🕗 08:00 hs<ul><li>A.F.M s/ Lesiones leves Lectura de sentencia.</li><li>M.H.J s/ Abuso sexual con acceso carnal Sala Garantías – Sobreseimiento.</li><li>Moyano, Mauricio Sebastián; Bordagaray, Rosalía Daniela; Pennoni, Jennifer Belén s/ Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (incidente de juicio abreviado) Lectura de sentencia.</li></ul><hr>🕣 08:30 hs<ul><li>Ávalos, Leonardo Gabriel s/ Desobediencia Sala Garantías – Prisión preventiva.</li><li>Reyes, Alexander Rafael – Vargas, Eric Leonardo s/ Robo agravado por el uso de arma de fuego Sala N° 1 – Debate.</li><li>Walder, Roberto Pedro y Russo, Juan Horacio s/ Estelionato Debate.</li></ul><hr>🕘 09:00 hs<ul><li>P.C.M s/ Abuso sexual con acceso carnal agravado Sala 1 – Debate.</li><li>A.R.G s/ Desobediencia Sala Garantías – Remisión a juicio.</li></ul><hr>🕤 09:30 hs<ul><li>G.J.G s/ Lesiones Sala Garantías – Remisión a juicio.</li><li>Souza, Juan Gabriel s/ Receptación sospechosa de bienes Sala Garantías – Prisión preventiva.</li></ul><hr>🕙 10:00 hs<ul><li>A.C.S s/ Lesiones leves calificadas, privación ilegítima de la libertad, abuso sexual con acceso carnal calificado y suministro de estupefacientes s/ Recurso de apelación Sala 4 – Apelación.</li></ul><hr>🕥 10:30 hs<ul><li>J.A.M s/ Amenazas Juicio abreviado.</li></ul><hr>🕚 11:00 hs<ul><li>González, Brian Guido Ramiro y otros s/ Homicidio en grado de tentativa Sala Garantías – Revisión de prisión preventiva.</li><li>Delgado, Marcos Antonio; Pietrava, Ignacio César Daniel s/ Abuso de armas Sala Garantías – Remisión a juicio.</li></ul><hr>🕛 12:00 hs<ul><li>Rodríguez, Esteban David s/ Resistencia a la autoridad Sala Garantías – Probation.</li></ul><hr>🕧 12:30 hs<ul><li>H.A.S s/ Desobediencia Sala Garantías.</li><li>Romero, Eric Nair s/ Actuaciones de oficio Sala Garantías – Decomiso.</li><li>Blanco, Juan Ramón s/ Hurto Sala Garantías – Probation.</li></ul><hr>🕐 17:00 hs<ul><li>Medina, Juan Samuel s/ Robo de vehículo dejado en la vía pública Sala N° 1 – Debate.</li></ul>&nbsp;

Movimiento de causas judiciales en tribunales de Concordia

La denuncia fue presentada por Carlos Humberto Cadoppi Frigerio, por medio de su apoderado legal, Ricardo José Luciano. El expediente principal -FPA 8044/2024: “Bernaudo, Guillermo y otros s/a determinar”- fue luego acumulado a la causa FPA 5071/2022 (“N.N. y otros s/a determinar”), ambas con Cadoppi como querellante. Las imputaciones giran en torno a presuntos delitos de incumplimiento de sentencia, omisión de control, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La controversia judicial tiene como eje la actividad de extracción y lavado de arena de sílice en el Sur entrerriano -principalmente en el Departamento Islas del Ibicuy- y el supuesto incumplimiento de dos sentencias firmes dictadas en 2022 que ordenaban la clausura de todas las areneras y plantas que no tuvieran en regla sus estudios y habilitaciones ambientales.El mapa de las indagatoriasAdemás de las recientes citaciones a Bahillo, Ballay y García, en la causa acumulada ya prestaron declaración indagatoria el actual ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el director General de Desarrollo Minero, Ricardo Iturriza; la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman; su asesor legal, Osvaldo Fernández, director general Legal y de Gestión Ambiental del Agua; el intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro; el ex intendente de esa localidad Gustavo Roldán; y la presidenta de Cristamine SA, Amalia Maluendez. La hipótesis que investiga el Juzgado es que funcionarios de distintas gestiones -tanto provinciales como municipales- habrían avalado, de acción u omisión, el incumplimiento de sentencias judiciales que ordenaban clausuras hasta tanto las empresas regularizaran su situación ambiental. En términos jurídicos, el “estado de sospecha” no implica culpabilidad, pero sí supone que existen elementos suficientes para que los citados ejerzan su defensa en indagatoria. Es el primer acto formal de imputación.La génesis: dos amparos y órdenes de clausuraEl conflicto se remonta a 2022 y tiene como antecedentes dos acciones de amparo. El primero es el expediente “Luciano, Ricardo José c/ Sr. Gobernador Gustavo Eduardo Bordet s/ acción de amparo (acción de ejecución de incidencia colectiva)”, tramitado ante la Cámara de Gualeguaychú y confirmado por el Superior Tribunal de Justicia provincial. El segundo es la causa federal “Cadoppi, Carlos Humberto c/ Provincia de Entre Ríos s/ amparo ambiental”, sustanciada ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú. En ambos procesos, en mayo de 2022, se ordenó al Gobierno de Entre Ríos la clausura de todas las areneras y plantas de lavado de arena de sílice que no contaran con expedientes administrativos completos y en regla. Específicamente, debían: -Presentar Estudios de Impacto Ambiental (EsIA). -Obtener su aprobación. -Realizar audiencias públicas conforme a los artículos 19 a 21 de la Ley General del Ambiente. -Cumplir con el artículo 57 del Decreto 4977/09. -Obtener, recién entonces, el Certificado de Aptitud Ambiental emitido por la Secretaría de Ambiente, según el artículo 4° del Decreto 3498/16. La secuencia legal no era meramente formal: establecía un orden estricto de evaluación ambiental previa a cualquier habilitación.La audiencia clave y el conocimiento de las sentenciasUn punto relevante del expediente es que, antes del dictado de sentencia en la causa federal 003721/2022, se celebró una audiencia en la que estuvieron presentes el juez, su secretario civil, la fiscal federal y su adjunto; también asistieron el entonces ministro de la Producción Juan José Bahillo -quien además presidía el CORUFA según la ley provincial 9172-, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes y el propio denunciante. Según consta en autos, ni el fiscal de Estado ni Bahillo cuestionaron la competencia del tribunal ni el alcance de lo que luego se resolvió. Este dato es central para la acusación: refuerza la idea de que las autoridades no podían alegar desconocimiento de la sentencia.Asimismo, la notificación de las clausuras fue incorporada en los expedientes administrativos de cada arenera, incluida la planta “La República” (ex “La Vertiente”), perteneciente a Cristamine SA. Allí constarían correos electrónicos dirigidos a las empresas, entre ellas a la presidenta de la firma, Amalia Maluendez, y al entonces intendente de Ibicuy, Gustavo Roldán.El decreto 278/2022: el punto de quiebreApenas días después de las sentencias, el 10 de mayo de 2022, el intendente Roldán dictó el Decreto 278/2022 otorgando a la arenera “La República” el Certificado de Aptitud Ambiental, invocando el artículo 1° del Decreto 3498/16.La controversia radica en que el artículo 4° de ese mismo decreto establece que los permisos deben otorgarse previamente a la evaluación ambiental y condicionados a la obtención posterior del Certificado de Aptitud Ambiental por parte de la Secretaría de Ambiente provincial.Para los denunciantes, el decreto municipal invirtió el orden legal y desconoció que la planta no había cumplido un requisito esencial: la audiencia pública obligatoria.Esa audiencia recién se habría realizado en febrero de 2025, lo que -según la acusación- probaría que hasta entonces el requisito no estaba cumplido.El “delito continuado” y las renovacionesLa causa no se limita a la gestión anterior. Según la denuncia, las autoridades asumidas el 10 de diciembre de 2023 tampoco habrían hecho cesar el incumplimiento.En mayo de 2024, la Municipalidad de Ibicuy dictó el Decreto 55/2024, renovando la habilitación. Para la querella, esa renovación implicó convalidar un acto administrativo viciado desde su origen.Aquí aparecen como imputados actuales funcionarios provinciales y municipales, bajo la tesis de que avalaron la continuidad del incumplimiento de sentencia pese a haber sido advertidos de las irregularidades.El impacto ambiental en debateMás allá del frente judicial, el caso expone una discusión de fondo sobre el impacto ambiental de la extracción de arena de sílice, insumo clave para la industria hidrocarburífera -en particular para la explotación no convencional-.Según lo expuesto en la denuncia, en la zona se retiran diariamente hasta 500 camiones con 45 toneladas cada uno, lo que proyecta un volumen anual cercano a 4 millones de toneladas, con posibilidad de duplicarse hacia 2030.La extracción, sostienen los denunciantes, equivale a remover millones de metros cúbicos de sedimentos formados a lo largo de 4.500 años, alterando ecosistemas vinculados a los humedales del Paraná y el Uruguay.El agua subterránea y la Ley 9172Uno de los puntos más sensibles es el uso de agua subterránea para el lavado de arena. Se estima -según la presentación- que las plantas extraen entre 12 y 15 millones de litros diarios de agua dulce, en una región donde gran parte de los pozos arroja agua salobre.La Ley Provincial de Aguas N° 9172, en su artículo 36, exige estudios técnicos previos para determinar caudal, reposición y calidad del acuífero antes de otorgar permisos de uso intensivo. La denuncia sostiene que esos estudios no se realizaron o no fueron adecuadamente verificados.Además, se menciona un aumento en los niveles de hierro y manganeso en el agua que distribuye la cooperativa local, lo que habría obligado a mayores costos de filtrado y control.Un caso testigo para la gobernanza ambientalEl expediente concentra varios ejes críticos: la tensión entre desarrollo productivo y tutela ambiental, el alcance de las sentencias judiciales frente a decisiones administrativas, y la responsabilidad personal de los funcionarios en el control ambiental.Para el Derecho Penal, el incumplimiento de sentencia es un delito que protege la autoridad de las decisiones judiciales. Es decir, el delito de incumplimiento de sentencia no existe sólo para castigar a alguien que “no hizo lo que le ordenaron”. Su finalidad principal es proteger la autoridad y la fuerza obligatoria de las decisiones judiciales.Cuando un juez dicta una sentencia firme, esa decisión no es una sugerencia, sino una orden obligatoria. Si una persona -y con mayor razón un funcionario público- la desobedece deliberadamente, no sólo incumple una orden concreta. También afecta el funcionamiento del sistema judicial, porque pone en cuestión el principio básico de que las decisiones judiciales deben cumplirse. Si las sentencias pudieran ignorarse sin consecuencias penales, entonces la Justicia perdería autoridad, las decisiones judiciales quedarían vacías y así se debilitaría la división de Poderes.En el plano institucional, también este caso interpela la eficacia de los mecanismos de evaluación ambiental y la coordinación entre municipios y provincia.Las próximas indagatorias serán determinantes. Los citados podrán dar su versión de los hechos y ofrecer pruebas. Luego, el juez deberá resolver si dicta procesamientos, falta de mérito o sobreseimientos.Lo que está en juegoEn el Sur entrerriano, la arena de sílice es motor económico y fuente de empleo. Pero también es centro de una disputa que combina derecho ambiental, política y justicia penal. Y genera el desafío de establecer un sano equilibrio entre desarrollo y ambiente, sin bloquear el diálogo entre la actividad antrópica y la naturaleza.El expediente en curso no sólo definirá responsabilidades individuales. También sentará un precedente sobre el alcance real de las sentencias ambientales y la obligación de las autoridades de hacerlas cumplir. El caso del barrio fluvial Amarras en la justicia provincial es otro claro ejemplo de sentencias que no se cumplen.En tiempos donde el debate por los humedales y los recursos hídricos gana centralidad, la causa de las areneras de Ibicuy emerge como un caso testigo. El proceso judicial recién comienza a desplegar todas sus implicancias. La resolución, cualquiera sea, marcará un antes y un después en la gestión ambiental de Entre Ríos. (Análisis) &nbsp;

