Según se informó, la medida responde a un pedido del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, en el marco de un proceso de ajuste. Del total de trabajadores afectados, 130 pertenecen a estaciones meteorológicas distribuidas en distintas regiones del país y otros 110 cumplen funciones en la sede central ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Desde el sector laboral señalaron que se trata de una reducción superior al 30% del personal civil, lo que consideraron un recorte “crítico” para el funcionamiento del organismo. En ese sentido, alertaron que podría verse comprometida la calidad de los servicios meteorológicos, fundamentales para la seguridad aeronáutica y las actividades productivas. Impacto en servicios esenciales y economía El comunicado detalló que el SMN actualmente cuenta con 980 trabajadores, de los cuales 780 son civiles. Con la implementación de los despidos y la salida de otros 31 empleados en condiciones de jubilarse, el plantel quedaría reducido a aproximadamente 540 trabajadores civiles. Los trabajadores sostuvieron que esta cifra está muy por debajo de la dotación mínima necesaria para garantizar un servicio eficiente, estimada en 1200 empleados. En ese contexto, remarcaron que la disminución de personal afectará la capacidad de monitoreo, pronóstico y emisión de alertas tempranas. Además, advirtieron que el impacto no se limitará al ámbito técnico, sino que repercutirá directamente en múltiples sectores de la economía. “Las actividades aeronáuticas y agropecuarias dependen de la información meteorológica precisa y oportuna”, señalaron en el documento difundido. Por último, manifestaron su preocupación por las posibles consecuencias en la seguridad de la población, al considerar que una menor capacidad operativa del organismo podría dificultar la prevención de fenómenos climáticos extremos y sus efectos sobre la vida y los bienes. &nbsp;

Despidos en el Servicio Meteorológico: trabajadores advierten del impacto que tendrán

Las intervenciones abarcan sectores de los barrios Centenario, Universidad, Villa Adela, Sarmiento/Víctor Oppel, Don Jorge y Parque, y serán financiadas con recursos municipales. Además de las mejoras viales, el proyecto incluye el recambio de cañerías de agua potable, redes cloacales, conexiones domiciliarias y la instalación de nuevas válvulas e hidrantes, lo que permitirá optimizar los servicios básicos.El intendente Francisco Azcué destacó que las obras responden a un criterio de planificación, priorizando zonas con escuelas y recorridos de transporte público, con el objetivo de mejorar la circulación y generar un esquema más ordenado de la ciudad.&nbsp; En ese sentido, remarcó que el municipio logró ordenar sus cuentas y avanzar con inversión propia en infraestructura, proyectando un incremento sostenido en este tipo de obras durante 2026.Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, subrayó la participación de varias empresas en las licitaciones, lo que favorece la competencia y permite alcanzar mejores condiciones económicas y técnicas.Además, aseguró que los trabajos contemplan soluciones integrales para garantizar durabilidad y calidad en cada intervención.Dentro del plan se incluye la pavimentación de 37 cuadras con una inversión superior a los $2.100 millones. Las calles alcanzadas son: La Pampa, entre Presidente Illia y Liebermann; JJ Valle, entre La Pampa y Presbítero Odiard; Paula Albarracín de Sarmiento, entre España y Mario Gatto; Moulins, entre boulevard Yuquerí y Maestra Peñaloza; Ecuador, entre Virgen del Carmen y Avenida Unión; Avenida Unión, entre Ecuador e Idelfonso Cuadrado; e Idelfonso Cuadrado, entre Avenida Unión y San Cayetano.A esto se suma la repavimentación de calle Ricardo Rojas, en el tramo comprendido entre Concejal Veiga y Diamante, con una inversión de más de $780 millones.Las empresas que presentaron ofertas en ambas licitaciones fueron Luis Losi SA, Piuterra SA, MEM Ingeniería SA, José Eleuterio Pitón SA y Vecchio SRL, en un proceso que apunta a consolidar obras de alto impacto para la ciudad.

Concordia licitó obras viales por más de $2.800 millones y avanza con un plan integral de calles y servicios

Al término de la reunión realizada en Casa de Gobierno, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, el hombre de Concordia, calificó el encuentro como “muy productivo”, señalando que se abordaron múltiples temas de gestión.Entre ellos, destacó que durante abril comenzará el segundo grupo de obras de bacheo, con intervenciones en rutas provinciales largamente reclamadas, al tiempo que indicó que el primer tramo de trabajos se encuentra prácticamente finalizado. En materia administrativa, el funcionario explicó que la Secretaría de Trabajo presentó un informe al gobernador sobre la puesta en marcha del Sistema de Gestión de Administración de Personal (Sigap). Según precisó, junto al fortalecimiento de la Comisión Médica Única, esta herramienta permitió reducir de manera significativa el ausentismo en la planta estatal. Además, se analizaron avances en el Hospital De la Baxada, que se integrará a la red pública de salud, y se repasó la agenda política prevista, que incluye encuentros con la Liga de Intendentes del justicialismo, comunas de ese mismo espacio y el Foro de Intendentes de Juntos por Entre Ríos, con temarios abiertos.Finalmente, Troncoso, remarcó la importancia del proceso de diálogo en torno a la reforma jubilatoria, destacando que esta semana será clave para recibir aportes de gremios y legisladores, con el objetivo de avanzar en un proyecto consensuado que será enviado a la Legislatura. &nbsp;

