🕗 08:00 horas<ul><li>Pedroza, Gisela y Enríquez Mauro – Usurpación (Audiencia de garantía)</li><li>Villalba, Daniel Ángel – Incumplimiento de deberes de funcionario público (Lectura de sentencia)</li><li>Ramírez, Ramona Isabel – Robo de vehículo en la vía pública (Lectura de sentencia abreviado)</li><li>Núñez, Enzo Sebastián – Robo (Lectura de sentencia abreviado)</li></ul>🕗 08:15 horas<ul><li>Ferrando, Esteban Eduardo – Homicidio simple (Lectura de sentencia)</li></ul>🕣 08:30 horas<ul><li>B.W.M. – Abuso sexual agravado por el vínculo (Inicio de juicio)</li><li>Guiffrey, Pablo Jesús – Robo con escalamiento (Lectura de sentencia abreviado)</li></ul>🕘 09:00 horas<ul><li>Tito, Yamil Facundo Gastón – Lesiones leves (Audiencia de prisión preventiva)</li><li>Giménez, César Ismael – Tenencia de arma de fuego (Remisión a juicio)</li><li>Zousa, Juan Gabriel – Hurto con escalamiento (Juicio abreviado)</li><li>Miño, Matías Emanuel – Estafa (Remisión a juicio)</li></ul>🕙 10:00 horas<ul><li>Ayala, Alcides Alejandro y otros – Amenazas (Medidas de coerción)</li><li>IAPSER – Actuaciones de oficio (Audiencia multipropósito)</li><li>Kun, Juan José Clemente – Robo / lesiones graves (Juicio abreviado)</li></ul>🕥 10:30 horas<ul><li>Esteche, Lautaro Rafael – Robo con escalamiento (Prórroga de prisión preventiva)</li></ul>🕚 11:00 horas<ul><li>Solís, Diego Ariel y otros – Robo agravado (Revisión de prisión domiciliaria)</li><li>Lastiri, Iván Alexander – Lesiones leves (Juicio abreviado)</li><li>Balmaceda, Aldo Emanuel – Resistencia a la autoridad (Remisión a juicio)</li></ul>🕦 11:30 horas<ul><li>Dalinger, Franco Argentino – Robo (Restitución de rodado)</li><li>Niz, Lucas Esteban – Desobediencia (Juicio abreviado)</li></ul>🕛 12:00 horas<ul><li>Córdoba, Sandra Rafaela y otros – Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (Revisión de prisión preventiva)</li></ul>🕧 12:30 horas<ul><li>González, Maximiliano Exequiel – Desobediencia (Probation)</li></ul>&nbsp;

Movimiento de causas judiciales en tribunales de Concordia

Un fallo del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay puso fin a una extensa causa que tuvo fuerte repercusión en Concordia y que, durante años, expuso públicamente a un profesional de la ciudad. La resolución, firmada en forma unipersonal por la vocal Mariela Emilce Rojas, dispuso el sobreseimiento de un médico cirujano de 71 años, al declarar extinguida la acción penal por haberse vulnerado su derecho a ser juzgado en un plazo razonable.El tribunal rechazó los planteos de nulidad formulados por la defensa, pero consideró determinante el tiempo transcurrido en el proceso.&nbsp; La magistrada entendió que la causa, iniciada en marzo de 2015 por una denuncia vinculada a presuntas irregularidades en un predio rural de La Criolla, no presentaba una complejidad que justificara más de una década de trámite judicial.En ese sentido, el fallo remarcó que el expediente tuvo un recorrido “tórpido”, con demoras injustificadas atribuibles al propio sistema judicial, lo que terminó afectando garantías constitucionales del imputado. Se subrayó que el análisis del “plazo razonable” no debe limitarse a una cuestión de años, sino a una evaluación integral del contexto, donde en este caso quedó en evidencia una dilación excesiva sin fundamentos suficientes. La investigación había sido impulsada a partir de una inspección del Renatea, que reportó condiciones laborales deficientes de trabajadores forestales.Sin embargo, el proceso avanzó con lentitud: recién en 2024 se produjo la indagatoria del médico, casi nueve años después de los hechos, y la causa fue elevada a juicio en 2025.Para el tribunal, esa demora no podía recaer sobre el acusado, ya que implicó una prolongada incertidumbre y una afectación al debido proceso. En ese marco, se concluyó que correspondía declarar la insubsistencia de la acción penal.El caso tuvo durante años un fuerte impacto en la opinión pública de Concordia, donde las acusaciones y las sucesivas instancias judiciales generaron debate y exposición mediática sobre el profesional. Con este fallo, la causa queda cerrada sin resolución sobre el fondo, pero con un claro señalamiento a las falencias en los tiempos del sistema judicial.

Tras una década de trámite, la justicia sobreseyó a un cirujano de Concordia

El proceso por contrabando que involucra al ex senador nacional Edgardo Kueider y a su compañera de causa, Iara Guinsel, también oriunda de Concordia, volvió a reprogramarse y ahora tiene como nueva fecha de inicio el 1° de junio, a las 8 de la mañana, en la Sala 1 del Tribunal Especializado en Delitos Económicos de Paraguay. La postergación respondió a cuestiones de agenda judicial, ya que el tribunal se encuentra abocado a otro juicio en curso por estafas, lo que obligó a reorganizar el calendario. No es la primera vez que ocurre: el debate ya había sido diferido anteriormente por situaciones similares.Kueider y Guinsel llegarán a esta instancia bajo arresto domiciliario, condición en la que se encuentran desde diciembre de 2024, cuando fueron interceptados en territorio paraguayo con una suma de dinero sin declarar. Tras ese episodio en la frontera, Guinsel (35) declaró ante el fiscal paraguayo que el dinero le pertenecía y que lo había recibido de una firma con sede en Asunción, Golden Sur, para la cual trabajaba. Según indicó, actuaba como apoderada de la empresa y los fondos estaban destinados a la compra de productos electrónicos, perfumes y cosméticos.Para la fecha prevista del juicio, ambos acumularán cerca de un año y medio privados de libertad, período que podría ser computado en caso de una eventual condena. La causa gira en torno a un intento de cruce fronterizo entre Brasil y Paraguay con más de 200 mil dólares, además de dinero en moneda local y pesos argentinos, sin la correspondiente documentación. La acusación sostiene que se trató de una maniobra de contrabando en grado de tentativa, delito que en la legislación paraguaya prevé penas que podrían implicar cumplimiento efectivo.Mientras tanto, la situación judicial del exlegislador también tiene derivaciones en Argentina, donde se tramita un pedido de extradición en una causa por presuntas irregularidades patrimoniales. Sin embargo, las autoridades paraguayas establecieron que primero deberá resolverse el proceso en ese país. En paralelo, la defensa del exsenador mantiene su postura, basada en cuestionar la tipificación del hecho y el origen del dinero incautado. A pesar de las sucesivas demoras, la estrategia no presentaría cambios sustanciales de cara al inicio del juicio.Actualmente, ambos cumplen detención domiciliaria en la ciudad de Luque, bajo control policial, a la espera de una definición que continúa postergándose en el tiempo.