La Justicia Federal llamó a indagatorias a Bahillo, Ballay y García por el conflicto de las areneras en Ibicuy

La resolución implica dejar sin efecto el proceso desarrollado ante el Jurado de Enjuiciamiento que, en mayo de 2022, la removió del cargo por supuesto mal desempeño. El tribunal provincial debió dictar este nuevo pronunciamiento en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que había hecho lugar al recurso extraordinario presentado por la ex fiscal y considerado que el procedimiento estuvo afectado por graves irregularidades constitucionales. La Corte no se pronunció sobre la responsabilidad disciplinaria de Goyeneche, pero sí fue contundente respecto de las reglas del proceso. Señaló que existieron “vicios en la integración del órgano juzgador en sus distintas etapas y en el órgano acusador”, lo que configuró “un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y la garantía de defensa en juicio”. En términos prácticos, la nulidad declarada implica que el trámite debe retrotraerse al momento previo a la conformación del primer órgano juzgador cuestionado. Es decir, el proceso que culminó con la destitución quedó jurídicamente invalidado por defectos estructurales. No se trata de una mera formalidad técnica. El máximo tribunal nacional entendió que las irregularidades detectadas tenían entidad suficiente para “variar la suerte de la causa y acarrear la nulidad del procedimiento”.&nbsp; Bajo esa directriz, el STJ entrerriano se vio obligado a revisar su propia intervención anterior y a dictar un nuevo fallo ajustado a los parámetros constitucionales fijados por la Corte. La decisión reabre un capítulo que desde su origen estuvo atravesado por fuertes tensiones políticas. Goyeneche fue la fiscal que encabezó las investigaciones por corrupción más relevantes de la última década en Entre Ríos, entre ellas las causas que terminaron con la condena del exgobernador Sergio Urribarri. Su desplazamiento fue leído por amplios sectores judiciales y académicos como una señal disciplinadora hacia quienes investigan al poder político. La nulidad ahora declarada no define el fondo de la cuestión, pero sí marca un límite claro: aún en un juicio político, las garantías constitucionales no son optativas.Un nuevo STJ para revisar el viejo fallo Un dato no menor —y de alto voltaje institucional— es que el nuevo pronunciamiento del STJ debió dictarse con una integración distinta a la que había intervenido originalmente. Los vocales que habían participado en el rechazo inicial del recurso extraordinario no podían volver a intervenir luego de que la Corte dejará sin efecto aquella sentencia.&nbsp; En consecuencia, el tribunal provincial debió recomponerse para dictar un nuevo fallo, esta vez ajustado a los lineamientos del máximo tribunal nacional. Los jueces que resolvieron declarar la nulidad de lo actuado fueron: María Alejandra Abud, Marcelo Baridón, Santiago Brugo, Aranzazú Quiroga, Mauricio Mayer y Carina Nassivera. Ese aspecto no es formal: es estructural. La Corte había cuestionado, entre otros puntos, la falta de tratamiento adecuado de recusaciones dirigidas contra integrantes del órgano juzgador.&nbsp; En ese marco, resultaba incompatible que quienes habían sido parte del pronunciamiento anulado volvieran a resolver sobre la misma cuestión. La nueva sentencia parte, explícitamente, de la obligación de acatar lo dispuesto por la Corte, recordando que sus decisiones son “moralmente vinculantes para todos los jueces y tribunales del país”, especialmente cuando interpretan derechos y garantías constitucionales.Lo que dijo la Corte En diciembre de 2024, la Corte Suprema fue clara al fijar el alcance de su intervención: no analizó el mérito político del jury, pero sí su legalidad constitucional. “La gravedad de los vicios vinculados con las integraciones del órgano juzgador en sus diferentes etapas y del órgano acusador son suficientes para tener por acreditado un grave menoscabo a las reglas del debido proceso”. Y agregó que esos defectos tenían entidad para “variar la suerte de la causa y acarrear la nulidad del procedimiento”. El expediente regresó así a la órbita provincial para un nuevo análisis.El núcleo del conflicto: el apartamiento&nbsp;del Ministerio Público Uno de los ejes centrales fue la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de apartar a todos los integrantes del Ministerio Público Fiscal como órgano acusador y designar un fiscal ad hoc proveniente de la lista de conjueces. La Corte descartó que existiera un vacío normativo que justificara esa solución. Recordó que la Ley 9.283 establece quién debe ejercer la acusación ante el Jury y que la Ley Orgánica del Ministerio Público asigna expresamente esa función al Procurador General. Para el máximo tribunal, no resultaba razonable presumir la falta de objetividad del MPF por su estructura jerárquica. Incluso calificó como “llamativo” el rigor aplicado para apartar al órgano acusador, en contraste con el tratamiento dado a los cuestionamientos sobre la imparcialidad de algunos jurados.La causa Beckman y el fundamento&nbsp;de la destitución El Jury había destituido a Goyeneche por “mal desempeño” y “conducta incompatible con la función”, al considerar que no se excusó oportunamente en la causa “Beckman Flavia y otros s/ Asociación ilícita”. Se le reprochó no apartarse pese a su vínculo con el contador Pedro Opromolla, investigado en ese expediente, y haber intervenido en medidas como el allanamiento del estudio Integral Asesoría. La ex fiscal negó haber afectado la objetividad de la investigación y sostuvo que la excusación se produjo cuando el vínculo adquirió relevancia procesal.Un caso que trasciende a la persona El jury contra Goyeneche ocurrió en simultáneo con el juicio que terminó en la condena de Urribarri. En ese contexto, ANÁLISIS advirtió desde el inicio que el proceso no podía leerse aislado del escenario político e institucional de la provincia. La nulidad ahora declarada no significa absolución ni pronunciamiento sobre el fondo de las acusaciones. Pero sí reinstala un principio básico: ningún juicio político puede sostenerse si vulnera las garantías elementales del debido proceso. En una provincia donde las investigaciones por corrupción reconfiguraron el mapa del poder, la decisión del STJ —con integración renovada y bajo la mirada de la Corte— vuelve a poner en debate los límites del control político sobre quienes investigan al poder. Y confirma que, aun en los procesos de naturaleza política, la Constitución sigue siendo el marco ineludible. (ANÁLISIS) &nbsp;

