El senador advirtió sobre la necesidad de una nueva ley, ya que el régimen legal de emergencia se encuentra extinguido al 31 de diciembre de 2025 y su prórroga no llegó a ser debatida y aprobada por ambas cámaras.“La emergencia debe ser una herramienta transitoria para ordenar y dar previsibilidad, no un atajo para consolidar discrecionalidad”, subrayó Oliva, al dejar en claro que los alcances de la norma se deben limitan a las obras en ejecución cuyo financiamiento el Estado nacional retiró.Las nuevas obras que proyecte el gobierno provincial deberán estar enmarcadas en los procedimientos de litación pública determinados por la legislación vigente.Se insistió en que la emergencia no puede transformarse en un “cheque en blanco” para el Poder Ejecutivo provincial, que lleva ya dos años gobernando bajo regímenes excepcionales y recurriendo de manera sistemática a contrataciones directas.El proyecto de la oposición restablece la vigencia de la Ley N° 11.138 hasta el día 31 de diciembre de 2026, en tanto faculta al Poder Ejecutivo a cancelar certificados de obras públicas y todo tipo de deuda reconocida administrativa o judicialmente al contratista, referente a obras públicas y servicios públicos ejecutados o en ejecución, vencidos o que vencieren durante la vigencia de la Ley N° 11.138 y de la presente, con fondos, títulos de deuda u otros instrumentos financieros existentes o que se creen, enmarcados en las operaciones de crédito autorizados por la Ley N° 11.234.En particular, Oliva señaló la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, como un ejemplo claro del desmantelamiento de políticas públicas federales.Esa decisión implicó la transferencia a la provincia de numerosas obras de agua y cloacas (servicios esenciales) financiadas originalmente con fondos nacionales, entre otras obras fundamentales, obligando a Entre Ríos a asumir compromisos complejos desde el punto de vista administrativo y financiero, en un contexto de fuerte restricción presupuestaria generada por la propia Nación.“Se debe ordenar este escenario posibilitando la renegociación o rescisión de contratos cuando resulte necesario, facilitando el reconocimiento y la cancelación de créditos a las empresas contratistas y reduciendo de manera significativa la litigiosidad existente o potencial, mediante acuerdos que incluyan el desistimiento de acciones judiciales sin costos para el Estado provincial”, hizo saber el uruguayense.Finalmente, solicitó el tratamiento prioritario del proyecto en la Legislatura, al considerar que se trata de un acto de responsabilidad política e institucional frente al retiro del Estado nacional de áreas estratégicas, una decisión que impacta de manera directa en los municipios, en la infraestructura básica y en la vida cotidiana de los entrerrianos.<section class="noteSuggested" data-id="73419" data-title="Puede interesarte"></section>

La oposición propone redefinir la emergencia para poder continuar con las obras paralizadas por Nación

El pedido tiene como objetivo que autoridades del Poder Ejecutivo brinden información detallada sobre los mecanismos de autorización, entrega, control y rendición de los módulos y mercadería alimentaria distribuidos durante el año 2025, en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía por la presunta entrega clientelar de alimentos.Durante la sesión, el senador Sanzberro explicó que la iniciativa se complementa con una nota enviada el pasado 4 de enero a la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, en la que se solicita formalmente la reunión de la Mesa de Diálogo Social. “No está en nuestro ánimo ni en nuestra voluntad mirar para el costado; creemos que la Mesa de Diálogo Social debe reunirse de manera extraordinaria”, afirmó el legislador.El proyecto aprobado expresa que “se vería con agrado que la señora ministra de Desarrollo Humano convoque en forma urgente y extraordinaria a una reunión de la Mesa de Diálogo Social”, y propone una agenda de trabajo que incluye: un informe detallado del Ministerio sobre los mecanismos de autorización, entrega, control y rendición de cuentas de los módulos y mercadería alimentaria distribuidos durante 2025, incluyendo la cantidad total, el listado de organizaciones receptoras y los procedimientos de relevamiento y rendición.También se insta a conocer el estado actual de los controles administrativos y logísticos para garantizar la trazabilidad y el destino final de la asistencia alimentaria a las familias en situación de vulnerabilidad; y las medidas adoptadas o a adoptar ante las recientes denuncias periodísticas y los procedimientos judiciales en curso, incluyendo la colaboración con la Justicia y la realización de eventuales auditorías.Asimismo, los senadores solicitaron conocer propuestas concretas para fortalecer la transparencia y el control participativo de la Mesa de Diálogo Social, tales como la digitalización de las entregas, la publicación periódica de información y la implementación de auditorías externas independientes.