Obras, gestión y jubilaciones, los ejes de una nueva reunión de gabinete

De los encuentros participan representantes de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) Seccional Entre Ríos, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el Sindicato de Luz y Fuerza, jubilados autoconvocados, la Federación de Jubilados y jubilados municipales.La agenda de trabajo se desarrollará hasta el viernes, instancia en la que cada sector presentará sus propuestas en relación con la reforma previsional.El objetivo de estas reuniones es garantizar la participación de todos los actores involucrados, promoviendo el diálogo y la construcción de consensos en torno a un sistema previsional más equitativo y sostenible.En ese marco, Bagnat destacó: “La reforma debe construirse con todos los sectores, buscando un equilibrio que garantice la sustentabilidad del sistema sin perder derechos”. Asimismo, señaló que el proceso se encara con una mirada de largo plazo, priorizando decisiones responsables y previsibilidad para los beneficiarios.Finalmente, subrayó que estas instancias forman parte de una agenda más amplia impulsada por el Ejecutivo provincial, orientada a modernizar el sistema previsional, fortalecer su sustentabilidad y brindar previsibilidad a los beneficiarios, mediante la consolidación de reglas claras y sostenibles en el tiempo.

Comenzaron las reuniones por la reforma previsional convocadas por el Ejecutivo

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el dato surge del informe de comercio bilateral que realiza la Cámara Argentina de Comercio (CAC), que muestra que la suba interanual fue del 13,1% y da cuenta de que el intercambio entre ambos países creció un 1,5% frente a marzo de 2025 y un 36,2% contra febrero de 2026.“De acuerdo con los datos que se desprenden del último informe de comercio bilateral elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el comercio bilateral entre Argentina y Brasil fue de U$S 2.597 millones en el tercer mes del año, un 1,5% superior al valor obtenido en el mismo mes de 2025, cuando había sido de U$S 2.558 millones. Asimismo, el intercambio creció con respecto a febrero pasado un 36,2%, mientras que el saldo comercial fue deficitario en U$S 342 millones.Las ventas argentinas a Brasil crecieron en marzo de 2026 un 13,1% con respecto a marzo de 2025 (luego de ocho meses de bajas consecutivas, volvieron a crecer interanualmente las exportaciones argentinas a Brasil) al sumar U$S 1.128 millones, mientras que las importaciones desde aquel país fueron de U$S 1.470 millones y mostraron una caída interanual del 5,9%.El saldo comercial entre ambos países en los primeros tres meses de 2026 fue negativo en U$S 698 millones para Argentina, notoriamente menor al registrado en el mismo período de 2025, cuando el déficit había sido de U$S 1.276 millones. La suba interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil de marzo (13,1%) correspondió principalmente al aumento de vehículos para transporte de mercaderías y usos especiales, óleos brutos de petróleo o de minerales bituminosos y leche, crema de leche y lácteos, mientras que la merma interanual de las importaciones argentinas (5,9%) se explicó principalmente por la disminución de vehículos de carretera, partes y accesorios de vehículos automotores y óleos y combustibles de petróleo.Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (U$S 6.665 millones), Estados Unidos (U$S 3.314 millones) y Alemania (U$S 1.515 millones). A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina se ubicó en tercer lugar, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S 10.490 millones) y Estados Unidos (U$S 2.894 millones).Las exportaciones de Brasil al mundo crecieron 10,0% en marzo de 2026 con respecto a 2025, al pasar de U$S 28.726 millones a U$S 31.603 millones. Por su parte, las importaciones aumentaron 20,1% con respecto a marzo de 2025, al pasar de U$S 20.990 millones a U$S 25.199 millones. De este modo, el resultado comercial brasileño fue superavitario en U$S 6.405 millones, por lo cual lleva 13 meses consecutivos de signo positivo”.&nbsp; NA.