La Justicia entrerriana declaró la nulidad del jury que destituyó a Cecilia Goyeneche

En una nueva muestra de malestar dentro del Poder Judicial, AJER llevó adelante una jornada de protesta que paralizó gran parte de la actividad en la provincia. Según informaron desde la conducción gremial, la medida de fuerza registró un “90% de acatamiento en una nueva jornada de paro”, en demanda de una recomposición salarial urgente acorde a lo solicitado por la Mesa Salarial del sector.Continuidad del conflicto Ante la falta de respuestas por parte del Ejecutivo provincial, el gremio ya proyecta endurecer su postura. Según el comunicado oficial, “el martes próximo AJER realizará un plenario Provincial para que las 16 Filiales del gremio resuelvan lo que seguramente será la continuidad del plan de lucha”. En dicho encuentro, se evaluará la implementación de paros de 24 horas para las próximas dos semanas. La dirigencia enfatizó que el conflicto se enmarca en una fuerte pérdida del poder adquisitivo, denunciando que la “caída del salario de los trabajadores/as judiciales hace que un escribiente recién ingresado esté por debajo de la línea de pobreza”.Alerta por salud laboral Más allá de lo económico, AJER puso el foco en el desgaste físico y mental de los agentes, citando datos de la Encuesta de Salud Laboral 2024 de la Federación Judicial Argentina. El informe revela una estructura desbordada donde “la cantidad de personal en cada organismo está en la enorme mayoría de los casos por debajo de las necesidades mínimas, generando sobrecarga de trabajo”.Los números presentados por el gremio son alarmantes en cuanto al impacto en la salud de los trabajadores: “Al 84% le resulta excesiva la carga de trabajo” y el “92% considera que siempre o muchas veces tiene que trabajar muy rápido”.A pesar de ser una población joven (43 años promedio), entre el “40 y 50% manifiesta síntomas como trastornos del sueño, fatiga mental, ansiedad o dolores de cabeza”. El “88% siente que el trabajo es emocionalmente desgastante”.Un llamado al diálogo Desde la asociación destacaron que estos síntomas son asociados directamente a las condiciones laborales por el 79% de los encuestados. Frente a este escenario, concluyeron con un pedido directo a las autoridades: “Llamamos al gobierno a la sensatez y al diálogo para dar una respuesta positiva a los justos reclamos de los judiciales”. (APFDigital)

Paro de Judiciales alcanzó un 90% de acatamiento y analizan profundizar las medidas

