El Instituto de Derecho Penal, Procesal y Criminología del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (IDP), la Asociación Pensamiento Penal (APP) Distrito Entre Ríos; la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ) Filial Entre Ríos; el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y Asociación de Familiares de Víctimas de Delitos Aberrantes (Vidaer) plantearon en un durísimo comunicado sus preocupaciones por lo que entienden se trata de una ofensiva articulada contra el Juicio por Jurados en Entre Ríos.Objetivo: reducir la participación ciudadana en la justicia penal En el comunicado se sostuvo que “en Entre Ríos se desarrolla una ofensiva articulada contra el juicio por jurados cuyo objetivo es claro: reducir el alcance de la participación ciudadana en la justicia penal y devolver el control absoluto de los casos más graves a un puñado de jueces técnicos. No estamos frente a episodios aislados, sino ante un plan coordinado que combina proyectos legislativos y un fallo judicial con claros tintes políticos”.Como fundamento para la denuncia, se recordó que “en apenas dos semanas se desplegaron tres movimientos que avanzan en la misma dirección y que deben ser entendidos como parte de una estrategia común para destruir el sistema de jurados: El avance de un proyecto de ley que busca reducir la competencia del jurado, cuyo tratamiento en el Senado comenzará esta semana con una exposición de su impulsor, el Procurador General de la provincia” y la inclusión en el temario de un paquete de reformas procesales de la posibilidad de que jueces técnicos revoquen veredictos de no culpabilidad dictados por jurados populares, también por pedido exclusivo del Procurador”.Dentro de aquel despliegue y como último movimiento se mencionó que “apenas unos días después, una sentencia dividida de la Cámara de Casación de Paraná, que declaró la inconstitucionalidad de la irrecurribilidad de los veredictos absolutorios. Se trata de un fallo carente de argumentos, que deliberadamente ignora la ley, la doctrina clara del Superior Tribunal de Entre Ríos y privilegia prejuicios personales contra el sistema de jurados por sobre mandatos constitucionales, legales y jurisprudenciales”.Datos falaces versus datos oficiales Las prestigiosas organizaciones evaluaron que aquellas “tres acciones forman parte de un mismo libreto y persiguen dos objetivos concretos”. Así, en primer lugar se trata de “excluir a la ciudadanía del juzgamiento de casos graves que hoy son juzgados por jurados, para que vuelvan a ser decididos exclusivamente por jueces técnicos, sin control popular, reinstalando el viejo modelo de poder concentrado que la Constitución de 1853 repudió y que la legislatura entrerriana dejó atrás en 2020”.Se añadió que “el argumento del ‘colapso” judicial’ o ‘del barril de pólvora’ es falaz: los datos oficiales muestran que el juicio por jurados representa apenas el 0,3 % del presupuesto del Poder Judicial y que en todo el territorio provincial se realiza, en promedio, menos de un juicio por semana hábil. La mora no es causada por el juicio por jurados, sino por un boicot deliberado a la realización de juicios, impulsado principalmente por una política institucional del propio Ministerio Público”. En este sentido, se sostuvo que “no hay razones para que no se realicen más juicios que los que actualmente se llevan a cabo. Existen incluso propuestas para abaratar costos y garantizar más juicios con el mismo presupuesto”.La última palabra El segundo objetivo es “devolver a los jueces la ‘última palabra’ al permitirles revocar veredictos unánimes de no culpabilidad, vaciando de sentido el poder del jurado y vulnerando el derecho fundamental a no ser perseguido múltiples veces por el mismo hecho”. Las organizaciones sostuvieron que “por eso, en defensa de la Constitución, del Estado de Derecho y del poder ciudadano de participar de la administración de justicia, hacemos un llamamiento a rechazar con firmeza esta ofensiva”. Además, sentaron posición: “Como siempre ha sucedido en la historia del juicio por jurados, lo que aquí está en juego no es un tecnicismo procesal, sino el principio republicano de quién tiene en última instancia el poder de habilitar al Estado a condenar a una persona: si lo hace la ciudadanía o lo hace el propio aparato estatal a través de los jueces permanentes”. Finalmente se reafirmó que “defender el juicio por jurados es defender la división republicana de poderes y la soberanía popular, aun cuando ello incomode a quienes pretenden restaurar el sistema de concentración de poder que tanto daño le ha hecho a nuestra Nación”.&nbsp; &nbsp;

Entidades judiciales advierten sobre un retroceso institucional en el Juicio por Jurados