La Argentina exportó un 13,1% más interanual a Brasil en marzo

Durante la reunión, el mandatario describió el escenario actual y sostuvo que la disminución de los recursos provinciales incluso supera a la que registran los municipios, señalando que se trata de un dato concreto que refleja el impacto general de la coyuntura económica.Frigerio remarcó además que no todos los municipios atraviesan la misma realidad, ya que existen diferencias significativas en términos de endeudamiento y disponibilidad de fondos. En ese sentido, explicó que algunas jurisdicciones logran sostenerse con mayor margen, mientras que otras enfrentan serias dificultades para cumplir con sus obligaciones. En cuanto al debate por los recursos, el gobernador dejó abierta la posibilidad de avanzar en modificaciones al esquema de coparticipación si existe consenso, y reiteró su predisposición al diálogo como herramienta para encontrar soluciones. También destacó el esfuerzo de los intendentes para sostener la gestión en un contexto adverso, reconociendo las dificultades que implica cumplir con compromisos mensuales como el pago de salarios. Por su parte, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, valoró la instancia de diálogo y señaló que quienes administran recursos públicos enfrentan hoy un escenario particularmente exigente, con menores ingresos y mayores responsabilidades.En la misma línea, indicó que se tomaron las propuestas presentadas por los intendentes y adelantó la intención de continuar con estos encuentros para fortalecer el trabajo conjunto y optimizar el uso de los recursos disponibles. El intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, destacó la rápida respuesta del Ejecutivo provincial al pedido de reunión y valoró la participación del equipo de gobierno. Señaló que los intendentes acercaron propuestas concretas para ser evaluadas y subrayó la necesidad de trabajar de manera articulada para afrontar la crisis.Asimismo, consideró positivo que cada jefe comunal haya podido exponer su realidad particular y expresó la voluntad de sostener este tipo de encuentros de forma periódica, con el objetivo de coordinar acciones que permitan sostener el funcionamiento de los municipios.Del encuentro participaron además ministros y funcionarios del gabinete provincial, junto a responsables de áreas clave vinculadas a la administración, la infraestructura y los servicios públicos.

Frigerio recibió a Intendentes del PJ y analizaron la crisis de recursos que golpea a los municipios

Legisladores entrerrianos del peronismo pidieron formalmente reunirse con el gobernador Rogelio Frigerio para evaluar la situación económica de la provincia, marcada por la caída de ingresos y las dificultades para sostener las cuentas públicas.El pedido fue realizado por los diputados nacionales Guillermo Michel, Gustavo Bordet, Marianela Marclay y Blanca Osuna, junto al senador Adán Bahl. En la nota, plantean la necesidad de analizar en conjunto cómo afecta a Entre Ríos la baja en los recursos que llegan desde Nación y la falta de crecimiento en la recaudación propia.Según explicaron, durante el primer trimestre de 2026 las provincias en su conjunto perdieron alrededor de $1,1 billones por la caída de la coparticipación. En el caso de Entre Ríos, esto representó una pérdida de más de $51.000 millones.Además, señalaron que del total recaudado a nivel nacional, solo el 32% fue distribuido a las provincias. A esto se suma que los ingresos vienen en baja desde hace varios meses si se los compara con la inflación.En cuanto a los recursos propios, advirtieron que el principal impuesto provincial —Ingresos Brutos— mostró una suba en números nominales, pero prácticamente no creció en términos reales, lo que refleja un estancamiento de la actividad. Finalmente, recordaron que ante este escenario el Gobierno nacional habilitó adelantos de coparticipación para algunas provincias, mecanismo al que Entre Ríos ya accedió anteriormente, y plantearon la necesidad de analizar medidas para enfrentar la situación actual.

Legisladores entrerrianos piden reunión con Frigerio por la caída de recursos

De acuerdo a informes técnicos, la caída en la recaudación de tributos clave como el IVA y el Impuesto a las Ganancias impacta de lleno en las finanzas provinciales, generando un escenario complejo para sostener gastos básicos. En los últimos meses, esta tendencia se profundizó: de un leve crecimiento a fines del año pasado se pasó a una caída real en las transferencias.El diputado nacional Guillermo Michel aportó datos concretos sobre este panorama. Señaló que en el primer trimestre de 2026 la recaudación total alcanzó los $50,6 billones, pero solo el 32% fue distribuido a las provincias, lo que equivale a $16,2 billones.Según explicó, una de las principales causas de esta situación es la retracción de la actividad económica, que afecta directamente la recaudación del IVA, sumado a cambios en el esquema impositivo que también redujeron ingresos vinculados al comercio exterior. Michel advirtió que, en términos reales, los recursos provinciales registraron una caída del 6,3% en ese período, lo que significó una pérdida cercana a $1,1 billones en fondos coparticipables.Otros análisis privados coinciden en el diagnóstico y agregan que la baja no solo se dio en las transferencias automáticas, sino también en las discrecionales, que tuvieron un fuerte retroceso. En conjunto, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires enfrentaron una reducción significativa de recursos, lo que explica el reciente auxilio financiero dispuesto por el Gobierno nacional.En este escenario, la asistencia aparece como una herramienta para sostener las cuentas provinciales en medio de un contexto económico adverso, donde la caída de ingresos y la presión sobre el gasto generan una situación cada vez más exigente.<section class="noteSuggested" data-id="76755" data-title="Puede interesarte"></section>

