez que finalice el otro debate. Además, los jueces rechazaron el pedido presentado por los defensores Julio Rivas y Francisco Oneto -abogados de Luque- para que afronte un debate por jurados populares, al considerarlo “extemporáneo”, a la vez que denegaron el planteo de inconstitucionalidad del artículo 22 bis del CCP, por “improcedente” y “abstracto”. Rolón, Ortolani y Gaig también desestimaron el recurso non bis in idem (cosa ya juzgada) solicitado por el letrado Vadim Mischanchuk (representante legal de la psiquiatra Agustina Cosachov), al sostener que “no se configuraron los presupuestos que habilitan su aplicación en el presente caso”. A su vez, se rechazó la petición de los abogados de Luque, el enfermero Ricardo Omar Almirón, su jefe, Mariano Perroni, la coordinadora de la internación domiciliaria de Diego, Nancy Edith Forlini, y el psicólogo Carlos Díaz para la fijación de una audiencia para debatir “los planteos deducidos por otras partes durante el plazo del art. 338 CPP”. “Sin embargo, tales cuestiones ya han sido sustanciadas y resueltas en la presente, por lo que no subsiste materia que justifique la apertura de una nueva instancia oral destinada a reiterar debates ya concluidos y preclusos”, sostiene el escrito. El juicio se reanudará el 17 de marzo de 2026 en los Tribunales de San Isidro, emplazados en la calle Ituzaingó 340, a las 10:00, donde se determinará la posible responsabilidad de los profesionales por la muerte del ex jugador de Boca y la Selección argentina. Rivas sostuvo: “Queda pendiente un recurso de recusación contra los jueces. Oneto lo está haciendo. Es en Casación. Nos habían rechazado los pedidos de apartamientos y también las apelaciones”. El letrado agregó que “no podrá asistir” a la audiencia del próximo miércoles porque debe declarar en el jury de enjuiciamiento contra la magistrada Julieta Makintach. El anterior proceso fue declarado nulo como consecuencia del documental “Justicia Divina” protagonizado por la jueza, quien es investigada en una causa penal y será juzgada en el Senado bonaerense. El escándalo estalló a fines de mayo cuando aparecieron cámaras en el interior de la sala y se conocieron imágenes de la imputada mientras caminaba por los pasillos del edificio y ofrecía una entrevista en su despacho. La ex titular del TOC N°2 fue recusada y suspendida de forma preventiva en el cargo hasta que se trate su posible destitución en el jury. Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020 en el country San Andrés, en la localidad de Benavídez, partido de Tigre, a causa de una insuficiencia cardíaca, un edema agudo de pulmón y una miocardiopatía dilatada.Los acusados y los testigos Luque, Cosachov, Díaz, Perroni, Almirón, Forlini y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna volverán a sentarse en el banquillo de los acusados, al tiempo que Dalma, Gianinna, Jana, Verónica Ojeda, las hermanas de la víctimas, entre otros testigos deberán volver a comparecer en la Justicia. NA.

En marzo de 2026 se reanudará el juicio por la muerte de Maradona

El tribunal del Segundo Circuito de Nueva York abordó nuevamente el reclamo en la causa paralela vinculada al juicio por la expropiación de YPF, donde Burford Capital, el fondo demandante y principal beneficiario del fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska, intenta establecer si empresas como la petrolera, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación operan como “alter ego” del gobierno argentino. En caso de que el Estado nacional no entregue la información requerida en los próximos días, podría caer en desacato. La audiencia del 4 de noviembre de 2025, presidida por Preska, giró en torno a la falta de entrega de chats y correos electrónicos de funcionarios y exfuncionarios. El procedimiento discurre en paralelo a la causa principal, que ya atravesó la resolución de primera instancia y se encuentra pendiente de apelación.La magistrada Preska exigió que la Argentina informe antes del 10 de noviembre de 2025 cuáles funcionarios participarán en la remisión de sus comunicaciones, tanto actuales como exintegrantes del Estado, incluyendo a Luis Caputo y Sergio Massa. Extendió el plazo para la presentación de los documentos hasta el 21 de noviembre, y resaltó que el requerimiento cubre mensajería por canales no oficiales como WhatsApp, Signal y redes sociales. En la sesión judicial, los representantes de los demandantes argumentaron que la República Argentina incumplió por completo la orden previa de recopilación y entrega de comunicaciones digitales. Según expusieron, ningún custodio aportó documentos ni colaboró en la preservación de evidencia. Por su parte, la defensa reconoció que hasta ese momento no había contactado a los posibles custodios, y que sólo ahora inició gestiones para obtener su cooperación. La jueza tomó nota de ese retraso y advirtió sobre un “discovery sobre el discovery” en caso de persistir la falta de resultados, método destinado a investigar si se cumple de forma adecuada con la producción de evidencia. De acuerdo a la versión consignada por la propia corte y validada por la transcripción de la audiencia, la defensa argentina se comprometió: “Antes del 10 de noviembre enviaremos el listado de quienes van a colaborar. Si logramos acceso a los dispositivos, la producción de documentos empezará antes del 21 de noviembre”. Esta promesa llevó a la magistrada a recalcar que la producción de material debía ser sustancial, bajo la amenaza de habilitar una nueva fase de inspección, como solicitaron los demandantes. El debate incluyó la preservación de evidencia digital. Los demandantes plantearon su preocupación porque las notificaciones remitidas a los custodios argentinos no mencionaron expresamente servicios de mensajería instantánea ni redes sociales. “Las notificaciones deben ser actualizadas y contemplar específicamente WhatsApp, Signal y otras plataformas”, requirió Preska, fijando como tope el fin de semana posterior a la audiencia para que la defensa emitiera una nueva comunicación dirigida a todos los involucrados. Durante el proceso, la defensa admitió que no podía garantizar que los custodios conservaron los mensajes. El propio equipo legal del país precisó ante la jueza que dependía “de la voluntad de colaboración” de cada uno de los 35 funcionarios y exfuncionarios contactados. Explicaron que se limitaban a solicitar que entregaran dispositivos y preservaran sus conversaciones privadas, pero sin certeza sobre la existencia o integridad de los registros exigidos por los demandantes. El riesgo de sanciones sobrevoló la audiencia. Los demandantes solicitaron a la jueza que, si el Estado argentino no logra entregar la documentación en la fecha prevista, se convoque una audiencia por desacato. La jueza Loretta Preska no ordenó la medida de modo inmediato, pero manifestó que esa posibilidad permanece abierta si no percibe avances sustanciales. Una frase textual de la jueza quedó plasmada en la audiencia: “Si no hay producción sustancial, quedará habilitado el discovery sobre el discovery para investigar el cumplimiento efectivo”. El contexto de este proceso recobra relevancia por la sentencia originada en septiembre de 2023, cuando Preska condenó a la República Argentina a pagar 16.000 millones de dólares a los demandantes, a causa de la expropiación de YPF. También en julio de 2025, la jueza requirió que una parte del fallo se cumpliera a través de la entrega de acciones de la petrolera. La batalla legal se tornó más compleja al abrirse este caso alternativo o “paralelo”, que explora la figura del “alter ego”, clave para identificar activos argentinos susceptibles de embargo. El proceso de discovery en esa causa busca elementos que permitan certificar si YPF, el BCRA, Aerolíneas Argentinas o el Banco Nación tienen estructuras jurídicas y financieras tan entrelazadas al Estado argentino que permitan tratarlas como una sola persona jurídica a efectos de responsabilización y eventuales ejecuciones de sentencia. La defensa argentina formalizó su apelación ante la orden de entregar material digital y presentó los plazos procesales que extienden la disputa al menos hasta enero de 2026, plazo en que la Cámara definirá si confirma o revoca las órdenes de primera instancia. Mientras tanto, la presión para la obtención de documentos funciona como una herramienta a favor de los demandantes en la búsqueda de activos para embargar. Además de los plazos y nuevas obligaciones procesales, la audiencia abordó el modo en que la Argentina propuso cumplir con el interrogatorio judicial a través de declaraciones 30(b)(6), figura que obliga a presentar testigos institucionales en representación del Estado. Los demandantes criticaron que el gobierno sólo propuso una abogada para abordar siete ejes complejos. La jueza Preska observó que ese enfoque no respetaba el espíritu de su orden, aunque dejó pendiente la discusión sobre sus posibles consecuencias, como consta en la transcripción. El fondo Burford Capital reclama que la Argentina evadió la entrega de información relevante y sostiene que parte de la estrategia oficial es demorar los plazos y así demorar o impedir el cobro de la sentencia millonaria. “Si la Argentina no cumple con la entrega para el 21 de noviembre, pediremos que se declare el desacato”, anticiparon fuentes cercanas al caso, conforme figura en el material judicial disponible. La solicitud para ampliar la preservación de evidencia digital refuerza el intento de los demandantes de incorporar todo canal electrónico posible, ampliando la frontera probatoria. La jueza explicitó: “Deben enviarse nuevas notificaciones de preservación que abarquen WhatsApp, Signal y todas las redes sociales”, según palabras recogidas en la transcripción de la audiencia judicial. El foco de la investigación sigue puesto en si YPF y organismos como el BCRA actúan de hecho bajo la directiva exclusiva del gobierno argentino, elemento central para fundamentar el “alter ego”. La obtención de mensajes, correos y registros digitales adquirió un valor relevante porque puede demostrar la permeabilidad entre la administración estatal y las decisiones de las entidades involucradas. Mientras tanto, la causa principal sigue en fase de apelación, a la espera de que la Cámara de Nueva York resuelva los recursos interpuestos, según se describió en la última nota publicada antes de la reciente audiencia, con detalles sobre los argumentos presentados por la Argentina y las exigencias del fondo reclamante. Infobae. &nbsp;

