A esa hora vence el plazo de 30 días, tras la presentación del docente jubilado de AGMER, Eugenio Jacquemein, que fue quien primero denunció a la magistrada el 5 de diciembre del año pasado.&nbsp;Fue&nbsp;luego de las investigaciones y publicaciones de Analisis, sobre ausencias, faltas, demoras en sentencias, uso de recursos públicos para viajes particulares disfrazados de capacitaciones, entre otras irregularidades que se encuentran probadas por la propia documentación oficial.&nbsp; Para sesionar, el Cuerpo legislativo debe contar con la presencia de 26 de sus 34 integrantes. Necesitan 5 diputados del PJ para lograr quórum, siempre y cuando estén también todos los legisladores de JxC y los libertarios. De esta manera, se cae la causa Medina, pero no por el rechazo legislativo (que era lo que ella exigía a referentes del oficialismo entrerriano), sino por el vencimiento de los plazos, que no es lo mismo. El caso por el pedido de juicio político a la vocal Susana Medina de Rizzo caerá este lunes a las 11. A esa hora, el 5 de diciembre del año pasado, el docente jubilado de AGMER Gualeguaychú denunció a la magistrada por diversas irregularidades cometidas en su rol en el Superior Tribunal de Justicia. Días después también lo hizo la ONG Entre Ríos sin corrupción -por otros motivos-, pero la causa se unificó y se toma la denuncia inicial para hacer correr los plazos, que vencen este lunes. Jacquemein le apuntó, fundamentalmente, los más de 600 días de ausencias como vocal, entre 2016 y 2025 (justificados como “capacitación” o “cuestiones de vocalía”, cuando en realidad, la gran mayoría de las faltas eran por su actividad en la AMJA, para lo cual, muchas veces, utilizaba fondos públicos) y la ONG a la morosidad en los fallos en su Sala Laboral, consecuencia de tantas ausencias. De hecho, Medina reconoció que “por lo general había demoras de hasta 8 o 9 meses”, pero lo consideró normal, pese a la ansiedad de los demandantes, por ser temas laborales precisamente. A todo ello se sumaron luego los 60 días de vuelos al extranjero -que aparecieron en el informe de Migraciones- y 5 de ellos en el avión privado, a España y Colombia, contratado por Eduardo Eurnekian, uno de los empresarios más poderosos de la Argentina. La gravedad fue el hecho que Medina nunca asentó en ningún lado que había sido “invitada” a viajar por un empresario, lo que se considera una “dádiva” y está en contra de lo establecido por la Ley Nacional de Etica Pública y por lo que establece la ley provincial del Poder Judicial para los magistrados. Los diputados oficialistas habían confeccionado un dictamen mayoritario, en base a lo consignado por la vocal Medina de Rizzo y por sus abogados Ladislao Uzín Olleros y Diego Armesto, letrado de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA), que presidía la jueza. Había circulado por&nbsp;WhatsApp&nbsp;de los propios diputados el texto de 21 páginas, firmado por la presidenta de la comisión, Gabriela Lena (JxC Federación), donde se rechazaba por mayoría cada uno de los puntos denunciados. El peronismo expresó su rechazo al texto, pero no se conocieron demasiados argumentos, salvo expresiones públicas de los diputados Laura Stratta (presidenta del bloque) y de Juan José Bahillo. El texto tuvo una conclusión mayoritaria, sin investigar las más de mil fojas que habían llegado desde la Administración del STJ -tras el pedido concreto de la Comisión de Juicio Político-; como tampoco el informe de Migraciones, con los 60 viajes por el mundo que realizó la jueza, ni el documento del Tribunal de Cuentas, cuyo anexo no había llegado hasta el viernes pasado. Si bien tanto Lena como el diputado Alcides Marcelo López (Concordia) estaban de acuerdo para avanzar contra Medina y llegar a su destitución, hubo un vuelco absoluto en la opinión de ambos y una defensa acérrima de la vocal con el correr de los días. Fue a partir del diálogo telefónico que tuvo el gobernador Rogelio Frigerio con los principales referentes de la Comisión de Juicio Político, quien ordenó firmemente que rechacen las denuncias contra la vocal. Y también les pidió que se ocupen de seducir y convencer a sus pares de la oposición, para que también adhieran al planteo a favor de la vocal. Esto último fue duramente rechazado por los diputados del PJ, en las negociaciones del viernes 28 de diciembre, previo a la última de las dos sesiones previstas para ese día. Por eso, cuando los diputados fueron a la sesión de las 16 horas (tras el fracaso de la prevista para las 14), lo hicieron sabiendo que solamente iban a estar allí, todos juntos, para rechazar el tercer pedido de juicio político realizado por una empleada de Tribunales, que había sufrido situaciones de violencia de parte de la magistrada. De hecho, ello ocurrió y se levantó la sesión, porque si se avanzaba en el otro sentido, los diputados se iban a retirar del recinto y no darían el quórum correspondiente. La diputada Lena, al tomar la palabra, dijo que el dictamen se trataría en “una próxima sesión”, pero no especificó cuándo. Y, de hecho, ello nunca ocurrió, por lo cual este lunes caen los plazos y pasa al archivo. &nbsp;

Caso Medina: no hubo convocatoria y el pedido de juicio político vencerá hoy lunes a las 11

El juez de Garantías de Diamante, Jorge Barbagelata, resolvió este martes declarar la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley Nº 10.746 de Juicio por Jurados. Según se precisó, el juez consideró que aquella modificación restringe el derecho del ciudadano a ser juzgado por sus pares en una causa criminal. Así, el juez hizo lugar a&nbsp;que un ciudadano acusado de un delito sea juzgado por un jurado popular, tal como lo sostuvieron sus defensores, Damián Petenatti e Iván Vernengo, y rechazó el pedido de la fiscal de la jurisdicción, Romina Blasich. Los defensores realizaron el planteo el 1 de diciembre y recién este martes se conoció el fallo.Fuentes judiciales consultadas destacaron que “se trata del primer fallo en la Provincia que declara la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de Juicio por Jurados, Ley 10.746, en tanto dicha modificación restringe el derecho del ciudadano a ser juzgado por sus pares en una causa criminal”.También se resaltó que “la resolución, dictada por el Juez Titular del Juzgado de Garantías de la ciudad de Diamante, hizo lugar al planteo formulado por los defensores del acusado y declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 11.222, sancionada recientemente por la Legislatura de la Provincia de Entre Ríos”. Petenatti manifestó que “a diferencia de otros fallos dictados con anterioridad, que se referían al artículo 2 de la Ley Nº 11.222 y a la preclusión de los actos procesales, este fallo se pronuncia directamente sobre lo más sustancial de la reforma: el recorte de competencia a los delitos que deben ser juzgados por jurados. De esta manera resolvió que el caso sea juzgado por jurados de conformidad a lo que dispone el texto original de la ley”.El defensor valoró que “el juez tomó en cuenta los argumentos expuestos por la defensa, en tanto se trata de una reforma regresiva, que recorta derechos al acusado, afecta a la garantía del juez natural y lo colocan en peor posición en el juzgamiento de acusaciones tan graves”.Así, también destacó que “la ley de juicio por jurados es el modelo implementado y elegido por la Constitución Nacional, y que este sistema tiene reglas de prueba más exigentes, con el requisito de la unanimidad y la prohibición de recurrir un veredicto de no culpabilidad”.&nbsp;