El debate se extenderá hasta el viernes en la sede de la sección local del Colegio de la Abogacía (Hipólito Irigoyen 629), en el marco del legajo “Escobar, Rubén Darío s/ Homicidio en ocasión de robo”. El juez técnico será el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Maximiliano Larocca Rees, en tanto que el Ministerio Público Fiscal estará representado por los fiscales Martín Nuñez y Mario Guerrero, y la fiscal Natalia Conti.&nbsp; Por su parte, el defensor oficial Alejandro Giorgio asistirá al imputado, que llega al juicio en libertad. Será el centésimo cuadragésimo juicio por jurados que se realice en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal. El debate será público y el ingreso limitado a la capacidad de la sala. &nbsp;

Nuevo juicio por jurados en Concordia

La decisión también alcanzó a otros imputados de la megacausa, entre ellos empresarios y exfuncionarios, cuyas apelaciones fueron desestimadas.En cambio, sí prosperó un planteo del exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, que ya había reconocido haber recibido sobornos en un juicio abreviado.La investigación, que ya fue elevada a juicio oral, enfrenta ahora un obstáculo procesal: ocho de los nueve jueces del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná se excusaron de intervenir, lo que demora la conformación del tribunal que deberá juzgar al exmandatario, sobre quien pesa un pedido de 10 años de prisión.

Urribarri sufre otro revés judicial

La decisión judicial establece un plazo de 60 días de prisión preventiva para quienes enfrentan cargos de homicidio simple y de 20 días para otras dos mujeres acusadas de agresiones con armas durante los mismos hechos. La medida se fundamentó en el alto riesgo de entorpecimiento del proceso, debido al contexto de violencia en el que se produjo el ataque y a la gravedad de lo sucedido.En diálogo con El Heraldo, la abogada querellante Brenda Vittori, quien representa a la familia de la víctima, explicó que acompañó el pedido de la Fiscalía y del Ministerio Pupilar para que se dicte la prisión preventiva. “La jueza tuvo en cuenta el grado de violencia ejercido, la participación de menores de edad, el hecho de que ocurrió a plena luz del día, en un barrio donde había niños presentes, y todo ello llevó a entender que existía un riesgo procesal importante”, señaló.Además, Vittori remarcó que la querella no presentará ningún recurso contra la resolución, dado que se trata de una medida cautelar provisoria. “La idea es que en este plazo trabajemos junto a la Fiscalía para concluir la investigación y que la causa sea remitida a juicio lo antes posible. Se trata de un caso que será juzgado por un jurado popular, y nuestra intención es que los tiempos se acorten y no se dilate más de lo necesario”, precisó.La familia de Jesica Bravo insiste en que la investigación avance con celeridad y que se haga justicia, en un hecho que conmocionó a Concordia por la brutalidad del ataque y por la participación de una menor de edad en el homicidio.

Concordia: confirman prisión preventiva en la causa por el crimen de Jesica Bravo

La imputación fue dispuesta por la Fiscalía de Concordia en el marco de la Investigación Penal Preparatoria, y los agentes deberán presentarse a declarar en los próximos días. Por tal motivo, la Administración Municipal, dispuso el inicio de los sumarios administrativos correspondientes a los agentes municipales involucrados en esta maniobra a fin de determinar las responsabilidades administrativas frente a tal maniobra. El caso se originó a partir de la detección interna de la irregularidad por parte de la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad, que dio aviso inmediato a las autoridades. Tras comprobarse la posible falsificación documental, el municipio radicó la denuncia penal correspondiente y abrió, en simultáneo, los sumarios administrativos a fin de aplicar las medidas disciplinarias que correspondan. La Municipalidad de Concordia reitera su política de transparencia, de control permanente y de firmeza frente a cualquier irregularidad, reafirmando que el servicio público debe estar regido por la honestidad y el respeto hacia los contribuyentes.&nbsp;

La justicia imputó a personal municipal por utilización de títulos secundarios apócrifos

