El Jury consideró que las denuncias carecían de pruebas serias, estaban basadas en generalidades y eran parte de una estrategia para deslegitimar a los órganos que lo auditan. Con esta sentencia, se desestima el intento de Rossi de politizar su situación judicial.

El Jurado de Enjuiciamiento rechazó por unanimidad la denuncia de Rossi contra las autoridades del TdC

Además, están previstas ocho audiencias más para este miércoles. El presidente de la Comisión, Juan Pablo Cosso dio comienzo a las audiencias en el recinto de la Cámara de Senadores, con la presencia de sus integrantes Rafael Cavagna, Jaime Benedetti, Gustavo Vergara, Nancy Miranda, Marcelo Berthet y Patricia Díaz.&nbsp; En el marco del artículo 19 del Reglamento del Senado, se llevan adelante estas instancias con el fin de conocer a cada postulante. Tras la lectura de los datos filiatorios y curriculares de cada uno de ellos, las consultas por parte de los senadores se relacionaron a sus situaciones patrimoniales y fiscales, sus planes de trabajo, motivaciones para el cargo, valoraciones éticas y democráticas, y demás cuestiones referidas a temas de la actualidad como juicio por jurado, plazos razonables, Código Procesal Penal, situación carcelaria, narcotráfico, ciberdelincuencia y nuevos delitos, etc. Todos los candidatos se presentaron ante los legisladores de la Comisión, contando sus formaciones académicas y trayectorias laborales. En primer término, la postulante para Fiscal Auxiliar N° 2 de Diamante, María Florencia Acuña, realizó su descargo en cuanto a una presentación de impugnación. A lo largo de la jornada fueron entrevistados Sonia Beatriz Vives, candidata a Fiscal Auxiliar N° 3 de Paraná. Cristian José María Giunta, para Fiscal Auxiliar N° 4 de Paraná. María de las Mercedes Nin, para Fiscal Auxiliar N° 5 de &nbsp;Paraná. Valeria Elena Vilchez, para Fiscal Auxiliar N° 6 de Paraná. Martín Miguel Wasinger, para Fiscal Auxiliar N° 7 de Paraná. Andrea Carolina Guzmán, para Fiscal Auxiliar Nº 8 de Paraná, y por último Adriana Paola Farinó, candidata a Fiscal Auxiliar N° 10 de Paraná, quien defendió sus actuaciones en relación a una presentación de impugnación a su postulación. Luego de un cuarto intermedio la actividad se retomó pasadas las 15 con el candidato a Fiscal Auxiliar Nº 1 de Villa Paranacito, Leonardo Augusto Schonfeld, quien también realizó su descargo a presentaciones de impugnación a su postulación. Posteriormente, se sucedieron los letrados Jorge Gabriel Sueldo, candidato a Fiscal Auxiliar Nº 9 de Paraná. Martín Millán, para Fiscal Auxiliar N° 11 de Paraná. Eric Rodolfo Zenklusen, para Fiscal Auxiliar N° 12 de Paraná. Ileana Viviani para Fiscal Auxiliar Nº 14 de Paraná. María Macarena Mondragón Pafundi, candidata a Fiscal Auxiliar N° 2 de Chajarí. Juan Pablo Giambattista, para Fiscal Auxiliar N° 2 de la ciudad de Concordia. Daniela Montangie, para Fiscal Auxiliar N° 4 de la ciudad de Concordia. Por último, el abogado Francisco Alberto Paoli, candidato a Fiscal Auxiliar N° 5 de Concordia. Cabe agregar que tanto los datos filiatorios como los antecedentes curriculares de cada candidato pueden ser consultados en la página web www.senadoer.gob.ar, como también se transmiten en vivo las audiencias y quedan registradas para su vista posterior. También &nbsp;están convocados María Eugenia Smith, postulante a Fiscal Auxiliar N° 1 de Diamante. María de los Ángeles Becker, Fiscal Auxiliar N° 4 de Concepción del Uruguay. Laila Taleb, Fiscal Auxiliar N° 2 de Colón. Ana Paula Elal, Fiscal Auxiliar N° 1 de Gualeguay. María Noelia Batto, Fiscal Auxiliar N° 2 de Villaguay. Josefina Beherán, Fiscal Auxiliar N° 3 de Gualeguaychú. Jorge Luis Gutiérrez, Fiscal Auxiliar N° 4 de Gualeguaychú y Natalia Denise Bartolo, Fiscal Auxiliar N° 2 de La Paz.&nbsp;

Se realizaron las audiencias públicas para cargos en la Justicia

La Justicia investiga presiones para firmar una partición hereditaria y el uso de firmas falsificadas.Además, todos fueron procesados por fraude en la administración de SAER, la empresa dueña de El Diario de Paraná, acusados de desviar fondos y vaciar la firma en perjuicio de su sostenibilidad y del patrimonio familiar. Los imputados deberán notificar cualquier ausencia prolongada de sus domicilios o enfrentarán sanciones.

Imputan a Juan Diego Etchevehere por violencia económica y fraude familiar

El tribunal que juzgó la causa Vialidad dio un plazo de 10 días a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros siete condenados para que depositen más de $685.000 millones (unos 530 millones de dólares), como compensación por el fraude con la obra pública en Santa Cruz. Si no cumplen, se ejecutarán embargos y remates de bienes: hay más de 200 propiedades, vehículos, sociedades y sumas en efectivo bajo la lupa. La defensa de Cristina planteó que el monto real es de apenas $42.000 millones, pero la Justicia rechazó ese cálculo.Entre los bienes a decomisar figuran hoteles, departamentos, estancias y hasta seis millones de dólares en cuentas. La medida apunta a recuperar lo robado y evitar que los responsables sigan disponiendo de los fondos obtenidos mediante corrupción.