La Justicia volvió a cuestionar el recorte al juicio por jurados en Entre Ríos

La Cámara de Casación de Concordia, Sala II, integrada por María Evangelina Bruzzo, María del Luján Giorgio y Darío Gustavo Perroud, resolvió este lunes hacer lugar parcialmente a los recursos de casación que presentaron los defensores, Eduardo Gerard, y Daniel Moyano Ilundain y Brenda Vittori, que representaron a Guillermo Martín Ocampo y Claudio Federico Barrios, respectivamente, en la causa que los juzgó y los condenó en 31 de marzo en sentencia del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia, que fue integrado por Pablo Garrera Allende, María Clara Mondragón Pafundi y Maximiliano Larocca Rees en la causa caratulada “Claudio Federico y Ocampo Guillermo Martín - Tenencia de arma de fuego de uso civil y otros”. Se trató de los hechos séptimo y décimo, los que en consecuencia ameritaron su absolución, convalidándose las restantes condenas.Así, la Cámara le impuso la pena de prisión de tres años de ejecución condicional a ambos condenados, debiéndose remitir al tribunal de origen, para que con otra integración resuelva la determinación de reglas de conducta, y absolvió de culpa y cargo a Ocampo, de 51 años oriundo de Florida, Buenos Aires, domiciliado en Concordia, comerciante, de los delitos de Abuso de autoridad y Violación de los deberes de funcionario público -hechos 1, 2, 3, 5 y 6, y Cohecho pasivo: e igual temperamento adoptó respecto de Barrios, alias Chiro, de 54 años, oriundo de Concordia, absolviéndolo de los delitos de Cohecho activo y Amenazas coactivas.Los vocales confirmaron las condenas impuestas a Ocampo por los delitos de Cohecho pasivo y Tráfico de influencias –hecho 10-, en calidad de autor y en concurso real, por las que se le impuso en marzo la pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, con más las accesorias legales y costas en virtud del principio general de la derrota.En cuanto a Barrios, confirmó la condena por los delitos de Cohecho activo –hechos 4, 7 y 10-, Tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil –hecho 9-, en calidad de autor y en concurso real, por la que en el debate se le impuso la pena de cuatro años de prisión efectiva, con más las accesorias legales y costas en virtud del principio general de la derrota. Ocampo era jefe de la División Investigaciones de la Policía de Concordia, y Barrios, un empresario a cargo de la distribuidora de gaseosas Manaos. Ambos comparecieron imputados por los delitos de Cohecho activo y pasivo, respectivamente, Abuso de autoridad, Violación de los deberes de funcionario público, Tráfico de influencias, todos en concurso real, y Tenencia de arma de fuego de uso civil y Amenazas calificadas, por hechos ocurridos entre 2017 y hasta agosto de 2021. La acusación fue impulsada por los fiscales José Arias y Daniela Montangie. En la resolución, el primer voto, que fue convalidado por los otros dos, señaló que “en función de lo expresado y habiendo brindado argumentos suficientes para considerar que el proceso judicial de dosificación del monto y modalidad de la pena han sido -en los supuestos señalados deficitarios, con más la desvinculación de los injustos consignados, habré de proponer -como fuera anticipado- la revocación de las penas efectivas de prisión impuestas, determinando en definitiva la de tres años de prisión condicional para cada uno de los justiciables, debiéndose remitir a un nuevo tribunal para que resuelva lo atinente a las reglas de conducta que correspondan imponer”. Arias argumentó en la audiencia de mejoramiento de los escritos casatorios que “la Defensa de los imputados se había limitado a reiterar los planteos efectuados en la etapa de alegatos, los que habían sido debidamente tratados en la sentencia sin que se hubiera efectuado una crítica concreta a la manera en que el Tribunal resolvió el caso”. La Cámara se expresó “sobre la conveniencia de la ejecución condicional de las respectivas sanciones impuestas a ambos encausados”, entendiendo que “cabe rememorar que ninguno de los injustos importaron violencia a terceros, ni extorsiones -por ejemplo- intimidaciones así como tampoco han sido acreditada la percepción ilegal de grandes sumas; aun dentro de las ilicitudes descriptas, los funcionarios policiales que prestaban aquellos servicios en infracción, declararon haber percibido los respectivos cánones menguados por el descuento”. Añadió la Casación que “confrontado ello con las agravantes desacertadamente consideradas como fueran puntualmente catalogadas en cada supuesto de valoración fiscalizado sobre el extremo de determinación punitiva, entiendo que los tres años individualizados reflejan el reproche penal por los actos lesivos sin necesidad de recurrir al encierro físico que conlleva ínsito -en las condiciones actuales- efectos nocivos de desocialización”. Asimismo, consideró que “por su parte, en el supuesto particular de Ocampo, ya no forma parte de las fuerzas de seguridad, ni habrá de volver a integrarlas en razón -entre otras cosas- de la inhabilitación especial perpetua y su edad en estadio de jubilación, circunstancias en que menos aún la pena tendría otros efectos más allá de la mera retribución”. El primer voto entendió que “en el escenario descripto, y en virtud también de mi precedente auspicio de absolución de las consignadas dos figuras enrostradas, anticipo, habré de acoger también la ejecución condicional de la sanción impuesta como fuere propiciada”. Fundamentó que “para así decidir, me permito exponer de manera más específica el déficit que advierto en el segmento de la mensuración; en primer lugar, aquella expresión por la que motivó una pauta severizante como lo fue ‘su falta de arrepentimiento demostrado durante el debate al intentar justificar la comisión de delitos absurdamente’ importa un serio y grosero defecto de razonamiento jurídico”. Se criticó que “se infiere de tales conclusiones, retrotrayendo su valoración a la declaración durante el plenario -la que es un acto puramente de descargo que hasta el estadio legislativo, constitucional y jurisprudencial que habilita incluso al justiciable a falsear u ocultar la verdad sin consecuencias- que el magistrado -cuanto mínimo prejuzgó; sin embargo, aún si tal aseveración fuera opinable, y obviando también que lo hubiéramos expresado en varias ocasiones precisamente a partir del persistente temperamento adoptado por los Vocales de esta misma jurisdicción, la contradicción en que incurrió el a quo, es insalvable”. En aquella línea Casación preguntó “¿Cómo podría exigirse remordimiento por un concurso delictivo cuya adjudicación afirmó el encausado no haber cometido? No cabe duda de que el reconocimiento en el procedimiento abreviado, debe ser considerado un atenuante, pero pretender que quien se exhibe inocente asuma la culpa y en caso de que no lo realizara se lo sancionase más severamente, es incoherente y adverso a postulados convencionales que tutelan sobremanera, el estado de inocencia”. Los vocales concluyeron que “tal intelección, como lo hemos advertido en reiteradas ocasiones en que hemos advertido tal desacierto, lesiona el principio que resguarda de la auto-incriminación coactiva, el derecho de Defensa traducido en la legítima potestad de resistir la acusación y que el peso de la prueba recaiga en la acusación, y fundamentalmente el de inocencia. Asimismo, pierde de vista la perspectiva fustigada, que el Derecho Penal debe ser de acto, evitando recriminaciones a la personalidad o al fuero interno del sujeto, o parece sugerir que el imputado debería sacrificar su estrategia procesal a costa de la verdad que desatinadamente pareció haberle exigido el magistrado, debiendo ser -a todas luces- la falta de expresión del arrepentimiento, un estado neutro”.&nbsp;

Casación hizo lugar parcialmente a los recursos en una causa por cohecho y abuso de autoridad

Durante el receso, actuarán vocales del Tribunal de Juicio y Apelaciones, jueces y juezas de los distintos fueros, fiscales, defensores públicos y equipos técnicos, de acuerdo a un cronograma establecido por el Superior Tribunal de Justicia, la Procuración General y la Defensoría General. En el ámbito del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, los turnos estarán a cargo de María del Luján Giorgio, Darío Gustavo Perroud, Maximiliano Otto Larocca Rees, María Clara Mondragón Pafundi y Mariano Joaquín Caprarulo, quienes se alternarán a lo largo del mes. En cuanto a los juzgados Civiles, Comerciales, Laborales y de Paz, prestarán funciones Julio César Marcogiuseppe, Flavia Elisa Pasqualini y Gregorio Martínez, mientras que en materia Penal actuarán Edwin Ives Leonardo Bastian, Mauricio Javier Guerrero, María Gabriela Sero y Francisco Rafael Ledesma, entre otros magistrados designados para el período. También quedará asegurada la atención en Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes, con turnos rotativos que cubrirán todo el mes de enero. En el Ministerio Público Fiscal de Concordia, fiscales y auxiliares cumplirán guardias sucesivas para garantizar la atención de denuncias y actuaciones urgentes. Del mismo modo, las Defensorías Públicas, tanto en materia Penal como Civil y de Niños, Niñas y Adolescentes, funcionarán con personal de turno. Además, seguirá operativo el Equipo de Letrados en Procesos de Salud Mental y el equipo técnico del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUAER) correspondiente a la jurisdicción Concordia. Para consultas generales, el Poder Judicial recordó que continúa habilitada la línea gratuita nacional de atención ciudadana 0800-444-6372, disponible durante todo el período de feria. La actividad judicial ordinaria en Concordia se retomará con normalidad a partir del lunes 1 de febrero de 2026.&nbsp;