Sanzberro: “No está en nuestro ánimo ni en nuestra voluntad mirar para el costado

En el arranque de 2026, el presidente&nbsp;Javier Milei&nbsp;retomará su agenda de viajes dentro y fuera del país, con actividades previstas en Córdoba y la provincia de Buenos Aires, además de una fuerte impronta internacional marcada por la situación política en Venezuela y la detención de&nbsp;Nicolás Maduro. Desde la residencia de Olivos, el mandatario comenzó a delinear las primeras acciones del nuevo año. Este jueves visitará la provincia de Córdoba y, en paralelo, ultima los detalles del discurso que pronunciará en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. En el plano interno, también se evalúa una recorrida por territorio bonaerense, con una posible escala en la ciudad de Mar del Plata. Fuentes oficiales indicaron que buena parte de la agenda presidencial estará atravesada por los acontecimientos en Venezuela, motivo por el cual Milei tiene previsto mantener contactos y reuniones con referentes y líderes internacionales vinculados a ese escenario. Proyección internacional y gira europea Luego de su participación en el Foro de Davos, que se desarrollará entre el 19 y el 23 de enero, el presidente planea una gira por Europa durante el primer trimestre del año. En una agenda preliminar aparecen visitas a Francia, Italia, Alemania y el Reino Unido. Desde el Gobierno sostienen que la Argentina atraviesa un proceso de reposicionamiento en el plano internacional y buscan consolidar esa imagen ante gobiernos, organismos y empresas extranjeras. En ese marco, La Libertad Avanza apunta a fortalecer la confianza de inversores internacionales en el rumbo económico del país y a promover nuevas oportunidades de inversión. Al mismo tiempo, en la Casa Rosada remarcan la intención de diferenciar a la Argentina del resto de la región, donde —según la visión oficial— predominan administraciones alineadas con proyectos políticos de izquierda, en contraste con el modelo que impulsa el actual Gobierno.

Milei entre el frente interno y la escena global: Córdoba, Davos y el caso Maduro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó este lunes al pueblo colombiano a marchar en las calles este miércoles para defender la soberanía de su país ante las amenazas de intervención militar por parte de Estados Unidos. “Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano el miércoles a las cuatro de la tarde en todas las plazas públicas del país. En la Plaza de Bolívar hablaré al pueblo bogotano. ¡Colombia libre!”, escribió Petro en X. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario colombiano invitó además a todos los ciudadanos a unirse en defensa de su independencia y democracia izando una bandera de Colombia en la entrada de sus casas o lugares de trabajo. La iniciativa surge en medio de la polémica global por la reciente intervención de fuerzas estadounidenses en Venezuela el pasado sábado para secuestrar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras lo cual Donald Trump, presidente estadounidense, calificó a Colombia como “país enfermo” al que le gustaría intervenir militarmente. En las últimas horas Petro rechazó las acusaciones en su contra que lo vinculan sin pruebas con el narcotráfico y aseguró que cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas de Colombia y con el de su pueblo.

Petro convoca a marchar para defender la soberanía de Colombia tras las amenazas de EE. UU.