Kueider, a la espera: se suspendió el inicio del juicio y crece la incertidumbre

07:30 hs<ul><li>Audiencia de juicio B., L. F. – Abuso sexual con acceso carnal (Sala N°1)</li></ul>08:15 hs<ul><li>Lectura de sentencia A., E. A. – Abuso sexual sin acceso carnal</li></ul>08:30 hs<ul><li>Audiencia de garantías Devita, Mario Abel – Robo agravado por uso de arma de fuego</li><li>Audiencia de juicio Fernández, María Teresa y otros – Lesiones leves</li></ul>09:00 hs<ul><li>Audiencia de juicio abreviado Bone Brion, Enzo Esteban – Abuso de armas</li><li>Audiencia de garantías B. P. S. – Abuso sexual con acceso carnal</li><li>Audiencia de garantías Gruat, Edith Jacqueline – Lesiones leves</li></ul>09:30 hs<ul><li>Audiencia de juicio (admisión de evidencias) Almirón, Víctor Hugo y otros – Homicidio simple (abuso de armas)</li></ul>10:00 hs<ul><li>Audiencia de garantías Yoya, Jorge Gerardo / Yoya, María Alejandra – Amenazas calificadas (violencia de género)</li></ul>10:30 hs<ul><li>Audiencia de juicio López, Ezequiel Mikhail – Desobediencia (revocación de condicional)</li></ul>11:00 hs<ul><li>Audiencia de juicio (apelación) Zaragoza, Ricardo Omar – Denuncia por amenazas</li><li>Audiencia de garantías Kuhn, Juan José Clemente – Hurto</li><li>Audiencia de garantías P. E. – Abuso sexual con acceso carnal</li></ul>12:00 hs<ul><li>Audiencia de garantías Monzares, Roberto David – Desobediencia (prisión preventiva)</li></ul>12:30 hs<ul><li>Audiencia de garantías Luna, Alejandro David – Lesiones</li></ul>&nbsp;

En este marco, hechos como los mensajes intimidantes sobre supuestos ataques armados podrían encuadrarse —según el análisis jurídico— en el delito de intimidación pública, contemplado en el artículo 211 del Código Penal, que prevé penas de dos a seis años de prisión para quienes generen temor colectivo o alteren el orden público mediante amenazas o falsas alarmas.No obstante, el nuevo régimen introduce un esquema diferenciado para adolescentes. En los casos donde la pena prevista sea menor a tres años, la ley establece que no se aplicará prisión, sino sanciones alternativas. Entre ellas se incluyen advertencias formales (amonestación), restricciones de contacto o de circulación, prohibición de asistir a determinados lugares, e incluso la obligación de realizar tareas comunitarias. Para delitos con penas de hasta diez años —como podría ser la intimidación pública— también existe la posibilidad de evitar la prisión efectiva, siempre que no haya existido violencia grave, antecedentes penales o daños severos a las víctimas. En estos casos, el juez puede optar por medidas como monitoreo electrónico, reparación del daño o reglas de conducta específicas.La normativa también contempla, como última instancia, la aplicación de penas privativas de la libertad, aunque prioriza medidas socioeducativas y de reinserción. Otro aspecto clave es que la ley ya tiene fecha de aplicación: entrará en vigencia este año, pasado los 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial, por lo que su implementación es inminente.En este contexto, especialistas advierten que este tipo de amenazas —aunque muchas veces sean consideradas “bromas”— tienen consecuencias concretas. No solo implican la intervención judicial, sino que pueden derivar en sanciones que afectan la vida cotidiana de los jóvenes y su entorno familiar. &nbsp;

Amenazas de tiroteo en escuelas: qué prevé el nuevo régimen penal juvenil para los responsables

La actual gestión deberá afrontar la erogación en un contexto de recursos ajustados. La Municipalidad de Federación deberá desembolsar alrededor de 30 millones de pesos como consecuencia de una sentencia judicial firme vinculada a un hecho ocurrido en 2012.El fallo establece la responsabilidad del municipio por la utilización de la imagen de una joven con fines promocionales sin su autorización ni los resguardos legales correspondientes.La acción fue impulsada desde el área de Turismo de la gestión de aquel entonces y derivó, años más tarde, en una condena económica.La resolución fija una indemnización de 22 millones de pesos para la persona afectada, a lo que se suman aproximadamente 8 millones en honorarios profesionales, completando el monto total que deberá afrontar el Estado local.La situación expone cómo decisiones administrativas tomadas años atrás —durante la intendencia de Cecco— terminan teniendo impacto en un momento especialmente delicado para las finanzas municipales.En la ciudad, el tema generó múltiples comentarios y, en general, se lo interpreta como un hecho difícil de prever en su dimensión actual: una práctica habitual como el uso de imágenes con fines promocionales, muy extendida en la dinámica comunicacional de aquellos años y aún más en la era de redes, que con el tiempo derivó en una consecuencia económica significativa para el municipio.Hoy, el intendente Ricardo Bravo, del justicialismo, enfrenta este escenario en medio de un contexto económico complejo, con recursos limitados y mayores demandas sobre los servicios municipales.Desde el municipio se remarca que este tipo de resoluciones judiciales obliga a redireccionar fondos que podrían destinarse a obras o mejoras para la comunidad, generando una carga adicional en una administración ya exigida.En una ciudad donde históricamente el termalismo marca la temperatura económica, en los últimos tiempos son este tipo de cuestiones —más vinculadas a decisiones políticas y administrativas— las que terminan elevando la presión sobre la gestión y las cuentas públicas.El caso, ya cerrado en términos judiciales, deja una señal clara sobre la importancia de los controles y la previsión legal en la administración pública, para evitar que situaciones del pasado se transformen, años después, en nuevas obligaciones para toda la comunidad.