Por David Cayón - El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de ley que surgió del Ministerio de Seguridad cuando lo comandaba Patricia Bullrich, que lo festejó como un triunfo propio, que tiene como eje principal la baja de la edad punible para el sistema penal argentino.Con 44 votos a favor y 27 en contra, 1 sola abstención; el proyecto de ley que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación ahora espera que el Ejecutivo lo reglamente y lo publique en el Boletín Oficial.“El Estado no va a seguir mirando para otro lado. Ustedes quieren que los ciudadanos que no cometen delitos sean ciudadanos de segunda? No importa la edad que tengan los delincuentes, importa el delito”, comenzó Patricia Bullrich.“Este modelo se agotó, nosotros venimos a plantear algo que es moral y jurídicamente distinto, una teoría que deja de poner en la indefensión total a las familias que enterraban a sus hijos. Cuando el delito no tiene consecuencias la ley pierde autoridad, y eso es lo que pasaba antes”, agregó la impulsora del proyecto.“El lugar del delincuente en la sociedad es el que la pena le asigne. El que mata tiene que tener cadena perpetua, no importa la edad que tenga. Estamos hablando de educación y la impunidad no educa".“Nosotros vinimos a poner orden y no nos da verguenza. Si las hizo, las paga, por eso ordenamos las calles, por eso hacemos cumplir la ley. Proteger a los adolescentes, reparar a las víctimas. Queremos una sociedad con menos delincuentes y menos presos. Hoy votamos justicia, responsabilidad, hoy votamos contra los kirchneristas de batallón militante. Estamos cambiando la historia de la Argentina”, cerró la senadora.Luego pidió un minuto de silencio por las víctimas e hizo parar a todo el bloque. El peronismo miró absorto y Villarruel le aclaró que ella no podía definir eso. Finalmente, todos se pararon y se hizo silencio.El peronismo se opuso desde el primer momento del debate y, además de señalar que entendían que la ley sólo se concentra en lo punible y no en las infancias y su acompañamiento, los fondos presupuestados son insuficientes.Según la norma el presupuesto para un sistema que reduce de 16 a 14 años, los fondos destinados para las provincias son $23.700 millones.Según datos del Servicio Penitenciario Federal el costo del metro cuadrado es de 3,2 millones de pesos. Con el presupuesto establecido en el proyecto se podría construir 7.400 metros cuadrados. Dividido por los 24 distritos, se podrían construir 308 metros cuadrados en cada una de las provincias.Con estos números Jorge Capitanich del PJ señaló que “si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva”.La respuesta llegó del bloque libertario, algunos con mayor énfasis que otros, como el caso de Luis Juez que acusó al bloque del peronismo de “mentiroso. Solo con una fuerte cuota de ignorancia se puede opinar como opinan”.“Si la discusión es la plata que la pongan en las provincias que se la gastan en cualquier cosa, en publicidad. A pocos metros de acá hay familiares que vienen a buscar justicia, no venganza”, agregó el cordobés que ahora milita en LLA.Parte de la mirada que mostró el peronismo también estuvo en la alocución de la senadora Lucía Corpacci. El bloque estaba molesto porque había acordado con los libertarios que no iba a habilitar la presencia de familiares en las gradas. Sin embargo, el oficialismo no cumplió e hizo entrar a varios que se ubicaron en los palcos del primer piso.“Nosotros somos legisladores, no estamos para responder el enojo, estamos para dictar leyes que hagan la vida mejor y que hagan una sociedad mejor. Tenemos que actuar con racionalidad y con humanidad. Esta ley no es la solución de nada”, dijo Corpacci.Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, hizo un recorrido por diferentes artículos en los que fue explicando la inconstitucionalidad de cada uno de ellos. El ex gobernador además señaló que todo el proyecto va a generar una “litigiosidad. En defensa del federalismo, mi voto y el de mi bloque es negativo”.El cierre del kirchnerismo estuvo a cargo del senador Martín Soria, quien era diputado cuando comenzó el debate en la Cámara Baja, señaló que “a pesar de las correcciones, este proyecto de Régimen Penal Juvenil sigue siendo muy malo, contiene errores graves y peligrosos. No va a solucionar lo que ustedes creen que van a solucionar. Esta ley es peor que el decreto de Videla porque viola el principio de culpabilidad disminuida”El proyecto de ley propone la creación de un sistema penal juvenil especializado orientado a adolescentes de 14 a 18 años, con el objetivo de garantizar procesos judiciales adecuados a su edad. El texto establece la presunción favorable a la minoría de edad y regula que los menores de 18 años no compartan ámbitos judiciales ni penitenciarios con adultos.El régimen introduce principios como legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad, y prioriza la resocialización de los jóvenes. El sistema prevé que los adolescentes cuenten con garantías judiciales desde el primer momento y que las causas se tramiten en órganos y centros especializados. La propuesta contempla la rápida intervención del aparato judicial y reconoce el derecho de los adolescentes a ser oídos y a que su familia participe activamente en el proceso.El capítulo dedicado a las víctimas otorga un rol central a quienes resulten damnificados por los delitos juveniles. El proyecto garantiza a las víctimas asistencia jurídica y psicológica inmediata, la posibilidad de intervenir en audiencias y de oponerse a decisiones del Ministerio Público Fiscal. La normativa también contempla la participación de las víctimas en instancias restaurativas, como la mediación penal juvenil.El sistema de sanciones establece un esquema progresivo y diversificado, que incluye medidas educativas, tareas comunitarias, monitoreo electrónico y reparación del daño, además de restricciones de circulación. La privación de libertad solo será aplicable en delitos graves, con límites estrictos de tiempo y separación permanente de los jóvenes respecto de los adultos.Para la etapa de ejecución de sanciones, el proyecto incorpora la figura del supervisor judicial especializado, responsable de acompañar y monitorear el proceso de reinserción del joven. La libertad condicional podrá otorgarse solo con aval del Ministerio Público Fiscal y bajo condiciones precisas. También se incluyen medidas específicas para responder a problemáticas de salud mental y consumo problemático, con intervención de equipos interdisciplinarios.La propuesta detalla estándares de alojamiento que prohíben la convivencia de adolescentes con adultos y garantizan acceso a educación, cultura, recreación y atención espiritual. Se prevé la diferenciación por edad y situación procesal dentro de los centros, así como la capacitación del personal a cargo.En los casos de menores inimputables, el texto dispone la intervención judicial para investigar el hecho y aplicar medidas curativas o protectoras, siempre bajo la órbita de la justicia civil. Además, el proyecto estipula la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil.

El Senado aprobó el Régimen Penal Juvenil y la edad de imputabilidad bajará a 14 años

Conocido el veredicto del jurado en el salón de la Seccional Concordia del Colegio de la Abogacía, el juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Maximiliano Otto Larocca Rees, anunció que la audiencia de cesura -durante la cual las partes brindarán sus argumentos sobre la pena que deberá cumplir el imputado-, se realizará el &nbsp;miércoles 4 de marzo, a las 8, en los Tribunales de Concordia.Durante el debate el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal Daniela Montangie, en tanto que el defensor oficial Eduardo Garay asistió al imputado Miño, quien seguirá cumpliendo prisión preventiva en la Unidad Penal Nº 3 hasta que la sentencia quede firme.Se trató del juicio por jurados número 154 realizado en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

Concordia: un hombre fue declarado culpable de Homicidio agravado por el vínculo

<h3>🕢 07:30 hs</h3><ul><li>M.M.L s/ Abuso sexual gravemente ultrajante Sala N° 2 – Debate</li><li>Z.D.A s/ Abuso sexual (acceso carnal calificado) Sala Garantías – Medidas de coerción</li></ul><hr><h3>🕗 08:00 hs</h3><ul><li>Aguirre, Nicolás y Luna, Joaquín s/ Tenencia simple de estupefacientes Lectura de sentencia</li></ul><hr><h3>🕘 09:00 hs</h3><ul><li>Beneditto, Marcelo Gabriel y otras s/ Estafa y queja Sala N° 1 – Resolución apelación</li><li>Álvarez, Domingo Rafael y Álvarez, Marcelo Ezequiel s/ Resistencia a la autoridad Sala 1 – Lectura de veredicto</li><li>Báez, Rodrigo Alejandro y otros s/ Robo Sala Garantías – Prórroga de prisión preventiva</li><li>Benítez Agustín Oscar Rodrigo y Los Santos, Yamil Natanael s/ Robo agravado Sala Garantías – Prórroga de prisión preventiva</li></ul><hr><h3>🕤 09:30 hs</h3><ul><li>B.R.A s/ Incendio Sala Garantías – Prisión preventiva</li></ul><hr><h3>🕙 10:00 hs</h3><ul><li>Torancio s/ Desobediencia Lectura de sentencia</li><li>ET s/ Lesiones leves Juicio abreviado</li><li>Valerla Elías s/ Tenencia simple de estupefacientes Juicio abreviado</li><li>Morinigo, Miguel Aníbal s/ Hurto en grado de tentativa Sala Garantías – Remisión a juicio</li><li>Rojas, Paul Jesús y Rojas, Laureano Ezequiel s/ Robo agravado Sala Garantías – Remisión a juicio</li><li>Sicfo, Daniel Exequiel s/ Hurto de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa Sala 4</li></ul><hr><h3>🕚 11:00 hs</h3><ul><li>Ibarra, Gastón Jonatan s/ Robo agravado Juicio abreviado</li><li>S.D s/ Lesiones leves Sala Garantías – Remisión a juicio</li><li>Varrola, Horacio Ramón s/ Defraudación Sala Garantías – Remisión a juicio</li><li>Mosna, Jorge Darío y Emiliano Sebastián s/ Estafa Sala Garantías – Probation</li></ul><hr><h3>🕛 12:00 hs</h3><ul><li>Panelo, Gustavo Germán s/ Robo Sala Garantías – Prórroga de prisión preventiva</li><li>Tenis, Siomara Milagros s/ Tenencia de arma de fuego de uso civil Sala Garantías – Decomiso</li><li>Valdez, Lester Lionel s/ Hurto en grado de tentativa Sala Garantías – Probation</li></ul><hr><h3>🕧 12:30 hs</h3><ul><li>Nin, Marcelo Rodolfo s/ Tenencia de arma de guerra Sala Garantías</li><li>Secuestro Chevrolet C-1403 Dom. VLO-784, Blanca s/ Actuaciones de oficio Sala Garantías – Decomiso</li></ul><hr><h3>🕔 17:00 hs</h3><ul><li>Benítez, Alcides Omar s/ Comercio de estupefacientes Sala N° 1 – Debate</li><li>Martínez, Jorge Daniel s/ Amenazas calificadas Sala 1 – Debate</li></ul>