La jueza Preska pone a la Argentina al borde del desacato si no cumple con la entrega de los chats de funcionarios

De acuerdo al cronograma fijado por el tribunal, está previsto que, en lo que resta de 2025, las audiencias se realicen todos los jueves de 9.30 a 13.30 mientras que, desde marzo de 2026, se añadirá una segunda jornada. Las audiencias se harán -salvo excepciones- de forma virtual a través de la plataforma Zoom -con acreditación previa para el público- y, algunas de ellas, se transmitirán por el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación.Las imputaciones Oportunamente, tras la etapa de instrucción, el fiscal federal Carlos Stornelli pidió la elevación a juicio de la investigación que se centró en cuatro ejes: los cobros a empresarios que el chofer Oscar Centeno asentó en sus cuadernos, las maniobras ilícitas para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la cartelización de la obra pública. Así, solicitó que la expresidenta Cristina Fernández (72) fuera a juicio como jefa de una asociación ilícita que funcionó en el seno del Poder Ejecutivo Nacional, entre 2003 y 2015. Además, le imputó ser coautora, en 204 oportunidades, y partícipe necesaria -en una- del delito de cohecho pasivo. Como organizadores de la asociación ilícita se señaló al exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio Miguel De Vido (75); al exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión de esa cartera, Roberto Baratta (52); al financista dueño de Inverness S.A., Ernesto Clarens (74); y al expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y de la firma ESUCO S.A., Carlos Guillermo Enrique Wagner (82). Luego, en el tramo de las irregularidades en la concesión de contratos ferroviarios se añadió, también como organizador, al exsecretario de Transporte, entre el 1° de junio de 2003 y el 1° julio 2009, Ricardo Raúl Jaime (70), destacó el portal fiscales.gob.ar. El fiscal imputó, como miembros de la organización, a los exsecretarios de Obras Públicas y de Transporte de la Nación, José Francisco López (65) y Juan Pablo Schiavi (68) -este último en el tramo de los contratos ferroviarios-; el extitular del Órgano de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti (67); los exsecretarios privados de De Vido y Baratta, José María Olazagasti (50) y Nelson Lazarte (47); el exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens (56); el extitular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas, Germán Nivello (57); y al chofer de Baratta, Oscar Bernardo Centeno (70). Además, por la concesión irregular de contratos ferroviarios imputó como miembro al exsecretario de Transporte, entre el 1° julio 2009 y el 7 de marzo de 2012, Juan Pablo Schiavi (68). También, en el tramo de la investigación por la cartelización de obras públicas en cabeza de la Cámara Argentina de Empresas Viales, se incluyó como miembros de la organización al exadministrador general de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti (80); al exgerente de Obras y Servicios Viales y subadministrador de la DNV, Sandro Férgola (60); y al exgerente de Administración de la DNV y exempleado de Inverness S.A., Sergio Pasacantando (50). Además, por parte de los empresarios, serán juzgados como miembros de la asociación ilícita, el exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas (70); el exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S.A. y representante de las firmas Grupo Eling S.A. y Vialco S.A., Gerardo Luis Ferreyra (75); y el presidente de Vialco S.A., Miguel Marcelino Aznar (75). En el debate también se abordará la responsabilidad de algunos de esos funcionarios en diversos hechos de cohecho pasivo y admisión de dádivas -de acuerdo a cada caso- junto a la del exjefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manuel Abal Medina (57); el excoordinador de la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete, Hugo Martín Larraburu (42); el exdirector de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación, Fabián García Ramón (48); el exfuncionario y el exasesor -respectivamente- de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de planificación, Hernán Gómez (48) y Walter Fagyas (54); y del exchofer de Olazagasti, Hernán Del Río (48). Además, se juzgará al exasesor del secretario general de la Presidencia, Julio Daniel Álvarez (53), por encubrimiento agravado, señaló el portal fiscales.gob.ar.Finalmente, llegan a juicio, como autores, coautores o partícipes de los delitos de cohecho activo y dación de dádivas otros 60 empresarios, entre los que se encuentran Ángel Jorge Antonio Calcaterra (67) -accionista de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) S.A. y IECSA S.A.-, Enrique Menotti Pescarmona (83) -presidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) SAICyF-; Aldo Benito Roggio (81) -presidente de Grupo Roggio S.A. y titular de Metrovías S.A. y del ferrocarril Urquiza, entre 2003 y 2009-; Benjamín Gabriel Romero (73) -titular de Hidrovía S.A.-; Rudy Fernando Ulloa Igor (65) -socio de la financiera Cumehue S.A.-; Armando Roberto Loson (78) -presidente del Grupo Albanesi S.A.-; Alberto Ángel Padoan (82) -integrante del directorio de Vicentin SAIC y expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario-; los hermanos Carlos Fabián (57) y Osvaldo Manuel (56) De Sousa -presidentes de CPC S.A. y el Grupo Indalo- y Cristóbal Manuel López (69) -accionista y socio mayoritario de CPC S.A. y el Grupo Indalo-. En el juicio intervendrá la fiscal general Fabiana León.En el juicio intervendrá la fiscal general Fabiana León.El caso La investigación inicial surgió como un desprendimiento de la causa por las maniobras irregulares en la adquisición de Gas Natural Licuado (GNL) para el Programa Energía Total (PET), que causaron un perjuicio económico al Estado estimado en 5.523.345 dólares, y por el que ya fueron condenados en septiembre pasado el exministro De Vido y el exsubsecretario Baratta. Posteriormente, en 2018, un periodista del diario La Nación se presentó ante el fiscal Stornelli y puso en su conocimiento que una fuente le había revelado que un chofer del Ministerio de Planificación Federal -que luego sería identificado como Centeno- había anotado los movimientos de Baratta y otros funcionarios que trasladaban bolsos con dinero, desde las sedes de distintas empresas constructoras, de transporte y proveedoras de servicios, a los despachos y/o domicilios de autoridades del Poder Ejecutivo Nacional. A raíz de ello, y de los testimonios vertidos por la exmujer de Centeno en el juicio por las irregularidades en la compra de GNL, Stornelli inició una investigación en la que determinó la existencia de una asociación ilícita liderada por Cristina Fernández y su marido, el también expresidente -fallecido- Néstor Kirchner, quienes organizaron “un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”.&nbsp;En base a las pruebas recabadas, se estableció “la existencia de un sistema de recaudación de dinero desplegado en su mayoría por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo de la Nación que decidieron ceder su voluntad personal y conformar una general, para establecer acuerdos con importantes empresarios de compañías nacionales e internacionales, por medio de los cuales obtenían beneficios recíprocos”. “Los líderes y organizadores de esa estructura paraestatal diagramaron un circuito de recaudación de dinero centrado, principalmente, en el otorgamiento y adjudicación de obras públicas y/o servicios, y otros beneficios vinculados al desarrollo de la relación de esos privados con el Estado Nacional”, señaló Stornelli en su requerimiento de elevación a juicio, reflejó el portal fiscales.gob.ar. Para el Ministerio Público Fiscal, existía un sistema ilegal de recaudación con “dos canales totalmente independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí”. Por un lado, había una “vertiente directa en la que no había ningún tipo de intermediario, puesto que eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios” y se comunicaban directamente con ellos. La segunda rama estaba integrada por otros funcionarios, y por Clarens y Wagner. “Si bien los dos grupos tuvieron una actuación conjunta, aunque distinta, en cuanto a sus integrantes y a su implementación, ambos formaron parte de la misma estructura jerarquizada e instaurada por los entonces representantes del Poder Ejecutivo de la Nación”. Además, en el devenir de la pesquisa, los funcionarios Uberti y López, el chofer Centeno, y los empresarios Aznar, Calcaterra, Pescarmona, Loson, Roggio, Alberto Tasselli (79), Jorge Juan Mauricio Balán (68), Juan Carlos De Goycoechea (60), Claudio Glazman (62), Gabriel Pedro Losi (67), Marcela Edith Sztenberg (59), Patricio Gerbi (70), Héctor Javier Sánchez Caballero (70), Francisco Rubén Valenti (78), Jorge Guillermo Neira (73) y Rodolfo Armando Poblete (68), suscribieron los respectivos acuerdos -como imputados colaboradores- y brindaron información sobre las maniobras ilícitas investigadas.Previo al inicio del debate, en septiembre pasado, las defensas de 47 empresarios y de cuatro exfuncionarios efectuaron sus respectivas propuestas de reparación integral. En ese entonces, la fiscal general León opinó que debían rechazarse los ofrecimientos, ya que no se daban las condiciones para aplicar el instituto previsto en el artículo 59 inciso 6° del Código Penal, “por falta de acuerdo, por concurrir un bien supraindividual, y por oposición fiscal fundada”. En la audiencia donde fue tratado el planteo, León afirmó: “En esta fiscalía no se vende impunidad”. A su turno, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, del TOF N°7, rechazaron las propuestas de reparación integral efectuadas, al entender que la oposición de la fiscalía era “vinculante para decidir sobre la procedencia del instituto”. Además, de cara al inicio del debate, la fiscalía presentó ayer su informe actualizado sobre las labores desarrolladas por la dependencia y el estado del proceso antes del comienzo del debate oral y público, el próximo jueves.&nbsp; (I:Análisis) &nbsp;