Feria Judicial: así funcionará la Justicia en Concordia durante enero de 2026

En cuanto a los resultados de los procedimientos mediatorios, las estadísticas reflejan que:&nbsp; • El 38,3% de las mediaciones concluyeron con acuerdo entre las partes. • El 33,2% finalizaron sin acuerdo. • El 21,4% concluyeron por incomparecencia injustificada de alguna de las partes. • El 4,3% finalizaron por desistimiento. Estos indicadores evidencian que una proporción significativa de los conflictos sometidos a mediación encuentra una solución consensuada, mientras que, aún en los casos en que no se arriba a un acuerdo, el proceso mediatorio cumple un rol relevante en la gestión del conflicto.Bajo nivel de judicialización posterior Un dato particularmente relevante es que solo el 20,5% de las mediaciones iniciadas durante 2025 derivaron posteriormente en la iniciación de un proceso judicial, lo que confirma el impacto positivo de la mediación como mecanismo preventivo de la litigiosidad.Del total de procedimientos: • El 15,7% derivaron en juicios iniciados en el fuero de Familia. • El 4,8% derivaron en juicios iniciados en el fuero Civil y Comercial. • El 79,5% de los casos no generaron la apertura de un expediente judicial, permitiendo a las partes resolver o encauzar el conflicto sin necesidad de recurrir a los tribunales.Alcance territorial y recursos humanos Durante el año 2025, el CMARC coordinó la actividad mediatoria en las 18 jurisdicciones judiciales de la provincia, contando con un registro de 681 mediadores y mediadoras matriculados y habilitados, distribuidos estratégicamente en todo el territorio entrerriano.Un aporte concreto al acceso a la justicia La mediación, como mecanismo alternativo de resolución de conflictos, ofrece múltiples beneficios para la ciudadanía: constituye una vía más rápida, económica y participativa, reduciendo los costos emocionales y materiales asociados a los procesos judiciales prolongados.Para el Poder Judicial, representa además una herramienta clave para optimizar el servicio de justicia, permitiendo que los órganos jurisdiccionales concentren su intervención en aquellos casos que requieren una decisión judicial directa.El trabajo desarrollado durante 2025 reafirma el compromiso del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos con el fortalecimiento de políticas públicas orientadas al acceso efectivo a la justicia, la pacificación social y la resolución colaborativa de los conflictos.

Entre Ríos: en 2025 se iniciaron 13.315 mediaciones para la resolución de conflictos

Distribución territorial Del total de los realizados este año, 11 se llevaron a cabo en Paraná; 5 en Colón; 2 en San Salvador; 3 en Victoria; 4 en Concordia; 1 en Federal; 4 en Concepción del Uruguay; 1 en Rosario del Tala; 1 en Villaguay; 3 en Gualeguaychú; 3 en Gualeguay; 1 en Nogoyá y en 2 en Federación. Desde el inicio, los juicios por jurados se desarrollaron en toda la provincia, con mayor concentración en Paraná (34), Gualeguaychú (23), Concepción del Uruguay (20), Concordia (14) y Colón y Gualeguay (11 cada uno). El mapa provincial evidencia la aplicación federal del sistema y su alcance en las distintas jurisdicciones judiciales.Participación ciudadana En igualdad de género, 656 personas se desempeñaron como jurados durante el año en curso. Desde el inicio del funcionamiento del Instituto, año 2020, hubo 22.450 personas sorteadas, de las cuales 20.071 integraron el padrón de potenciales jurados. A su vez, 11.020 personas fueron convocadas a audiencias de voir dire, y 2.432 ciudadanos y ciudadanas participaron efectivamente como jurados en los debates. La evolución del sistema muestra un crecimiento sostenido, con 38 juicios en el período 2020–2022, 73 durante 2023–2024 y 41 en 2025, reflejando una mayor utilización del instituto en los últimos años.Veredictos y tipos de delitos Del total de juicios realizados, el 94 % de los veredictos fueron unánimes, mientras que el 4 % resultó estancado. En cuanto a los resultados, el 83,9 % concluyó con veredictos de culpabilidad, el 11,9 % con no culpabilidad y el 4,2 % con veredictos divididos. Respecto de los delitos juzgados, la mayoría correspondió a hechos contra la integridad sexual (58,1 %), seguidos por delitos contra la vida (26,4 %), femicidios (7,4 %), tentativas (6,8 %) y delitos contra la propiedad (1,4 %).Logística y gastos Para la concreción de los 41 juicios por jurados el Poder Judicial destinó este año $379.343.600 de su presupuesto. La cifra incluye remuneraciones para los integrantes del jurado; pago de seguros y viáticos; alquileres de salones en diferentes jurisdicciones para poder realizar los procesos y otros conceptos. En materia presupuestaria, el costo total acumulado del sistema asciende a $612.357.875, correspondiente a 152 juicios por jurados con detalle de gastos. La mayor erogación se destinó a la remuneración de jurados ($548.739.131), seguida por seguros y viáticos ($58.909.531) y alquiler de salones ($4.709.212). Sistema en consolidación Los datos reflejan la consolidación del juicio por jurados como herramienta de participación democrática, fortaleciendo la transparencia del proceso penal y el involucramiento directo de la ciudadanía en la administración de justicia, con presencia sostenida en toda la provincia y un impacto creciente en el sistema judicial entrerriano.

En el año se realizaron 41 juicios por jurados

La decisión fue adoptada al rechazar la apelación del Estado nacional, Ministerio de Justicia, contra el fallo de primera instancia que había hecho lugar al planteo de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.&nbsp; Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el tribunal sostuvo que se encuentran configurados los requisitos legales para mantener la suspensión del decreto. En el fallo, la Sala I destacó que, en el marco preliminar propio de las medidas cautelares, se acreditó la verosimilitud del derecho y de la ilegitimidad invocada, así como el peligro en la demora, al advertir que el mantenimiento de la vigencia del DNU podría generar perjuicios graves de imposible reparación ulterior. Los jueces señalaron que el decreto podría vulnerar facultades propias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de administración y disposición de bienes provenientes de actividades ilícitas, lo que comprometería la independencia del Poder Judicial, pilar del sistema republicano. Asimismo, el tribunal consideró que el Poder Ejecutivo no justificó, prima facie, la necesidad y urgencia que habilitarían el dictado del DNU 575/2025, y recordó que la Corte Suprema había reglamentado recientemente el régimen vigente mediante la acordada 22/2025. Como antecedente, la medida se inscribe en un escenario judicial en el que ya se confirmó la inconstitucionalidad del decreto que habilitaba al Ministerio de Justicia a administrar bienes incautados en causas penales, al entender que esa potestad corresponde al Poder Judicial. Finalmente, la Cámara desestimó los agravios del Estado vinculados a la caución y al plazo de vigencia de la cautelar, y dispuso distribuir las costas de la instancia en el orden causado, manteniendo la suspensión del decreto hasta que se dicte sentencia definitiva en el proceso principal. NA. &nbsp;