Efectuaron la presentación, ante el fiscal federal en turno, Martín Cabrera, secretario ejecutivo del Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos, dependiente del Ministerio Público de la Defensa; Marcia López, defensora del Pueblo de Paraná; Sandra Salina, representante ante el Consejo Federal de Discapacidad por Entre Ríos; Cristina Ripari, directora de Integración y Discapacidad de la Municipalidad de Paraná; Delfina Recalde, Sol Boeykens y Yasna Hamann, profesionales de la División Trabajo Social del Hospital Escuela de Salud Mental; Luisina Franco Mangioni, integrante del equipo técnico del Órgano de Revisión, y Diego Vélez, director del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi). Como es de conocimiento público, la Andis dispuso auditar las pensiones no contributivas de las que son beneficiarias personas con discapacidad, para lo cual realizó citaciones a evaluaciones presenciales. Una de ellas tuvo lugar entre el 1 y el 8 de agosto en oficinas que se montaron en un hotel céntrico de la capital provincial, para lo cual la Agencia citó a una gran cantidad de residentes en el departamento Paraná.La asistencia a esta convocatoria es condición para continuar percibiendo la pensión y para la inclusión en el programa Incluir Salud. En aquella ocasión, representantes de los organismos denunciantes observaron que las personas con discapacidad eran atendidas por jóvenes que manifestaban pertenecer a una consultora contratada por Andis, que no eran profesionales de la Medicina y que se limitaban a registrar los datos filiatorios y los diagnósticos de los beneficiarios.Asimismo, emitían una constancia de asistencia en la que figuraba una firma escaneada y un sello que decía “Leandro Peñaloza, cardiólogo”, con un número de matrícula ilegible. Otras constancias tenían la firma escaneada y el sello de “Dr. Lapentina Claudio, médico”, también con número de matrícula ilegible.El cardiólogo Peñaloza, según información periodística, es oriundo de la ciudad de Pergamino, denunció la falsificación de su sello en auditorías de pensiones por discapacidad en la provincia de Misiones y ha manifestado que no posee ningún vínculo con Andis. Por lo tanto, se presume que el mismo delito podría haberse cometido en Paraná.En consecuencia, los organismos denunciantes solicitaron a la Justicia federal que realice las medidas que se consideren pertinentes para investigar el hecho denunciado, al tiempo que se pusieron a disposición para efectuar las ampliaciones que se consideren necesarias. &nbsp;

Denuncian falsificaciones de firmas en auditorías por discapacidad

De la reunión participaron el presidente, vocal Leonardo Portela; la vicepresidenta, vocal Laura Mariana Soage; el Procurador General, Jorge García; el Defensor General, Maximiliano Benítez; el presidente de la Asociación de la Magistratura y Función Judicial, Alejandro Canepa; el Secretario General de &nbsp;la Asociación Judicial de Entre Ríos, José Maria Segura, quien estuvo acompañado por Evelia Demuth; &nbsp;la Secretaria General Sección 12 Entre Ríos de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Bibiana Starck, junto a Hugo Luis Montefinale y la asistente de Presidencia del STJ, María Eugenia Schoenfeld.Luego de que los gremios expusieran las inquietudes del personal, se resolvió conformar una mesa de trabajo con el objeto de avanzar en una propuesta al Poder Ejecutivo provincial a fin de que se recupere el poder adquisitivo de los integrantes del Poder judicial. &nbsp;

El Poder Judicial conforma mesa de trabajo para abordar la cuestión salarial

La causa conocida como “Los cuadernos de las coimas” recobró relevancia en la agenda por una polémica estrategia: ante el próximo inicio del juicio oral (el 6 de noviembre), una treintena de empresarios y exfuncionarios imputados ofrece pagar un resarcimiento económico -bajo la figura legal de la “reparación integral”- para evitar pasar por el estrado y quedar en libertad. Esta alternativa empezó a generar revuelo y reacciones encontradas, tanto en el ámbito jurídico como social. En ese marco, el que alzó la voz fue Oscar Centeno, autor de las anotaciones que dieron origen a la investigación, quien se mostró indignado por esta posibilidad. “Me siento impotente, es totalmente injusto que yo termine juzgado, con la posibilidad de ser condenado, y que los empresarios queden en libertad”, afirmó Centeno en declaraciones al diario La Nación. “Ya pedí mi sobreseimiento a los jueces de instrucción y no me fue aceptado, ¡y ahora pasa esto!”, lamentó. La propuesta de que los empresarios puedan ser sobreseídos tras pagar una reparación estimada en USD40.000.000 resulta, para Centeno, una afrenta a la justicia: “Me parece contrapuesto para mí, que a los que proponen pagar un monto de dinero queden sobreseídos de culpabilidad y es como que aquí no ha pasado nada”, enfatizó desde el lugar secreto donde permanece bajo protección oficial. El exchofer del Ministerio de Planificación Federal, cuya meticulosa anotación de los hechos permitió el avance de la investigación, subrayó el riesgo personal que asumió: “Mientras los escribía (los cuadernos), arriesgaba mi vida y la de mis familiares, seguramente toda mi vida seguiré temiendo”. La propuesta de los empresarios imputados generó revuelo y dio lugar esta semana a posicionamientos favorables como el del abogado Hugo Wortman Jofre, quien en diálogo con Eduardo Feinmann (Radio Mitre) señaló la viabilidad de la reparación económica como salida judicial. “El Código Penal contempla, justamente, en el artículo 59, inciso 6, la reparación integral”. argumentó el jurista, que amplió su fundamentación el dato de la falta de antecedentes en el país, con respecto a la recuperación de fondos provenientes de actos ilícitos. “La Argentina no tiene experiencia en haber recuperado plata de la corrupción. Este sería el primer caso”, afirmó Wortman Jofre. De todos modos, si bien defendió la utilidad de estas soluciones en el derecho comparado, advirtió que “no todos pagando se pueden eximir del castigo”, y que existen situaciones particulares, especialmente en el caso de los empresarios, en las que “en realidad, ahí lo que hubo fue extorsiones para que ellos pudieran continuar adelante con sus empresas. Las empresas están en riesgo también”. En cuanto a la cifra que debería pagar cada imputado, el abogado consideró que la determinación de los embargos judiciales constituye un punto de partida: “Hay un lugar desde el cual partir, que es la determinación que la Justicia ha hecho al fijar un embargo”. El titular del Tribunal Oral Federal Número 7, Enrique Mendez Signori, convocó a las defensas para una audiencia virtual este viernes 12 de septiembre, donde se analizarán los pedidos de los imputados. Allí tendrá un rol clave la fiscal Federal Fabiana León, quien tendrá que expedirse sobre cada uno de los planteos formulados. Lo mismo deberá hacer la Unidad de Información Financiera como querellante. El tribunal tendrá la última palabra en una eventual homologación de los acuerdos. El escenario que se avecina para el tribunal es de una complejidad inédita: “Va a ser muy difícil de manejar. Han sido citadas (para este viernes) todas las defensas, incluso las de los empresarios que no manifestaron su voluntad de adherir (al pago de la reparación). Va a haber unos 170 abogados, 85 partes, todas situaciones muy variopintas…A partir de ahí se va a hacer un análisis individual de cada situación”, anticipó Wortman Jofre.