Causa Cuadernos: comienza el juicio a la expresidenta Cristina Fernández y otros 86 imputados por corrupción

La fiscal general Fabiana León, quien llevará adelante la acusación en el caso Cuadernos desde el jueves próximo, advirtió que se trata de la investigación “de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina”. Cuadernos es “solo comparable a unas pocas a nivel mundial”, agregó en un informe que presentó su fiscalía con un detalle del juicio que se iniciará el 6 de noviembre a la ex presidenta Cristina Kirchner, procesada como presunta jefa de asociación ilícita y cohecho pasivo, es decir, recepción de pagos ilegales, informaron fuentes judiciales. “Consideramos que esta causa (en realidad un conjunto de causas) demanda una especial necesidad de explicaciones porque, a nuestro entender, es la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina y solo comparable a unas pocas a nivel mundial”, destacó. En la primera parte del informe la fiscal hizo mención a las características de la investigación que llega a debate oral con un total de &nbsp;87 acusados, entre ellos la ex presidenta, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obra pública José López y el ex funcionario de esa cartera Roberto Baratta. También llegan a juicio los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, entre otros ex funcionarios. Se juzgarán 540 hechos y también llegan al estrado 65 empresarios y dos choferes, uno de ellos el remisero autor de los escritos en los cuadernos, Oscar Centeno, imputado colaborador en el caso procesado como supuesto miembro de asociación ilícita. Entre los empresarios que llegan a juicio están el primo del ex presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli y Enrique Pescarmona. Todos llegan a juicio ante el Tribunal Oral Federal 7 “acusados de liderar, organizar e integrar una asociación ilícita -de acuerdo a cada caso- que funcionó en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional para recaudar dinero de empresas constructoras, de energía y transporte, a cambio de la adjudicación de contratos estatales”, resume el informe. A lo largo de los años desde 2018, cuando se inició el primer expediente 9608 con la entrega de los cuadernos en la fiscalía federal de Carlos Stornelli en Comodoro PY 2002, se han dictado “embargos, inhibiciones generales de bienes e intervenciones de sociedades, secuestros de elementos (maquinarias), prohibiciones de no innovar, de repartir dividendos, subrogados de ganancias, etc”. “Si bien algunas medidas se han cambiado por otras, estas satisfacen de mejor modo los fines reseñados. En definitiva, ni un solo centavo alcanzado por estas afectaciones en beneficio del Estado se ha perdido o se ha desatendido”, aseguró la fiscalía. Los delitos que se imputan van desde asociación ilícita a cohecho, dádivas y encubrimiento, según el caso. El delito de asociación ilícita prevé hasta diez años de prisión y el de cohecho tiene un máximo de seis años. Las audiencias desde el 6 de noviembre serán virtuales por decisión de los jueces del Tribunal &nbsp;Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero. NA.

Cuadernos es la investigación por corrupción “más extensa” de la historia judicial argentina

Esta iniciativa, impulsada por la presidenta de la Sala Civil del STJ, vocal Gisela Schumacher, marca el inicio de una transformación digital en la tramitación de este tipo de causas judiciales.&nbsp; En este período la herramienta estará disponible como prueba piloto. El objetivo de esta fase preliminar es poner en funcionamiento el nuevo sistema, relevar observaciones y realizar los ajustes necesarios que permitan su posterior implementación definitiva en toda la provincia. Su aplicación representa un avance significativo en la construcción de procesos judiciales más ágiles, accesibles y eficientes, consolidando el compromiso del Poder Judicial de Entre Ríos con la innovación tecnológica y la mejora continua del servicio de justicia. La primera etapa de implementación será en los Juzgados Civiles y Comerciales Nº 3, Nº 5 y Nº 7 de la ciudad de Paraná; Nº 1 de Concordia; Nº 1 de Gualeguaychú; y Nº 1 de Concepción del Uruguay. Durante el período de prueba, las y los profesionales deberán continuar enviando la denominada “foja cero” a la Mesa Única Informatizada (MUI) o el organismo equivalente de sorteo, tal como lo hacen actualmente. Una vez realizado el sorteo del juzgado correspondiente, si este se encuentra entre los seleccionados para la prueba piloto, se notificará al/la profesional interviniente para que proceda a la carga de la demanda a través de la sección específica habilitada en la Mesa Virtual. En caso de que el juzgado sorteado no forme parte de los incluidos en la prueba piloto, no se emitirá notificación alguna y el trámite continuará mediante la modalidad vigente, es decir, con la presentación de la demanda en formato PDF. Cabe destacar que los procesos sucesorios iniciados mediante este sistema automatizado tendrán plena validez jurídica y se tramitarán conforme al procedimiento previsto en el ordenamiento procesal vigente. La única particularidad será la utilización de la Mesa Virtual a través de una nueva funcionalidad denominada “Demandas”, que permitirá la carga electrónica de las presentaciones, organizando la información, guiando al/la profesional en la documentación a aportar y sistematizando datos. El diseño del sistema r estuvo a cargo de una comisión integrada por personal, jueces, técnicos del Poder Judicial de Entre Ríos. Entre ellos, la Dra. María del Pilar Villa, el Dr. Martín Furman, el Dr. Mariano Ludueño, el Dr. Marcelo Micheloud, el Dr. Francisco Unamunzaga, la Dra. Sonia Rondoni, el Dr. Julio C. Marcogiuseppe y la integrante de la Sala, Dra. Vanesa Selenscig Pimentel, quienes trabajaron en conjunto con el Área de Informática Judicial, responsable de la programación. Además, el acuerdo mencionado aprueba la reglamentación y una guía de buenas prácticas, que estará disponible en la página web del Poder Judicial. Como herramienta de apoyo para el uso del sistema automatizado, se incorporarán a la Mesa Virtual y a SIRIRI videos instructivos que orientarán a los usuarios en el manejo de este recurso. Tanto la MUI como los juzgados participantes estarán disponibles para brindar asistencia.