La Justicia exige la devolución de casi $685 mil millones por corrupción

El cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación actualizó en 684.990.350.139,86 millones de pesos el monto sujeto a decomiso en la causa Vialidad y que será reclamado a los condenados, entre ellos la ex presidenta Cristina Kirchner. El informe se realizó a pedido del Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires, que llevó adelante el juicio y condenó a la ex mandataria, al empresario Lázaro Báez, al ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y al ex secretario de Obra Pública del kirchnerismo José López, a seis años de prisión por administración fraudulenta, informaron fuentes judiciales. La cifra actualizada tomó como base 86.085.463.548,25 millones de pesos que el TOF2 fijó como monto a decomisar en 2022 cuando dio a conocer su veredicto, que quedó firme por decisión de la Corte Suprema en junio pasado. Ante esto se hizo necesario disponer la actualización y ahora que terminó este trámite el Tribunal dará diez días hábiles a los condenados para depositar dinero o entregar bienes en la proporción que les corresponda. Si esto no se cumple se avanzará con ejecución de embargos. La suma se reclama en base al perjuicio que se considera probado causaron al Estado Nacional los delitos cometidos con la adjudicación direccionada de 51 obras viales nacionales en Santa Cruz a empresas de Lázaro Báez, entre ellas “Austral Construcciones”. Al dejar firmes las condenas, la Corte Suprema aludió a una “fenomenal maniobra defraudatoria” cometida entre 2003 y 2015, durante el kirchnerismo, con la adjudicación del 80% de la obra vial nacional en Santa Cruz a Báez. NA.<section class="noteSuggested" data-id="66748" data-title="Puede interesarte"></section> &nbsp;

Cristina Kirchner y los demás condenados tendrán que devolver $685 mil millones

Los jueces Néstor Costabel, Fernando Canero y Ricardo Basílico unificaron en 15 años de prisión y pago de una multa de seis veces el monto de lavado de activos comprobado en la “ruta del dinero K” para Báez, quien está detenido en una cárcel en Río Gallegos, según la resolución a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas. Al tomar esa decisión los jueces tuvieron “en consideración el monto millonario de la maniobra atribuida a Lázaro Antonio Báez (equivalente a US$54.800.000 cincuenta y cuatro millones ochocientos setenta mil dólares estadounidenses), como así también el dominio y disposición que aquél ejercía sobre esa masa dineraria, con la consecuente magnitud de afectación al bien jurídico protegido (orden económico y financiero), de lo que se deduce la extensión del disvalor de resultado y del contenido de injusto del suceso reprochado”. La defensa de Báez había pedido que cumpla seis años de cárcel, algo que fue rechazado. El empresario tiene condenas firmes a diez años de cárcel por lavado de activos y a seis por administración fraudulenta en el caso Vialidad, que ahora quedaron unificadas en 15 años de prisión. El Tribunal dispuso efectuar el cómputo del tiempo que lleva detenido para calcular cuándo vencerá la pena. NA. &nbsp;

Unifican en 15 años las dos condenas a Lázaro Báez por las causas Ruta del dinero K y Vialidad

Sebastián Chale, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, habló en el programa de Marcelo Casal por radio LT3 y contó cómo comenzó la investigación y las dudas que hay en la causa.Luego de que se diera a conocer que el Gobierno de Santa Fe se presentará como querellante en la investigación llevada a cabo por el juez federal Ernesto Kreplak, Chale confirmó que las ampollas adulteradas en Rosario se utilizaron a principios de año en la Terapia Intensiva del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) “A un grupo de seis o siete pacientes que fallecieron en febrero y marzo se les proporcionó la droga y hubo una identificación en el área de Epidemiología de un brote de dos bacterias que se reconocieron como causantes de la contaminación de las ampollas”, relató. En este sentido, señaló que “hay elementos suficientes para deducir que esos lotes de fentanilo de este laboratorio podrían ser la causa del fallecimiento”, aunque dicha hipótesis “aún está en investigación”. Al ser consultado sobre la vinculación de la Municipalidad, Chale comunicó que no se tuvo relación con ninguno de los laboratorios porque “las compras son a droguerías a través de licitación pública”. “Cuando se compró era una droga habilitada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de un laboratorio autorizado”, reforzó. Ante la gravedad de la situación, el funcionario detalló que tuvieron un perjuicio económico porque, tras el alerta de la ANMAT, se retiró el lote y “hubo que reemplazarlo por otras marcas y laboratorios haciendo una compra de emergencia”. Frente al escenario, Chale advirtió que no descartan hacer un juicio civil por daños y perjuicios “por lo que afectó en términos económicos y financieros al Municipio”. Hasta ahora en la causa no hay detenidos y continúan los allanamientos para poder constatar los responsables detrás del escándalo sanitario. “Hay sospechas de desvío de materia prima. Hubo una falla en el control de los laboratorios y la Justicia tendrá que avanzar firmemente para ver si hay falla o complicidad”, sintetizó. Por último, enfatizó en la necesidad de que continúe la pesquisa exhaustiva contra el laboratorio por la confirmación de que hay una denuncia previa por una sede de HLB Pharma en la Triple Frontera. NA. &nbsp;

En Rosario no descartan un juicio por daños y perjuicios contra HLB Pharma por el fentanilo contaminado

En esta instancia, un fiscal debería ordenar la detención y el domicilio es el que figura en el padrón electoral. Qué argumentos presentó para solicitar que se mude de residencia. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Durante la audiencia en la Sala IV de Casación Penal, el fiscal general Mario Villar avaló parcialmente el reclamo de sus colegas y consideró que Cristina Kirchner debe cumplir la prisión domiciliaria en un lugar distinto de su actual domicilio en San José 1111. Señaló que su permanencia allí altera la paz pública y expone riesgos para su seguridad, recordando el atentado sufrido durante una manifestación de seguidores.Aunque reconoció que, en principio, la condenada debería ir a prisión, valoró que no incumplió las reglas impuestas y que retrotraer su situación sería un perjuicio. Por ello, no pidió cárcel común, como había solicitado Diego Luciani, pero sí un nuevo domicilio para limitar los disturbios y protegerla . La defensa, por su parte, reclamó quitarle la tobillera electrónica y eliminar las restricciones de visitas.Si los jueces coinciden con Villar, el abogado Carlos Beraldi deberá proponer otros inmuebles al juez Jorge Gorini para la ejecución de la pena por corrupción en la causa Vialidad. &nbsp;