Oscar Centeno también se opuso a que los empresarios de los cuadernos queden libres a través de un pago

La medida judicial se inició a partir de una denuncia por coacción que motivó la actuación policial en el domicilio del denunciado, lugar en el que además se encontraron elementos relacionados a la venta de estupefacientes.Ante estos hechos, mediante un decreto, el intendente Francisco Azcué resolvió la inmediata separación del involucrado de sus funciones y aclaró: “En esta gestión no se van a tolerar incumplimientos de la ley. No habrá ningún tipo de contemplación, ni beneficios. La Justicia debe actuar con total libertad”.De esta manera desde el municipio se afirma que la determinación busca garantizar que la investigación avance sin ningún tipo de condicionamiento, preservando la transparencia y el compromiso institucional con la ley. &nbsp;

Separaron de su cargo a un funcionario municipal tras ser detenido

En ese sentido, en la mañana de este martes, RADIO CHAJARI dialogó con Ricardo Bravo, Intendente de Federación, quien sobre el comienzo de la entrevista, manifestó: “Este muchacho no tiene noción de cómo se maneja el Estado, está influenciado por otros”. Con respecto a la obra del Ecoparque, obra a la que se refiere Toller en su denuncia, el entrevistado explicó: “Nosotros hemos llevado adelante la gestión de esta obra (…), se hizo el proyecto y el proceso licitatorio”.La empresa que ganó la licitación comenzó a ejecutar la obra y luego la misma se paralizó porque el dinero de Nación no llegaba.A su vez, teniendo en cuenta los precios y la inflación, la empresa renunció, aclaró Bravo. Seguidamente, explicó que Nación pidió reformular el proyecto, por lo que se hizo un nuevo convenio para poder culminar la obra.Bravo afirma que todo el dinero se rindió ante el gobierno nacional: “las cuentas están rendidas entre el municipio y Nación”. Hoy en día, “la obra está en marcha, se está trabajando, se la lleva adelante con recursos del municipio y para fin de año esta obra terminaría”.“Yo le pido a estos muchachos que cambien la estrategia, en este tipo de jugada solamente quieren hacer un show mediático, la denuncia en Comodoro Py es innecesaria porque el juzgado federal que tiene que intervenir es el de Concordia” añadió Bravo.Sin dudarlo, afirmó: “Esto es una cuestión política y lo quieren mediatizar (…). Nosotros estamos tranquilos, no vamos a hacer nada que este fuera de las leyes y que perjudique a la comunidad (…). Nosotros estamos a disposición de la justicia”. &nbsp;

“Quieren hacer un show mediático” dijo el Intendente de Federación, tras ser denunciado en Comodoro Py

El máximo tribunal hizo lugar al recurso de la defensa y dispuso el cambio de jurisdicción: el juicio por jurados no podrá realizarse en ninguno de los departamentos de la Costa del Uruguay. Querencio, que cumple arresto domiciliario, fue denunciado en 2019 por la madre de la víctima, quien aseguró que su hija –menor de edad– fue manipulada con regalos, hostigada y sometida sexualmente durante más de un año. Según esa denuncia, incluso habría sido obligada a mantener relaciones en la propia Jefatura, donde él ejercía el máximo poder policial. La causa tuvo un extenso recorrido judicial: tras la condena en 2023, apelaciones y fallos contradictorios, el STJ resolvió ahora trasladar el proceso a otra jurisdicción, abriendo un nuevo capítulo en un caso que expone con crudeza cómo un funcionario de alto rango habría usado su cargo para abusar de una menor.&nbsp;