🕗 08:00 hsAlmada, Walter Sebastián s/ Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (Juzgado Federal).Soto, Leonardo Alexander s/ Desobediencia (Audiencia de Garantías – Dr. Francisco Ledesma).🕣 08:30 hsL.L.R. s/ Abuso sexual simple (Lectura de sentencia – Dr. Jaime Blanco).Moyano, Ariel Maximiliano s/ Robo agravado por el uso de arma de fuego (Lectura de sentencia – Dres. Juacobi y Arias).R.J.M. s/ Abuso sexual con acceso carnal (Sala 4 – adm. evidencias – revisión).Miño, Jorge Alberto s/ Homicidio agravado (Colegio de la Abogacía – juicio por jurados).🕘 09:00 hsLacuadra, Mario Germán s/ Hurto (Audiencia de Garantías – Dra. María Gabriela Seró).Larrachado, Iván Omar s/ Robo (Remisión a juicio – Dr. Mauricio Guerrero).D.A.S. s/ Desobediencia (Remisión a juicio – Dr. Edwin Ives Bastian).🕙 10:00 hsJ.L.B. s/ Abuso sexual simple (Debate – causa 6436-OGA).M.C.O. s/ Desobediencia (Audiencia multipropósito – Dr. Mauricio Guerrero).Bonazzola, Cristian Gabriel s/ Robo (Remisión a juicio – Dr. Francisco Ledesma).🕚 11:00 hsB.B.N. s/ Abuso sexual con acceso carnal agravado (Debate – reiterado).Pereyra, Néstor Fabián s/ Receptación sospechosa de bienes (Remisión a juicio – Dr. Edwin Ives Bastian).🕦 11:30 hsR.D.S. s/ Incendio agravado, desobediencia judicial, amenazas en concurso real (Recurso de apelación).

Los episodios, ocurridos entre el 10 y el 14 de febrero de 2026 y que no habrían sido consignados en los partes policiales, involucran a Héctor Oscar Ferreyra (68) y a su hijo, Héctor Mauricio Ferreyra (45).El hecho más grave se registró el 12 de febrero, alrededor de las 19:30, en el taller ubicado en calle Balcarce al 750. De acuerdo con las presentaciones realizadas en la Comisaría Segunda, el mayor de los Ferreyra se presentó en el lugar con la presunta intención de cambiar los candados del establecimiento. En ese contexto, y por circunstancias que se investigan, un hombre que lo acompañaba habría atacado con un arma blanca a Héctor Mauricio Ferreyra, provocándole una herida abdominal.El herido fue trasladado de urgencia por el servicio 107 al Hospital Masvernat, donde permaneció internado durante 24 horas. Asimismo, Sandra Marina Sorrentino —pareja del lesionado— y sus cuñadas, Vanesa y Yohanna Ferreyra, denunciaron haber sido agredidas por María Ayala, actual pareja de Héctor Oscar Ferreyra, y por allegados a esta.Intervención judicial Días antes del ataque, el 10 de febrero, el Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes N° 1 de Concordia ya había dispuesto medidas preventivas en el marco de una causa por violencia familiar. Tras los nuevos incidentes, el juez subrogante, Dr. Rodolfo Guillermo Jáuregui, resolvió mantener la prohibición de acercamiento y de realizar actos molestos por parte de Héctor Oscar Ferreyra hacia Sandra Sorrentino y Mauricio Ferreyra por un plazo de 180 días.Además, se dispuso la prohibición de ingreso del hombre a la vivienda familiar situada en calle Balcarce 756, donde reside su hijo; la obligación de ambos —padre e hijo— de asistir al Centro de Fortalecimiento Social para recibir tratamiento psicológico o psiquiátrico; y la derivación de los denunciantes a la Dirección de Seguridad Municipal para la entrega de dispositivos de alerta o botón antipánico.Actuación de la Fiscalía Por la gravedad de los hechos, tomó intervención la Fiscalía de Género, a la que se remitieron testimonios ante la posible comisión de los delitos de amenazas y lesiones.Familiares del joven herido manifestaron ante las autoridades su preocupación por eventuales represalias y aseguraron que sienten temor incluso al regresar a su propio domicilio. Con información de El Entre Ríos. &nbsp;

Resolución de la fiscalía ante un hecho de violencia tras disputa familiar

En 2023 había sido condenado a 12 años de prisión, pero el Superior Tribunal de Justicia anuló esa sentencia en abril de 2024 al considerar que, tras el cambio en la calificación legal, el caso debía ser juzgado por un jurado popular.A pedido de la defensa, el proceso se realizará en Chajarí. La audiencia comenzará el lunes 9 de marzo. Mientras tanto, Querencio permanece con prisión preventiva domiciliaria. El debate contará con la intervención de la jueza técnica María Clara Mondragón, la fiscal Evelina Espinoza y los defensores Eduardo Daniel Gerard y Bárbara Albarenque . La causa se inició en 2019, a partir de la denuncia presentada por la madre de la víctima, cuando el acusado aún se desempeñaba como jefe policial de nuestra ciudad.&nbsp; &nbsp;

Reanudan el proceso contra el exjefe de Policía por abuso

El juez técnico es el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Maximiliano Otto Larocca Rees, en tanto que el Ministerio Público Fiscal está representado por la fiscal Daniela Montangie.El imputado, que se encuentra detenido en la Unidad Penal Nº 3, es asistido por el defensor oficial Eduardo Garay.Mañana, a las 8.30, las partes brindarán sus respectivos alegatos de apertura y luego comenzará a escucharse a los testigos propuestos.Se trata del centésimo quincuagésimo cuarto juicio por jurados que se realiza en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.

Comenzó un nuevo juicio por jurados en Concordia

🕗 08:00 horas&nbsp;&nbsp;&nbsp;•&nbsp;&nbsp;&nbsp;Daniel Antonio Pupo Giorgi – Amenazas.&nbsp;&nbsp;&nbsp;•&nbsp;&nbsp;&nbsp;Damián Raúl Tejera – Hurto en grado de tentativa.&nbsp;&nbsp;&nbsp;•&nbsp;&nbsp;&nbsp;Claudio Nahuel Chávez – Robo agravado.&nbsp;&nbsp;&nbsp;•&nbsp;&nbsp;&nbsp;G.J.G. – Amenazas calificadas (recurso de apelación).&nbsp;&nbsp;&nbsp;•&nbsp;&nbsp;&nbsp;Fernando Héctor Velázquez – Rapto agravado.&nbsp;&nbsp;&nbsp;•&nbsp;&nbsp;&nbsp;Maximiliano Daniel Stabile – Hurto en grado de tentativa.&nbsp;&nbsp;&nbsp;•&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jorge Alberto Miño – Homicidio agravado. &nbsp;🕣 08:30 horas&nbsp;&nbsp;&nbsp;•&nbsp;&nbsp;&nbsp;José Iván Luján – Lesiones leves. &nbsp;🕘 09:00 horas&nbsp;&nbsp;&nbsp;•&nbsp;&nbsp;&nbsp;N.F.S. – Lesiones leves.&nbsp;&nbsp;&nbsp;•&nbsp;&nbsp;&nbsp;M.F.S. – Amenazas. &nbsp;🕙 10:00 horas&nbsp;&nbsp;&nbsp;•&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jonathan Rafael Romero y Julián Ezequiel Bello – Abuso de armas (recurso de apelación).&nbsp;&nbsp;&nbsp;•&nbsp;&nbsp;&nbsp;Alejandro Sebastián Miño y Milagros Florencia Miño – Robo agravado. &nbsp;🕥 10:30 horas&nbsp;&nbsp;&nbsp;•&nbsp;&nbsp;&nbsp;William Narciso Ramírez y Esteban Leonardo Ramírez – Comercio de estupefacientes. &nbsp;🕚 11:00 horas&nbsp;&nbsp;&nbsp;•&nbsp;&nbsp;&nbsp;Gastón Nicolás Ferreyra – Remisión a juicio.&nbsp;&nbsp;&nbsp;•&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mauricio Gastón Romero y Raúl Alejandro Romero – Comercio de estupefacientes. &nbsp;La jornada se extenderá durante toda la mañana con audiencias en diferentes salas del edificio judicial.