El fiscal de Casación pidió que Cristina Kirchner cumpla arresto domiciliario en otra casa

La Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ) emitió un comunicado tras la media sanción que tuvo en la Cámara de Diputados el proyecto del Poder Ejecutivo que impulsó la reforma de la Ley Nº 10.746 de Juicio por Jurados de Entre Ríos. Así, la AAJJ expresó que “rechaza enfáticamente la media sanción por parte de diputados del proyecto de modificación de la ley de jurados de Entre Ríos, en relación a la competencia, vaciándola de contenido”, se sostuvo en la posición que llevó la firma de la presidenta de la AAJJ, Silvina Manes.Sesión lamentable En el comunicado se señaló que “el 2 de julio pasado, en una lamentable sesión, la Cámara de Diputados, trató el proyecto del Poder Ejecutivo que ingresó a la Cámara Baja el 26 de julio de 2024, y con absoluta pobreza argumentativa aprobó la modificación de la competencia del jurado popular y la limitó a delitos y los delitos conexos que con ellos concurren, cuya pena exceda los 20 años de prisión o reclusión”. Desde la Asociación criticaron que “esta reforma constituye un serio retroceso, desconociendo abiertamente la manda constitucional que establece que todos los juicios criminales terminarán por jurados”. En ese sentido, se destacó que “la AAJJ ha sostenido reiteradamente que la competencia amplia de los jurados para conocer y juzgar todos los Crímenes es uno de los núcleos duros que deben respetar las leyes de jurados”. Contexto La AAJJ manifestó que “si bien nos encontramos en un proceso de expansión del sistema constitucional en todo el país, al que la provincia de Entre Ríos se sumó hace unos años, con competencia limitada a delitos más graves, ello no importa bajo ningún concepto, el acotamiento del Poder ciudadano de juzgar cada vez menos delitos, cuando en realidad debería ser lo contrario: el aumento progresivo de la competencia”. Finalmente, se expresó que “esta Asociación Argentina de Juicio por jurados expresa su preocupación por la nueva embestida contra el derecho de los ciudadanos a participar en la administración de justicia y el firme rechazo a que se modifique la ley de jurados. Esperamos confiados que esto se revierta con seriedad en la Cámara de Senadores”. &nbsp;

La Asociación Argentina de Juicio por Jurados rechazó “enfáticamente” la media sanción de Diputados

El lunes 7 de julio de 2025 comenzará en toda la provincia la Feria Judicial que se extenderá hasta el 18 de ese mes. Cesarán en ese lapso las actividades ordinarias del Poder Judicial de Entre Ríos. Pero los casos de urgencia serán atendidos por integrantes de la magistratura, del funcionariado y empleados/as que prestarán servicio durante toda la mañana, en el habitual horario de 7 a 13. Además, se podrán efectuar consultas telefónicas gratuitas a través de la línea de alcance nacional para atención ciudadana: 0800-444-MESA (6372). El Superior Tribunal de Justicia, junto a la Procuración General y la Defensoría General -teniendo en cuenta las presentaciones y propuestas recibidas-, dispusieron que serán responsables del servicio de justicia en Entre Ríos durante el receso las siguientes autoridades:Superior Tribunal de Justicia: Presidente: Miguel Angel Giorgio -del 7 al 12/07/25. German Reynaldo Francisco Carlomagno -del 13 al 18/07/25. Vocales: Carlos Federico Tepsich -del 7 al 12/07/25. María Gabriela López Arango -del 7 al 12/07/25. Claudia Mónica Mizawak -del 13 al 18/07/25. Gisela Nerea Schumacher -del 13 al 18/07/25. Secretarias del Superior Tribunal de Justicia: Melina Arduino -del 7 al 12/07/25. Elena Salomon -del 13 al 18/07/25.Procuración General: Mónica E. Carmona -del 7 al 16/07/25. Leandro Dato -del 17 al 18/07/25. Defensoría General: Maximiliano Francisco Benitez -del 7 al 13/07/25. -en materia Civil y Superintendencia General: Tulio Rodriguez Signes -del 14 al 18/07/25. -en materia Penal: Rodrigo Juarez y Fernando Callejo -del 14 al 17/07/25. Antonella Manfredi y Mariana Montefiori -el 18/07/25.RUAER: María Silvana Spais -del 7 al 13/07/25. Tulio Rodriguez Signes -del 14 al 18/07/25. Órgano de Revisión en Salud Mental Entre Ríos (ORSMER): Martín Cabrera -del 7 al 13/07/25. Tulio Rodriguez Signes -del 14 al 18/07/25. ETI – Con competencia en cada una de las jurisdicciones de la provincia: Luisina Franco Mangioni -del 7 al 18/07/25. Javier Armando Schubert -del 7 al 18/07/25. Gervasio Anzola -del 7 al 18/07/25. ETI del Ministerio Público de la Defensa, con afectación prioritaria para el desempeño de funciones en las Defensorías Penales, con asiento en la jurisdicción de Paraná: Aranzazu Ormache -del 13 al 18/07/25. Servicio de Información y Comunicación (0343 4206156): Oscar Londero -del 7 al 13/07/25. Martín Fabre -del 14 al 18/07/25.CONCORDIA Vocales de Feria del Tribunal de Juicio y Apelaciones: María Clara Mondragon Pafundi -del 7 al 13/07/25. María Evangelina Bruzzo -del 14 al 18/07/25.Jueces en materia Civil, Comercial, Laboral y de Paz, de Concordia, Gral. Campos y Estancia Grande: Jorge José Ignacio Ponce -del 7 al 12/07/25. Justo José de Urquiza -del 13 al 18/07/25.Jueces en materia Penal: Francisco Rafael Ledesma -del 7 al 9/07/25. Edwin Ives Leonardo Bastian -del 10 al 12/07/25. María Gabriela Sero -del 13 al 15/07/25. Mauricio Gabriel Guerrero -del 16 al 18/07/25.Jueces y Jueza en materia de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad: Edwin Ives Leonardo Bastian -del 7 al 9/07/25. Francisco Rafael Ledesma -del 10 al 12/07/25. Mauricio Gabriel Guerrero -del 13 al 15/07/25. María Gabriela Sero -del 16 al 18/07/25.Juez y jueza de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes: Rodolfo Guillermo Jauregui -del 7 al 12/07/25. Delfina Geist -del 13 al 18/07/25. Agentes Fiscales y Fiscales Auxiliares: Mariana Elias -del 7 al 13/07/25. José E. Arias -del 7 al 09/07/25. Macarena Mondragon Pafundi -del 7 al 09/07/25. Daniela Montangie -del 10 al 13/07/25. Mario Figueroa -del 10 al 14/07/25. Mario Guerrero -del 14 al 18/07/25. Martín Nuñez -del 14 al 18/07/25. Natalia Conti -del 15 al 18/07/25. Fiscales de Genero: Francisco Paoli -del 7 al 08/07/25. Juan Pablo De Giambattista -del 9 al 13/07/25. Mauro Jaume Blanco -del 14 al 17/07/25. Francisco Paoli -el 18/07/25.Defensorías Públicas: -en materia Civil: Lorena Pignataro -del 7 al 12/07/25. Alfredo Russo -del 13 al 18/07/25. -en materia Penal: Eduardo Garay -del 7 al 13/07/25. Joaquin Garaycoechea-del 7 al 13/07/25. José Luis Legarreta -del 7 al 13/07/25. Magdalena Vedoya -del 14 al 18/07/25. Mariano Miño -del 14 al 18/07/25. -en materia Penal de Niños, Niñas y Adolescentes: Luciana Cometti -del 7 al 13/07/25. Dario Andrioli -del 14 al 18/07/25.RUAER: Equipos técnicos: Maricel Tamaño -del 7 al 12/07/25. Julia Russo -del 7 al 12/07/25. María Gabriela Leiva -del 13 al 18/07/25 Unidad de Letrados en Procesos de Salud Mental –Concordia, San Salvador, Chajarí, Federación y Federal-: Mariana Carbonell -del 7 al 12/07/25. Agustin Peroni -del 13 al 18/07/25. Dispositivo de entrevista testimonial video grabada (DETVG): Lucrecia Saez -del 7 al 12/07/25. Adrián Novkovic -del 13 al 18/07/25. &nbsp;