El STJ revoca condena y ordena nuevo juicio para el exjefe de Policía acusado de abuso sexual

Así lo reveló el especialista Sebastián Maril a través de sus redes sociales, quien además adelantó que en caso de una negativa por parte de la magistrada, es posible que Argentina avance en una apelación de la medida.A mediados del mes pasado, Preska le ordenó al Estado argentino entregar correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones privadas de varios funcionarios, entre ellos del actual ministro de Economía Luis Caputo y de su antecesor, Sergio Massa, así como de otros integrantes de las gestiones de Javier Milei y Alberto Fernández.El pedido aclara que no se exige el teléfono completo ni el contenido total, sino que se llevarán a cabo búsquedas por palabras clave relevantes como “YPF”, “Aerolíneas Argentinas”, entre otras.El objetivo de los demandantes (fondos Burford y Eton Park) es demostrar que entidades como YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas, ENARSA y el Banco Nación operan como “alter ego” del Estado argentino, de modo que sus activos podrían ser embargados para hacer frente al pago de la sentencia por US$16.000 millones. NA. &nbsp;

La Argentina le pide a Prezka que “reconsidere” el pedido de comunicaciones entre funcionarios nacionales

La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca dar mayor rapidez y transparencia a los procesos disciplinarios, además de reducir costos y trámites en papel. Según el nuevo esquema, las audiencias podrán realizarse por Zoom, Meet o WhatsApp; las notificaciones se harán al domicilio electrónico del agente, y las presentaciones digitales tendrán la misma validez que las de soporte físico. Los testigos y peritos también podrán declarar de manera remota, lo que facilita la participación de personas que residen en el interior de la provincia. Hasta tanto se implemente plenamente el expediente digital, continuará utilizándose el soporte en papel en paralelo. La autoridad de aplicación será la Dirección de Sumarios de la Fiscalía de Estado. Desde el Ejecutivo remarcan que la digitalización permitirá acortar plazos, garantizar el derecho de defensa y optimizar recursos. En lo que va de la gestión de Rogelio Frigerio, ya se resolvieron 200 cesantías de agentes estatales, la mayoría por inasistencias injustificadas, un número que supera ampliamente a las administraciones anteriores. &nbsp;

Notificaciones por mail y audiencias virtuales en sumarios

La causa investiga el presunto pago de sobreprecios en una obra de pavimentación de 20 cuadras ejecutada en 2014 y denunciada en 2016 por el entonces intendente y concuñado de Rossi, Silvio Moreyra, quien lo sucedió en el cargo. Según la Fiscalía, el municipio abonó más de 20 millones de pesos a la empresa L&amp;C Construcciones, del empresario Néstor Szczech, cuando el valor de mercado rondaba entre 14 y 18 millones. La obra se realizó dentro del programa nacional Más Cerca.En 2022, el juez de Garantías de La Paz otorgó probation a Szczech y a su apoderado Carlos Lescano, quienes estaban acusados de peculado y falsificación de documentos. Sin embargo, Rossi y varios de sus exfuncionarios continuaron vinculados al expediente. Además del intendente, permanecen imputados la contadora municipal María Inés Martínez, el exsecretario de Hacienda Carlos Méndez y el técnico del programa Adolfo Zenón Ortiz, entre otros. Rossi enfrenta cargos por peculado, falsificación de documentos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de autor. &nbsp;