Judiciales sostienen su plan de lucha por en reclamo de recomposición salarial y mejoras en las condiciones laborales en Entre Ríos. La medida fue ratificada por la Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER), que además confirmó una nueva jornada de protesta prevista para el viernes 27, en el marco del conflicto que mantienen con el Gobierno provincial y el Superior Tribunal de Justicia (STJ).La decisión se conoció luego de una reunión que mantuvieron el secretario general del gremio, José María “Chechi” Segura, y la secretaria adjunta, Pilar Toller, con el presidente del STJ, Germán Carlomagno. En ese encuentro, los representantes sindicales expusieron el malestar del sector por el nivel de los salarios y la falta de respuestas concretas a los reclamos planteados. Desde AJER señalaron que la adhesión a las medidas de fuerza refleja el descontento existente en los distintos organismos judiciales de la provincia. Según indicaron, el deterioro del poder adquisitivo impactó de manera directa en los trabajadores y trabajadoras del sector.Reclamos salariales&nbsp; y adicionales Entre los principales puntos del reclamo se encuentra una recomposición salarial del 10,64%, que el gremio consideró necesaria para recuperar parte de lo perdido frente a la inflación. Asimismo, exigieron el pago del título conforme a lo establecido en la Ley 5143.Además, solicitaron el pago en tiempo y forma de los haberes y el reconocimiento de adicionales específicos para notificadores y evisceradores. Otro eje central del conflicto es la defensa del 82% móvil para el sector pasivo, que el sindicato sostuvo como un derecho adquirido.La conducción sindical sostuvo que continuará abierta al diálogo, aunque remarcó que las medidas de fuerza buscan visibilizar la situación salarial y presionar para obtener respuestas. En ese sentido, reiteraron que el próximo viernes 27 volverá a concretar un nuevo paro si no hay avances. (El Once) &nbsp;

Judiciales sostienen el plan de lucha y realizan paro este viernes

El juez&nbsp;Juan Malvasio&nbsp;(Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná)&nbsp;aprobó&nbsp;dos acuerdos de&nbsp;juicio abreviado&nbsp;en la causa conocida como “Coimas”.Qué es juicio abreviado (en simple):&nbsp;los imputados&nbsp;reconocen los hechos&nbsp;y aceptan una&nbsp;pena acordada; el juez controla que sea legal y lo&nbsp;homologa.Condena a Miguel Ángel Ulrich Fue declarado responsable de&nbsp;cuatro hechos&nbsp;ligados a: Peculado&nbsp;(manejo indebido de fondos/bienes del Estado), Negociaciones incompatibles&nbsp;(favorecimientos desde el cargo), Cohecho pasivo&nbsp;(cobros/dádivas por la función), Fraude a la administración. Pena:&nbsp;2 años y 10 meses&nbsp;condicional,&nbsp;inhabilitación absoluta perpetua,&nbsp;multa $360.000&nbsp;y&nbsp;reglas de conducta&nbsp;por 3 años.Condena a José Humberto Flores Fue declarado responsable de&nbsp;dos hechos&nbsp;por delitos vinculados a: Negociaciones incompatibles,&nbsp;Fraude,&nbsp;Cohecho pasivo&nbsp;y&nbsp;Peculado.Pena:&nbsp;2 años&nbsp;condicional,&nbsp;inhabilitación absoluta perpetua,&nbsp;multa $180.000&nbsp;y&nbsp;reglas de conducta&nbsp;por 3 años.Qué sostuvo el juez Indicó que ambos actuaron&nbsp;con dolo&nbsp;y que, por sus funciones en Hacienda,&nbsp;aportaron información&nbsp;para favorecer a&nbsp;Relevamientos Catastrales S.A.&nbsp;en licitaciones. Señaló&nbsp;sobreprecios&nbsp;y beneficios patrimoniales vinculados a esas maniobras.Contexto de la causa principal Ulrich y Flores están imputados en el expediente donde se investiga al ex gobernador&nbsp;Sergio Urribarri&nbsp;y al empresario paraguayo&nbsp;Diego Armando Cardona Herreros, por presunto direccionamiento de contrataciones y una “agenda” con&nbsp;fechas adulteradas&nbsp;para cobrar meses sin prestación. &nbsp;

Caso Urribarri: aval judicial a dos abreviados y la investigación principal va a juicio

📌 SALA DE GARANTÍAS<ol><li>Enrique Jonathan Matías Emanuel s/ Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización<ul><li>Audiencia: 08:30 hs</li><li>Tema: Prisión preventiva</li></ul></li><li>González, Leonardo Misael y otros s/ Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización<ul><li>Audiencia: 08:30 hs</li><li>Tema: Prórroga de prisión preventiva</li></ul></li><li>Toni, Andrés Rogelio s/ Resistencia a la autoridad<ul><li>Audiencia: 08:30 hs</li><li>Tema: Audiencia conclusiva</li></ul></li><li>Acuña, Brisa y Miranda, Susana Noemí s/ Amenazas calificadas<ul><li>Audiencia: 08:00 hs</li></ul></li><li>Pucheta, Néstor Maximiliano s/ Hurto de vehículo dejado en la vía pública<ul><li>Audiencia: 08:30 hs</li><li>Tema: Audiencia conclusiva</li></ul></li><li>Córdoba, Sandra Rafaela y otros s/ Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización<ul><li>Audiencia: 09:00 hs</li><li>Tema: Prórroga de prisión preventiva</li></ul></li><li>Alegre, Alejandro s/ Amenazas<ul><li>Audiencia: 09:00 hs</li><li>Tema: Remisión a juicio</li></ul></li><li>Ramírez, Gustavo Julián y Lesion s/ Lesiones leves<ul><li>Audiencia: 09:00 hs</li><li>Tema: Remisión a juicio</li></ul></li><li>Ferreyra, Alejandro Domingo Daniel s/ Tentativa de homicidio<ul><li>Audiencia: 10:00 hs</li><li>Tema: Remisión a juicio</li></ul></li><li>González, Ramón Alberto s/ Amenazas<ul><li>Audiencia: 10:30 hs</li></ul></li></ol><hr>📌 JUICIO ABREVIADO<ol><li>Tribunal: Arruado – Bordón<ul><li>Causa: Tenencia de estupefacientes</li><li>Hora: 08:00 hs</li></ul></li></ol><hr>📌 SALA DE JUICIOS<ol><li>B.A.S. s/ Abuso sexual con acceso carnal (2015)<ul><li>Audiencia: 08:00 hs</li></ul></li><li>Piedrabuena, Alexander Fabián s/ Hurto<ul><li>Audiencia: 10:00 hs</li><li>Tribunal unipersonal</li></ul></li><li>Guzmán, Cristian y otros s/ Robo en poblado y en banda<ul><li>Audiencia: 10:30 hs</li></ul></li><li>González, Ramón Alberto s/ Amenazas<ul><li>Audiencia: 10:30 hs</li></ul></li><li>López, Máximo Javier s/ Portación de arma de guerra<ul><li>(Figura en agenda sin horario visible)</li></ul></li></ol>&nbsp;