Autoridades Judiciales de Feria en Entre Ríos

La Oficina de Mediación Penal (OMA), dependiente de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, trabaja en el control y cumplimiento de la salida alternativa a la prisión, de 3819 personas (a junio pasado).La información se desprende de un informe dado a conocer en el marco de una comparación entre la cantidad de personas que se encuentran alojadas en Unidades Penales de la provincia, incluyendo a los alojados con condenas firmes como aquellos que tiene prisión preventiva, por causa ante la justicia provincial; con los probados (personas que gozan del beneficio de suspensión del proceso a prueba) y los condenados con condenas condicional, cuyo control y seguimiento están a cargo de los Oficiales de Prueba, que forman parte de las Oficinas de Probation dependientes del organismo. La estadística, demuestra la trascendencia de los medios alternativos al proceso penal (probation) y a la prisión (condena condicional), pudiendo observase que es mayor el número de ellos en la provincia de los que efectivamente se encuentran cumpliendo condenas firmes, 2901 personas. Las personas con probation o condenas condicional, desde el año 2004 los probados, y desde el 2015 los condenados, son acompañados, asistidos y controlados por la figura del Oficial de Prueba, quien debe observar que se cumplan con las reglas de conductas impuestas como una carga legal, estas puede ser desde realizar tareas no remuneradas o aportes en lugares de bien publicó, o tratamientos psicológicos (por adicciones, violencia de genero), cumplir con u ciclo escolar o alfabetización, o capacitarse en un oficio, entre otras. Es de destacar que, si el probado no cumple con reglas establecidas en el plazo legal fijado, el Oficial de Prueba se lo comunica al Fiscal, quien puede solicitar la revocatoria de la suspensión del proceso a prueba y continuar con el juicio, o bien la revocatoria de la condena condicional y transformarse en efectiva.De esta manera se destaca la figura del Oficial de Prueba, en el sistema procesal penal de Entre Ríos. En Entre Ríos hay 9 oficiales de prueba para el departamento Paraná y Diamante, uno para los departamentos Victoria, Rosario del Tala y Nogoyá, una para los departamentos Gualeguay y Villaguay, uno para los departamentos GUALEGUAYCHÚ e Islas del Ibicuy, tres para los departamentos Concordia, Federación, Federal y San Salvador, y uno para los departamentos La Paz y Feliciano. La estadística está basada en los datos registrados al 19 de junio último, del informe del Parte Diario de la Población General, y de los registros informáticos de las distintas Oficina de Probation (que registran las personas bajo seguimiento y control). (El Once Digital)

Más de 3.800 personas cumplen penas fuera de la cárcel

Del encuentro participaron el defensor General de la provincia, Maximiliano Benítez; la procuradora adjunta, Mónica Carmona; y el juez Alejandro Cánepa, por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos. Por la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) asistió su secretario general, José María Segura, en tanto que la Delegación Entre Ríos de la Unión de Empleados de la Justicia &nbsp;de la Nación (UEJN) estuvo representada por Damián Mayoraz. Se abordaron temas relacionados con la realidad del Poder Judicial. Los y las participantes ratificaron su compromiso para mejorar la prestación del servicio de justicia. &nbsp;