Comenzará a regir el nuevo sistema automatizado para sucesiones sin testamento

A partir de estos casos recientes surgió una pregunta inevitable: ¿cómo actúa el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) ante los comportamientos delictivos o antiéticos de sus matriculados? Para conocer cómo funciona el régimen disciplinario y cuáles son los criterios que determinan la exclusión o suspensión de la matrícula, Cuestión de Fondo (Canal 9) dialogó con el presidente del Colegio de la Abogacía, Santiago Esquivel, quien explicó los mecanismos internos y los alcances de las sanciones previstas en la Ley 10.855 (Colegio de la Abogacía) que regula el ejercicio profesional en la provincia.“Dentro de la Ley 10.855 tenemos aquellas exclusiones legales como en el caso de los condenados y después tenemos las exclusiones que derivan de sanciones disciplinarias por incumplimientos a las normas éticas. Son dos cosas distintas. La exclusión legal figura en el artículo 40 y tiene que ver con aquellos que son condenados judicialmente. Es una exclusión que deviene de la Ley”, explicó. Y agregó: “Las sanciones disciplinarias van por otro carril: hay primero una parte sumaria que las realiza las seccionales del CAER y eso luego se eleva al Consejo Directiva que luego decide si se eleva al Tribunal de Disciplina, un órgano horizontal sobre el cual el consejo no tienen incidencia, decide si hay algún incumplimiento. Las sanciones pueden ser el apercibimiento, multa, suspensión o exclusión”.Algunos de los casos más resonantes&nbsp;en los últimos años: Guillermo Smladone En agosto último, la Justicia homologó el acuerdo de juicio abreviado al que habían llegado el Ministerio Público Fiscal y el exministro de Trabajo del urribarrismo Guillermo Smaldone en el marco de la causa de las Coimas. Smaldone fue hallado culpable de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en calidad de autor, fraude a la Administración Pública en calidad de autor y cohecho pasivo, y se lo condenó a dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional, inhabilitación especial perpetua, y el pago de una multa por la suma de $90 mil. El 3 de septiembre y a través de la resolución Nº 35.782 el consejo directivo del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos resolvió “excluir de la matrícula” a Smaldone “hasta el cumplimiento efectivo de las penas aplicadas”, La medida comenzó a regir a partir del 3 de septiembre último.Humberto Baridon En 2023, el CAER resolvió excluir de la matrícula a Humberto Federico Baridón, abogado que en noviembre de 2021 fue condenado a 15 años de cárcel por violar a su expareja. En rigor, un jurado popular lo encontró culpable de los delitos de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego; abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma de fuego; y abuso sexual con acceso carnal y amenazas coactivas. El ahora exletrado, de 47 años, había sido denunciado por su expareja a principios de enero de 2020.&nbsp;Gustavo Rivas El 13 de febrero e 2023, el CAER le retiró la matrícula a Gustavo Rivas, el abogado de Gualeguaychú condenado a 23 años de prisión por promoción de la prostitución y corrupción de menores. Rivas fue juzgado por 13 hechos y condenado a una pena de 23 años de prisión al encontrarse culpable en ocho de los casos denunciados por promoción de la prostitución y corrupción de menores de edad. La revista Análisis dio a conocer el caso en julio de 2017.Pedro De La Madrid Pedro De la Madrid fue condenado en el marco de un juicio abreviado el 5 de julio de 2016, por el vocal del Tribunal de Juicio de Concordia, Alberto Funes Palacios. Se le impuso la pena de 2 años de prisión condicional y 4 años de inhabilitación para ejercer la profesión de abogado por el delito de uso de instrumento público falso y estafa en grado de tentativa en concurso ideal y destrucción de medios de prueba en concurso real. El 6 de agosto de 2020, Casación confirmó la sentencia. En 2021 quedó firme.El año pasado, el 17 de diciembre de 2024, volvió a ser noticia al ser detenido en los Tribunales de calle Mitre 133, en Concordia, por personal de la División Criminalística e Investigaciones. La orden de aprehensión fue solicitada por la fiscal Daniela Montangie y fundamentada en el presunto delito de quebrantamiento de pena y ejercicio ilegal de la profesión. La defensa de De La Madrid, encabezada por el abogado Jorge Esteban Romero, presentó en 2023 un pedido de extinción de la pena, argumentando que el plazo debía computarse desde la fecha original de la sentencia en 2016. Esta interpretación fue rechazada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia, que determinó que el plazo comenzaba a contarse desde la firmeza de la sentencia en el 2021, con vencimiento en septiembre de 2025. En 2021, mediante resolución 28.800, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos resolvió excluirlo de la matrícula tras recibir oficio desde el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, comunicando el rechazo de las apelaciones que había presentado el abogado, de manera tal que la sentencia en su contra quedó firme.Los hermanos Franquelli El Colegio de la Abogacía de Entre Ríos efectivizó la sanción de exclusión del ejercicio profesional a dos abogados de San José, en el departamento Colón, los hermanos Juan Manuel y José Luis Franquelli, involucrados en una causa por estafa procesal al truchar juicios laborales. La medida está contenida en la resolución Nº 30.328, del 4 de enero de 2023, aunque se relaciona con hechos que se ventilaron en Tribunales en 2018. La Sala del Trabajo rechazó un recurso de nulidad en 2020 contra la sanción del CAER. Los letrados fueron condenados en un juicio abreviado en 2018 por promover 17 juicios laborales truchos contra Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART) en base a documentación que, después, se probó que era apócrifa y fingiendo accidentes laborales que nunca ocurrieron. Las aseguradoras involucradas en esas maniobras fueron Liberty y Mapfre. En los juicios laborales que promovían los hermanos Franquelli, el abogado defensor de los supuestos damnificados en juicios laborales siempre era el mismo: &nbsp;Carlos Almeyra.La primera sanción, en 2019, fue aplicada por el Tribunal de Disciplina de Disciplina del Colegio de la Abogacía a partir de la apertura de la investigación penal preparatoria por parte de la Unidad Fiscal de Colón que devino en la apertura de la causa «Baez Adrián Edgardo y ots. s/Estafa procesal» y su acumulado «Almeyra Carlos Osvaldo y ots. s/Prevaricato», que concluyó con el dictado de una condena en juicio abreviado, que dictó la jueza de Garantías subrogante Melia María Ríos, a los hermanos Franquelli. A Juan Manuel Franquelli lo hallaron culpable “coautor materialmente responsable de los delitos de estafa procesal y prevaricato en grado de tentativa y lo condenaron a dos años de prisión de ejecución condicional y un año de inhabilitación especial para ejercer la abogacía en el territorio nacional. En tanto, José Luis Franquelli fue hallado culpable del delito de estafa procesal en grado de tentativa reiterada y prevaricato en grado de tentativa, y recibió la condena a seis meses de prisión condicional y ocho meses de inhabilitación especial para ejercer la abogacía en el territorio nacional. El caso llegó con un recurso de nulidad y apelación a la Sala Laboral del Superior Tribunal de Justicia, que rechazó los reproches de los dos abogados, que en su defensa dijeron que la resolución del Colegio de la Abogacía “es nula por incurrir en violación de los principios de legalidad y reserva, reiterando su alegación sobre inconstitucionalidad las normas disciplinarias, regulatorias y