Presuntos sobreprecios en el asfalto de Santa Elena

El fiscal adjunto de Paraguay, Manuel Doldán Bauer, dictaminó que Edgardo Kueider y su pareja y secretaria, Iara Guinsel, están en condiciones de ser extraditados a la Argentina. La opinión del Ministerio Público Fiscal del vecino país será enviada ahora al magistrado que entiende en la causa, Rolando Duarte. El titular del juzgado Penal de Garantías N° 9 de Asunción deberá decidir si convalida o no el criterio fiscal. De hacerlo, el exsenador y su acompañante quedarán en condiciones de ser enviados a la Argentina. La deportación fue solicitada por una de las juezas que investiga a Kueider. Se trata de Sandra Arroyo Salgado, titular del juzgado federal de San Isidro. La magistrada puso la lupa sobre el exsenador entrerriano luego de encontrar una referencia a él en una causa por pago de coimas y por la presentación que hizo un particular sobre la declaración jurada que Kueider realizó siendo senador, publicó el portal de Infobae. El expediente principal se inició a raíz de una denuncia que presentó la empresa Securitas. Luego de una auditoría, la multinacional de seguridad privada detectó que varios de sus gerentes pagaron coimas para quedarse con contratos de empresas públicas. Una de ellas era Enersa, la distribuidora estatal de electricidad de Entre Ríos. Kueider actuó como representante del Poder Ejecutivo en asambleas de accionistas. Y fue mencionado como “Cuaider” en un mensaje encontrado en el celular de uno los implicados en “Securitas”. El involucrado era Claudio Tortul, empresario de Paraná y vecino del exlegislador en la torre de lujo Live, ubicada en una de las zonas más caras de la capital entrerriana. El fiscal paraguayo consideró que el pedido de Arroyo Salgado era procedente. En su presentación, la jueza de San Isidro cumplimentó todos los requisitos que establece el Tratado de Extradición entre Argentina y Paraguay. Es el cuarto requerimiento de este tipo que la jueza realiza. Los tres anteriores fueron rechazados en el país vecino, destacó el portal de Infobae. Ahora, Doldán Breuer consideró que la Justicia argentina acompañó el planteo con resoluciones judiciales firmes y que, además, el delito que se les imputa a Kueider y a Guinsel también es penado en el Paraguay. Se trata del lavado de activos. Es el último de una cadena de acusaciones que le hace Arroyo Salgado a la pareja y a otra serie de acusados que permanecen ligados a la investigación. La resolución fiscal paraguaya planteó que, en caso de que Roldán Duarte avale su criterio, antes de concretarse la extradición deberá cumplimentarse otro requisito: que Kueider y Guinsel rindan cuentas a la Justicia paraguaya por intentar ingresar con más de USD 200.000. Es que, en una causa paralela, ambos deberán ser sometidos a juicio por el hecho ocurrido el 4 de diciembre de 2024. Se los acusa de contrabando en grado de tentativa. El delito tiene una pena máxima en expectativa de dos años y medio. Por lo tanto, la sentencia podría ser de cumplimiento efectiva. Esta causa fue elevada a juicio el pasado 31 de julio por el magistrado Humberto Otazú, juez penal de Garantías de Delitos Económicos. En otro tramo del dictamen, el Fiscal planteó que debería advertirse a las autoridades argentinas que Kueider y Guinsel no podrán ser juzgados por delitos distintos a los que motivaron el pedido de extradición sin el previo consentimiento del Paraguay. El exsenador y su pareja cumplen arresto domiciliario desde diciembre del año pasado en el marco del delito de contrabando. Primero estuvieron en un complejo de departamentos de lujo y luego se trasladaron a un dúplex en el Barrio San Vicente de Asunción. Allí los fueron a buscar personal de Interpol Paraguay a fines de julio. Los arrestaron debido a la causa por extradición a la Argentina. Ante Duarte, se negaron al proceso simplificado que hubiera implicado su inmediato traslado a nuestro país. Por eso se abrió un juicio de extradición. El magistrado les mantuvo la prisión domiciliaria. Pero les impuso el uso de tobilleras. &nbsp;

El fiscal de Paraguay dictaminó a favor de la extradición de Kueider y podría ser enviado a la Argentina

“El Gobierno de Entre Ríos, por instrucción del gobernador Rogelio Frigerio, procura la reparación patrimonial del daño a través de todos los canales jurídicos posibles”, expresó el fiscal de Estado. En este sentido, explicó que la participación de la Fiscalía de Estado como actor civil en el proceso penal “es un paso fundamental dentro de ese plan de recupero que fijó el Poder Ejecutivo”. Asimismo, Rodríguez Signes recordó que “la Fiscalía de Estado es un órgano autónomo en el ejercicio de su competencia y tiene la legitimación suficiente para promover acciones civiles, sin necesidad de autorización ni condicionamiento de otros organismos”. En esa línea, subrayó: “Nuestro deber es defender el patrimonio de la provincia y por eso ejercemos la acción civil contra los imputados, con base en la prueba producida y en los contratos irregulares detectados”. El fiscal precisó además que, de acuerdo con las pericias realizadas en la investigación, el perjuicio patrimonial reclamado asciende a 392 millones de pesos, monto que constituye la base de la demanda civil presentada por el Estado entrerriano. Rodríguez Signes remarcó la trascendencia institucional de la causa: “Se trata de un hecho de gran magnitud, que involucra acusaciones de peculado y asociación ilícita. La acción de la provincia en este proceso busca garantizar que, además de las responsabilidades penales, se concrete la reparación del daño ocasionado al erario público”. En paralelo, el Gobierno de Entre Ríos avanza en el examen de los contratos irregulares con el fin de declarar su nulidad, en el marco de lo dispuesto por el decreto 604 que instruyó a las cámaras legislativas a intervenir sobre esta cuestión. “Defender el interés de la provincia implica utilizar todas las herramientas legales, democráticas y constitucionales para reparar el daño y recuperar lo que irregularmente salió del patrimonio público”, concluyó el Fiscal de Estado. &nbsp;