Reunión para analizar la realidad del Poder Judicial

Ilarraz fue denunciado en 2012 tras la investigación y publicación de la revista ANÁLISIS, por los delitos de promoción a la corrupción de menores agravada y abuso deshonesto agravado, cometidos entre 1988 y 1992 en perjuicio de niños y adolescentes de entre 12 y 15 años, en el Seminario Arquidiocesano de Paraná, donde se desempeñaba como Prefecto de Disciplina. Al momento de la denuncia, las víctimas tenían entre 33 y 37 años. Previamente, hubo un procedimiento eclesiástico que le prohibió a Ilarraz la presencia en la Arquidiócesis de Paraná y la comunicación con seminaristas. El cura fue procesado en 2015 y condenado en 2018 a 25 años de prisión. Los tribunales provinciales de Entre Ríos habían rechazado el planteo de prescripción de la defensa de Ilarraz, argumentando que los delitos eran imprescriptibles. El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, con los votos mayoritarios de los jueces Carlos Chiara Díaz y Claudia Mizawak, sostuvo la imprescriptibilidad basándose en la naturaleza y gravedad de los hechos, en la imposibilidad de acceso a la tutela judicial efectiva, y en la responsabilidad estatal y primacía de normas internacionales. Luego de más de cinco años de trámite en el máximo tribunal del país, la Corte Suprema revisó los agravios de la defensa y el dictamen del Ministerio Público Fiscal, que había apoyado la imprescriptibilidad en casos similares y determinó que la acción penal contra Ilarraz estaba prescripta. Sobre la prescripción por plazos legales, la Corte señaló que, según el artículo 62 inciso 2° del Código Penal (vigente al momento de los hechos), el plazo máximo para la prescripción era de 12 años. Dado que los hechos ocurrieron entre 1988 y 1992, y la denuncia fue en 2012, la acción penal ya se encontraba prescripta, al menos, desde el año 2005. También rechazó la analogía de estos delitos con crímenes de lesa humanidad, al considerar que esta equiparación es inadmisible. Aunque los delitos de Ilarraz son “aberrantes”, señalaron los ministros de la Corte, no cumplen con los elementos exigidos por el derecho internacional consuetudinario o el artículo 7 del Estatuto de Roma para configurar crímenes de lesa humanidad. Afirmaron que la imprescriptibilidad propia de estos delitos no puede aplicarse a los crímenes de Ilarraz, y la Corte ya había rechazado tal extensión analógica en el precedente “Funes”. Luego, la Corte sostuvo que la obligación del Estado de garantizar la tutela judicial efectiva y el interés superior del niño no conducen a la inaplicabilidad de las normas de prescripción. “El derecho a la tutela judicial efectiva debe encuadrarse en las garantías constitucionales, especialmente el principio de legalidad penal (artículo 18 de la Constitución Nacional), que exige que no haya pena sin ley previa. La “flexibilización” de este principio por parte de los tribunales inferiores es contradictoria con la Constitución Nacional”, afirmaron.“El principio pro homine debe aplicarse en el marco de la contraposición entre el poder punitivo del Estado y los derechos del acusado, y no puede suprimir los derechos constitucionales de otras personas, incluidos los del imputado”, agregaron. Asimismo, en este punto la Corte afirmó que “el interés superior del niño, si bien es una ‘consideración primordial’, no autoriza a prescindir del ordenamiento jurídico vigente ni del debido proceso”.“Sin obstáculos para denunciar” Otro de los aspectos que se ponderaron para condenar a Ilarraz en Entre Ríos fue que algunas víctimas habían denunciado a Ilarraz, pero lo hicieron ante las autoridades de la Iglesia. Al respecto, la Corte dice ahora que el procedimiento canónico no es obstáculo legal, desestimando el argumento de que el procedimiento eclesiástico y la obligación de guardar silencio constituyeron un impedimento para la denuncia. Afirmó que las normas de un procedimiento voluntario como el canónico no impedían la actuación de los tribunales de Justicia, y que, además, no se probó que existieran causas de suspensión o interrupción de la prescripción. “Los denunciantes fueron adultos durante una parte significativa del plazo de prescripción sin que conste la existencia de obstáculos que impidieran la denuncia”, valoraron los jueces de la Corte, en un claro retroceso sobre los delitos sexuales y los tiempos de las víctimas que se viene poniendo en discusión desde hace varios años. En síntesis, la Corte Suprema concluyó que el fallo apelado se apartó de la solución legal prevista en el Código Penal y creó judicialmente una nueva categoría de delitos imprescriptibles, lo cual no respeta la garantía de una decisión fundada en ley y violenta el artículo 18 de la Constitución Nacional al imponer una sanción penal basada en una interpretación prejudicial (in malam partem) y ajena a la “ley anterior al hecho del proceso”. Por todo ello, la Corte declaró la procedencia del recurso extraordinario, dejó sin efecto la sentencia apelada, y declaró la prescripción de la acción seguida contra Justo José Ilarraz, sobreseyéndolo en la causa. &nbsp;

Golpe a las víctimas de abuso sexual: los fundamentos de la Corte para sobreseer a Ilarraz

El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió este miércoles suspender de manera provisoria los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 430/2025, que derogaba el feriado del 27 de junio para los trabajadores de la administración pública nacional. La medida cautelar fue dictada a raíz de una presentación realizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que solicitó la protección judicial ante la inminente pérdida de la jornada conocida como el “Día del Trabajador Estatal”. La demanda buscó, en su inicio, la declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad del artículo 1 del DNU 430/2025. Ese fragmento del decreto derogó el artículo 2 de la Ley 26.876, normativa que había establecido el 27 de junio como un feriado remunerado para los empleados estatales.La resolución En el fallo, la juez nacional del Trabajo Moira Fullana resolvió: - Declarar la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo para entender en la presente causa. - Admitir la viabilidad formal de la acción de amparo interpuesta e imprimir a la presente causa el trámite contemplado en la ley 16.986, dado que la acción se dirige contra el Poder Ejecutivo Nacional. - Hacer lugar a la medida cautelar peticionada y suspender provisoriamente los efectos del artículo 2° del D.N.U. 430/25 en relación con la ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO y los trabajadores representados por dicha entidad gremial hasta tanto se dicte sentencia definitiva. - Diferir la imposición de costas y regulación de honorarios para el momento en que se dicte el pronunciamiento definitivo sobre el fondo de la cuestión. Infobae. &nbsp;

La Justicia laboral suspendió el decreto que eliminaba el feriado por el Día del Trabajador del Estado