Código de Ética; la garantía de juez imparcial descalificando el funcionamiento del Colegio al que considera como un club de amigos, en el que sólo algunas voces son escuchadas, y señalando que el Tribunal de Disciplina es ‘juez y parte’, por lo que no se garantiza el Juez imparcial, lo que conlleva la violación de la garantía del debido proceso”. El 4 de marzo de 2021, la misma Sala Laboral del STJ rechazó el recurso extraordinario federal para llegar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, los abogados sancionados fueron en queja a la Corte, que el 6 de septiembre de 2022 lo declaró “inadmisible”. Desde entonces, sus matrículas no están vigentes.Julio Larrocca Julio Larrocca, exdirigente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que fue condenado en 2018 en el marco de la causa de los terrenos fiscales de Puerto Yerúa, departamento Concordia. Se trata del caso en el que se juzgó a funcionarios, familiares y allegados que se repartieron tierras fiscales a través de maniobras fraudulentas. La causa tuvo como principal acusado al exintendente Hugo Cevey, quien en marzo de 2018 aceptó su culpabilidad –en el marco de un juicio abreviado- por los delitos de peculado y fraude a la Administración Pública. &nbsp;Entre quienes no aceptaron la instancia del juicio abreviado estuvieron Julio Larrocca, asesor legal del municipio de Puerto Yeruá, presidente de la Liga Concordiense de Fútbol y exvicepresidente Primero del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino. El 4 de mayo de 2018, el Tribunal conformado por los jueces Ivés Bastián, Carolina López Bernis y Silvina Gallo, declaró a Larroca autor responsable de los delitos de peculado y fraude a la administración pública. Lo condenó a la pena de 5 años de prisión; inhabilitación perpetua para ejercer cargos en la función pública; 5 años de suspensión de la matrícula y el pago de una multa de 90 mil pesos.La Sala Penal del STJ dispuso el 24 de mayo de 2024 que el Tribunal de Juicio de Concordia dicte nuevo pronunciamiento ajustado a derecho en relación a la pena impuesta a Julio César Larrocca. Explicaron que la pena luce desproporcionada en comparación con la que recibieron otros imputados en la misma causa y que de ese modo se afectó el principio constitucional de igualdad. En octubre, el STJ habilitó la vía a la Corte Suprema.Aixa Schnitman La joven abogada, quien supo trabajar en la Municipalidad de Santa Elena como asesora del área de Mujeres, Género y Diversidad, fue detenida en un megaoperativo que se realizó el sábado 15 de junio de 2024. Schnitman estuvo detenida hasta el 17 de julio de ese año en la Jefatura de Policía del Departamento La Paz junto con su madre, Lourdes Ramírez, conocida como “La Paraguaya”.&nbsp; El fiscal Facundo Barbosa, en una audiencia realizada el año pasado, dijo: “Lo cierto es que los hallazgos en los domicilios de Aixa Maillén Schnitman y la señora Lourdes Ramírez, sumado al contenido de las intervenciones telefónicas, otorgan a ellas precisamente un rol preponderante en la organización de la actividad delictiva. Es decir, en ninguno de los otros domicilios se encontró más de un kilo de cocaína de alta pureza y 6.100.000 pesos; o en el caso de el domicilio de Ramírez, 280 gramos de cocaína, o 280.000 pesos”. El 20 de septiembre del año pasado, el juez Mauricio Mayer revocó el arresto domiciliario El sábado 18 de octubre de este año, la letrada fue nuevamente detenida en un operativo por narcomenudeo. Pero en esta causa, según se pudo averiguar, no prosperará en su contra dado que no hay pruebas en su contra. Quienes sí están comprometidos son su madre y su hermano Sergio Nicolás.Julio Gamarci, investigado El 16 de octubre del año pasado, la División Investigaciones de la Policía de Entre Ríos allanó el Estudio Gamarci -jurídico, contable y notarial-, ubicado en calle 9 de Julio 326 de la ciudad de Paraná, en el marco de la causa conocida como “mesa de dinero”. En dicha causa está siendo investigado el abogado Julio Gamarci como coautor o bien como partícipe de la maniobra defraudatoria. El principal investigado es Matías Santa María.Carlos Reggiardo El abogado de la Municipalidad de Santa Elena, Guillermo Reggiardo, fue suspendido esta semana por el término de 60 días por el Tribunal de Ética del CAER por conflicto con jueces en Gualeguay. Además, en la faz penal, en septiembre se supo que la Unidad Fiscal de Gualeguay solicitó la elevación a juicio de dos causas acumuladas. Él dice que es víctima de una persecusión política-judicial. Las investigaciones penales preparatorias le imputan los delitos de desobediencia judicial en un caso, y coacciones agravadas contra una funcionaria pública, perturbación de audiencia y desobediencia judicial en el otro, ambos en un contexto de violencia de género. A ese proceso, se le suma un proceso disciplinario ante el Tribunal de Ética del Colegio de la Abogacía. El proceso se inició por una denuncia formalizada el 7 de agosto de 2024 y la segunda en febrero de 2025 por parte de la abogada santaelenense Valeria Burckhard, quien afirmó que el letrado intervino en un proceso de familia y penal sin darle aviso y haber utilizado “supuestos dichos que la letrada denunciante habría tenido en el marco de confianza con su cliente, como audios”. El Caer de La Paz consideró que el letrado efectuó “una serie de maniobras que sin dudas causaron agravio a la colega denunciada siendo el problema ventilado en medios de comunicación, lo que sin dudas afectó la imagen pública de la letrada denunciada”. La seccional La Paz de Caer remitió el 30 de mayo el expediente al Tribunal de Ética provincial, que deberá resolver. Se le endilga que su conducta encuadra en el artículo 39 inciso E y C y el artículo 46, incisos a, b y c del Reglamento de Normas de Ética Profesional.Mario Izaguirre Ibañez El Tribunal Oral Federal (TOF) de Paraná otorgó la libertad condicional al abogado Roberto Mario Izaguirre Ibáñez y al contador Salvador Luis Morelli, ambos condenados en 2023 por el delito de asociación ilícita fiscal en perjuicio de la ex AFIP (actual ARCA). Izaguirre Ibáñez fue condenado como autor material de la asociación ilícita fiscal a cinco años y tres meses de prisión y multa de $90.000, aunque la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal redujo luego la pena a tres años y seis meses.&nbsp; Los condenados llegaron al TOF en 2023 investigados por delitos de cuello blanco, simulaciones de pago a la entidad recaudatoria ofrecidas a distintas empresas y una defraudación que superó los 10 millones de pesos durante 2011, cuyo cálculo a la actualidad equivaldría al millón de dólares. Juan José Canosa, investigado El extitular de Sidecreer, la tarjeta del Estado provincial, Juan José Canosa (condenado en 2018 por negociaciones incompatibles) y su esposa, Paula Montefiori, continuarán procesados por enriquecimiento ilícito. Así lo definió el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, en un fallo firmado por los vocales Miguel Ángel Giorgio, Claudia Mizawak y Daniel Carubia. Cabe recordar que en abril de 2024, el Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la remisión a juicio de esta causa.&nbsp; En el marco del legajo, la pericia contable oficial se completó el 22 de noviembre de 2022. “La conclusión es que hubo enriquecimiento. Tanto del perito de parte como de la perito del STJ. Ellos plantean dos escenarios de acuerdo a la documentación de la causa”, alegó el fiscal Gonzalo Badano en una audiencia y puntualizó: “En un escenario se determinó un enriquecimiento de más de 200 mil dólares y en otro escenario uno de más de 500 mil dólares. Es decir, hay enriquecimiento apreciable en los dos escenarios”. (I:Análisis) &nbsp;