La provincia avanza en la reparación patrimonial en la Causa Contratos

Julieta Makintach,&nbsp;la jueza del fallido juicio por la muerte de Diego Maradona,&nbsp;presentó este miércoles su defensa por el escándalo del documental en la comisión de juicio político, aseguró que sus superiores sabían de las grabaciones y dijo que&nbsp;tiene chats para aportar. Su abogado,&nbsp;Darío Saldaño, presentó ante la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires el descargo de la jueza suspendida ante las acusaciones. Son momentos decisivos para Makintach, que ya presentó la renuncia, pero&nbsp;Axel Kicillof&nbsp;aún no se la aceptó. En unas dos semanas, si el Gobernador no da curso a la dimisión, el jury avanzará y el desenlace sería&nbsp;la destitución. Ahora la presidenta de la Corte Hilga Kogan debe convocar a una reunión para la admisibilidad de la prueba. Una vez que eso ocurra, la jueza ya&nbsp;no podrá renunciar&nbsp;y deberá someterse al jury. En el escrito, al que tuvo acceso&nbsp;TN, Makintach sostiene que los tres jueces del tribunal y los presentes&nbsp;conocían de la existencia de la cámara, que ella había comunicado por las vías informales a sus superiores, que&nbsp;no se ventiló ninguna cuestión propia del debate&nbsp;en esas tomas y que la difusión de&nbsp;actos públicos&nbsp;corresponde al&nbsp;sistema republicano&nbsp;de gobierno. Las denuncias contra Makintach fueron presentadas por&nbsp;Julio César Coria, Fernando Míguez, Florencia Retamoso, Agustín Romo, María Florencia Arietto y Fernando Burlando, además de la Procuración. Los denunciantes alegan “mal desempeño de sus funciones”, “incumplimiento de sus deberes” y “posibles comisiones de delitos” por parte de la jueza. Apuntan a que Makintach habría participado activamente en grabaciones no autorizadas, utilizado recursos públicos para un proyecto con fines comerciales y faltado a la imparcialidad que requiere su cargo. La defensa presentará en el plazo de dos semanas un descargo buscando atacar cada uno de esos puntos. Según pudo saber&nbsp;TN, hubo cierto alivio en el entorno de la jueza suspendida porque finalmente las acusaciones no tuvieron la gravedad que trascendieron cuando estalló el escándalo por el documental que era grabado con Makintach como protagonista sobre el juicio del caso Maradona. La Comisión elevó el 14 de julio, antes del inicio de la feria judicial, a la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento, Hilda Kogan, un informe sobre la última sesión del 11 de julio. Allí la Comisión Bicameral resolvió asumir el rol de acusadora por las denuncias contra Makintach, jueza del Tribunal Criminal N° 2 de San Isidro. Además de Makintach, hay denuncias que involucran a los jueces que la acompañaban en el juicio por el caso Maradona, Verónica Di Tommaso y Maximiliano Savarino. La Comisión resolvió no expedirse sobre ellos hasta que avancen las investigaciones penales, según el documento de 31 carillas. En paralelo, Makitanch enfrenta un juicio penal por el documental del caso Maradona. El objetivo final de la Comisión es remitir los dictámenes para su incorporación en cada una de las causas. Makintach había sido suspendida por la Suprema Corte de Justicia por tres meses cuando estalló el escándalo a fines de mayo. Luego, el jurado de enjuiciamiento dispuso en la primera audiencia su&nbsp;apartamiento preventivo. Así, no podrá regresar a sus funciones por tiempo indeterminado y se le aplicará un descuento del 40% de su salario. En ese entonces, su abogado Saldaño presentó un escrito en el que calificó la medida como&nbsp;“excesiva e injustificada”, ya que rige la licencia que impuso la Suprema Corte hasta agosto y, además, la jueza espera que Kicillof le acepte la renuncia que presentó hace dos meses. “La situación de licencia implica, de hecho, la imposibilidad de intervenir en expedientes, dictar resoluciones o realizar cualquier acto propio de la judicatura”, señaló Saldaño en el escrito. Además, la defensa de Makintach indicó que la renuncia al cargo “revela voluntad de apartarse de manera definitiva”. Saldaño presentó ante el jurado un escrito que incluye la declaración de bienes de Makintach, que juró como jueza en marzo de 2017 e integra el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro. La estrategia de Makintach apunta a dos frentes. Por un lado, la causa penal que enfrenta en San Isidro, en la que cambió de estudio jurídico. Ahora la defiende Nicolás Urrutia, el abogado de Jesica Cirio en el juicio de&nbsp;divorcio con Elías Piccirillo. Por otro lado, el jury, en el que la representa Darío Saldaño, conocido abogado de La Plata, que el año pasado protagonizó una polémica con Fernando Burlando por la desaparición de Loan Peña en Corrientes, y hace 20 años logró el sobreseimiento del expresidente Fernando De la Rúa y de Inés Pertiné.“Justicia Divina”, el documental del escándalo Según un escrito que presentó ante la Fiscalía N° 1 de San Isidro, el guionista Juan Manuel “Chavo” D’Emilio relató cómo surgió la idea del documental “Justicia Divina”. D’Emilio relató que conoció a Makintach en un cumpleaños de una amiga donde estaba también María Lia Vidal Alemán, íntima de la jueza. D’Emilio señaló que Vidal Alemán se presentó como “ama de casa y decoradora de interiores”. La idea original, según Vidal Alemán, era realizar una entrevista a la jueza Makintach en su “rol de jueza y mujer”. D’Emilio, un “fanático” de Maradona y vinculado al “mundo de la creatividad, escritura y la industria audiovisual”, se mostró “entusiasmado”. La “idea creativa” era mostrar el juicio de Maradona “desde la perspectiva de un juez”, y se planeaba concretar la publicación de su imagen solo después de que el proceso judicial terminara y con su autorización formal. El&nbsp;21 de febrero, Vidal Alemán y D’Emilio&nbsp;registraron el nombre y la idea de “Justicia Divina”&nbsp;en la Dirección Nacional del Derecho de Autor. El guionista, entonces, comenzó a trabajar en la sinopsis y, con el inicio del juicio, en un “guion vivo” que se escribiría a medida que avanzaran las audiencias. El proyecto preveía seis capítulos, con títulos como “La justicia y los dioses” o “La justicia y la sentencia”. En paralelo, D’Emilio contactó a Juan Arnal, dueño de la productora audiovisual “La Doble”. Las primeras imágenes del documental se tomaron el domingo 9 de marzo en el Palacio de Tribunales, 48 horas antes del inicio del juicio. Allí se ve a la jueza caminando por pasillos y en el hall central. Durante la primera jornada del juicio, se registraron nuevas tomas en el despacho de la magistrada. Arnal Ponti calificó de “imposible de disimular, esconder o camuflar” la cámara utilizada para filmar en plena audiencia. El “guion vivo” y las imágenes de la polémica quedaron al descubierto durante la audiencia clave del jueves 15 de mayo. Julio Rivas, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, pidió identificar a D’Emilio y Vidal Alemán. D’Emilio se presentó como “escritor y maradoniano”, mientras que Vidal Alemán como una “decoradora de interiores”. El guionista aseguró en su descargo que&nbsp;“siempre tuvo la certeza de que todo estaba permitido”. Tras esta revelación, Fernando Burlando y Mario Baudry presentaron una denuncia que inició la causa penal. Después, las imágenes y el guion completo de “Justicia Divina” salieron a la luz y el desenlace fue la anulación del juicio por la muerte de Maradona. (TN)