La Cámara Contencioso Administrativa confirmó la suspensión del DNU 575/25

El Superior Tribunal de Justicia de la Nación dio a conocer este viernes, pasadas las 13:45, el veredicto en el histórico caso Fornerón, uno de los expedientes más emblemáticos vinculados a adopciones irregulares en la Argentina. Tal como pudo confirmar El Heraldo, todos los imputados fueron absueltos, mientras que los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el 10 de febrero. El proceso judicial había comenzado tras décadas de dilaciones, sobreseimientos y denuncias, y tuvo como antecedente central la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2012, que responsabilizó al Estado argentino por violar los derechos de Leonardo Fornerón y de su hija.Un caso que llegó a instancias internacionales La causa se originó en el año 2000, cuando la hija de Fornerón nació el 16 de junio y fue entregada al día siguiente a un matrimonio porteño, mediante un acta de guarda provisoria, firmada en Victoria. Pese a haber reconocido su paternidad, Fornerón fue excluido del proceso judicial y privado de todo contacto con su hija. Ante la falta de respuestas en el ámbito local, el trabajador entrerriano, oriundo de Rosario del Tala, llevó su reclamo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que determinó que el Estado argentino había vulnerado el derecho a la identidad, a la familia y al debido proceso.El juicio y las absoluciones Durante el debate oral, la fiscalía y la querella sostuvieron que existió una trama de complicidades institucionales, integrada por funcionarios judiciales, profesionales y particulares, que legitimaron una entrega irregular de la niña. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia de la Nación, resolvió absolver a todos los acusados, entre ellos: Raúl del Valle, exjuez civil de Victoria Salvador Espona, abogado interviniente Daniela Kairuz, psicóloga Paul Reynoso y Ariel Barreto, intermediarios También&nbsp;a la&nbsp;madre biológica Marcelo Balbi, defensor oficial ya había sido sobreseído Aunque el fallo cierra el proceso penal, el caso Fornerón mantiene un fuerte peso institucional y social, al exponer ciertas falencias de un sistema que negó el derecho de un padre a ver a su hija.La lectura de los fundamentos será clave para conocer los alcances reales de la absolución y el modo en que la Justicia nacional interpreta, a más de una década, la sentencia de la Corte Interamericana.

Caso Fornerón: el Superior Tribunal de Justicia dio el veredicto absolviendo a todos los imputados

El oficialismo de “Juntos por Entre Ríos” tiene la suficiente cantidad de representantes para producir un dictamen de mayoría, y por lo tanto no es necesario que el peronismo -que tiene 6 de los 15 integrantes- acompañe esa decisión. Si ese dictamen no contara con las firmas suficientes, obedecería a una situación interna del oficialismo. Los legisladores y legisladoras de “Más para Entre Ríos” estuvimos este viernes en la Legislatura dispuestos a permitir el quorum necesario para sesionar, pero con la postura de no votar el dictamen elaborado por “Juntos por Entre Ríos”. Fue por eso que el oficialismo dejó caer la sesión de las 14 y tampoco incluyó el tema en la de las 16. En estos dos años de gestión el oficialismo ha tratado numerosas iniciativas con dictámenes firmados solo por integrantes de su bloque y sin considerar las posturas de la oposición.&nbsp; Al oficialismo le sobran votos para emitir el dictamen y también para aprobarlo en el recinto.

Las denuncias contra la vocal Susana Medina no se trataron en el recinto por decisión del oficialismo

En ese lapso se contabilizaron 1.057.055 presentaciones digitales realizadas por abogados/as, consolidando el uso de herramientas tecnológicas en la tramitación judicial.Asimismo, el promedio de movimientos diarios —en días con actividad— fue de 19.163, lo que evidencia una dinámica sostenida del sistema judicial. En igual período se iniciaron 79.969 causas en todos los fueros e instancias. En cuanto a la producción jurisdiccional, se dictaron 42.665 sentencias definitivas y 79.493 resoluciones interlocutorias, alcanzando un total de 122.158 resoluciones.En primera instancia, los mayores volúmenes de resoluciones correspondieron a los fueros de Familia (24.891), Penal (24.315) y Civil y Comercial (23.408). En tanto, en segunda instancia, en órganos no penales, se dictaron 2.422 sentencias y 3.449 autos, totalizando 5.871 resoluciones, mientras que, en la instancia superior, las Salas del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el Tribunal en Pleno emitieron 1.791 resoluciones, de las cuales 1.058 fueron sentencias y 733 autos. En materia no penal se dictaron 36.744 sentencias definitivas y 59.676 resoluciones interlocutorias, sumando 96.420 resoluciones, entre las cuales se incluyen 699 procedimientos constitucionales. Por su parte, en materia penal se dictaron 5.921 sentencias y 19.817 autos, totalizando 25.738 resoluciones. En el mismo período se realizaron 22.547 audiencias en primera instancia, además de 3.193 audiencias de mediación penal, lo que reafirma la importancia de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Estos indicadores dan cuenta del volumen de trabajo y de la continuidad en la prestación del servicio de justicia, así como del fortalecimiento de las políticas de modernización y gestión judicial implementadas durante el año 2025.

El Poder Judicial registró más de 2,5 millones de actos procesales entre febrero y noviembre de 2025

&nbsp;Por Tomás Martino - El Juzgado Federal de Campana habilitó la feria judicial de verano para avanzar en el cumplimiento de la sentencia que ordenó la aplicación inmediata de la ley de emergencia en discapacidad, pese a que el Gobierno nacional apeló el fallo y busca revertirlo ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. La habilitación fue adoptada este viernes por el juez federal Adrián González Charvay, designado como autoridad durante el primer tramo del receso judicial. El magistrado consideró que la demora podría frustrar derechos o producir un “daño irreparable” sobre las personas alcanzadas por el amparo colectivo contra el Estado nacional. En una resolución dictada en el expediente “J, O.G. (en representación de sus hijos) y otro c/ Estado Nacional – Ministerio de Salud de la Nación (...)”, el juez entendió que se encontraban reunidos los requisitos legales para permitir la actividad judicial durante enero y dispuso que la medida quedara circunscripta al cumplimiento de la sentencia definitiva ya dictada en la causa. El magistrado ponderó que el transcurso del tiempo podría afectar derechos fundamentales del colectivo integrado por personas con discapacidad, sus familias, cuidadores y prestadores de servicios en todo el país. El fallo, en rigor, se produce en el marco de un litigio de alto impacto social vinculado con la Ley 27.793, que declaró la emergencia nacional en materia de discapacidad y estableció medidas de alcance normativo, institucional y presupuestario para sostener el sistema de prestaciones. La norma fue sancionada por el Congreso en julio de este año, pero posteriormente resultó vetada en su totalidad por el presidente Javier Milei por razones de sostenibilidad fiscal. Frente a ese veto, ambas cámaras del Congreso insistieron con la sanción original. La Cámara de Diputados lo hizo el 20 de agosto y el Senado el 4 de septiembre, en ambos casos con el voto afirmativo de los dos tercios de los legisladores presentes. De acuerdo con el artículo 83 de la Constitución Nacional, esa insistencia obligaba al Poder Ejecutivo a promulgar y aplicar la ley sin condiciones. Tras ese trámite parlamentario, el Gobierno dictó el Decreto 681/2025, firmado por Milei, el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Salud Mario Iván Lugones. El artículo 1 del decreto promulgó la ley en cuestión, mientras que el artículo 2 dispuso comunicarla al Congreso “con el fin de que incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan la ejecución” de la norma. En los considerandos de ese texto, el Poder Ejecutivo sostuvo que la ley no había previsto fuentes específicas de financiamiento y que, en virtud del artículo 5 de la Ley 24.629 y del régimen de administración financiera, su ejecución debía quedar supeditada a la incorporación de partidas presupuestarias específicas en el presupuesto nacional. Esa medida fue cuestionada judicialmente. A mediados de diciembre, el titular del Juzgado Federal de Campana dictó sentencia definitiva y declaró inválido el artículo 2 del decreto, al analizar que el Gobierno nacional había utilizado esa cláusula para suspender en los hechos la ejecución de una ley sancionada por insistencia parlamentaria. En su pronunciamiento, el juez indicó que la conducta del Ejecutivo violó el artículo 83 de la Constitución Nacional y el principio de supremacía constitucional, al subordinar una ley formal del Congreso a normas de jerarquía inferior. También señaló que la propia Ley 27.793 facultó al Jefe de Gabinete a realizar ampliaciones y modificaciones presupuestarias para asegurar su financiamiento. Semanas después, antes de que la Cámara de Diputados rechazara el capítulo del proyecto de Presupuesto 2026 que preveía la derogación de la emergencia en discapacidad, el Procurador del Tesoro Santiago Castro Videla apeló la sentencia de González Charvay. La apelación fue concedida con “efecto devolutivo”, por lo que el fallo quedó en condiciones de ser cumplido mientras no sea revocado por la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín.Para defender su postura ante el reclamo judicial, el Gobierno explicó que la aplicación de la ley implicaba un impacto fiscal que no era compatible con el equilibrio de las cuentas públicas y que el artículo 2 del decreto no suspendió la norma, sino que la eventual imposibilidad de ejecución deriva de la legislación presupuestaria vigente. Esos argumentos fueron rechazados por el juez de primera instancia tras subrayar en la sentencia que el Congreso, en efecto, había habilitado al jefe de Gabinete a reasignar partidas y que el Ejecutivo había realizado múltiples modificaciones presupuestarias para otros fines desde diciembre de 2023. Según los datos recabados durante la tramitación de ese expediente, entre diciembre de 2023 y mayo de 2025 la inflación acumulada fue del 114,6%, mientras que los aranceles aumentaron solo un 42,6%, lo que generó una pérdida real superior al 50%, con cierres de instituciones, interrupción de tratamientos y dificultades para sostener servicios esenciales como el transporte adaptado. Así las cosas, con el fallo vigente y la apelación en trámite, el juez resolvió habilitar la feria judicial para darle continuidad a la fase de ejecución.