Actividad judicial programada para hoy en los Tribunales de Concordia

Por Facundo Chaves Y Karina Poritzker - El juez en lo penal económico Diego Amarante citó a declaración indagatoria al presidente de la AFA Claudio Tapia y al tesorero Pablo Toviggino y les prohibió salir del país en la causa que investiga presunta apropiación indebida de aportes por $19.353.546.843,85 vinculada a retenciones impositivas y de seguridad social que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El magistrado hizo lugar a un pedido de la querella de ARCA y convocó a la AFA como asociación y a Tapia para el 5 de marzo mientras que el tesorero Toviggino deberá presentarse el 6 de ese mes. La citación abarca a la totalidad de la comisión directiva y además se les prohibió la salida del país, según la resolución a la que tuvo acceso Infobae. “En orden a lo solicitado y existiendo motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados, cítese a la Asociación del Fútbol Argentino y a Claudio Fabián Tapia a las audiencias que se fijan para el día 5 de marzo de 2026 a las 10:30 y 12:00 horas, respectivamente”, resolvió el juez. Al tesorero Toviggino y al también integrante de la comisión directiva Gustavo Lorenzo se los citó para el 6 de marzo a las 10:30 y 12:00; en tanto que Víctor Blanco Rodríguez y Cristian Malaspina, deberán presentarse el 9 de marzo a las 10:30 y 12:00 en el juzgado con sede en avenida de los Inmigrantes 1950 de la ciudad de Buenos Aires. En su resolución, el magistrado advirtió sobre “ la gravedad de los hechos investigados” y la “severidad de la pena en expectativa” y prohibió salir del país a todos los acusados. Hasta el momento sólo tienen defensa designada en la causa la AFA y su titular, Tapia, ante lo cual el juez invitó a los demás imputados a nombrar abogados de su confianza dentro del tercer día de notificados. De no hacerlo se les designará Defensor Público Oficial. De manera paralela, los abogados de AFA apelaron ya ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico el rechazo del juez a dictar sobreseimientos en base a un planteo de “excepción de falta de acción”, con lo cual la cuestión será revisada por el Tribunal de Apelaciones.Un pedido de ARCA La decisión surge luego de un pedido de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) , que encabeza Andrés Vázquez, que había solicitado más temprano la citación en un expediente que investiga la presunta apropiación indebida de $19.353.546.843,85 vinculada a retenciones impositivas y de seguridad social que, según la denuncia, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. La presentación, realizada ante el fuero en lo Penal Económico, sostiene que existe un “grado de sospecha suficiente” para citar a los directivos en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación. La denuncia original fue presentada el 12 de diciembre de 2025 y ampliada el 18 del mismo mes. La investigación abarca 69 hechos independientes ocurridos en ese período, según consta en el expediente al que accedió Infobae. De acuerdo con la documentación judicial, el monto total surge de la presunta falta de ingreso de distintos conceptos que la AFA, en su carácter de agente de retención y percepción, habría retenido pero no transferido al fisco. El expediente desglosa los importes mes a mes: retenciones de IVA, retenciones del Impuesto a las Ganancias —incluido el régimen del artículo 79— y retenciones de contribuciones a la seguridad social. Entre los totales acumulados investigados figuran: $663.340.652,50 en retenciones de IVA, $1.998.652.056,40 en retenciones de Ganancias, $8.016.291.166,48 bajo el régimen del artículo 79 de Ganancias y $8.675.262.968,47 en contribuciones a la seguridad social. Julio de 2025 fue el mes con la cifra más alta, con $2.854.022.660,98, seguido por septiembre, con $1.730.951.796,37. Según la hipótesis fiscal, estos montos habrían sido efectivamente retenidos o percibidos, pero no ingresados dentro del plazo legal de 30 días corridos tras su vencimiento. La querella invoca los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario vigente al momento de los hechos, que prevén penas de dos a seis años de prisión para los agentes de retención o percepción que no depositen, total o parcialmente, los importes retenidos cuando superan determinados mínimos mensuales. Se recuerda que la Corte Suprema de Justicia, en el precedente “Lambruschi”, caracterizó este delito como de omisión instantánea, consumado cuando el depósito no se realiza dentro del plazo establecido. ARCA afirma que en este caso se verifican los tres elementos estructurales del delito de omisión: el deber jurídico de actuar, la capacidad fáctica de cumplir con ese deber y la ausencia de la acción esperada. Uno de los puntos centrales del planteo radica en la presunta capacidad financiera de la AFA durante el período investigado. El escrito sostiene que la entidad registró “abultadas acreditaciones bancarias” y que, solo en diciembre de 2024, habría recibido más de $45.000 millones. Además, durante 2024 y 2025 constituyó múltiples plazos fijos en pesos y dólares. La querella sostiene que estos elementos descartarían una imposibilidad material de pago y reforzarían la hipótesis de que la falta de ingreso fue una decisión deliberada. Se cita jurisprudencia que establece que los importes retenidos no pertenecen a la entidad, sino a los contribuyentes afectados, y que el agente de retención actúa como intermediario ante el fisco. El pedido de indagatoria alcanza, además de Tapia y Toviggino, al secretario general Cristian Ariel Malaspina (desde 2025), al director general Gustavo Roberto Lorenzo y al ex secretario general Víctor Blanco Rodríguez. El escrito reconstruye el esquema interno de decisiones a partir de testimonios del personal administrativo. Según el expediente, la gerencia de Administración y Control confeccionaba las declaraciones juradas y comunicaba los vencimientos al tesorero, quien daba la orden de pago y generaba el Volante Electrónico de Pago (VEP). Las testigos indicaron que el tesorero tomaba las decisiones financieras y contables, mientras que el presidente y el secretario general firmaban los estados contables anuales. La querella argumenta que resulta “difícil suponer” que una decisión de no ingresar sumas de tal magnitud durante 19 meses consecutivos pudiera adoptarse sin el conocimiento del resto de la conducción. Se destaca que los balances correspondientes a 2023 y 2024 fueron firmados por el presidente, el tesorero y el secretario general, lo que, según la acusación, indicaría que estaban al tanto de la situación financiera y de las deudas registradas. El planteo también subraya la continuidad temporal de la conducta investigada: la presunta omisión se habría extendido durante 19 meses consecutivos, de marzo de 2024 a septiembre de 2025, lo que, según la querella, descarta que se trate de una situación excepcional o un error administrativo y permitiría inferir la existencia de dolo en esta etapa procesal. La declaración indagatoria constituye el primer acto formal de defensa en el proceso penal, en el que el juez comunica los hechos y las pruebas, y el imputado puede declarar o abstenerse. ARCA enfatiza que la indagatoria garantiza el derecho de defensa y contribuye a la averiguación de la verdad. Para que proceda, el juez debe considerar que existe una “sospecha bastante” basada en elementos objetivos de convicción, umbral que, según la querella, estaría cumplido. El 26 de diciembre de 2025, el fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 11 formuló el requerimiento de instrucción, impulsando formalmente la acción penal. El juzgado debe ahora resolver si hace lugar al pedido de citación a indagatoria, lo que, de concretarse, sería la primera vez que el actual presidente de la AFA enfrenta una instancia de este tipo por presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario vinculadas a su gestión. El expediente se enmarca en un contexto de mayor escrutinio sobre el cumplimiento fiscal de grandes contribuyentes y entidades con alto volumen de operaciones. Por el momento, el planteo de ARCA constituye una acusación en etapa preliminar. La eventual responsabilidad penal de los involucrados deberá determinarse a lo largo de la instrucción y, en su caso, en un eventual juicio oral. Infobae.