Michel explica el auxilio a provincias

La propuesta, impulsada por la diputada Silvina Deccó (PJ), establece que el programa será implementado a través del Consejo General de Educación (CGE), en articulación obligatoria con el Ministerio de Salud, alcanzando a todas las instituciones educativas de nivel primario y secundario, tanto de gestión pública como privada, en todo el territorio entrerriano. Según el articulado, el programa tendrá como objetivos centrales la prevención y detección temprana de conductas de riesgo, la promoción del cuidado de la salud mental y el bienestar emocional, y el fortalecimiento de espacios de diálogo, contención y acompañamiento dentro de las escuelas, con capacitación específica para el personal educativo. Además, se prevé que la iniciativa sea de carácter obligatorio y de aplicación progresiva, quedando en manos del CGE la definición de los cronogramas y pautas para su implementación.En los fundamentos, Deccó advirtió sobre la gravedad del problema al señalar que “el suicidio adolescente constituye una problemática de emergencia sanitaria global”. En ese sentido, citó datos de organismos internacionales y remarcó que “cada año alrededor de 700.000 personas mueren por suicidio en el mundo, siendo esta la cuarta causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años”. La legisladora sostuvo además que “la salud mental infanto-juvenil debe ser tratada como una prioridad de las políticas públicas del siglo XXI” y subrayó que la prevención requiere “estrategias integrales que comiencen en el ámbito escolar y comunitario”. En relación al contexto nacional, indicó que existe “un incremento sostenido de las consultas de emergencia en salud mental, con un fuerte impacto en población adolescente y joven”, y destacó la necesidad de articular políticas con el sistema educativo, tal como lo establece la Ley Nacional N° 27.130 de Prevención del Suicidio.<section class="noteSuggested" data-id="76719" data-title="Puede interesarte"></section>Deccó afirmó que “el presente proyecto representa una respuesta impostergable frente a una de las crisis de salud pública más graves, profundas y silenciosas de estos tiempos: la salud mental de niños, niñas y adolescentes”, y alertó sobre “un incremento alarmante en los índices de ansiedad, depresión, autolesiones y suicidios en la población joven”. Asimismo, remarcó el rol central de la escuela al sostener que “por su presencia territorial, continuidad y cercanía, se convierte en el cordón sanitario y afectivo más accesible para la detección temprana de señales de alerta”, aunque advirtió que actualmente el sistema educativo “carece de las herramientas pedagógicas e institucionales suficientes para abordar integralmente estas situaciones”.En ese marco, la iniciativa propone avanzar en la capacitación obligatoria de docentes y directivos en primeros auxilios emocionales, la incorporación de profesionales de la salud mental y la creación de protocolos de actuación ante situaciones de riesgo. “El programa transforma a la escuela en un verdadero ecosistema de cuidado y prevención, donde la educación emocional y la salud mental ocupan un lugar central”, expresó la diputada.Finalmente, se destacó que el proyecto retoma una propuesta presentada por estudiantes de la ciudad de Diamante en el ámbito del Senado Juvenil, y plantea la necesidad de establecer financiamiento específico, así como mecanismos de monitoreo y evaluación anual. “Esta situación alarmante y crítica demanda medidas urgentes y tangibles. Es nuestro deber convertir el compromiso en acción concreta para que, en cada institución educativa, la vida y la salud mental de nuestros jóvenes sean la prioridad indiscutible”, concluyó Deccó.

Proponen crear un programa provincial escolar de prevención del suicidio

El Gobierno nacional avanzó con una profunda reforma en la política de subsidios energéticos. Una resolución del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) formalizó la eliminación del sistema de segmentación por niveles de ingresos que rigió hasta ahora para el acceso a la energía.Como parte de esta reestructuración, la normativa también dispuso la baja definitiva de la Tarifa Social Federal de Gas, un beneficio que alcanzaba a un amplio sector de la población. En su lugar, el Gobierno implementará un esquema único de asistencia que, según se informó, estará focalizado en los sectores con mayor vulnerabilidad. Esta modificación en la política de subsidios genera un impacto directo en el bolsillo de los consumidores, en particular sobre el precio de la garrafa. El nuevo sistema de asistencias redefine el costo final para una gran parte de los hogares que dependen de este suministro para calefacción y cocción.En este contexto, el Boletín Oficial de la República Argentina publicó la Resolución 371/2026 del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que establece nuevos cuadros tarifarios y la aplicación del denominado Precio Anual Uniforme (PAU) para el año en curso. La normativa determina que las tarifas de gas se ajustarán periódicamente y deberán reflejar el costo del abastecimiento, en línea con los contratos vigentes del Plan Gas.Ar. Además, se establece que la facturación deberá contemplar el esquema de subsidios energéticos focalizados, dirigido a sectores específicos de la población.Aumentos y el impacto en Paraná En este contexto, el gas envasado, que es clave para millones de hogares sin red domiciliaria, es uno de los servicios más sensibles debido a la temporada de bajas temperaturas que se avecina. En la capital entrerriana, donde algunas zonas dependen del gas envasado, los precios actuales reflejan los nuevos aumentos implementados el 1º de abril: YPF Gas (Parque Industrial):10 kilos: $21.000. 15 kilos: $32.000. 45 kilos: $76.000Según informó Canal Once, las fuentes del sector adelantaron que “ahora que el Gobierno Nacional, desregularizó el precio del gas envasado, seguirá la tendencia de los combustibles líquidos por los efectos del aumento del petróleo. Hasta el mes pasado, el gas estaba subsidiado, pero ahora, va seguir aumentando”.&nbsp; (El Once)