Fallo judicial obliga a Federación a pagar indemnización que complica más a las cuentas municipales

En un dictamen de 181 carillas al que accedió Infobae y ahora está a estudio del juez del caso, el fiscal Pedro Simón sostuvo que Tapia y Toviggino habrían usado empresas de este último “como fachada y para ejecutar negocios ilícitos” con dinero de la Asociación del Fútbol Argentino. La fiscalía acusó a ambos dirigentes futbolísticos por presunta asociación ilícita agravada y lavado de activos en una investigación que involucra bienes dentro y fuera de Santiago del Estero, de donde es oriundo el tesorero de AFA. También imputó a sus familiares y otros allegados. En total reclamó detener a 24 acusados y sólo dejó fuera de ese pedido a dos hijos de Toviggino debido a su edad. Reclamó también la inhibición general de bienes para todos. Según la acusación, muchos de los acusados habrían actuado como testaferros “asumiendo la titularidad de bienes” que serían de Toviggino. De hecho el listado incluye a Luciano Pantano y a su madre Ana Conte, titulares de la sociedad Real Central, dueña de la casaquinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares y ya investigados en otra causa penal en un juzgado federal de Campana, Buenos Aires. El fiscal acusó por a todos por “una defraudación sistemática, organizada y prolongada en el tiempo en perjuicio de la Asociación del Fútbol Argentino” en el marco de “una organización criminal asentada y coordinada que operó, al menos, desde el año 2018 hasta el 2026”. El dictamen da cuenta de que la AFA “transfirió un total de $3.633.013.825,80 (tres mil seiscientos treinta y tres millones trece mil ochocientos veinticinco pesos con 80/100), a las cuentas de SOMA, MALTE, SEGON, SERVICIOS LINDOR y SERVICIOS NEURUS”, las empresas investigadas, todas integradas por “personas de confianza” del tesorero y de su núcleo íntimo. “Todos ellos cumplieron un rol esencial, organizado y coordinado en esta operación”, continuó el dictamen. “Las sociedades emitieron facturas a favor de la AFA para justificar el motivo del envío de fondos de parte de la institución a las empresas. Sin embargo, no prestaron los servicios declarados en las facturas a favor de la Asociación”. Una vez que las empresas recibían las transferencias de parte de la AFA, “ emitían facturas a favor de ellas mismas (facturas inter-bloque) para dificultar el rastreo del dinero”. Pidió medidas de prueba e implantar el secreto de sumario.El tesorero, presunto jefe Al tesorero de la AFA lo consideró “jefe” de la asociación ilícita. En cuanto a Tapia advirtió que “en su calidad de presidente de la AFA, habría convalidado y permitido la sustracción de fondos de la Asociación al autorizar las transferencias a favor de las empresas de Toviggino, con presunto conocimiento del motivo real por el que se giraba el dinero”. La fiscalía remarcó que Toviggino es el tesorero de la AFA, “fue y es, actualmente, presidente de la Liga Santiagueña de Fútbol y de la Asociación Mutual Acceda Ya de la Provincia de Santiago del Estero”. “Se vincula directamente con Claudio Fabián Tapia, quien es el presidente de la AFA y con María Florencia Sartirana, ex encargada de finanzas de la AFA y actual pareja de Toviggino”, recordó. Entre ellos y otros imputados se formó una asociación ilícita que “montó una estructura societaria” con emisión de facturas por servicios no prestados a la AFA. Las sociedades emitían facturas entre ellas para dificultar el rastreo del dinero y “habrían sido utilizadas como vehículos para canalizar fondos, simular operaciones y disimular su origen ilícito”. En ese marco, acusó al tesorero de adquirir “bienes a nombre de las sociedades pero para su uso y goce exclusivo” y así “disimular la procedencia real”. Según explicaron fuentes judiciales, habría 35 propiedades en esa provincia a nombre de sociedades que aparecen vinculadas a Toviggino y sus allegados. El fiscal aludió a la presunta “existencia de una organización estable y coordinada orientada a la captación y disposición de fondos de origen ilícito”. En el dictamen aparecen sociedades como Malte que, según el fiscal, integran una red. Esta última es ya investigada en la causa que tramita en la localidad bonaerense de Campana. El expediente de Santiago del Estero se inició el 8 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia de un particular que llegó por correo electrónico a la fiscalía y a partir de allí se abrió una investigación preliminar. Entre las medidas de prueba reclamó allanamientos y peritajes. La decisión sobre estos planteos deberá tomarla el juez de Tucumán Guillermo Díaz.Peligro de fuga El fiscal reclamó que todos sean detenidos para ser indagados ante riesgo de fuga y porque los delitos atribuidos poseen una pena mínima de ocho años de prisión que prevén una condena efectiva. “Existen los peligros procesales de fuga y entorpecimiento”, aseguró. El tesorero y Tapia ya están bajo investigación en otra causa que se tramita en Campana, a cargo del juez federal Adrián González Charvay. Precisamente la Cámara Federal de Casación debe resolver si esta pesquisa vuelve al ámbito de la ciudad de Buenos Aires o permanece en este juzgado. Infobae.

Un fiscal de Santiago del Estero pidió detener a Tapia y Toviggino por asociación ilícita y lavado de dinero de la AFA

La Justicia llevó adelante este viernes una serie de medidas en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exgobernador de Entre Ríos y actual diputado nacional Gustavo Bordet.El operativo fue impulsado por el fiscal José Arias y autorizado por el juez de Garantías Ives Bastián, quien habilitó allanamientos en tres domicilios: una vivienda ubicada en calle Adolfo Alsina al 800 de Paraná, perteneciente a Florencia Gabriela Bordet, y otras dos propiedades vinculadas al exmandatario, una considerada residencia principal en la capital provincial y otra en el barrio privado Village Termal de Concordia.Sin embargo, en esta etapa inicial solo se ejecutó el procedimiento en el domicilio de la hija, ya que no cuenta con fueros. El resto de las medidas quedó condicionado a la autorización de la Cámara de Diputados de la Nación y de la Legislatura provincial, debido a que Bordet es diputado nacional y su esposa integra la Cámara baja entrerriana.El ingreso al inmueble de Paraná se concretó tras la llegada de la propietaria, luego de que inicialmente se evaluara la posibilidad de abrir la vivienda ante la ausencia de moradores. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Policía de Entre Ríos.En relación a esa propiedad, trascendió que fue adquirida por la hija del exgobernador por un monto cercano a los 70 mil dólares. Según la explicación brindada por la familia, la operación se habría financiado con la venta previa de un departamento en Rosario, concretada en octubre de 2019 por unos 65 mil dólares, en una transacción realizada pocos meses antes de la compra en Paraná.La causa, caratulada “D’Ambros, Héctor Daniel s/ denuncia por enriquecimiento ilícito”, se inició hace dos años luego de que se hicieran públicas declaraciones juradas del exfuncionario. La investigación se centra en analizar la evolución patrimonial entre 2007 y 2023 y contempla el secuestro de documentación, dispositivos electrónicos y cualquier elemento que permita avanzar en el análisis de bienes y movimientos económicos.Mientras tanto, Bordet respondió a través de un comunicado en el que cuestionó el procedimiento. Allí consideró llamativa la difusión del operativo antes de su finalización y sostuvo que ello evidencia una intención de generar impacto mediático.El exgobernador calificó la situación como “lamentable” y advirtió que se estaría avanzando sobre suposiciones sin sustento, con el objetivo de afectar su imagen y la de su familia. En ese marco, negó de manera categórica cualquier irregularidad vinculada a su patrimonio y aseguró que no posee bienes sin declarar ni cuentas en el exterior.También expresó su preocupación por el desarrollo de la causa, al señalar que, tras más de dos años de investigación, percibe una actitud alejada de la objetividad. Afirmó además que no se prestará a maniobras ajenas a la verdad y recordó que siempre estuvo a disposición de la Justicia.Finalmente, advirtió que la búsqueda de la verdad no debe transformarse en un espectáculo mediático, en un contexto donde la investigación continúa abierta y suma nuevos capítulos.&nbsp;