Por Martín Angulo - El juez federal Daniel Rafecas resolvió que se aplique el juicio oral en ausencia para los 10 acusados de haber planificado y ordenado el atentado terrorista a la AMIA, ocurrido en julio de 1994 y que mató a 85 personas. Fuentes judiciales informaron a Infobae que el magistrado aceptó el pedido del titular de la UFI AMIA, Sebastián Basso, para que a los acusados -iraníes y libaneses que están prófugos de la justicia argentina desde 2006-, se les aplique el juicio en ausencia, que fue aprobado este año por el Congreso de la Nación. Los 10 acusados son Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar. Tienen alerta roja de Interpol y pedido de captura internacional desde 2006 pero nunca fueron detenidos. Irán, el país de la mayoría de los imputados, no extradita a sus ciudadanos y cuando viajan por el mundo no son detenidos por razones geopolíticas o porque las alertas no se activan. Muchos son actualmente funcionarios del gobierno de Irán y otros lo fueron cuando ocurrió el atentado. Esta es la primera vez que se aplica el juicio en ausencia en la historia argentina. Pero el envío de la causa a juicio oral no es inmediato. Las partes tienen tres días hábiles para apelar el fallo -la defensa oficial y algunas querellas se opusieron al juicio en ausencia- y que sea revisado por la Cámara Federal y la Fiscalía debe pedir los procesamientos de los 10 acusados para que así queden en condiciones jurídicas de pasar a juicio oral. El juicio en ausencia se legisló este año en una reforma que aprobó el Congreso Nacional al Código Procesal Penal a instancias de un proyecto del gobierno de Javier Milei. Esa figura permite juzgar en el país a acusados de delitos graves que no estén en el territorio. La norma se aplica para los delitos contemplados en el Estatuto de Roma, como los de terrorismo y de lesa humanidad, y en los casos donde los acusados estén prófugos de la causa hace cuatro meses, como los imputados del caso AMIA.“Uno de los principales argumentos a favor de los juicios en ausencia, es que permiten avanzar en la justicia, incluso cuando el acusado evade el proceso penal, ya sea porque no comparece o desconoce la jurisdicción del tribunal, o se encuentra en lugares donde no puede ser extraditado”, sostuvo el juez Rafecas en su resolución de 148 páginas. Cuando se aprobó la ley de juicio en ausencia, el abogado Tomás Farini Duggan, que representa a las papás de dos víctimas del atentado, y el fiscal Basso pidieron que se aplique ese figura a los acusados. Antes de resolver, el magistrado le pidió opinión a todas las partes. La AMIA y la DAIA, dos de las querellas del caso, compartieron la postura. Por su parte, la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA), Memoria Activa y la Asociación 18J-Familiares y Amigos de las Víctimas en el Atentado a la AMIA -también querellantes- y la defensa oficial que representa a los acusados se opusieron. En su resolución, Rafecas repasó los antecedentes internacionales de juicio en ausencia, las legislaciones de otros países, la ley sancionada por el Congreso Nacional y fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que avaló extradiciones de personas. Citó el caso del juicio de Núremberg, en el que jerarcas nazis fueron juzgados por sus crímenes por un tribunal de las potencias aliadas de la segunda guerra mundial. El magistrado concluyó que el juicio en ausencia es constitucional y que se puede aplicar.“En muchos casos, especialmente en crímenes internacionales graves (genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad), los acusados son líderes militares o políticos con recursos para ocultarse o huir a países sin extradición. Sin la opción de un juicio en ausencia, estos individuos podrían permanecer prófugos indefinidamente y los casos podrían quedar paralizados, evitando ser juzgados, y privando a las víctimas de justicia”, consideró Rafecas.También sostuvo que “los juicios en ausencia pueden ser vistos como una herramienta para reconocer los derechos de las víctimas y asegurar que los crímenes no queden impunes. En muchos casos, las víctimas y sus familias esperan durante años un proceso judicial que les permita conocer la verdad y obtener una sentencia contra los responsables. “La ausencia voluntaria del imputado, al sustraerse del proceso, no solo vulnera su propio derecho de defensa, sino que también lesiona el derecho de la víctima a obtener justicia y el interés de la sociedad en la resolución del conflicto social generado por el delito”, planteó Rafecas. “Como juez, no pierdo de vista que esta es una situación excepcional. Que declarar la apertura del proceso en ausencia es una decisión que se toma en un marco atípico, inédito incluso. Pero también sé que este tipo de decisiones no suprimen las garantías ni el debido proceso.&nbsp; El trámite seguirá teniendo sus etapas, sus exigencias, sus evaluaciones. Y cada una será una nueva oportunidad para controlar lo hecho, revisar lo que falta, exigir lo que no se cumplió”, concluyó Rafecas.Una de las objeciones que hicieron las querellas que se opusieron al juicio en ausencia es que a la causa le faltan más pruebas -por ejemplo acceder y analizar a los archivos desclasificados de inteligencia- y que ya hubo juicios orales por el atentado en el que se determinaron irregularidades en la investigación y que terminaron los acusados absueltos. Uno de ellos fue el juicio a Carlos Telleldín, el reducidor de autos que estuvo 10 años presos acusado de haber entregado la camioneta que se usó como coche bomba en la AMIA sabiendo que se iba a utilizar para ese fin. Telleldín fue absuelto. Rafecas señaló que ese planteo “es comprensible”. “No resulta menor que, luego de años de búsqueda de justicia, el solo hecho de tener que volver a exponerse a un nuevo proceso, pueda generar en las víctimas sentimientos de duda, temor o incluso de desconfianza hacia el sistema de administración de justicia”, agregó. “También debe decirse, que precisamente una de las funciones centrales del juicio, aun bajo las condiciones particulares que impone su tramitación en ausencia, es ofrecer un espacio institucional en el cual sea posible someter a prueba, públicamente, aquello que hasta el momento ha sido materia de investigación. La finalidad, no es otra que generar las condiciones mínimas para que el Ministerio Público Fiscal, intente acreditar su hipótesis fáctica, y que las querellas (y la sociedad en su conjunto) puedan acceder a una reconstrucción pública y controlada de los hechos. Esa es la razón de ser del juicio oral y público. Si no hay debate, se pierde la oportunidad de conocer y esclarecer. Y sin esclarecimiento, lo que quedan son dudas y faltas de certezas”, sostuvo Rafecas sobre las objeciones. La decisión judicial que celebrada por el gobierno nacional. “Ahora vamos a poder juzgar a los terroristas iraníes y libaneses de Hezbollah prófugos que planificaron y ejecutaron el peor atentado de nuestra historia, que dejó a 85 argentinos muertos y más de 150 heridos”, sostuvo el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, a través de un comunicado. En la misma línea, el viceministro, Sebastián Amerio, sostuvo: “Cuando decimos que le estamos dando las herramientas a la Justicia para meter presos a los delincuentes, nos referimos a esto”. Infobae. &nbsp;