Emergencia en discapacidad: un juez abrió la feria judicial para avanzar con la ejecución del fallo contra el Estado

En ese marco, desde la Oficina de Medidas Alternativas (OMA) se mantuvieron reuniones de coordinación con el jefe de la Policía Departamental de Paraná, comisario inspector Carlos Ariel Schmunk, y con autoridades del Servicio Penitenciario Provincial, entre ellos el director inspector general Alejandro Miotti y el director principal de Tratamiento, prefecto Alejandro Mondragón. El objetivo fue acordar que las personas beneficiadas con la suspensión del juicio a prueba o condenas de ejecución condicional por delitos tipificados en el artículo 119 y concordantes del Código Penal realicen tareas comunitarias en comisarías, dependencias policiales y unidades penitenciarias de la provincia. Asimismo, 141 personas probadas o condenadas por delitos cometidos en contextos de violencia de género fueron derivadas al “Dispositivo de Masculinidad sin Violencia”, a cargo del licenciado Javier Ortiz. Esta propuesta, desarrollada a través del Instituto “Dr. Juan Bautista Alberdi” del Superior Tribunal de Justicia (STJ), apunta a abordar y trabajar las problemáticas vinculadas a este tipo de conductas. En Concordia, oficiales de prueba gestionaron junto al padre Nicolás Frigo, de la parroquia Nuestra Señora de la Merced, charlas sobre convivencia familiar destinadas a personas con condenas condicionales o probation (suspensión de juicio a prueba). Las actividades se realizaron durante junio de 2025 y contaron con la participación de 18 asistentes. Por otra parte, los equipos de mediación penal se trasladaron a distintas localidades de la provincial y realizaron audiencias en los lugares de residencia de las partes, garantizando así el acceso a la justicia en todo el territorio.Mediadores de Paraná trabajaron en Crespo, Hernandarias y María Grande; los de Gualeguaychú en Urdinarrain; y los de Gualeguay en General Galarza. Estas intervenciones no solo facilitaron el acceso a la justicia, sino que permitieron resolver positivamente numerosos conflictos penales. En el marco del proyecto “Atención a víctimas de violencia de género y/o abuso sexual en la OMA”, orientado a brindar un abordaje específico e interdisciplinario, durante 2025 fueron contactadas y entrevistadas 318 mujeres víctimas en la ciudad de Paraná, priorizando la preservación de sus derechos, seguridad y dignidad, así como la de sus hijos e hijas.Capacitación permanente Durante el año también se impulsaron diversas instancias de formación. Junto al Instituto Alberdi se organizaron el webinar “La experiencia del seguimiento y control de la suspensión del proceso a prueba en CABA”, con la participación de integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el conversatorio “Intercambio de saberes sobre la Mediación Penal Entre Ríos – Salta”, con referentes del Ministerio Público Fiscal salteño. Además, en conjunto con la Asociación de la Magistratura y de la Función Judicial de Entre Ríos, se llevó a cabo la Jornada Anual de Capacitación de Mediadores Penales en la ciudad de Victoria, el 7 de agosto, y la Jornada Interjurisdiccional de Mediadores y Mediadoras Penales, los días 27 y 28 de octubre, en Concepción del Uruguay.Datos de gestión Al 30 de noviembre de 2025, ingresaron a las Oficinas de Control de toda la provincia 1.708 personas con suspensión de juicio a prueba y 642 con condenas de ejecución condicional, lo que totaliza 2.350 nuevas personas bajo seguimiento, que se suman a las que vienen de años anteriores. En el mismo período, el Ministerio Público Fiscal derivó 4.706 legajos a las Oficinas de Mediación Penal. De ellos, se trabajaron 4.667, pudiéndose llevar adelante el proceso de mediación en 3.818 casos. El conflicto fue resuelto positivamente en 2.970 legajos, lo que representa un índice de eficacia del 78 por ciento. Estas acciones reflejan el compromiso del Poder Judicial entrerriano con una justicia cercana, eficiente y orientada a la resolución pacífica de los conflictos, la prevención de la violencia y la protección de las víctimas. &nbsp;

El Poder Judicial de Entre Ríos reforzó el control judicial y la mediación penal en toda la provincia

La Justicia federal le ordenó &nbsp;al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata la ley de financiamiento universitario y dejó sin efecto, de forma cautelar, el decreto que había suspendido la actualización de salarios docentes y becas estudiantiles. La decisión fue adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11, a cargo del juez Martín Cormick, en el marco de una acción de amparo presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades del sistema universitario, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales. El magistrado declaró inaplicable el decreto 759/2025 en cuanto condicionaba la ejecución de la ley 27.795 a la definición previa de las fuentes de financiamiento por parte del Congreso. Según el fallo, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la suspensión dispuesta por el Ejecutivo aparece, en esta etapa preliminar del proceso, como una conducta arbitraria y contraria a la Constitución.&nbsp; El juez sostuvo que, tras la insistencia legislativa de ambas cámaras, prevista en el artículo 83 de la Constitución, “no admitiría, a priori, una variante suspensiva” para la promulgación y aplicación de la norma. La resolución hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al Estado cumplir de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de las remesas destinadas al pago de salarios docentes y la recomposición automática de las becas estudiantiles. La cautelar tendrá vigencia hasta el dictado de la sentencia definitiva.El fallo En sus fundamentos, Cormick señaló que el incumplimiento del deber normativo ocasiona “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, al advertir sobre la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los ingresos del colectivo afectado.&nbsp; Añadió que esa situación compromete derechos laborales protegidos por la Constitución y por tratados internacionales de derechos humanos. El juez también rechazó el argumento del interés público esgrimido por el Gobierno y sostuvo que el deterioro salarial impacta no solo en los trabajadores universitarios, sino también en el derecho a enseñar y aprender. En ese sentido, indicó que el eventual ahorro fiscal tendría una incidencia reducida, estimada en alrededor del 0,23 % del PBI. Asimismo, la resolución cuestionó la medida del Ejecutivo por considerar que podría vulnerar el principio de división de poderes, al intentar condicionar la vigencia de una ley insistida por el Congreso mediante una norma de jerarquía inferior. El fallo aclaró que la medida se dicta en un estado preliminar del proceso y no implica adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión, pero consideró reunidos los requisitos legales para conceder la cautelar y ordenar el cumplimiento inmediato de la ley.