La jueza Makintach presentó su defensa y dijo que tenía permiso para filmar el documental

El Juzgado Civil y Comercial Federal N° 2, a cargo de Marcelo Bruno Dos Santos, resolvió la caducidad de instancia en el expediente iniciado por la Dirección Nacional de Vialidad contra Cristina Kirchner y otros condenados en la causa por corrupción en la obra pública. La demanda reclamaba una indemnización de 22.300 millones de pesos, pero fue archivada por inactividad procesal.Los fundamentos de la decisiónEl magistrado sostuvo que, desde la última actuación con capacidad de impulsar el trámite hasta el planteo de perención, transcurrió el plazo legal previsto. Explicó que la caducidad busca evitar la prolongación indefinida de los procesos judiciales, resguardando la seguridad jurídica y una adecuada administración de justicia.&nbsp; De esta forma, el expediente civil quedó concluido, aunque en paralelo, en el fuero penal, el Tribunal Oral Federal N° 2 rechazó un planteo de la ex presidenta para frenar la ejecución de sus bienes.La postura de Cristina KirchnerEn su presentación, la defensa de la exmandataria cuestionó el método de cálculo del monto a devolver realizado por peritos de la Corte Suprema y afirmó que su patrimonio y el de su familia es “absolutamente legítimo”. Cristina Kirchner sostuvo que no posee bienes vinculados al delito y anticipó que, si la Cámara de Casación rechaza sus planteos, llevará el caso a la Corte Suprema y eventualmente a organismos internacionales. Los jueces del TOF 2, sin embargo, remarcaron que la condena por administración fraudulenta ya fue revisada en distintas instancias y que el monto fijado como decomiso es “inconmovible” en esta etapa del proceso.

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