El Gobierno eliminó subsidios y dio de baja la Tarifa Social del Gas

Sin embargo, el esquema no incluye a Entre Ríos, que quedó al margen de este nuevo reparto. La decisión fue formalizada mediante el decreto 219/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece la entrega de adelantos de coparticipación que deberán ser devueltos dentro del mismo ejercicio fiscal.La Secretaría de Hacienda será la encargada de definir los montos para cada distrito, tomando en cuenta su capacidad de repago y su participación en la recaudación nacional.Los fondos otorgados tendrán condiciones estrictas: deberán reintegrarse durante 2026, con una tasa nominal anual del 15% y mediante retenciones automáticas sobre la coparticipación. Además, cada provincia deberá autorizar esos descuentos y comprometer recursos coparticipables como garantía.Entre las jurisdicciones alcanzadas figuran Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. La medida lleva la firma del presidente Javier Milei y forma parte de una estrategia para mantener acuerdos políticos en un contexto económico complejo. Dentro del Gobierno sostienen que el mecanismo busca ordenar la asistencia financiera y poner límites a los pedidos recurrentes de adelantos, combinando una negociación política desde el Ministerio del Interior con un esquema fiscal más controlado desde Economía.El contexto que rodea la decisión es delicado: las provincias acumulan varios meses de caída en la recaudación y enfrentan mayores presiones por gastos corrientes, paritarias y funcionamiento del Estado.Desde distintos distritos reconocen que la situación es generalizada y preocupante.En el caso de Entre Ríos, si bien no fue incluida en este nuevo esquema, ya había recibido asistencia nacional recientemente: el 18 de marzo de 2026, mediante un decreto previo, se le otorgó un adelanto de coparticipación por $25.000 millones, ahora alcanzado por las modificaciones en la tasa de interés para equipararse a las nuevas condiciones fijadas para el resto de las provincias beneficiadas.

Anticipos por $400.000 millones a provincias: Entre Ríos quedó fuera del nuevo esquema nacional

Un proyecto de ley presentado por el bloque de Juntos por Entre Ríos propone la creación de Centros Territoriales de Denuncias (CTD) en todo el ámbito provincial, con el objetivo de facilitar a la ciudadanía el acceso efectivo a sus derechos, en línea con lo establecido por la Constitución entrerriana.La iniciativa, impulsada por el diputado Juan Manuel Rossi, plantea la puesta en funcionamiento de espacios estatales destinados a recepcionar denuncias por hechos delictivos, contravenciones y brindar orientación en trámites administrativos vinculados al sistema judicial. Según se detalla, estos centros buscarán simplificar el vínculo entre los ciudadanos y las instituciones. El proyecto establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, o el organismo que en el futuro lo reemplace, que deberá definir su organización mediante acuerdos de cooperación con el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos.En los fundamentos, se destaca que la propuesta apunta a generar un Estado más cercano y eficiente, mejorando el acceso a la justicia y absorbiendo tareas administrativas que actualmente recaen sobre las comisarías. A su vez, se remarca que muchas personas encuentran dificultades concretas al momento de realizar una denuncia, ya sea por distancias, falta de información o desconocimiento de los procedimientos.En ese sentido, el proyecto sostiene que el acceso a la justicia debe ser una posibilidad real y no solo un derecho formal, garantizando condiciones de igualdad para todos los ciudadanos al momento de iniciar trámites o denunciar hechos. Desde el bloque impulsor también se aclaró que la iniciativa no busca reemplazar el rol de las fuerzas de seguridad, sino complementarlo. La intención es descomprimir la carga administrativa de las dependencias policiales, permitiendo que se concentren en tareas propias de prevención y control.Otro de los ejes del proyecto es la generación de oportunidades laborales para jóvenes profesionales del derecho. Se propone que abogados recientemente matriculados puedan desempeñarse en estos centros durante sus primeros años de ejercicio, adquiriendo experiencia práctica en el ámbito jurídico. La propuesta toma como antecedente el modelo implementado en la provincia de Santa Fe, donde este tipo de dispositivos funciona desde 2013 como una herramienta descentralizada para recepcionar denuncias y fortalecer el acceso ciudadano a la justicia.