La Justicia le ordenó al Gobierno aplicar de manera “inmediata” la ley de financiamiento universitario

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados recibió en los últimos días un voluminoso cuerpo de pruebas remitidas por distintos organismos, que refuerzan las acusaciones por mal desempeño y abandono de funciones contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Susana Medina de Rizzo. La documentación, compuesta por miles de folios digitalizados en tiempo récord, deja al descubierto demoras reiteradas en la resolución de causas de la Sala Laboral.Según la normativa vigente, los miembros de tribunales colegiados tienen plazos precisos para emitir sus votos: hasta 60 días hábiles para las sentencias definitivas. Estos plazos son de cumplimiento personal y la demora de un solo vocal basta para paralizar el dictado del fallo. Las planillas oficiales del STJ incorporadas como prueba muestran que, en algunos períodos, hasta el 90% de las causas de la Sala Laboral registraron atrasos.El análisis puntual de la vocalía de Medina de Rizzo revela al menos 149 expedientes en los que el tiempo a despacho superó ampliamente los plazos legales, con un promedio general de 116 días corridos entre 2018 y 2025. En los años 2024 y 2025, ese promedio trepa a 193 días, con casos que alcanzaron hasta 350 días de demora para la emisión de un solo voto.Estos datos contrastan con declaraciones firmadas por la propia magistrada en solicitudes de licencia, donde aseguró bajo juramento que su despacho se encontraba “al día”. Sin embargo, las pruebas indican que, mientras se tramitaban licencias y ausencias, había causas pendientes desde meses anteriores sin resolución. La documentación también exhibe inconsistencias en las respuestas del Área de Planificación, Gestión y Estadísticas del STJ, que evitó brindar información comparativa detallada, pese a contar con sistemas que permiten hacerlo con facilidad. Las demoras impactan directamente en ciudadanos comunes: trabajadores despedidos, jubilados, gremios y empresas que aguardan definiciones judiciales clave. Con este material en manos, la Comisión de Juicio Político deberá ahora evaluar responsabilidades y definir los pasos a seguir, bajo la mirada atenta de una ciudadanía que reclama un Poder Judicial más eficiente, transparente y ético. (I: Nota en síntesis de Análisis)

Juicio político a Medina de Rizzo: los documentos revelan demoras sistemáticas en la Sala Laboral

La vocal del Superior Tribunal de Justicia, Susana Medina de Rizzo, concretó 60 vuelos al exterior entre 2016 y 2025. El dato consta en un informe oficial de la Dirección de Migraciones del gobierno nacional, enviado a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, donde se reveló también que al menos cinco de esos viajes se realizaron en aviones privados de lujo. El más utilizado es el Gulfstream G650 con matrícula N380SE, uno de los jets privados más exclusivos y costosos del mundo, con el que la magistrada hizo cuatro viajes a España y un quinto a Colombia, aunque nunca lo declaró como financiado por terceros, como sucedió en estos casos, según pudo determinar ANALISIS. El avión Gulfstream cuesta 78 millones de dólares, es de 19 plazas, y sale entre 300.000 y 400.000 dólares, ida y vuelta, el viaje entre Ezeiza y Barajas (Madrid, España) y en los últimos años fue varias veces contratado por el grupo empresario que lidera Eduardo Eurnekian, de estrecha relación con Susana Medina de Rizzo. La vocal no pocas veces reconoció esa relación de amistad con Eduardo Eurnekian, en ámbitos privados y públicos y en especial en reuniones de Acuerdos del STJ.Los registros migratorios pintan el retrato de una jueza con una actividad internacional inusualmente intensa. Durante nueve años, Medina de Rizzo promedió más de siete viajes al exterior por año, alcanzando su pico en 2017 con 11 vuelos internacionales. El año 2024 muestra nueve viajes, mientras que en lo que va de 2025 la jueza ya acumula seis salidas del país hasta octubre, último movimiento registrado en el informe. El único año sin actividad viajera fue 2020, coincidente con las restricciones de la pandemia de COVID-19.El análisis de los destinos revela patrones llamativos en los 60 viajes. Brasil encabeza la lista con 20 viajes, la mayoría de corta duración (entre 2 y 6 días), realizados principalmente desde Aeroparque Jorge Newbery. Esta frecuencia se intensificó notablemente a partir de 2022. En Brasil vive una de sus hijas, que supo depender de la Fuerza Aérea Argentina y actualmente trabaja en la sede de Boeing de San Pablo.Italia ocupa el segundo lugar con 11 viajes, varios de ellos de duración considerable. Estados Unidos aparece con 10 visitas, seguido de México y España con 5 viajes cada uno, y Gran Bretaña también con 5. El informe también registra viajes a destinos más exóticos o inusuales: Qatar, Turquía, Cabo Verde, Colombia, Francia, Canadá, Chile, Perú y Paraguay.Si bien muchos de los viajes a Brasil fueron de corta duración, algunos destinos implicaron estadías más extensas. El viaje más largo registrado fue a Italia en enero-febrero de 2024: 21 días fuera del país. Otros viajes prolongados incluyen 15 días en Estados Unidos en enero de 2016, 12 días en España/Brasil en noviembre de 2016, 14 días en Italia en enero de 2018, y 12 días en Gran Bretaña en mayo de 2017. En varios casos, el informe muestra que la jueza realizó viajes combinados, con escalas o conexiones en distintos países durante un mismo periplo.Los vuelos privados Un dato que llama la atención es el registro de al menos cinco viajes realizados en vuelos particulares, identificados con la matrícula N380SE. Estos vuelos privados tuvieron como destinos España (en cuatro ocasiones) y Colombia. El más reciente de estos vuelos privados data de julio de 2023, con una estadía de 10 días en España. En abril de 2022, otro vuelo privado la llevó a España por 8 días. El avión está considerado el buque insignia de la flota Gulfstream y tiene características que lo ubican en la cúspide de la aviación ejecutiva. Es para 19 pasajeros con cuatro áreas de estar diferenciadas y un alcance de 7.000 millas náuticas sin reabastecimiento. Dispone de ventanas panorámicas ovaladas de Gulfstream, sistema de renovación de aire 100% fresco cada dos minutos, altitud de cabina de solo 3.000 pies a 41.000 