Allanamientos, fueros y respuesta política: Bordet habla de “impacto mediático” en medio de la investigación

🕢 07:30 hs<ul><li>Pucheta, Leonardo Exequiel s/ desobediencia Audiencia de Garantías – Prisión preventiva</li></ul>&nbsp;<hr>&nbsp;🕗 08:00 hs<ul><li>De la Madrid, Pedro Silvio s/ ejercicio ilegal de la profesión Lectura de sentencia</li><li>Pérez, Francisco Exequiel s/ hurto de motovehículo Audiencia de Garantías – Remisión a juicio</li><li>Aranda, Bruno Ezequiel s/ tenencia simple de estupefacientes Audiencia de Garantías – Sobreseimiento y decomiso</li><li>Schmit, Rodrigo y Acuña, Milagros s/ tenencia de estupefacientes Juicio abreviado (Sala 4)</li></ul>&nbsp;<hr>&nbsp;🕣 08:30 hs<ul><li>Pereyra, Eduardo Fabián s/ homicidio simple Juicio por jurados – Cesura (Sala 4)</li><li>Leggio (causa sin detallar) Audiencia de Garantías – Conclusiva</li><li>B., W. M. s/ abuso sexual agravado por el vínculo Juicio – Debate (Sala 1)</li></ul>&nbsp;<hr>&nbsp;🕘 08:45 hs<ul><li>T. J. s/ abuso sexual con acceso carnal Audiencia de Garantías – Prórroga de prisión preventiva</li></ul>&nbsp;<hr>&nbsp;🕘 09:00 hs<ul><li>Cumba, Esteban Enrique s/ robo en grado de tentativa Audiencia de Garantías – Remisión a juicio</li><li>Lezcano Acosta, Marco Antonio s/ hurto en grado de tentativa Audiencia de Garantías – Remisión a juicio</li></ul>&nbsp;<hr>&nbsp;🕤 09:30 hs<ul><li>Narváez, Dante Nicolás s/ homicidio en grado de tentativa Audiencia de Garantías – Reanudación</li></ul>&nbsp;<hr>&nbsp;🕙 10:00 hs<ul><li>Taborda, Mario Alejandro s/ robo Audiencia de Garantías – Prisión preventiva</li><li>Alvez, Maximiliano Jesús s/ administración fraudulenta Audiencia de Garantías – Sobreseimiento</li><li>Cabaña, Sergio Augusto s/ desobediencia Juicio abreviado (Sala 4)</li></ul>&nbsp;<hr>&nbsp;🕥 10:30 hs<ul><li>Acuña, Delia Luisa y otros s/ tenencia de estupefacientes con fines de comercialización Audiencia de Garantías – Cambio de domicilio</li><li>Cardozo, Juan Pablo y otros s/ hurto Audiencia de Garantías – Prisión preventiva</li></ul>&nbsp;<hr>&nbsp;🕚 11:00 hs<ul><li>Cabral, Raúl y Moretti, Noeli s/ abandono de persona agravado seguido de muerte Juicio – Lectura de resolución (Sala 1)</li><li>Tito, Yamil Facundo s/ lesiones Audiencia de Garantías – Prisión preventiva</li><li>De Olivera, Gabriel Martín s/ hurto en grado de tentativa Audiencia de Garantías – Remisión a juicio</li><li>Miño, Luis Alfredo s/ robo en grado de tentativa Audiencia de Garantías – Remisión a juicio</li></ul>&nbsp;<hr>&nbsp;🕦 11:30 hs<ul><li>Burghi, Cristian Ariel s/ desobediencia Audiencia de Garantías – Prisión preventiva</li></ul>&nbsp;<hr>&nbsp;🕛 12:00 hs<ul><li>Pelayo, Yael Pedro Sebastián y otros s/ robo agravado Audiencia de Garantías – Prisión preventiva</li><li>Pérez, Pedro Moisés y Buffet, Exequiel Emanuel s/ hurto en grado de tentativa Audiencia de Garantías – Probation</li></ul>&nbsp;

La Ley N° 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, sancionada en Argentina en 2017, creó un marco legal para proteger, asistir y asegurar el acceso a la justicia de las víctimas de delitos. En ese marco, la función del Defensor Público de la Víctima apunta a la asistencia técnica y patrocinio jurídico de las víctimas de delitos en procesos penales, en atención a la especial gravedad. Hasta el momento, esa figura no estaba cubierta en la Provincia. La novedad se conoció en el Boletín Oficial de Entre Ríos de este miércoles, que publica que la Secretaría Parlamentaria del Senado de la Nación comunicó el ingreso del mensaje del Poder Ejecutivo Nacional en el que solicita prestar acuerdo para la designación de Lazzáneo como Defensor Público de Víctimas en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. La audiencia pública se llevará a cabo el 14 de mayo, a las 11, en el Salón Arturo Illia del Senado de la Nación, y el plazo para presentar preguntas y formular observaciones a las calidades y méritos será desde el 17 hasta el 23 de abril. En el marco del concurso N° 212 convocado por el Ministerio Público de la Defensa para cubrir el cargo de Defensor Público de la Víctima en Entre Ríos, el orden de mérito quedó así: 1) María de las Mercedes Esquivel; 2) Juan Ignacio Lazzáneo; 3) Walkyria Magalí Bértoli; y 4) Eugenio Nicolás Bolotner, indicó Entre Ríos Ahora. El Ministerio Público de la Defensa elevó en noviembre de 2025 al Poder Ejecutivo Nacional la terna conformada por María de las Mercedes Esquivel, quien lideró el orden de mérito, seguida por Juan Ignacio Lazaneo y Walkyria Magalí Bértoli. Lazzáneo había sido designado juez de Ejecución de Penas de Concordia en 2021, cuando Martín Cabonell -padre de su esposa, Mariana Carbonell, funcionaria judicial en el ámbito del Ministerio de la Defensa- presidía el Superior Tribunal de Justicia (STJ). La elección del nombre de Lazzaneo fue a propuesta de la Sala Penal del STJ. Al momento de su designación como juez contaba con 36 años, apuntó el sitio digital Entre Ríos Ahora. Obtuvo el título de abogado en 2012 en la Universidad Nacional del Litoral. Ingresó al Poder Judicial como escribiente en la Defensoría General desde 2010 a 2014; luego, fue designado como defensor público interino de Paraná, desde 2014 a 2018; más adelante, ocupó el mismo cargo de defensor público interino en Concordia, de 2018 a 2020. Ejerció la defensoría pública en materia de Ejecución Penal ante la Cámara de Casación de Concordia. El 17 de marzo de 2020 fue designado defensor en Gualeguaychú en materia de Ejecución de Penas. &nbsp;