La Justicia ordenó aplicar el juicio en ausencia para los acusados del atentado a la AMIA

La designación, que fue realizada mediante decreto 1367, forma parte del proceso de consolidación del equipo de gobierno, con el objetivo de continuar fortaleciendo las políticas públicas vinculadas al acceso a la justicia, el funcionamiento institucional y la modernización del Estado. El nuevo funcionario venía desempeñándose como secretario de Asuntos Políticos desde el inicio de la actual gestión y asume en reemplazo de Martín Acevedo Miño.&nbsp; Consultado al respecto, el funcionario se refirió a los desafíos y ejes principales que guiarán su gestión, al tiempo que enfatizó la importancia de dar continuidad y profundizar el trabajo iniciado por la administración provincial, siguiendo las directrices del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.Entre los objetivos fundamentales, Maneiro destacó la meta de “normalizar y llegar a todos los lugares de la provincia con los registros que tiene a cargo la Secretaría de Justicia”. Además, subrayó la necesidad de “aceitar y generar un vínculo de confianza y de trabajo conjunto con el Poder Judicial en todo lo que tiene que ver con el servicio en general y la cuestión de la criminalidad”. La agenda del flamante secretario también incluye la revisión y el impulso de “cuestiones pendientes de reformas de leyes que se necesitan aprobar para avanzar en mejorar aspectos institucionales”. En este sentido, mencionó temas como “el Consejo de la Magistratura, el juicio por jurados y otros que tienen que ver con la aplicación de la ley penal, como el Código Procesal Penal”.&nbsp; Maneiro reconoció que estas son “materias muchas de ellas complejas, difíciles, pero que es necesario afrontarlas”, a pesar del “esfuerzo importante” que requerirá el contexto de dificultades económicas tanto a nivel nacional como provincial.Asimismo, confirmó que ya ha mantenido reuniones claves con las máximas autoridades de la provincia para alinear su plan de trabajo. “El ministro Roncaglia me ha dado las instrucciones precisas en materia de estos temas”, señaló el secretario, indicando que la reunión fue “conjunta con el gobernador y me han marcado claramente estos puntos centrales para que avancemos en los próximos meses”.En lo que respecta a la dinámica interna de la Secretaría, Maneiro informó que ha iniciado un proceso de contacto directo con el personal. “Ya hemos tenido reuniones de todo lo que compone la Secretaría de Justicia, y ahora estamos ya iniciando el proceso de ir área por área, visitando los lugares y específicamente viendo las problemáticas de cada uno de ellos y las necesidades e ir coordinando las prioridades para poder avanzar”, concluyó. &nbsp;

Julián Maneiro asume como secretario de Justicia con objetivos de gestión

La expresidenta difundió un audio desde su prisión domiciliaria en el que cuestionó al Gobierno y llamó a sostener la militancia. El fiscal analiza si hubo violación de condiciones impuestas por la Justicia.A menos de 24 horas de quedar detenida en su domicilio tras la confirmación de la condena por la causa Vialidad, Cristina Fernández de Kirchner se dirigió a sus seguidores con un mensaje grabado y una comunicación en vivo, ambas emitidas desde su departamento en San José 1111. Fue durante una masiva movilización en Plaza de Mayo, en reclamo por su liberación.En el audio, la exmandataria agradeció las muestras de apoyo y expresó: “Lo que más me gustó fue escucharlos cantar ‘vamos a volver’, porque habla de recuperar un país en el que los pibes puedan comer cuatro veces por día”. También remarcó que “ese país no fue una utopía”, sino un proyecto que —según dijo— logró desendeudar al país y mejorar la calidad de vida de los trabajadores.Desde el lugar donde cumple prisión domiciliaria, Cristina insistió en que el modelo actual “se cae por injusto e insostenible” y denunció que no la dejan competir electoralmente “porque saben que pierden”. Además, afirmó: “Pueden encerrarme a mí, pero no al pueblo argentino”.Sin embargo, el mensaje provocó una inmediata reacción judicial. Según pudo saberse, el fiscal del caso analiza si la exmandataria incurrió en una infracción al régimen de prisión domiciliaria. El audio difundido en un acto público masivo, cargado de contenido político y de exhortaciones militantes, podría interpretarse como un acto de proselitismo o incluso como una incitación a resistir las decisiones del Gobierno y del Poder Judicial, lo que habilitaría una actuación penal por desacato o violación de las condiciones impuestas por el Tribunal Oral Federal Nº 2. En paralelo, desde sectores afines al oficialismo denunciaron el episodio como un intento de “adoctrinamiento” desde el encierro, mientras que desde el kirchnerismo lo reivindican como un “mensaje de esperanza” ante lo que califican como una “persecución judicial”.La causa sigue abierta y las tensiones políticas escalan. El sistema judicial deberá definir ahora si la voz de Cristina, aún privada de libertad, puede tener consecuencias penales adicionales. &nbsp;

Cristina Kirchner habló desde su domicilio: “Pueden encerrarme a mí, pero no al pueblo”