Proponen crear centros de denuncias en todo Entre Ríos

Voces oficiales libertarias hicieron hincapié en que la medida fue “preventiva”. Es más: en la administración Javier Milei planifican “citar uno por uno a los responsables/directivos de cada uno de esos medios”.&nbsp; “En caso de comprobarse, se hará la denuncia que puede ser por traición a la patria o injerencia de una nación extranjera”, precisaron. Para tomar esta determinación sobre los cronistas, el Gobierno se basó en un artículo publicado la semana pasada por la organización openDemocracy. El documento sostenía que un grupo de tareas ruso, denominado “La Compañía”, habría desembolsado US$ 283.000 para financiar más de 250 notas en 23 medios digitales argentinos con el fin de desgastar la gestión de La Libertad Avanza. Uno de los profesionales que no pudo ingresar relató ante Agencia Noticias Argentinas que se enteró de la situación cuando quiso ingresar. Con lluvia de por medio, el periodista mostró datos y recibió como respuesta de que, por orden de secretaria general de Presidencia, Karina Milei, le revocaron la huella de ingreso. “No nos dieron más explicaciones”, lamentó.&nbsp; NA.<section class="noteSuggested" data-id="76721" data-title="Puede interesarte"></section>

Suspenden el ingreso a Casa Rosada a periodistas de medios mencionados en la campaña rusa

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó su preocupación ante la maniobra difundida por un consorcio internacional de periodistas sobre una supuesta campaña de espionaje y desinformación de origen extranjero dirigida a desprestigiar al gobierno argentino mediante el uso de contenidos publicados en medios locales. De acuerdo con el comunicado de ADEPA, si estos hechos se confirmaran, representarían una forma inadmisible de injerencia externa y un intento por manipular el debate público bajo apariencias de información profesional. La organización advirtió que este tipo de campañas ilegítimas no solo desvirtúan el rol del periodismo basado en la búsqueda y verificación de hechos, sino que podrían dañar la confianza pública en los medios. La advertencia también incluyó un llamado a evitar generalizaciones que cuestionen de manera infundada el ejercicio profesional del periodismo, así como una exhortación a los medios para que refuercen los procesos de verificación y fiscalización del origen de la información publicada. ADEPA insistió en la importancia de mejorar estos controles como recurso fundamental para preservar la calidad periodística y la confianza social. Finalmente, la asociación periodística pidió que la investigación en curso se profundice y que las autoridades pertinentes adopten medidas para evitar la repetición de este tipo de prácticas. Según la denuncia presentada por el abogado Jorge Monastersky ante la Justicia, el financiamiento de operaciones de desinformación atribuidas al régimen ruso habría implicado un desembolso superior a USD 283.000 destinados a más de 250 publicaciones en 23 medios digitales locales. De acuerdo a declaraciones del propio Monastersky, el peligro de este esquema radica en su capacidad para alterar la formación de la voluntad del electorado y comprometer la integridad del sistema democrático argentino, especialmente durante periodos electorales. En Infobae al Regreso, Jorge Monastersky explicó cómo la denuncia judicial revela una trama de pagos provenientes de Rusia destinados a medios y periodistas argentinos para publicar más de 250 notas contra el gobierno de Javier Milei La acusación judicial, presentada como “averiguación de ilícito”, solicita determinar si las prácticas descritas constituyen delitos tipificados en la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional o si configuran atentados contra el orden constitucional. El letrado explicó que la maniobra investigada involucra aproximadamente a 25 medios de comunicación y un volumen de publicaciones inédito en el país. “La magnitud de tantos medios, tantos periodistas y tantas notas, nunca vi un antecedente en la República Argentina y me animo a decir en la región”, precisó Monastersky. La investigación impulsada por Monastersky cuenta con el respaldo de un consorcio de periodistas de diversas orientaciones ideológicas, hecho que el propio denunciante considera fundamental para la credibilidad del caso. “Le da verosimilitud. No estamos hablando de medios afines al gobierno los que están planteando que habría existido esta situación de una infiltración de información a pedido de Rusia para desestabilizar a Javier Milei. El consorcio es completamente pluriideológico”, subrayó. En el texto de la denuncia entregado al juzgado consta que la posible inserción de operaciones coordinadas, con financiamiento extranjero, podría afectar de manera directa la transparencia del debate público. El documento recalca la necesidad de que la justicia individualice las conductas y establezca responsabilidades, ya que tanto periodistas como medios podrían haber sido engañados respecto al origen o los fines del material difundido. Esta preocupación fue acentuada por Monastersky. Distingue entre el rol legítimo del periodismo y la figura del operador disfrazado de periodista: “Hay que ser prudentes. Una cosa son los medios de comunicación y otra cosa son los periodistas, y otra cosa son los operadores disfrazados de periodistas”, manifestó en la entrevista con el equipo de Infobae al Regreso. Infobae.