Un juez de Concordia fue propuesto por Milei como Defensor de Víctimas

El amparo presentado solicitaba la declaración de inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 2 del Decreto 681/2025, que suspendía la ejecución de la Ley. Los jueces de la Cámara Federal de San Martín –Sala II– consideraron que esta cuestión ha devenido abstracta, en tanto el Poder Ejecutivo Nacional reglamentó la norma mediante el Decreto N.º 84/2026. Desde el Foro consideramos, en primer lugar, que los jueces de la Cámara Federal de San Martín no debieron limitarse a declarar la cuestión abstracta, sino que también debieron advertir al Poder Ejecutivo Nacional que no puede suspender, mediante un decreto, una ley sancionada por el Congreso. En segundo lugar, aclaramos a la población que la emergencia en discapacidad no es una cuestión abstracta ni una situación ya resuelta a partir de la sanción de una ley, su reglamentación y las resoluciones dictadas en consecuencia. Por el contrario, la situación continúa siendo sumamente grave y se agrava día a día. Actualmente, el Gobierno Nacional adeuda pagos correspondientes al período comprendido entre octubre de 2025 y enero de 2026 a prestadores que han cumplido con la atención de las personas derivadas. Esta situación impide a las instituciones afrontar sus gastos ordinarios y afecta directamente a los trabajadores, quienes no perciben de manera adecuada los salarios que les corresponden, comprometiendo así sus condiciones de vida. Desde el Ministerio de Salud de la Nación se señala que el Ministerio de Economía no deriva los recursos necesarios. Sin embargo, esta no constituye una justificación válida: el incumplimiento es del Gobierno Nacional, que tiene la responsabilidad de disponer las partidas presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas por ley. En tercer lugar, los aranceles de las prestaciones presentan un atraso cercano al 40%, por lo que los valores actuales no alcanzan a cubrir los costos mensuales. Este reclamo fue planteado a las autoridades en el mes de febrero, sin haber sido debidamente considerado. En este sentido, se exigió el cumplimiento de lo establecido por la Ley 27.793, en particular la realización del estudio de costos que debe llevarse a cabo anualmente y que no fue efectuado durante 2025. Esperábamos que el Gobierno Nacional cumpliera con sus obligaciones y con el compromiso asumido ante representantes de la Iglesia Católica de saldar las deudas durante el mes de abril, iniciando los pagos el lunes 13. Sin embargo, al momento, dicho compromiso no fue cumplido. Una vez más, el incumplimiento del Estado, materializado en la falta de respuesta de los funcionarios responsables, ha generado graves consecuencias: prestadores que han debido cerrar, trabajadores afectados y, fundamentalmente, personas con discapacidad que ven comprometida la atención que necesitan. Finalmente, reiteramos un reclamo que este Foro ha expresado en múltiples oportunidades y que también ha sido planteado por la Iglesia Católica al ministro Lugones: la falta de entrega regular de los medicamentos que muchas personas con discapacidad necesitan. Esta situación ya se registraba durante la gestión del presidente Alberto Fernández, pero se ha agravado a partir de las denuncias de irregularidades en la compra de medicamentos por parte de Incluir Salud durante la actual gestión del presidente Milei. Si bien se informó que esta problemática sería resuelta, hasta el momento no se han registrado avances concretos. Es fundamental que el Estado Nacional, y en particular los funcionarios responsables —ministros y secretarios—, reconozcan que las personas con discapacidad tienen pleno derecho al acceso a la educación y a la salud. Asimismo, son ellos quienes deben garantizar, ante la sociedad, el cumplimiento de la ley en el ejercicio de sus funciones. Esperamos que estos principios se traduzcan en acciones concretas y en el efectivo cumplimiento de sus obligaciones.

La Cámara Federal declaró “abstracto” el amparo por discapacidad y crece la preocupación

Pitón, de 60 años e integrante de la firma José Eleuterio Pitón SA, está imputado como coautor de presuntos pagos indebidos en el marco de contrataciones de obra pública. En su breve intervención —sin aceptar preguntas— desmintió lo que había dicho años atrás ante el entonces juez federal Claudio Bonadio. “Lo que no queríamos era quedar presos… lo que dije fue para no quedarme ahí”, afirmó. Además, negó de manera tajante haber entregado dinero: “A Clarens no le di ni un peso, ni a nadie”, sostuvo, en referencia al financista Ernesto Clarens, uno de los principales imputados colaboradores que durante la investigación aportó listados de empresarios que supuestamente habrían participado del circuito de pagos. Según relató, su vínculo con Clarens se limitó a contactos por cobros atrasados de obra, donde le ofrecieron servicios financieros que finalmente rechazó.Una causa que nació de los “cuadernos” Para entender el alcance del caso, hay que remontarse a 2018, cuando el periodista Diego Cabot dio a conocer una serie de anotaciones realizadas por Oscar Centeno, chofer de un funcionario del Ministerio de Planificación. En esos cuadernos, Centeno describía presuntos recorridos en los que se habrían trasladado bolsos con dinero provenientes de empresarios hacia funcionarios durante los gobiernos kirchneristas. A partir de esa publicación periodística —que actuó como detonante de la investigación— el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli impulsaron una causa que derivó en decenas de detenciones, indagatorias y la figura del “arrepentido”, utilizada por varios empresarios y exfuncionarios que declararon a cambio de beneficios procesales. Con el tiempo, el expediente se convirtió en uno de los procesos judiciales más grandes de la historia reciente, con más de 80 acusados, entre ellos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.Silencios, tensiones y cuestionamientos La audiencia de este jueves tuvo un dato llamativo: Pitón fue el único que declaró. El resto de los convocados optó por el silencio o por manifestaciones mínimas de inocencia. Esa situación reavivó uno de los principales cuestionamientos de las defensas: la imposibilidad de contradecir en juicio los testimonios de quienes declararon como arrepentidos durante la instrucción. En ese sentido, abogados de imputados —entre ellos del ex ministro Julio De Vido— advirtieron que se estaría vulnerando el derecho a defensa, y dejaron planteada la posibilidad de recurrir a instancias superiores. También se registraron planteos puntuales, como el del ex secretario José María Olazagasti, cuya defensa pidió que se lo releve de obligaciones de secreto para poder defenderse, en función de su rol previo en organismos de inteligencia.Un juicio que sigue abierto Con audiencias breves, declaraciones parciales y tensiones jurídicas constantes, el juicio por los Cuadernos avanza en una etapa donde comienzan a aparecer contradicciones clave. Las palabras de Pitón, al admitir que su declaración inicial no fue verdadera, introducen un elemento sensible en el proceso: el peso y la credibilidad de los testimonios obtenidos durante la investigación. Mientras tanto, el expediente continúa su curso, atravesado por una pregunta que sigue abierta desde el inicio: cuánto de lo que se construyó en base a aquellos cuadernos podrá sostenerse en el tramo final del juicio.