pies de crucero.La aeronave puede volar sin escalas en rutas como Londres-Buenos Aires, Nueva York-Tokio o Los Ángeles-Londres. Los registros migratorios documentan cuatro viajes de Medina de Rizzo en el Gulfstream N380SE: --Julio 2023: España (salida 20/07, entrada 30/07), 10 días. Consignó que su ausencia era por “compensatoria de feria”. La jueza salió del país el jueves 20 de julio, pero su licencia comenzaba el sábado 22 de julio. Al revisar la Planilla 1 (Comisiones de Servicio), no figuran comisiones oficiales para los días 20 y 21 de julio de 2023 que justifiquen su ausencia laboral esos días hábiles previos al inicio de la feria. --Abril 2022: España (salida 08/04, entrada 16/04), 8 días. Indicó que viajó por “motivos personales”. --Septiembre 2021: Cabo Verde/España (salida 03/09, entrada 12/09), 9 días. Manifestó en la planilla del STJ que eran días de su feria judicial. --Abril 2019: Colombia (salida 22/04) y vuelve por España. Indicó que viajó por un encuentro internacional con perspectiva de género. La consulta a múltiples operadores internacionales de jets privados establece que el costo de charter (alquiler por hora) de un Gulfstream G650 oscila entre USD 10.000 por hora (rango bajo); USD 13.000 por hora (rango promedio) y USD 17.000 por hora (rango alto).Un vuelo Buenos Aires-España tiene una duración aproximada de 12 a 14 horas. Aplicando las tarifas de mercado, el costo estimado por viaje (ida y vuelta) es de 240 mil dólares; 312.000 dólares el escenario promedio y 408.000 dólares un escenario alto. Solo los tres viajes a España en el G650 habrían representado un costo de entre USD 720.000 y USD 1.224.000, sin contar el viaje a Cabo Verde ni el vuelo privado a Colombia. Estas cifras no incluyen costos adicionales como tarifas de aterrizaje y permisos; combustible adicional; catering gourmet a bordo; alojamiento de tripulación; servicios de WiFi satelital (hasta USD 30.000 si no se gestiona anticipadamente) o posicionamiento del avión. La empresa Inter-Americas Transport Inc, la compañía propietaria del Gulfstream N380SE, aparece registrada en Estados Unidos como operadora de aviación privada. La firma es por lo general contratada por Servicios Aéreos Sudamericanos S.A., propiedad del grupo Eurnekian. La falta de información disponible sobre quién utiliza habitualmente este avión, quién paga por sus servicios o qué relación podría tener la jueza Medina de Rizzo con sus propietarios abre nuevos interrogantes en el expediente de juicio político. No obstante, hay que remarcar que no pocas veces la vocal contó en ámbitos judiciales que “Eurnekian es un gran amigo, que me ayuda a viajar con sus aviones o pasear en sus yates por el mundo”. Incluso se ha deleitado relatando a sus pares “los días de navegación por el Mediterráneo, con Ricardo (Rizzo) y Eurnekian, en su inmenso yate”.&nbsp; Está claro que ningún congreso internacional contrata aviones privados para llevar de un país a otro a disertante o invitado alguno y por ende pasa por la decisión de un empresario -como Eurnekian- de contratar un avión de cientos de miles de dólares para trasladar a gente amiga y de su extrema confianza, como gentileza. La Comisión de Juicio Político podrá evaluar también si la jueza no violó la Ley de Ética Pública, que obliga a los magistrados a declarar no solo sus bienes sino también “todo aquello que contribuya a demostrar su situación patrimonial”. El uso recurrente de aviones privados de lujo debería estar reflejado en alguna declaración jurada, ya sea como gasto propio o como beneficio recibido de terceros. O sea que no solamente aparecería como un motivo más para avanzar en el juicio político sino también como una irregularidad que se podría transformar en una denuncia penal contra la vocal del STJ. A la luz de estos datos, el eje del debate ya no es solo la frecuencia o el costo de los viajes, sino el cumplimiento de los deberes de ética pública que rigen a los magistrados.La normativa vigente es clara: los jueces no pueden recibir regalos, beneficios o dádivas de empresarios o particulares que, por su magnitud o naturaleza, excedan los usos de cortesía y puedan comprometer —o aparecer comprometiendo— su independencia e imparcialidad. El uso reiterado de aviones privados de lujo, cuyo costo individual supera ampliamente cualquier estándar razonable de cortesía, encuadra prima facie como un beneficio económico relevante que debía ser declarado y justificado, y cuya aceptación resulta difícilmente conciliable con las exigencias de austeridad, transparencia e independencia que impone la función judicial.La experiencia reciente muestra que este tipo de conductas no es jurídicamente neutra. En los últimos años, distintos funcionarios públicos, entre ellos el exvicepresidente Amado Boudou, han enfrentado causas judiciales, investigaciones administrativas e incluso condenas, en el caso del exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, por haber aceptado vuelos privados, traslados o viajes financiados por empresarios con intereses económicos o vínculos con el Estado. En esos antecedentes, la Justicia consideró que tales beneficios constituían dádivas o ventajas indebidas, aun cuando se intentara justificarlos como gestos de amistad o invitaciones personales. El estándar aplicado ha sido estricto: no se trata solo de probar un favor concreto a cambio, sino de preservar la integridad del cargo y la confianza pública en la independencia de las decisiones.En ese marco, el caso de Susana Medina de Rizzo plantea interrogantes de fondo que exceden lo anecdótico. La aceptación de vuelos privados de altísimo valor económico, presuntamente financiados por un empresario con intereses múltiples y una relación personal reconocida con la magistrada, coloca a la vocal del Superior Tribunal de Justicia bajo un escrutinio inevitable. No solo por una eventual violación a la Ley de Ética Pública y al deber de declarar beneficios recibidos de terceros, sino también porque este tipo de prácticas ha sido, en otros casos, el punto de partida de investigaciones penales por dádivas y enriquecimiento injustificado, además de procesos de remoción por mal desempeño. La Comisión de Juicio Político deberá ahora determinar si estos antecedentes no configuran también una falta grave incompatible con la investidura judicial.(I:Análisis) &nbsp;