Abogados condenados y sancionados por el Colegio, por diferentes irregularidades

El Gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, solicitó a la Cámara de Senadores la designación de conjueces para reemplazar a algún vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) según las disposiciones del artículo 36 de la Ley Nº 6.902 de Orgánica del Poder Judicial. El pedido ingresará en la sesión de este martes 28 y sería tratado en la que se realizará el miércoles 29.El listado de nombres que remitió el Poder Ejecutivo a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, comprende a &nbsp;Jorge Marcelo D’Agostino, ex diputado radical; Analía Cardoso; Juan Martín Pita, vocal titular sexto del Colegio de Abogados y jurado técnico por el estamento &nbsp;abogados en la especialidad civil y comercial del Consejo de la Magistratura; Cristina Lucía Enderle; Livio Pablo Hojman; Magdalena Vinacur.También remitió solicitudes respecto de Martín Julián Acevedo Miño, ex secretario de Justicia de la gestión de gobierno; Carina Manuela Ramos, ex diputada y funcionaria municipal de origen justicialista; Alfredo Alejandro Vitale; Andrea Belén Saxer, vicepresidenta segunda del Colegio de la Abogacía de procedencia radical; Agustín Turinetto; Verónica María Mulone, exintegrante del Honorable Jurado de Enjuiciamiento; Germán Alejandro Manucci; María Belén Ríos; Laureano Germán Ríos; Mariana Farfán, ex concejal justicialista de Gualeguaychú; Fabricio Testa y Evangelina Marisa Bartoli. Entre los casos que podrían intervenir –de ser necesario- por &nbsp;recusación, excusación, licencia o vacancia de alguno de los vocales del STJ, se encuentra en de la fiscal Cecilia Goyeneche, que fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento que presidió Mulone. En el inicio del proceso, Mulone sorprendió a sus pares cuando expresó que no estaba de acuerdo en llevar adelante el proceso de naturaleza política porque no estaba de acuerdo con la integración del cuerpo. Posteriormente la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló la destitución por la integración del Jury. En el caso resta definir situaciones que podrían ameritar el reemplazo de vocales del Alto Cuerpo que ya intervinieron en distintas instancias del alongado proceso.Similar situación podría suscitarse en el caso que comprende a la exjueza de Familia de Diamante, Josefina Etienot, que fue destituida por al Jury. Lo inusual del proceso que al destituyó consistió en que la acusada ni su defensa se presentaron al proceso y el procurador general, Jorge García, desistió de participar del proceso –aunque se sentó en todas las jornadas que insumió la audiencia- y adelantó que no iba a formular preguntas ni sostener los cargos que se le endilgaron a Etientot por violencia laboral.Reemplazo El Poder Ejecutivo remitió el listado según las disposiciones del artículo Nº 36 de la Ley Nº 6.902 de Orgánica del Poder Judicial que versa sobre el “Reemplazo”. Así, determina que “en caso de recusación, excusación, licencia o vacancia de alguno de los miembros del Superior Tribunal, será suplido por los vocales de las Cámaras Primera, Segunda y Tercera de la ciudad de Paraná”. También prescribe que “si el Tribunal no pudiera integrarse por el procedimiento indicado, se practicará un sorteo ante el Superior Tribunal de una lista de conjueces hasta completar el número para fallar. Los Conjueces del Superior Tribunal en número de 18 serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. La designación deberá recaer en abogados que reúnan los requisitos del artículo 149º de la Constitución Provincial y tendrá una duración de dos años”. El artículo también regula que aquel “plazo se extenderá únicamente para que el conjuez resuelva las causas en que hubiera sido sorteado y hasta tanto se dicte pronunciamiento. No podrán ser designados conjueces quienes, al tiempo de su designación para integrar la lista respectiva, fueran funcionarios u ocuparen cargos de jerarquía en el ámbito del Poder Ejecutivo o Legislativo de la Provincia, siendo inválido el nombramiento que se hiciere en contravención a esta prohibició”.Finalmente dispone que “si no se hubiera conformado la lista de conjueces o esta resultara insuficiente para integrar el Tribunal, se realizará una nómina de abogados que satisfagan los recaudos del artículo 149º de la Constitución de Entre Ríos la que resultará de un sorteo público”. &nbsp;

El Senado tratará la designación de conjueces para el STJ que remitió el Gobierno

Se trata de un espacio que tiene como objetivo promover el intercambio de información y buenas prácticas en intervenciones judiciales que involucren a chicas y chicos, y representa una comunidad de práctica que reafirma el rol de la justicia como una herramienta de protección, escucha y restitución de derechos. La representante adjunta de UNICEF Argentina, María Elena Úbeda, señaló en la apertura del encuentro que “este espacio se ha consolidado como una instancia clave. La Red representa un ejemplo concreto de compromiso sostenido con los derechos de la niñez, y desde UNICEF celebramos su crecimiento y fortalecimiento a lo largo de estos años”. Durante la actividad, Claudia Mizawak firmó junto a los jueces presentes una declaración en la que consideraron clave sostener la Red como un espacio de encuentro y reflexión sobre los desafíos en la protección de la niñez y la adolescencia; y se comprometieron a fortalecer las competencias y herramientas de magistrados y operadores judiciales para promover intervenciones integrales, respetuosas de los derechos de la niñez. En el encuentro, las y los participantes coincidieron en la importancia de aunar esfuerzos para continuar difundiendo la Guía de Buenas Prácticas para el abordaje integral y el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas o testigos de violencia sexual. El objetivo es promover su aplicación en todo el país y consolidar herramientas que permitan mitigar los riesgos y prevenir todas las formas de violencia y explotación a las que se ven expuestos los niños, niñas y adolescentes, especialmente en los entornos digitales. Asimismo, las autoridades presentes se comprometieron a fortalecer los canales de articulación entre los organismos de protección de derechos y los poderes judiciales, con el fin de optimizar la coordinación institucional y garantizar respuestas integrales ante situaciones de vulneración de derechos. Finalmente, se destacó la importancia de impulsar estrategias que promuevan el uso de mecanismos con enfoques restaurativos dentro del sistema de justicia penal juvenil, como parte de un proceso orientado a fortalecer la protección, la inclusión y la reparación de las y los jóvenes en conflicto con la ley. Por Entre Ríos también participó el juez Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná, Pablo Barbirotto. &nbsp;

El Poder Judicial de Entre Ríos participó del “VIII Encuentro de la Red de Jueces y Juezas comprometidos por los derechos de niñas, niños y adolescentes”

El Poder Judicial de Entre Ríos participó del “Encuentro de la Red de Jueces por los derechos”

Oroño agradeció la presencia del público, destacó el interés expresado en su obra y aseguró que actualmente hay “una expectativa social muy grande en el derecho penal” tras lo cual indicó que ha logrado compilar en esta primera edición jurisprudencia de tribunales de todo el país, incluso de Entre Ríos.La obra aborda en profundidad el régimen jurídico de la unificación de condenas, penas y sentencias, analizando su evolución normativa, los criterios jurisprudenciales aplicables y las principales discusiones doctrinarias que suscita su aplicación en el ámbito penal. Desde una perspectiva técnico-jurídica, el autor examina los fundamentos teóricos y prácticos del instituto, así como los desafíos interpretativos que presenta en la praxis judicial contemporánea. Luego de las palabras del autor, se habilitaron las preguntas del público que dieron lugar a un interesante debate sobre la temática presentada. Oroño es mediador, posee un doctorado en Derecho; es diplomado en “Estado de Derecho en el Siglo XXI, Administración de Justicia y Derecho”, diplomado en “Litigación oral”; docente universitario; y autor de publicaciones especializadas en la materia.