Empresario entrerriano dijo que mintió para evitar ir preso y reabrió el debate sobre la causa cuadernos

Acompañaron la presentación, que tuvo lugar en la Biblioteca de los Tribunales de Paraná, las vocales Claudia Mizawak; Gisela Schumacher y Laura Mariana Soage. Lo propio hicieron el defensor general de la provincia, Maximiliano Benítez y el presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, Alejandro Cánepa.Participaron también en la presentación, la coordinadora de la OMA, Valeria Fornara y las mediadoras penales Andrea Bonifacino, Analía Ahibe, Alejandra Brest, Hilda E. Burgos, Silvana Bastos y Eliana Rodríguez. Y, del mismo modo, sus pares de diferentes jurisdicciones de la provincia.Cichero, coordinadora del equipo de redacción del Protocolo, trazó un breve resumen de los cambios que se han registrado en el tiempo en los distintos sistemas de persecución penal y marcó que la herramienta presentada hoy “pone al Poder Judicial de Entre Ríos a la vanguardia y como pionero en la materia en Argentina y en el mundo”. Destacó que su instrumentación apunta al derecho humano a la restauración del niño, niña y del adolescente involucrado en un proceso penal y el derecho de la víctima a ser restaurado”. Tras enumerar su alcance, ponderó que “su uso estandarizado permitirá que los operadores judiciales trabajemos en un mismo sentido” y “una relación interinstitucional”.A su turno, Amateis destacó la labor del equipo para alcanzar la redacción y conclusión del Protocolo y aseguró que su implementación “es importante porque viene a dar claridad, garantías y confianza en los operadores judiciales y en la sociedad” al tiempo que realzó que su aplicación “es transparencia” porque” da igualdad” ya que “todos los conflictos serán tratados con un mismo criterio de abordaje”. Y, marcó: “Buscamos que el conflicto no sea castigado, sino que se enmarque en un proceso sanador que va a permitir fortalecer el sistema de Justicia”.En su intervención, Amateis mencionó especialmente a la mediadora Emiliana Cozzi quien atraviesa un delicado estado de salud. Cabe destacar que, en virtud de la Ley Provincial Nº 10.450 de Procedimiento Penal aplicable a las personas menores de 18 años de edad, desde el año 2016 Entre Ríos se ha consolidado como una de las primeras provincias del país en establecer la mediación como herramienta de justicia restaurativa para la resolución de conflictos penales en los que intervienen personas menores de edad.En consonancia con este enfoque, el Poder Judicial de la provincia cuenta con un cuerpo estable de mediadores y mediadoras penales distribuidos en todo el territorio provincial, con formación específica y capacidades técnicas para intervenir en la gestión pacífica de conflictos penales juveniles.El Protocolo para la Aplicación de la Mediación Penal Juvenil Restaurativa fue presentado el “II Congreso Argentino de Justicia y Prácticas Restaurativas – I Foro Iberoamericano de Justicia Juvenil Restaurativa”, que tuvo lugar desde el 16 al 18 de marzo, en las aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Presentaron el Protocolo para la Aplicación de la Mediación Penal Juvenil Restaurativa

🕗 08:00 hs<ul><li>Giampaolo, Lola s/ estafa (audiencia de garantía – revocación de probation)</li><li>Burgui, Silvia Itatí s/ lesiones leves (audiencia de garantía)</li><li>Ritter, Hernán Ricardo s/ resistencia a la autoridad (audiencia de garantía – conclusiva)</li><li>J.J.M. s/ abuso sexual gravemente ultrajante (juicio abreviado)</li><li>Escobar, Walter José s/ violación de domicilio (juicio abreviado – Sala N°1)</li></ul>&nbsp;<hr>&nbsp;🕣 08:30 hs<ul><li>Monzares, Roberto David s/ desobediencia (remisión a juicio)</li><li>B., W. s/ abuso sexual agravado por el vínculo (debate – Sala N°1)</li></ul>&nbsp;<hr>&nbsp;🕘 09:00 hs<ul><li>Russo, Leonel Néstor Ángel s/ tenencia de estupefacientes (juicio abreviado – Sala 4)</li><li>Tavares, Nicolás Guillermo s/ desobediencia (remisión a juicio)</li><li>Jones, Jorge Raúl; Ayala, Mariana; Pereyra, Estefanía s/ tenencia con fines de comercialización (remisión a juicio)</li></ul>&nbsp;<hr>&nbsp;🕤 09:30 hs<ul><li>Espíndola, Antonio Martín s/ lesiones leves (juicio abreviado – Sala 4)</li></ul>&nbsp;<hr>&nbsp;🕙 10:00 hs<ul><li>Cabral, Raúl y Moretti, Noelia s/ abandono de persona agravado seguido de muerte (apelación – Sala 4)</li><li>G.S.R. s/ abuso sexual gravemente ultrajante (remisión a juicio)</li><li>Rodríguez, Oscar y Grille, Gabriel s/ amenazas calificadas (remisión a juicio)</li></ul>&nbsp;<hr>&nbsp;🕥 10:30 hs<ul><li>Duraez, Roxana y otros s/ tenencia de estupefacientes (lectura de sentencia – apelación)</li></ul>&nbsp;<hr>&nbsp;🕚 11:00 hs<ul><li>S.M.S. s/ abuso sexual (apelación – Sala 4)</li><li>Cáceres, Mariela Rosana s/ desobediencia (remisión a juicio)</li><li>Aristimuño, Marcelo Rogelio s/ hurto con escalamiento (remisión a juicio)</li></ul>&nbsp;<hr>&nbsp;🕛 12:00 hs<ul><li>Valdez, Lester Leonel s/ robo (prisión preventiva)</li><li>Quiroga, Guillermo Julián s/ tenencia de arma de guerra (probation)</li><li>González, Aarón Jesús s/ hurto (audiencia de garantía)</li></ul>&nbsp;<hr>&nbsp;🕧 12:30 hs<ul><li>Pelayo, Yael Pedro y otros s/ robo agravado (prisión preventiva)</li><li>Aita Schreyer, Marcos Alejandro s/ atentado a la autoridad (audiencia conclusiva)</li></ul>&nbsp;<hr>&nbsp;🕟 16:30 hs<ul><li>Athan, Yamil y Miño, Griselda s/ tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (debate – Sala N°1)</li></ul>&nbsp;<hr>&nbsp;🕔 17:00 hs<ul><li>Prette, Brisa Antonella y otros s/ homicidio simple (remisión a juicio)</li></ul>&nbsp;