Citaron a indagatoria a Claudio Tapia y a Pablo Toviggino y les prohibieron salir del país

🕗 08:00 horas &nbsp;&nbsp;• &nbsp;&nbsp;MOYANO, Ariel Maximiliano – Robo agravado por el uso de arma de fuego (Lectura de sentencia). &nbsp;&nbsp;• &nbsp;&nbsp;D., A. C. E. – Desobediencia (Remisión a juicio). &nbsp;&nbsp;• &nbsp;&nbsp;GONZÁLEZ, Lisandro Daian Andrés – Hurto (Audiencia conclusiva). &nbsp;&nbsp;• &nbsp;&nbsp;KUN, Juan José Clemente – Hurto en grado de tentativa (Revocación de condena condicional).⸻🕗 08:15 horas &nbsp;&nbsp;• &nbsp;&nbsp;G. S. E. – Denuncia (Anticipo jurisdiccional de prueba).⸻🕣 08:30 horas &nbsp;&nbsp;• &nbsp;&nbsp;CHÁVEZ, Claudio Nahuel – Robo agravado (Debate). &nbsp;&nbsp;• &nbsp;&nbsp;V., F. H. – Rapto agravado (Debate). &nbsp;&nbsp;• &nbsp;&nbsp;J. W. D. S. – Abuso sexual con acceso carnal (Recurso de apelación).⸻🕘 09:00 horas &nbsp;&nbsp;• &nbsp;&nbsp;CANTEROS, Jorgelina Melissa – Tenencia simple de estupefacientes (Juicio abreviado). &nbsp;&nbsp;• &nbsp;&nbsp;NARVÁEZ, Dante Nicolás – Robo (Remisión a juicio). &nbsp;&nbsp;• &nbsp;&nbsp;C., A. N. – Amenazas (Remisión a juicio).⸻🕙 10:00 horas &nbsp;&nbsp;• &nbsp;&nbsp;ALMADA, Nelson Rafael y otros – Robo agravado (Prisión preventiva). &nbsp;&nbsp;• &nbsp;&nbsp;V. A. D. – Abuso sexual (Remisión a juicio). &nbsp;&nbsp;• &nbsp;&nbsp;VALENZUELA, Sergio Gabriel e IBÁÑEZ, Luciana Beatriz – Robo (Remisión a juicio).⸻🕚 11:00 horas &nbsp;&nbsp;• &nbsp;&nbsp;ARIAS, Nolberto Darío y otros – Lesiones graves (Multipropósito / remisión / probation). &nbsp;&nbsp;• &nbsp;&nbsp;AGUIRRE, Milagros Micaela; CUELHO, Ricardo Nicolás y LUNA, Joaquín Luciano – Tenencia simple de estupefacientes (Juicio abreviado). &nbsp;&nbsp;• &nbsp;&nbsp;SALAZAR, Darío Sebastián – Amenazas calificadas (Remisión a juicio). &nbsp;&nbsp;• &nbsp;&nbsp;LESCANO ACOSTA, Marcos Antonio – Robo en grado de tentativa (Remisión a juicio).⸻🕛 12:00 horas &nbsp;&nbsp;• &nbsp;&nbsp;ACEVEDO, Lucas Mariano – Hurto (Audiencia conclusiva). &nbsp;&nbsp;• &nbsp;&nbsp;ACEVEDO, Ulises Nahuel – Robo (Audiencia conclusiva). &nbsp;&nbsp;• &nbsp;&nbsp;DELGADO, Danilo Ariel; SILVA, Ayelén Estefanía y SILVA, Laura Raquel – Comercio de estupefacientes (Juicio abreviado). &nbsp;&nbsp;• &nbsp;&nbsp;CANCINO, Emanuel Omar – Daño (Probation). &nbsp;&nbsp;• &nbsp;&nbsp;SCHEILFER, Víctor Gabriel – Amenazas calificadas (Decomiso).⸻🕧 12:30 horas &nbsp;&nbsp;• &nbsp;&nbsp;CIRUZZI, Gustavo Domingo y CIRUZZI, Brian – Amenazas (lesiones) (Probation). &nbsp;&nbsp;• &nbsp;&nbsp;GUTIÉRREZ, Mauricio Augusto y otros – Lesiones (Probation).⸻🕔 17:00 horas &nbsp;&nbsp;• &nbsp;&nbsp;R. D., O. G. – Abuso sexual con acceso carnal (Debate).⸻Así se presenta una jornada intensa en los tribunales de Concordia, con una agenda cargada de debates, remisiones a juicio, audiencias conclusivas y juicios abreviados.

🕗 08:00 hs.1) C, J G – Amenazas calificadas V.G. Recurso de Apelación – Sala 12) Almada, Walter Andrés – Duarte, Fabián Pedro Robo en grado de tentativa – Sala Garantías3) Miño, Pedro Nicolás Resistencia a la autoridad – Sala Garantías⸻🕣 08:30 hs.4) Álvarez, Domingo Rafael y Álvarez, Marcelo Ezequiel Resistencia a la autoridad – Sala 15) R.D., O.G. Abuso sexual con acceso carnal – Sala 1⸻🕘 09:00 hs.6) González, Carlos Alcides Administración fraudulenta – Sala 47) Torres, José Francisco Tomás Robo con escalamiento – Sala Garantías8) Miño, Héctor Miguel Robo en grado de tentativa – Sala Garantías⸻🕙 10:00 hs.9) Ruiz, Yohana Soledad Comercio de estupefacientes – Sala 110) L. L. R. Abuso sexual simple – Sala 4⸻🕥 10:30 hs.11) B.M.G. y otra Estafa – Queja (Apelación) – Sala 4⸻🕚 11:00 hs.12) C., M. A. Lesiones leves – Sala 413) Pérez, Leonardo Manuel Hurto – Sala Garantías⸻🕦 11:30 hs.14) Trinidad, Milagros Florencia Robo agravado por uso de arma de fuego – Sala 415) Araujo, Miguel David Tenencia de arma de fuego de uso civil – Sala Garantías⸻🕛 12:00 hs.16) Martínez, Sebastián Humberto Hurto – Sala Garantías17) Cabaña, Iván Jonatan Actuaciones vinculadas a su muerte – Sala Garantías18) Petroni, Carlos Alfredo Lesiones leves – Sala Garantías⸻🕧 12:30 hs.19) Micheloud, Josué Leonel Amenazas calificadas – Sala Garantías⸻🕓 16:00 hs.20) Álvarez, Domingo Rafael y Álvarez, Marcelo Ezequiel Resistencia a la autoridad – Debate – Sala 1

Judiciales

Movimiento de causas judiciales en tribunales de Concordia

La Justicia Federal llamó a indagatorias a Bahillo, Ballay y García por el conflicto de las areneras en Ibicuy

La Justicia entrerriana declaró la nulidad del jury que destituyó a Cecilia Goyeneche

Paro de Judiciales alcanzó un 90% de acatamiento y analizan profundizar las medidas

El Senado aprobó el Régimen Penal Juvenil y la edad de imputabilidad bajará a 14 años

Concordia: un hombre fue declarado culpable de Homicidio agravado por el vínculo

Movimiento de causas judiciales en tribunales de Concordia

Movimiento de causas judiciales en tribunales de Concordia

Resolución de la fiscalía ante un hecho de violencia tras disputa familiar

Reanudan el proceso contra el exjefe de Policía por abuso

Comenzó un nuevo juicio por jurados en Concordia

Movimiento de causas judiciales en tribunales de Concordia

Judiciales sostienen el plan de lucha y realizan paro este viernes

Caso Urribarri: aval judicial a dos abreviados y la investigación principal va a juicio

Actividad judicial programada para hoy en los Tribunales de Concordia

Citaron a indagatoria a Claudio Tapia y a Pablo Toviggino y les prohibieron salir del país

Movimiento de causas judiciales en tribunales de Concordia

Movimiento de causas judiciales en tribunales de Concordia

Más Leídas de Judiciales

Movimiento de causas judiciales en tribunales de Concordia

La Justicia Federal llamó a indagatorias a Bahillo, Ballay y García por el conflicto de las areneras en Ibicuy