Medina de Rizzo hizo 60 viajes al exterior en los últimos años, cinco a España y Colombia, en vuelos privados

Según el magistrado, la medida cautelar busca impedir cualquier movimiento o transferencia que pueda alterar el estado de los bienes mientras avanza la investigación. En su resolución, Marabelli señaló que congelarlos resulta necesario para evitar maniobras que entorpezcan el proceso o generen perjuicios irreversibles.El eje de la causaLa Justicia intenta determinar si existió un vínculo económico no declarado entre Espert y el empresario Federico “Fred” Machado, quien será juzgado por narcotráfico y lavado de activos. La denuncia inicial sostiene que Espert habría recibido aportes en dólares para su campaña presidencial de 2019 y realizado viajes en un avión privado del empresario. Como parte de las sospechas, los fiscales remarcaron que el diputado omitió informar su participación en la firma Varianza S.A., donde también figura su pareja, María Mercedes González. Por ese motivo, la medida de congelamiento se extendió también a los bienes de ella. Además, se señalaron irregularidades en la valuación de activos declarados por el legislador. La investigación continúa en etapa preliminar y las próximas medidas definirán si el caso avanza hacia una imputación formal.

La Justicia congeló todos los bienes de José Luis Espert

La mayoría de esos trayectos fueron para realizar actividades vinculadas a la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), que presidiera hasta hace algunos pocos días y que no tenían nada que ver con su rol de vocal del Poder Judicial y para lo cual se le paga un sueldo mensual de 16 millones de pesos. “No utilicé el auto oficial de la Presidencia del STJ y lo dejé establecido en una nota enviada a la administración del cuerpo”, dijo Medina de Rizzo, en su primer descargo ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.En realidad, no utilizó el vehículo oficial de la Presidencia, sino otros del Superior Tribunal de Justicia, que son de la misma marca y modelo que el anterior mencionado y que fueron comprados en una licitación ordenada por Medina de Rizzo cuando llegó a la presidencia.Entre 2022 y 2024 hizo 25 viajes a Buenos Aires con chofer oficial, con gastos de combustible y viáticos pagos al conductor, además de numerosos trayectos a lugares del interior de la provincia. Hizo 8 viajes en 2022, pero en 2023 hizo casi un viaje por mes.En mayo de ese año hizo 4 viajes en el mes, y 3 viajes en diciembre. Y en el 2024 hizo 6 trayectos en coche oficial hacia CABA. En mayo, hubo dos viajes con 5 días de distancia y en junio, 2 viajes con 8 días de separación. Todo esto, además de las reiteradas ausencias que tuvo en esos años.Recordemos que entre enero de 2016 y el 30 de julio de 2025, la vocal en cuestión se ausentó 668 días del Poder Judicial entrerriano. Algunos días podían estar justificados, pero la gran mayoría no. Es decir que siempre trabajó no más del 50 por ciento de los días del calendario anual judicial.Toda esta información sobre los gastos de los choferes oficiales de Susana Medina llegó a ANÁLISIS en horas de la tarde del miércoles, después de un pedido de acceso a la información pública presentado al STJ el 27 de noviembre. Y al cruzar la información aportada con otros datos de páginas webs (lo que incluía el sitio oficial judicial y la de AMJA), nos encontramos con varias particularidades entre 2022 y 2024, por tomar fechas donde más viajes realizó en los últimos tiempos. Recordemos que, en febrero de 2022, Medina asumió como presidenta del STJ.Algunos casos a mencionar:-El 30 de marzo de 2022 viajó a Buenos Aires como representante de la AMJA, a una reunión en la Embajada de Estados Unidos. Puso en los motivos de su viaje “motivos inherentes a la Vocalía”. Y no era así. -El 30 de junio de ese año, viajó de nuevo en auto oficial y la vocal fue con viáticos pagos, porque había en Buenos Aires un encuentro de profesores de derecho constitucional. Fue de nuevo como representante de AMJA y no como vocal. En los fundamentos de su viaje puso otra vez, no obstante, “motivos inherentes a la Vocalía”. -Ya en 2023 (donde estuvo 21 días en Buenos Aires, en 11 viajes realizados), hizo varias actividades que no tenían nada que ver con el STJ. -En mayo se hizo llevar y buscar de Ezeiza, después de participar de un encuentro internacional de mujeres en Marruecos, donde fue en su carácter de presidenta de AMJA. El chofer cobró viáticos por ambos viajes y se pagaron los gastos de nafta desde la administración del alto cuerpo. -El 9 de julio, día de la Independencia y feriado nacional, se hizo llevar en auto oficial a Buenos Aires. Al día siguiente empezaba la feria judicial en Entre Ríos. No hubo ningún acto oficial ni actividades de AMJA. Quedó claro que la vocal se fue de vacaciones y partía desde alguno de los aeropuertos. -El 6 de septiembre viajó a Capital Federal, también con viáticos, hasta el aeropuerto Jorge Newbery. Y desde allí partió en avión hacia Mendoza, al encuentro nacional de AMJA. En los fundamentos de su salida puso “capacitación” como vocal del STJ. Y no era así. -El 29 de noviembre de 2023 volvió a viajar a Buenos Aires en auto oficial y regresó el 1 de diciembre. En los fundamentos asentó: “Reunión de comisión directiva de La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales” (JUFEJUS) y se hizo abonar viáticos del STJ. El tema fue que la reunión mensual de la mencionada comisión no era en Buenos Aires sino en San Miguel de Tucumán, 6 días después. Y ella no estaba en la mencionada comisión directiva. O sea que faltó a la verdad. En realidad, Susana Medina participó ese 1 de diciembre de las actividades por los 30 años de AMJA, en el teatro Colón, encuentro del que participó el mismísimo gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. -Ya en 2024, el 8 de mayo viajó en coche oficial a Buenos Aires para reunirse con la vicepresidenta Victoria Villarruel, senadoras nacionales libertarias y juezas de la AMJA. Fue como titular de la entidad de las juezas mujeres y ya postulándose para un lugar en la Corte Suprema. No fue como vocal del STJ. -El 3 de junio viajó a Buenos Aires para participar del ciclo de diálogos interinstitucionales en el Congreso de la Nación, organizado por AMJA. Fue en vehículo y con chofer oficial. Tampoco fue como vocal del STJ. Regresó al día siguiente. -El 11 de septiembre viajó con su chofer oficial rumbo a Catamarca, al Congreso Nacional de Capacitación judicial, como presidenta de AMJA. Retornaron el 13 de septiembre. El STJ tuvo que erogar 620.714 pesos, entre nafta y viáticos, por una actividad personal de Medina. No fue como vocal.Queda claro que la jueza del STJ ha faltado a la verdad de numerosas oportunidades. Y lo hemos demostrado con documentación obrante en la propia administración del alto cuerpo. No hubo relato, ni especulaciones. Fueron datos crudos y concretos, que constan en las planillas oficiales del alto cuerpo.El desenlace de este proceso será una prueba de fuego para las instituciones entrerrianas y un termómetro de la voluntad política de sancionar conductas que, según los denunciantes y las pruebas documentales, configuran un grave abandono de funciones y una indolencia incompatible con la responsabilidad propia de cualquier juez, y particularmente de un integrante del máximo tribunal provincial.Todo está en manos de los legisladores y gobernantes. Si no fallan acorde a lo que establecen las leyes, las resoluciones, los reglamentos, la Constitución, después no hablen de la preocupación de la sociedad, que cada vez les cree menos a nuestros dirigentes.Está en cada uno de ellos construir reglas de respeto y convivencia, en democracia. Los abusos de poder se pagan caro. Y en esta historia hubo demasiadas situaciones. Si no lo quieren ver, que cada uno se haga cargo luego de las secuelas y consecuencias.(I:Análisis) &nbsp;

Susana Medina, los viajes fraguados y los gastos públicos de una campaña personal

Cabe recordar que el juicio político se inició tras la unificación de dos denuncias: una presentada por el docente jubilado Eugenio Jacquemain y otra impulsada por la ONG Entre Ríos sin Corrupción, encabezada por María Fabiana Cian junto a María Valeria Harari. Ambas invocan la causal constitucional de mal desempeño -entre otras cosas &nbsp;más 660 ausencias injustificadas entre 2016 y 2025- y toman como base investigaciones periodísticas de la revista ANÁLISIS que dieron cuenta de presuntas irregularidades en la actuación de la vocal del Superior Tribunal de Justicia.Según se informó, este nuevo escrito no difiere sustancialmente del primero en cuanto a los ejes centrales de la defensa, aunque incorpora mayores apreciaciones de carácter político. En el texto, Medina negó de manera categórica las acusaciones en su contra y rechazó la existencia de irregularidades en su desempeño. “No existe daño institucional, no existe afectación del servicio de justicia, no existe retardo, negligencia, abandono del cargo ni incumplimiento funcional alguno”, sostuvo. en esa línea, afirmó que las denuncias que dieron origen al proceso “constituyen un intento manifiestamente improcedente de instrumentalizar el juicio político como herramienta de presión y persecución institucional contra una magistrada”, y las calificó como “una construcción discursiva artificiosa, fragmentaria y conjetural, apoyada en notas periodísticas, inferencias subjetivas y lecturas parciales del orden normativo”.La jueza también se refirió a los cuestionamientos vinculados a sus ausencias y licencias, señalando que “muchas de las ausencias y licencias que se me cuestionan han sido para formarme, formar y capacitar a las nuevas generaciones del Poder Judicial de Entre Ríos”.En cuanto al presunto conflicto de intereses por aportes del Banco de Entre Ríos (Bersa) o de fundaciones vinculadas a la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), expresó: “La descomedida y embozada imputación de haber recibido directa o indirectamente ‘gratificaciones’ de un contratista del Poder Judicial, no resisten el menor análisis”.En otro pasaje del descargo, remarcó que “las imputaciones formuladas no describen hechos concretos, no individualizan actos jurídicamente reprochables, no identifican normas vulneradas ni acreditan daño alguno al servicio de justicia. Se trata de una construcción discursiva artificiosa, fragmentaria y conjetural, apoyada en notas periodísticas, inferencias subjetivas y lecturas parciales del orden normativo, que desnaturaliza el instituto del juicio político y lo vacía de su finalidad constitucional, transformándolo en un mecanismo de hostigamiento incompatible con el Estado de Derecho”.Entrevista por Zoom Durante la reunión, los diputados acordaron además fijar para el lunes 22 de diciembre la instancia en la que Susana Medina responderá las preguntas de los legisladores. La comparecencia se realizará por Zoom, a pedido expreso de la magistrada, quien no manifestó imposibilidad de asistir de manera presencial, sino que solicitó utilizar esa modalidad.Finalmente, se estableció que los integrantes de la comisión tendrán plazo hasta el 5 de enero para pronunciarse sobre la situación y definir los pasos a seguir en el proceso.(I:Analisis)

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