Definición clave: la competencia y el “centro de vida”Según explicó Gallo, actualmente “la medida cautelar está para elevarse a la sala”. En ese sentido, precisó que “en el foro de Concordia hay dos salas, la sala 1 y la sala 2, y estamos esperando el sorteo para que decidan sobre el tema de la competencia”.La abogada indicó que el eje central del caso es determinar si la causa debe tramitarse en Concordia o en Misiones. “Nosotras sostenemos que la competencia es en la ciudad de Concordia por ser el centro de vida del niño acá”, afirmó.En relación a la postura de la madre, quien sostiene que el niño ya se encuentra establecido en Misiones, Gallo respondió: “Ella sostiene que el niño ahora posee su centro de vida porque hace un mes, desde que nosotros iniciamos la medida cautelar, ya ha conseguido amigos, escuela y sus actividades, a lo que nosotros claramente nos estamos oponiendo”.Además, remarcó que “el niño nació acá y toda su vida vivió acá, solamente iba de vacaciones a la provincia de Misiones por la familia de la madre”.Traslado “unilateral” y dinámica familiar previaDesde la representación del padre, el traslado del menor es interpretado como una decisión inconsulta. “Es un traslado no consentido, de forma unilateral de la madre, totalmente arbitrario y ocultado al padre”, sostuvo la letrada.En ese marco, relató cómo se dieron los hechos: “Ella se fue con el niño el 26 de enero de vacaciones porque tiene familiares allá, se iba con la promesa de volver los últimos días de febrero antes del cumpleaños de nuestro cliente y nunca más volvió”.Según explicó, ante la falta de respuestas, el padre comenzó a realizar averiguaciones: “Guillermo, ante la desesperación de que la madre le iba evadiendo las preguntas sobre cuándo volvían sin saber la fecha exacta, se acerca a la inmobiliaria y pide que le expliquen si ella se había mudado o no, y había sido que había rescindido el contrato y se había ido”.Respecto a la organización familiar previa, Gallo detalló que existía un régimen de cuidado compartido: “Tenían un cuidado personal compartido y alternado respecto al niño. La madre estaba con el niño martes, jueves y fines de semana de por medio, y el padre lunes, miércoles, viernes y fines de semana de por medio”.En ese contexto, explicó: “Cada uno se hacía cargo de lo que correspondía en cuanto a los alimentos del niño”. Además, agregó que “cuando había que compartir cosas de la escuela lo hacían entre los dos” y que el padre “se hacía cargo de las terapias psicológicas del niño, él estaba yendo a terapia antes de que se vaya de vacaciones”.Consultada sobre el planteo de la madre respecto a la falta de cuota alimentaria, la abogada indicó que esa dinámica respondía al esquema de cuidado compartido previamente acordado.Vínculo, exposición pública y próximos pasosEn cuanto al vínculo entre padre e hijo, Gallo señaló que la comunicación no sería diaria: “No es tan cierto porque hay días en que también lo evade, diciéndole que está durmiendo la siesta, que está jugando, que está ocupado o que está con los deberes”.Respecto a la exposición mediática del caso, cuestionada por la madre, sostuvo que “nuestro cliente está en todo su derecho a exponer públicamente cuál es su situación y cuál es la problemática”, y agregó que como profesionales acompañan ese proceso “desde el nivel de profesionales que tenemos que estar a la altura de poder responder todo lo que nos pregunten”.Sobre los pasos a seguir, indicó: “Lo primero que estamos esperando es que se resuelva la cuestión de competencia en la sala que vaya a intervenir y posteriormente que se resuelva la cuestión de fondo, que es la restitución del niño de la ciudad de Concordia a su centro de vida y seguramente modificar el cuidado personal del niño”.En cuanto a la posibilidad de un acuerdo, afirmó: “Por el momento no ha habido intención de la contraparte en acercarnos a un acuerdo y con el tema de la excepción de incompetencia también entendemos que no hay voluntad de llegar a un acuerdo”.Por último, Gallo destacó el trabajo conjunto con la doctora Daniela Maciel y señaló que el objetivo es que el caso “se resuelva de la manera más urgente y favorable posible”.El conflicto continúa en instancia judicial, a la espera de definiciones clave, en un escenario atravesado por posiciones contrapuestas respecto a la situación del menor.&nbsp;

La defensa del padre insiste en que el centro de vida está en Concordia y cuestiona el traslado a Misiones