Néstor A. Oroño: presentaron en Tribunales el libro “Unificación de condenas, penas y sentencias”

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7 resolvió rechazar el pedido de sobreseimiento y la excepción de cosa juzgada presentado por la defensa de Cristina Elisabet Fernández en la causa conocida como “Cuadernos”, en la que se investiga una presunta asociación ilícita y otros delitos vinculados a hechos de corrupción durante su gestión como presidenta de la Nación. La decisión, firmada este jueves por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Andrés Castelli y Fernando Canero, mantiene a la exmandataria como imputada y habilita la realización del juicio oral, previsto para el 6 de noviembre. El planteo de la defensa, encabezada por los abogados Carlos Alberto Beraldi y Ari Rubén Llernovoy, se apoyó en la reciente sentencia de la Corte Suprema en la causa “Vialidad”, que el 10 de junio de 2025 confirmó la absolución de Fernández de Kirchner respecto de la figura de asociación ilícita. En base a este fallo, los abogados sostuvieron que existe una “superposición del objeto procesal” entre ambos expedientes y que, al haber sido absuelta por sentencia firme en “Vialidad”, no corresponde someterla nuevamente a juicio por el mismo hecho, invocando la garantía constitucional que prohíbe juzgar dos veces a una persona por el mismo delito. En palabras de la defensa, “en ambos procesos Cristina Fernández de Kirchner fue acusada por la misma acción, esto es, tomar parte en una asociación o banda dedicada a cometer delitos indeterminados”. Sin embargo, la fiscal general Estela Fabiana León, titular de la Fiscalía General n° 5 , consideró que “el planteo es formal y sustancialmente inadmisible por cuanto no demuestra, en los términos que exige la doctrina y jurisprudencia de la CSJN, un nuevo sometimiento a juicio de quien ya lo ha sufrido por el mismo hecho”. La fiscalía remarcó que la defensa no describió un “mismo hecho histórico”, sino que “extrapola un ‘plan’ genérico para forzar una identidad que -a criterio de esta acusación, la jurisprudencia y las decisiones que se han dictado- es inexistente”. León subrayó que la garantía de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho “sólo bloquea un nuevo proceso por el mismo hecho histórico atribuido a la misma persona, no respecto de ‘planes’ o narrativas globales”. En la misma línea, la Unidad de Información Financiera, representada por el director de Litigios Penales Mariano Ariel Galpern, también se opuso al pedido y descartó la identidad subjetiva, es decir, la coincidencia de personas imputadas, como argumento suficiente para aplicar la garantía de cosa juzgada.Los argumentos de los jueces El juez Enrique Méndez Signori, al fundamentar el rechazo, recordó que la defensa ya había presentado un planteo similar en 2018, bajo la figura de litispendencia, que fue rechazado por el juez instructor, la Cámara Federal y la Cámara de Casación Penal. El magistrado explicó que “la presentación realizada por la defensa no se desprende con suficiente claridad la triple concurrencia exigida para considerar que podríamos encontrarnos ante un supuesto de doble juzgamiento: identidad de la persona perseguida, identidad de objeto de persecución y identidad de la causa de persecución”. El juez Méndez Signori remarcó que “el planteo de la defensa se circunscribe a señalar de manera dogmática que ‘el comportamiento típico acriminado es absolutamente coincidente en uno y otro caso’, haciendo referencias a las coincidencias que existen en los expedientes, pero soslayando las circunstancias fácticas que -como lo indican las partes acusadoras- los diferencian e invitan a considerar que no se trata, prima facie, de la misma conducta”. El tribunal también destacó la obligación internacional del Estado argentino de investigar y sancionar hechos de corrupción, en virtud de la “Convención Interamericana contra la Corrupción” y la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, ambas con jerarquía legal en el país. Por su parte, los jueces Fernando Canero y Germán Andrés Castelli adhirieron a los fundamentos de Méndez Signori. Castelli subrayó que “el planteo constituye una reedición de lo ya resuelto ahora bajo el amparo del instituto de la cosa juzgada, habida cuenta que la firmeza de la absolución dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 2 en la causa CFP 5048/2016, no trae consecuencias en la decisión adoptada en la etapa instructoria”. Tras estos argumentos, El tribunal resolvió: “rechazar el planteo de excepción por falta de acción y sobreseimiento formulado en este incidente por la defensa de Cristina Elisabet Fernández”. La decisión del Tribunal Oral Federal 7 implica que la ex presidenta continuará siendo juzgada en la causa “Cuadernos”, sin que la absolución en “Vialidad” impida la continuidad del proceso. NA.

Rechazaron un pedido de sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa de los Cuadernos