ADEPA expresó su preocupación por las presuntas operaciones de desinformación financiadas por el régimen ruso

La iniciativa fue presentada por la diputada Silvina Deccó, con el acompañamiento de María Laura Stratta, Mariel Ávila y Silvia Moreno. El texto propone que Blanzaco comparezca ante esta Honorable Cámara “a fin de que brinde informe detallado y explicaciones sobre la situación actual de la problemática del suicidio en la provincia”.En ese marco, el proyecto establece una serie de puntos específicos sobre los cuales el funcionario deberá informar. Entre ellos, se incluyen “estadísticas actualizadas de suicidios y tentativas de suicidio en la provincia, discriminadas por edad, género y departamento”, así como también detalles sobre las políticas públicas implementadas en materia de prevención, promoción de la salud mental, asistencia y posvención. Asimismo, se solicita información sobre los “programas de salud mental vigentes y recursos presupuestarios asignados a su ejecución”, la “cantidad y distribución territorial del personal especializado en salud mental en el sistema público” y las acciones de articulación con distintos organismos, como el Consejo General de Educación, municipios y organizaciones sociales. El pedido también alcanza a los dispositivos de atención en crisis, incluyendo “líneas telefónicas y canales de contacto disponibles para personas en riesgo”. En los fundamentos, la autora del proyecto advirtió que “la problemática del suicidio constituye un desafío creciente en materia de salud pública, con profundas consecuencias sociales, familiares y comunitarias”, y señaló que “las estadísticas recientes señalan aumentos preocupantes en las tasas de suicidio y tentativas en varios departamentos de la provincia, incluidos sectores vulnerables como adolescentes y jóvenes”. Deccó remarcó además que “la prevención del suicidio y la promoción de la salud mental requieren políticas públicas claras, recursos suficientes y mecanismos de evaluación y monitoreo eficaces”, por lo que consideró “imprescindible que el Ministerio de Salud informe ante este Cuerpo Legislativo sobre las acciones implementadas, su impacto, los resultados hasta ahora obtenidos y los recursos asignados”. Finalmente, la legisladora subrayó que “el control parlamentario de los actos del Poder Ejecutivo es una herramienta constitucional que permite evaluar la ejecución de políticas públicas, especialmente en áreas sensibles como la salud mental y la prevención del suicidio”.

El suicidio en el centro del debate: Diputados citarían al ministro Blanzaco

En su informe mensual, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) analizó el poder de compra de siete productos clave de la producción agropecuaria en Argentina: soja, maíz, trigo, ternero, novillito, leche y yerba. Este indicador mide la capacidad de estos productos para adquirir una amplia gama de insumos, costos e inversiones del sector, que incluyen herbicidas, fletes, maquinaria y otras 20 variables analizadas. El objetivo del estudio es monitorear la evolución de las relaciones entre precios y costos en el agro, proporcionando una herramienta clave para evaluar la competitividad de los productores. A través de un enfoque basado en el análisis insumo-producto, se logra una visión integral de las dinámicas de costos y precios, ofreciendo una perspectiva valiosa sobre la competitividad del sector. El conflicto en Medio Oriente volvió a sacudir los mercados internacionales y el impacto llegó rápidamente al sector agropecuario. La suba del petróleo y del gas terminó trasladándose a los fertilizantes, ya que el gas es el principal insumo para su producción. En el caso de la urea, el fertilizante nitrogenado más utilizado en trigo y maíz, el gas explica cerca del 80% del costo de elaboración En el último mes, la urea mostró fuertes movimientos: en febrero la tonelada rondaba los USD 564, mientras que en marzo llegó a USD 848, lo que implicó una variación mensual cercana al 50%. A la par, el mercado de combustibles también reflejó el impacto del conflicto. El barril volvió a superar los USD 100 y el gasoil acumula una suba del 10% en marzo, con un valor promedio que ya ronda los $2.100 por litro. Esto no solo encarece las labores, sino también el transporte. Estas subas ya se sienten en las relaciones insumo-producto. Para comprar 1 kg de urea hoy se necesitan 4,5 kg de trigo, un 48% más de trigo respecto al mes anterior y 84% más que el año anterior. En el caso del gasoil, se requieren 8 kg para pagar un litro, un 27% más trigo que el año anterior. Por otro lado, el maíz muestra un deterioro aún mayor frente a la urea, se necesitan 4,7 kg de maíz para cubrir 1 kg de urea, un 53% más que el mes anterior y 73% más que el año anterior. Frente al gasoil la baja del poder adquisitivo es más moderada, se necesita 2% más de maíz que el mes anterior, pero 16% menos que hace un año. En el caso de la soja, el encarecimiento también se hizo sentir. Con el MAP alcanzando los USD 930 por tonelada, unos USD 40 más que el mes anterior, en marzo se necesitaron casi 3 kg de soja para comprar 1 kg de este fertilizante. Esto implica que se necesita 6% más soja para comprar MAP respecto al mes anterior, a lo que se suma que se requiere 11% en relación con el gasoil, respecto al mes anterior.