“No existe una restitución firme”, afirmaSegún expresa la madre en su escrito, “no existe ninguna restitución firme” ni “una orden definitiva de entrega” del niño. En ese sentido, sostiene que la resolución judicial fue apelada y que “actualmente está siendo revisada por la Cámara de Apelaciones”, indicando además que el recurso fue concedido “con efecto suspensivo”, por lo que —según su versión— la cuestión continúa abierta.“No apelamos para ganar tiempo, apelamos porque creemos que la decisión es injusta”, afirma Stumpf, quien plantea que un eventual traslado del niño implicaría “arrancarlo de su entorno en pleno ciclo lectivo” y someterlo a “un proceso traumático”. En esa línea, señala que el menor ya inició clases en Misiones, tiene su “rutina armada”, realiza actividades como básquet y cuenta con un entorno familiar, por lo que asegura que “está bien, feliz y contenido”.Traslado, crianza y condiciones de vidaEn relación a las acusaciones que trascendieron públicamente, la mujer rechaza haber incurrido en una sustracción del menor y sostiene: “Jamás sustraje a mi hijo. Jamás lo oculté. Jamás desaparecí”. Asimismo, afirma que el niño “vino conmigo, con su madre”, y que la decisión de radicarse en Misiones estuvo vinculada a su situación personal y económica.Según detalla en su descargo, tras dejar la&nbsp;Prefectura Naval Argentina&nbsp;quedó “sin estabilidad económica, sin trabajo formal y sin ingresos suficientes”, atravesando un contexto de “enorme vulnerabilidad”. En ese marco, señala que decidió trasladarse para contar con el apoyo de su familia, especialmente por la situación de salud de su madre. “Soy una madre que reorganizó su vida para poder sostener a su hijo”, expresa.Además, sostiene que desde la separación de la pareja, ocurrida en 2019, asumió “prácticamente sola” la crianza del niño durante siete años, en un contexto de dificultades económicas y laborales. En ese sentido, afirma que trabajó en distintos empleos informales para cubrir las necesidades cotidianas y cuestiona lo que describe como una participación limitada del padre en la vida diaria del menor, según lo expresado en el descargo remitido a este medio.En esa misma línea, la madre también asegura que no ha recibido cuota alimentaria, pese a que —según indica— el padre cuenta con trabajo formal, situación que afirma continuar reclamando por las vías correspondientes. Asimismo, señala que durante años afrontó en soledad los gastos vinculados a la crianza, incluyendo alimentación, educación y cuidado diario.Exposición pública, reclamos y advertencia legalEn otro tramo de su presentación, Stumpf manifiesta su preocupación por la exposición del niño en medios y redes sociales y sostiene que se difundieron “versiones falsas, incompletas y malintencionadas”. También niega versiones que sugerían una posible salida del país, indicando que no cuentan con autorización para ello.En cuanto al vínculo con el padre, afirma que “en ningún momento” se le impidió el contacto y que el niño mantiene comunicación diaria mediante videollamadas. A su vez, enfatiza su rol en la crianza al señalar: “Yo lo crié, yo lo cuidé, yo me ocupé de cada necesidad diaria”.En un tono más personal, la mujer también apela a otras madres que atraviesan situaciones similares, al expresar que quienes han criado solas “saben lo que significa sacar fuerzas de donde no quedan” y afrontar en soledad las responsabilidades cotidianas, en un contexto de dificultades económicas y emocionales.Finalmente, advierte sobre la difusión de imputaciones que considera infundadas y remarca que “no pesa sobre mí condena alguna” ni existen causas penales que comprometan su situación. En ese sentido, sostiene que se reserva el derecho de iniciar acciones legales frente a agravios o afirmaciones que considere falsas, y concluye que “las diferencias judiciales deben resolverse en tribunales”.El caso continúa en tratamiento judicial, donde deberá resolverse la cuestión de fondo respecto a la situación del menor, en un escenario atravesado por versiones contrapuestas.<section class="noteSuggested" data-id="77061" data-title="Puede interesarte"></section>&nbsp;

Disputa por un menor: la madre sostiene que la causa sigue abierta y defiende su decisión de radicarse en Misiones

Estará a cargo de directores, directoras e integrantes de los Centros Judiciales de Mediación de las Provincias Argentinas y CABA, y será coordinado por la secretaría del Centro de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Ana Bracco.Este curso virtual asincrónico y con evaluación tiene como objetivo brindar herramientas vinculadas al funcionamiento de la mediación judicial como método RAD para garantizar la efectividad de las mediaciones interprovinciales a distancia. Está destinado a integrantes del Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos y a Profesionales de la Abogacía y de la Mediación de la Provincia de Entre Ríos

Mediación comparada en los poderes judiciales de argentina

🕖 07:30 hs<ul><li>Juicio: Szysko, David Walter Maximiliano - Fernández, Luca Matías Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización</li></ul>&nbsp;<hr>&nbsp;🕗 08:00 hs<ul><li>Garantías: S., S. A. – Abuso sexual con acceso carnal (Prisión preventiva)</li><li>Garantías: Valdez, Lester Leonel – Robo (Prisión preventiva)</li><li>Lectura de sentencia: González, Néstor Alejandro – Hurto</li><li>Garantías: Altamirano, María Ramona – Denuncia (Sobreseimiento)</li></ul>&nbsp;<hr>&nbsp;🕗 08:15 hs<ul><li>Lectura de sentencia: Monzón, Juan Carlos – Robo en grado de tentativa</li></ul>&nbsp;<hr>&nbsp;🕣 08:30 hs<ul><li>Garantías: Brassat, Dalma Nerea – Lesiones (Audiencia conclusiva)</li></ul>&nbsp;<hr>&nbsp;🕘 09:00 hs<ul><li>Juicio: B., L. F. – Abuso sexual con acceso carnal</li><li>Juicio abreviado: Guiffrey, Pablo Jesús – Robo con escalamiento</li><li>Garantías: T. F. M. – Abuso sexual con acceso carnal (Remisión a juicio)</li><li>Garantías: Polverigiani, Maximiliano Víctor Mario – Hurto con escalamiento (Remisión a juicio)</li></ul>&nbsp;<hr>&nbsp;🕤 09:30 hs<ul><li>Garantías: Rojas, Paulo Jesús y Rojas, Laureano Ezequiel – Robo agravado (Remisión a juicio)</li></ul>&nbsp;<hr>&nbsp;🕙 10:00 hs<ul><li>Garantías: Giles, María del Carmen – Hurto (Prórroga prisión preventiva)</li><li>Garantías: Palma, Juan Sebastián – Amenazas calificadas (Remisión a juicio y PP)</li><li>Garantías: Miranda, Matías Ricardo – Amenazas y lesiones agravadas (Remisión a juicio)</li></ul>&nbsp;<hr>&nbsp;🕚 11:00 hs<ul><li>Garantías: Yedro, Luciano Iván – Amenazas (Prisión preventiva)</li><li>Juicio por jurados: Pereyra, Eduardo Fabián – Homicidio simple (Cesura)</li><li>Juicio abreviado: F. M. E. – Abuso sexual simple</li><li>Garantías: Sánchez, Ernesto Ramón – Robo simple (Remisión a juicio)</li><li>Garantías: Pedroza, Gisela y Enríquez, Mauro Leonardo – Usurpación (Remisión a juicio)</li></ul>&nbsp;<hr>&nbsp;🕦 11:30 hs<ul><li>Apelación: Duraez, Roxana Alejandra y otros – Tenencia de estupefacientes</li><li>Garantías: Ferreyra, Luis Alberto y Franco, Ismael Luciano – Robo en tentativa (Remisión a juicio)</li></ul>&nbsp;<hr>&nbsp;🕛 12:00 hs<ul><li>Garantías: Reguera, Leandro Alexis – Robo (Remisión a juicio)</li><li>Garantías: Penayo, Fernando René – Robo agravado (Prórroga PP)</li><li>Garantías: Piedrabuena, Exequiel Eduardo – Amenazas (Audiencia multipropósito)</li></ul>&nbsp;<hr>&nbsp;🕧 12:30 hs<ul><li>Garantías: Espíndola, Vanesa Itatí y Benítez, Martín Guillermo Prisión preventiva</li></ul>&nbsp;

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