La medida había sido apelada por el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Alberto Vilches, pero la justicia federal catamarqueña mantuvo la decisión que sostiene: “restablecer en un plazo de 24 horas la totalidad de las pensiones no contributivas por invalidez laboral suspendidas en todo el país y abstenerse de aplicar nuevas bajas hasta que se dicte una sentencia definitiva en el expediente”. La decisión del gobierno de La Libertad Avanza fue publicada en el Boletín Oficial de hoy y se hizo efectiva a través de la resolución de la ANDIS 13901/2025. La decisión se tomó luego de que el juez Díaz Martínez le exigiera a la Agencia Nacional de Discapacidad restablecer las pensiones por discapacidad a aquellas personas a las que se les habían suspendido, luego de aceptar la cautelar que presentó la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFADIM), representada por Dalmacio Mera, el Defensor del Pueblo de Catamarca. El fallo del magistrado, tal como ya informó este medio, había sido a favor de un grupo de beneficiarios en el marco de la causa “Defensor del Pueblo y otro c/ ANDIS s/ acción de amparo ley 16.986 con cautelar”. Además, el juez manifestó que estos “son derechos de indudable naturaleza colectiva”, pero también “individuales”, afectados de manera común “por una norma inconstitucional” y por una ejecución “irregular” por parte de la Administración.“Aún no hay bajas definitivas” Desde el gobierno nacional le dijeron: “Desde la intervención actual, encabezada por el doctor Alejandro Vilches, ya se restablecieron más de 622 pensiones suspendidas, debido a que estos beneficiarios acreditaron la incapacidad laboral. La restitución de la pensión se realiza en 48 horas”. También recordaron que: “El resto de las personas que dejaron de percibir la pensión -por no cumplir los requisitos- no ha demostrado aún que el beneficio le corresponde. Como mínimo hace dos meses que se les suspendió el beneficio. No obstante esto, aún no están dadas de baja definitivamente, ya que la intervención de ANDIS está estudiando caso por caso”. Desde el Ministerio de Salud explicaron que: “Las auditorías implementadas por la actual gestión tienen como objetivo reordenar un sistema históricamente usado con fines políticos y clientelares, lo que se observa en cómo crecieron las pensiones entre 2003 y 2023, de 200.000 a 1.250.000. Según explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza “se han encontrado 27.149 pensiones de personas fallecidas (que alguien seguía cobrando) y 55.318 beneficiarios renunciaron a la pensión en vez de demostrar la incapacidad laboral. Es decir, 82.467 personas estaban cobrando un beneficio que no le corresponde, sino a quien verdaderamente lo necesita. Descubrir esta defraudación fue posible gracias al proceso de auditoría llevado adelante”, y aclaró: “El objetivo de la gestión es garantizar que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan y que no haya desvíos, ni personas que cobren lo que no merecen”.Boletín Oficial En su artículo primero la ANDIS dispuso: “Restablécese el pago de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, suspendidas por los actos administrativos dictados oportunamente, respecto de las personas identificadas en el Anexo I (IF-2025-117938159-APNDAAEYL#AND), que forma parte de la presente, en cumplimiento de la medida cautelar dictada en el marco de la causa ‘DEFENSOR DEL PUEBLO Y OTROS c/ ANDIS s/ACCION DE AMPARO LEY 16986 C/CAUTELAR’, Expediente N.º FTU 013578/2025”. En el artículo segundo Vilches establece: “El pago de las prestaciones precedentemente ordenado, será efectuado de acuerdo al cronograma de pagos vigente establecido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)”. De esas 119.000 pensiones el gobierno ya había restablecido casi 20.000, que corresponden a Catamarca y Formosa por presentaciones colectivas locales. En este segundo fallo, el juez Guillermo Díaz Martínez lo hizo extensivo a todo el país. La mayoría de las pensiones dadas de baja o suspendidas fueron por disposiciones del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. El fallo del juez federal catamarqueño recordó que el reclamo colectivo se originó en la “suspensión de las pensiones no contributivas por invalidez laboral de cada uno de los beneficiarios afectados y de todo el colectivo”, derivada de la aplicación del decreto del Ejecutivo. En su análisis técnico citó la doctrina del caso “Halabi, Ernesto c/ PEN Ley 25.837 y decreto 1564/04 s/ amparo”, en el que la Corte Suprema de Justicia estableció los criterios de legitimación en procesos colectivos y definió los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. Según el magistrado, la causa se encuadra en esa categoría, ya que existe “un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y, por lo tanto, es identificable una causa fáctica homogénea”. Esa homogeneidad, indicó, “lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño”. El vocero presidencial, Manuel Adorni, realizó varias conferencias de prensa anunciando las miles de bajas, el dinero que se ahorraba el Estado y numerando una serie de hechos irregulares a través de los cuales se habían obtenido algunas de las pensiones no contributivas. El amparo al que hizo lugar el juez de Catamarca denunció las deficiencias en las notificaciones enviadas por la ANDIS, exigencias desproporcionadas en traslados para validar las pensiones y plazos exiguos para presentar documentación. Los denunciantes sostuvieron que esas condiciones afectaron la posibilidad de ejercer una defensa administrativa adecuada. El juez Díaz Martínez marcó en su resolución la legitimación extraordinaria al Defensor del Pueblo de Catamarca para actuar en representación del grupo afectado y exigió que se subsane la vacancia prolongada en la Defensoría del Pueblo de la Nación, como también la falta de una ley que regule las acciones colectivas. La medida responde al mismo contexto que motivó el amparo anterior, presentado por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores, ciudadanos afectados y el Defensor del Pueblo provincial, quienes reclamaron la nulidad de las suspensiones de pensiones y la inconstitucionalidad del Decreto 843/2024, que modificó los requisitos de acceso a los beneficios. La norma, dictada en septiembre del año pasado, elevó al 66 % el umbral de “disminución de la capacidad laborativa” y amplió las causales de suspensión y caducidad. Las organizaciones denunciaron que el proceso de auditoría iniciado por la ANDIS en agosto de 2024 se llevó a cabo sin un marco normativo claro, sin criterios de evaluación públicos ni medidas de accesibilidad adecuadas para las personas con discapacidad. Señalaron, además, que muchas notificaciones no fueron entregadas o contenían defectos formales que impidieron a los beneficiarios ejercer su derecho de defensa. Desde la ANDIS dejaron en claro: “La voluntad de quienes encabezan esta intervención es cumplir con las decisiones judiciales, pero defender la transparencia, el uso responsable de los recursos públicos y la integridad del sistema de pensiones”. Esto es: “Restablecer indiscriminadamente el universo de pensiones suspendidas implicaría devolver el beneficio también a personas que no cumplen los requisitos legales, incluyendo: Personas presas, con antecedentes delictivos o causas judiciales abiertas. Trabajadores en relación de dependencia o con ingresos formales incompatibles. Personas sin diagnóstico médico claro o con certificados apócrifos. Según pudo saber Infobae, Vilches decidió no restituir el beneficio a presos, por más que el fallo del juez ordena lo contrario. (I:Infobae) &nbsp;

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El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora resolvió este martes absolver al exdelantero de Boca Juniors, Sebastián Villa, en la causa por abuso sexual iniciada en 2021 tras una denuncia de su expareja, Rocío Tamara Doldán. La Justicia decidió sobreseerlo luego de que la denunciante asegurara que “resignificó” el episodio en cuestión y que tanto ella como el fiscal desistieran de continuar con el caso. En este sentido, los jueces determinaron que no se hallaron “otros elementos corroborantes, accesorios o periféricos que le permitan sostener la acusación”y lo absolvieron. En abril del año pasado, Doldán había llegado a un acuerdo económico con Villa, a modo de resarcimiento. Luego, la mujer, con su abogado Roberto Castillo, se presentó en la Justicia para homologar el arreglo e hizo otra presentación donde pidió que no se realice el juicio porque “se ventilarían cosas íntimas”. Si bien el debate oral siguió adelante, como indica la norma, la denunciante eligió no declarar. Y en este contexto, desde la Justicia ya habían advertido que “sería mucho más complicado” llegar a una condena sin el relato de la víctima que constituye “la prueba fundamental”. Pocas horas después de conocerse la decisión de la Justicia, Villa hizo una publicación en su cuenta de Instagram, donde reposteó una historia de su actual pareja, Caroline Ospina, con una frase motivacional. “Que la vida nos premie así como también nos ha castigado”, se lee en la foto que compartió su novia. Ella le agregó: “Más que listos”. El exdelantero de Boca, por su parte, compartió la foto de su pareja y escribió: “Gracias amor por estar todo este tiempo a mi lado y creer siempre en mí, te amo”. La conciliación entre Villa y Doldán y sus respectivos abogados, Martín Apolo y Roberto Castillo, tomó por sorpresa a los Tribunales de Lomas de Zamora porque durante todo el proceso había una voluntad inquebrantable de la víctima de que el caso se resuelva en un juicio oral y público. De hecho, en varios audios y chats de Instagram posteriores al presunto abuso sexual, hubo propuestas de cerrar todo por medio de una compensación económica, pero Doldán no sólo se opuso a ello sino que además denunció penalmente el intento de comprar su silencio. La situación, sin embargo, cambió diametralmente. Y ante esta situación, la Justicia no quiso descartar todo el trabajo en la instrucción de la causa, con pericias, audiencias, testimonios y decidió que todo se resuelva donde se debe: en el Tribunal.La denuncia La denuncia fue presentada inicialmente el 13 de mayo de 2022 en la UFI 3 de Esteban Echeverría, por un presunto hecho ocurrido el 21 de junio de 2021 en el country Venado II, en Canning, provincia de Buenos Aires, donde residía el ex delantero de Boca. Todo habría sido tras un asado del que habían participado otros jugadores del club. En la misma, Doldán explicó que el colombiano había consumido “mucho alcohol” y que comenzó a reprocharle que le gustaban o que había estado con otros futbolistas del equipo. Posteriormente, tuvieron una fuerte discusión, se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a un empleado de seguridad, donde Villa presuntamente la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar. “En momentos que ambos se encontraban acostados, el mentado Villa Cano comienza a insultarla a Doldán, tomándola de los cabellos para luego pegarle una cachetada en el rostro”, señaló en el escrito Vanesa González, la fiscal que instruyó el caso. Según consta en el expediente, Villa puso a la víctima “en un estado de indefensión impidiendo así que la misma se retire del lugar tal como ella deseaba”. Mientras la causa avanzaba, en 2023 Villa fue condenado a 2 años por violencia de género por haber golpeado a otra ex pareja, Daniela Cortes. En esa oportunidad, también hubo un acuerdo económico, un resarcimiento.

La Justicia absolvió a Sebastián Villa en la causa por abuso sexual contra su ex pareja

El juez técnico será el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Germán Dri, en tanto que el Ministerio Público Fiscal estará representado por la fiscal Julia Rivoira. Por su parte, el abogado Carlos Conti ejercerá la querella, mientras que su colega Carlos Medina asistirá al imputado, Pedro Medina, que llega al juicio en libertad. Será el centésimo cuadragésimo sexto juicio por jurados que se realice en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

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