Alertan que la guerra en Medio Oriente sacude los mercados internacionales y el impacto llega al sector agropecuario

Los equipos fueron destinados a los hospitales Centenario de Gualeguaychú y San Miguel de Bovril, y al Centro Pediátrico de Santa Elena, estos últimos dos en el departamento La Paz. La medida se enmarca en una política sostenida de fortalecimiento del sistema sanitario mediante la incorporación de tecnología de alta complejidad. El monto total de la inversión alcanza los 79.928.271 pesos, de los cuales 28.283.000 fueron destinados a la adquisición del ecógrafo para el Hospital Centenario; 34.519.217 al equipo incorporado en el Hospital San Miguel de Bovril; y 17.126.054 al correspondiente al Centro Pediátrico de Santa Elena, fortaleciendo el equipamiento de cada institución según sus requerimientos asistenciales. La adquisición de este equipamiento permitirá mejorar la calidad de las prestaciones, agilizar los tiempos de diagnóstico y ampliar la capacidad de respuesta de los equipos de salud, favoreciendo además la detección temprana, el seguimiento y el tratamiento oportuno de diversas patologías.La directora del Hospital Centenario de Gualeguaychú, Andrea Martins, valoró el trabajo articulado con el Ministerio y subrayó la importancia de la inversión. “La incorporación de nuevas tecnologías es fundamental para mejorar la calidad de la atención médica y optimizar los recursos”, afirmó.Además, destacó que estas herramientas posibilitan “diagnósticos más precisos, tratamientos menos invasivos y una gestión más eficiente de la información clínica”. Por su parte, la directora del Centro Pediátrico Santa Elena, Gisela Haberkorn, señaló que el nuevo equipo “representa un avance significativo en la capacidad diagnóstica”, ya que permite una detección más precisa y oportuna de patologías, además de favorecer la derivación adecuada de los pacientes. En la misma línea, la directora del Hospital San Miguel de Bovril, Gabriela Lescano, indicó que la incorporación del ecógrafo permitirá optimizar los tiempos de respuesta y evitar traslados innecesarios, beneficiando tanto a pacientes de la localidad como de zonas vecinas.

Salud incorporó ecógrafos en tres hospitales para fortalecer la atención sanitaria

A más de 660 días de haberse sancionado la Ley de Financiamiento Universitario en la Cámara de Senadores, los docentes continúan aguardando su cumplimiento por parte del Gobierno nacional, pese a que la Justicia una vez más haya ratificado la obligación a aplicarla.En dicha espera, muchos profesores han llevado medidas de fuerzas, pero también un gran número ha decidido renunciar a la lucha por enojo y desilusión ante la falta de respuestas por parte del Ejecutivo. Este es el caso de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos, ubicada en Gualeguaychú.“Entre el año pasado y los primeros meses del 2026, más de 20 decidieron abandonar la labor de enseñar. Esto se debe a que su profesión no es puramente docente y pueden ejercer otras actividades como bioquímicos”, advirtió la Secretaria Adjunta de Asociación Gremial de Docentes Universitarios (Agdu), Analía Matas.En la actualidad, de acuerdo a los datos arrojados por la representante gremial, el presupuesto para mantener día a día el funcionamiento de las Universidades está un 50% debajo de lo necesario. Ante la consulta de cómo se hace para afrontar dicha problemática, Matas respondió contundente: “Se hace lo que se puede”. Y agregó: “Se trata de ahorrar en luces. Antes se dejaba todo prendido y ahora se trata de ahorrar. &nbsp;Además, si hay algún trabajo de reparación se deja en manos de terceros”.Asimismo, hay ajuste en lo salarial: “En enero hubo un aumento del 2,5 cuando la inflación fue 2,9; en febrero la mejora fue 2,2 pero la inflación fue de 2,9; y en marzo hubo un 2% de incremento y la inflación de 2,5. Es decir, también nuestros haberes están atrasados un 50%”.Esta lucha no es solo de docentes, sino que también cuentan con el acompañamiento de los alumnos. “La situación que viven las universidades, los hospitales y las escuelas no escapa a lo que pasa en la familia. Entonces ellos comprenden lo que sucede”, resaltó Matas. Respecto a este punto, la Secretaria Adjunta hizo una aclaración ante las críticas de sectores que rechazan las medidas de fuerzas.“Aunque esta situación provoca la pérdida de una clase teórica, a los estudiantes no se los abandona y estamos en constante contacto”.La creencia de que llegue el día en que la Ley de Financiamiento Universitario se ponga en práctica no abunda ya que, como remarcó Matas, los pocos pasos a favor de la educación pública han sido por “obligación”. Pero esta medida judicial ilusiona y alegra un poco un panorama que cada vez más se hace “insostenible”.Próximas medidas a tomar si no hay respuesta Este lunes Agdu formará parte del Plenario de Conadu que definirá los pasos a seguir. Una de las posibilidades que se planteó fue la instalación de carpas en conjunto con Ctera en las capitales provinciales del 6 al 17 de abril, propuesta que se definirá en dicho encuentro.Cabe recordar que la semana pasada se realizó un nuevo paro de 72 horas desde el lunes hasta el miércoles.

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