Así lo dispuso este martes el juez de Garantías, Julián Vergara, que declaró improcedentes los recursos que presentaron los imputados en la causa conocida como Coimas, Relevamientos Catastrales o la causa del Paraguayo, contra la decisión del 5 de junio de remitir el legajo a debate. Solo aceptó conceder el recurso en el caso del ex ministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, solo en el punto concerniente a la no admisión de evidencia de descargo. El juez de Garantías de Paraná, Julián Vergara, resolvió este martes “declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto por Miguel Ángel Cullen, en representación del imputado Sergio &nbsp;Urribarri; de Guillermo Smaldone, en ejercicio de su propia defensa; de José Velázquez e Ignacio Díaz, en representación de Diego Armando Cardona Herreros; de Franco Azziani Canepa y Andrés Bacigalupo, en representación de Luis Alfonso Erbes; de Juan Méndez y Candelario Pérez, en representación de Marcelo Haidar; y de coordinador del Ministerio Público de la Defensa, Gaspar Reca, y el Defensor Auxiliar Público, Sebastián Ludi, en representación del imputado Miguel Ángel Ulrich, contra la resolución dictada oralmente en la audiencia del día 05 de junio de 2025…”. Vergara dispuso “conceder el recurso de apelación interpuesto por Smaldone en ejercicio de su defensa propia solamente contra el apartado de la resolución del 5 de junio de 2025 que dispuso no admitir evidencias probatorias que se detallaron y mencionaron puntualmente en la referida resolución y fueran propuestas oportunamente por el mencionado letrado para el debate ya sea en el escrito de contestación (oposición ) del requerimiento fiscal de elevación a juicio o bien en el marco de la audiencia desarrollada…”. También tuvo “presente la reserva del Caso Federal formulada por Cullen en representación del imputado Urribarri; por Velázquez y Díaz en representación de Cardona Herreros; por Azziani Canepa y Bacigalupo, en representación de Erbes; y por Reca y Ludi, por Ulrich. Vergara consideró que “la admisión de la evidencia probatoria ofrecida por el MPF no es una resolución que cause un ‘gravamen irreparable’ en los términos arriba expuestos, por lo que corresponde no conceder el recurso de apelación intentado”. Añadió: “Entiendo que la resolución puesta en crisis que admitió como válida la evidencia digital y/o electrónica y las testimoniales de personas, todo ofrecido como evidencia probatoria para el juicio en el marco de la etapa intermedia por el MPF &nbsp;y fueran cuestionadas oportunamente por las defensas, no causa ningún gravamen irreparable al derecho de defensa de los imputados…”. También expresó que “lo mismo entiendo sucede con el alegado ‘gravamen irreparable’ que supuestamente les provocaría a las defensas haber mantenido este Magistrado, las calificaciones legales que para los distintos hechos escogió el MPF en el requerimiento de elevación de la causa a juicio puesto que, como ya se dijo en el propio resolutorio atacado, dichas subsunciones típicas son provisorias, no causan estado y pueden ser perfectamente modificadas en el marco de una sentencia condenatoria por el Tribunal interviniente sin violentar, claro está, el principio de congruencia”. Agregó que “en la misma inteligencia, esto es, existe otra etapa procesal en la cual podrán ser tratadas nuevamente con mayor profundidad y debate las argumentaciones, los análisis probatorios, las hipótesis, los razonamientos y las conclusiones desincriminantes a las que arriban los defensores respecto de cada uno de sus pupilos, es que entiendo que la resolución recurrida - y más allá de haber tratado expresamente cuestiones que las defensas hoy sostienen fueron omitidas o bien por no estar obligados los jueces a tratar todas las cuestiones propuestas por las partes o sus argumentaciones ni a ponderar una por una y exhaustivamente todas las pruebas incorporadas a la causa, sino sólo aquéllas estimadas conducentes para fundar sus conclusiones…, no provoca ‘un gravamen irreparable’ en los términos que hemos ponderado más arriba”. Respecto de la concesión del recurso al imputado Smaldone, solo referido a la no admisión de evidencias informativas, periciales, pedidos de informe, consultor técnico y documentales que fueron ofrecidas por Smaldone para su incorporación al debate, Vergara sostuvo que “en otra palabras y para que se entienda. En caso que sea denegada una evidencia o no sea admitida por el Juez de Garantías en la etapa intermedia, impediría a la parte de manera fatal poder contar con la misma en apoyo a su teoría del caso y sin poder reeditar dicha discusión - de la admisibilidad - en el marco del plenario”. Añadió que “en el caso concreto, al no admitirse evidencias probatorias propuestas se puede provocar un ‘gravamen irreparable’ a Smaldone, puesto que - insisto - no contará con eventuales instancias procesales útiles y susceptibles de poder remediar la situación resultando, en la práctica, que no va a disponer de dichas evidencias en las cuales sustentar sus argumentaciones”. Al ex gobernador, Sergio Urribarri, se le atribuyó que en su calidad de ministro de Gobierno primero, y luego como gobernador de Entre Ríos, desde enero de 2007 aproximadamente, con el fin de generar un lucro ilícito para sí mismo y para Diego Armando Cardona Herreros, accionista y presidente de la firma Relevamientos Catastrales SA, con quien lo unían una estrecha relación de amistad, se interesó en favorecer a esta última propiciando su contratación a fin de desarrollar e implementar software para la Administración Pública Provincial de Entre Ríos”. Según la acusación, en el presunto hecho habría participado, como vínculos con Cardona Herreros, los funcionarios Carlos Haidar, director de Informática; Miguel Ángel Ulrich, director General de Ajustes y Liquidaciones; José Gervasio Laporte, secretario Legal y Técnico, fallecido; Luis Alfonso Erbes, subsecretario de Presupuesto y Finanzas de la Provincia; y Humberto Flores, secretario de Hacienda de la Provincia, y Sergio Smaldone, que estaba al frente de la cartera de Trabajo. Además, a Urribarri y Haidar se les endilgó una “adenda” consistente en “la falsificación de las fechas en los actos administrativos mencionados permitió que la prórroga de ocho meses, se compute a partir de diciembre de 2009, cuando en realidad la prórroga de la contratación se había comenzado a gestionar en enero 2010; logrando así la empresa y los funcionarios intervinientes, percibir ganancias por meses que no implicaron contraprestación alguna”. &nbsp;

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