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) -Regional XI- informó sobre las acciones que se están intentando llevar adelante para sostener el financiamiento de la ETP (Educación Técnico Profesional).El sindicato recordó que ha mantenido reuniones con legisladores provinciales, nacionales y con funcionarios políticos de diversos espacios políticos, y también con colegios de profesionales, cooperadoras, centros de estudiantes, directivos de escuelas y con empresarios de la producción y de servicios con el fin de que “se tome real conciencia de que los fondos son por y para las y los alumnos y que los recursos para la ETP son de vital importancia para las actividades escolares diarias y la formación óptima de los y las estudiantes”.En este contexto, “se avala y felicita la decisión tomada por padres y alumnos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se han presentado ante el Poder Judicial para solicitar que no se avance con el desfinanciamiento de las instituciones de la ETP”. “Desde la AMET esperamos y deseamos fervientemente que los Jueces pongan freno a este accionar del Poder Ejecutivo avalado en el Congreso Nacional que atenta directamente contra el presente y futuro de la Educación Técnico Profesional”.“Con ese criterio padres y estudiantes de escuelas técnicas presentaron una medida cautelar ante la justicia para que declare inconstitucional al artículo 30 del Presupuesto 2026 que elimina fondos en educación y ciencia”, destacaron desde AMET.El planteo fue realizado este lunes en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Tributario N°11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “en defensa de la Educación Técnico Profesional y contra el desfinanciamiento de las áreas respectivas”.Se plantea que el artículo 30 de la Ley de Presupuesto 2026 “es inconstitucional” porque “viola principios básicos del orden constitucional argentino” y “desconoce derechos fundamentales protegidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos”. La eliminación de los pisos mínimos de financiamiento se inscribe dentro de las políticas de desfinanciamiento de la educación técnica en los dos últimos años. Desde el sector educativo estiman que el recorte provocado por Javier Milei alcanza el 93% en el presupuesto 2026 respecto a valores equivalentes de 2023.Los principales fundamentos de la cautelar: 1) El presupuesto no puede derogar derechos ni leyes estructurales:&nbsp;Según consta en la denuncia, “el primer vicio grave del artículo 30 es formal e institucional” dado que, indican “una ley anual de presupuesto no puede derogar leyes permanentes que reconocen y garantizan derechos fundamentales”. Entre el marco normativo superior enumeran a la Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Técnico Profesional y la de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. “El presupuesto tiene por objeto autorizar gastos e ingresos para un ejercicio, no desmantelar políticas públicas estructurales ni eliminar garantías legales que expresan mandatos constitucionales”. Desde ese enfoque, la presentación considera que “usar una ley de presupuesto para derogar normas sustantivas constituye un desvío de poder legislativo y una violación al principio republicano”. 2) Viola el derecho constitucional a la educación:&nbsp;De acuerdo a la presentación, el artículo 30 del nuevo presupuesto “afecta directamente el derecho a la educación” consagrado en tratados internacionales, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. “El derecho a la educación no es meramente declarativo. Para ser real, exige financiamiento suficiente, continuo y previsible” advierten y remarcan que eliminar los “pisos legales de inversión” vacía de contenido a ese beneficio consagrado. 3) Viola el principio de progresividad y la prohibición de regresividad:&nbsp;Otro de los ejes se centra en los derechos sociales. La demanda parte de la base de un Estado “obligado a cumplir el principio de progresividad y la prohibición de regresión” consagrados por la Constitución. “El artículo 30 deroga normas que garantizaban mínimos de inversión, eliminando protecciones ya consolidadas. No se trata de una crisis imprevisible ni de una medida transitoria: es una decisión regresiva explícita, que desanda políticas de Estado construidas durante décadas”. 4) Es irrazonable y discriminatorio:&nbsp;En base a la Constitución, el pedido de cautelar recuerda que eliminar el financiamiento de la educación técnica y científica “no guarda proporción con ningún fin constitucionalmente válido”. Los demandantes sostienen que el artículo 30 extiende los niveles de desigualdad: “quienes tienen recursos podrán pagar educación privada y quienes no, quedarán afuera”. “La educación pública deja de ser igualadora y pasa a ser selectiva por ingresos, lo cual es constitucionalmente inadmisible”. 5) Compromete derechos en desarrollo y torna ilusoria la tutela judicial:&nbsp;El amparo remarca otro punto clave: “la educación no es un derecho estático, sino un derecho en desarrollo. Las trayectorias educativas no se pueden “pausar” y retomar sin daño”. Y aseguran que aún si la Justicia declarara luego la inconstitucionalidad, “el daño ya estaría hecho”.&nbsp;

AMET Entre Ríos celebró el amparo contra el desfinanciamiento de la educación técnica

En la Argentina nacen cada año alrededor de 7.000 niños con cardiopatías congénitas, y cerca del 50% de ellos necesita una cirugía durante el primer año de vida. Desde su creación en 2008, el PNCC logró reducir de manera drástica la mortalidad infantil asociada a estas patologías, gracias a la conformación de una red federal de derivación coordinada por el Estado nacional. El programa garantizó financiamiento, organizó centros según niveles de complejidad y acortó los tiempos de espera, impactando directamente en la disminución de la morbimortalidad infantil. El PNCC contaba con 15 centros categorizados en todo el país y, mediante sus coordinadores nacionales, recibía pacientes de cualquier provincia a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SIISA). Allí se evaluaba la gravedad de cada caso y se definía el centro más adecuado para su atención. En promedio, se realizaron unos 800 procedimientos quirúrgicos por año y se registraron más de 6.000 notificaciones en ese mismo período. Con el paso del tiempo, el alcance del programa se amplió también a la atención de embarazadas y al diagnóstico de cardiopatías fetales. Un hito fundamental fue la sanción, en 2023, de la Ley Integral de Atención del Paciente Cardiópata, reglamentada por el decreto 559/2023. Esta normativa incorporó la detección prenatal obligatoria mediante ecocardiografía fetal de rutina, el traslado intrauterino a centros especializados cuando se detectaban patologías complejas y la creación de un Registro Nacional de Cardiopatías Congénitas para mejorar el seguimiento y la planificación de recursos. La implementación de este modelo permitió reducir la mortalidad infantil, fortalecer el trabajo en red y potenciar la formación de recursos humanos especializados. Sus resultados fueron tan contundentes que el programa se convirtió en un modelo para otros países y fue destacado por organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, las recientes desvinculaciones de profesionales especializados ponen en riesgo la continuidad del equipo técnico y la pérdida de una experiencia acumulada durante más de una década. Ante este escenario, la Federación Argentina de Cardiología expresó su profunda preocupación e instó a las autoridades nacionales a reconsiderar esta decisión y a respaldar una política de salud pública que ha demostrado, con resultados sostenidos, su eficacia para preservar la vida de miles de niños en todo el país. Más allá de las cifras y los reconocimientos internacionales, el mayor logro del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas fue humano: niñas y niños que sobrevivieron, crecieron y hoy están plenamente integrados a la sociedad. Su desarticulación no solo implica un retroceso sanitario, sino también una amenaza concreta al derecho a la salud y a la vida.&nbsp;

Desmantelamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas

En distintas etapas, ambos fueron socios de Kueider en la empresa Betail SA. Esta firma figura como dueña de tres departamentos y dos cocheras en un edificio de lujo en Paraná. Según consta en el expediente judicial, la empresa no tuvo nunca giro comercial, por lo tanto, no podía generar recursos. Además, ninguno de los socios tenía ingresos para justificar la integración del capital. La presunción de la Justicia es que Betail, una empresa que se fundó para actividades agropecuarias, fue una fachada que le permitió a Kueider comprar inmuebles que no podía justificar. Asimismo, habría servido para ingresar en el circuito legal dinero que en el expediente judicial se considera ilegal. “Su real propósito era la conversión, aplicación y disimulación de activos de origen ilícito”, puntualizó la investigación. La causa tramita en el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado y con Fernando Domínguez como fiscal. Ambos socios de Kueider fueron detenidos en el Penal de Ezeiza por orden de Arroyo Salgado en marzo del año pasado. Unos meses después lograron el arresto domiciliario. Y a mitad del 2025 fueron excarcelados por la Cámara Federal de San Martín. González fue el primer socio de Kueider en la firma que el ex senador compró en diciembre de 2019, a pocos días de asumir. Figuró como presidente de la sociedad durante unos meses.Pasado este tiempo, hubo un traspaso de acciones de “Gonzalito” a Rubel. El nuevo presidente había sido albañil. Viajó a Europa a buscar suerte y no la encontró. Por eso su primo lo tentó con contratos en el Estado y con la empresa. Sin embargo, a finales de 2022 saltó un escándalo que complicó la operación. M.E.L., por entonces pareja de Rubel, lo denunció por el abuso de sus dos hijas menores, frutos de una relación anterior. El caso avanzó con firmeza. Por lo tanto, en mayo de 2024 se revirtió el traspaso de acciones. En los papeles, “Pajarito” recompró el 50% de Betail. La causa por abuso fue elevada a juicio. Rubel será juzgado por un jurado popular. Por otro lado, González figura como dueño de la camioneta Chevrolet Trailblazer negra en la que circulaba Kueider cuando fue detenido en Paraguay con USD 200 mil sin declarar. Su pareja es la abogada Adriana Crucitta, ex asesora de Kueider e involucrada en la causa como parte de la banda. La letrada también recibió la excarcelación de la Cámara Federal de San Martín. Ella y González eran socios en Peninsular Americana SAS. En el expediente consta que esta firma fondeaba una cuenta de Iara Guinsel, pareja de Kueider. Ese dinero se utilizaba para cubrir gastos de los departamentos.¿De qué se los acusa? Tanto González como Rubel están imputados en el Juzgado Federal de San Isidro por varios delitos. Uno de ellos es el de lavado de activos, doblemente agravado. La primera razón es que se cometió con habitualidad. La segunda, es que fueron miembros de una asociación-banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza y con las intervenciones de funcionarios públicos. Estos habrían cometido el ilícito en ejercicio u ocasión de sus funciones. A estas acusaciones se les sumó, en concurso real y con el carácter de partícipes necesarios, el ilícito de uso de instrumento privado falso. A Rubel, además, se le imputó haber falsificado un balance.(I:Análisis)

Excarcelaron a los presuntos testaferros de Edgardo Kueider

En una jornada clave para la representación sindical en el ámbito educativo, este lunes se llevó a cabo la asunción formal de los vocales gremiales de la agrupación&nbsp;Alternativa Docente, pertenecientes a la&nbsp;AMET Regional XI.&nbsp; El acto marca el inicio de una nueva gestión de los representantes elegidos por el voto de los trabajadores para integrar los organismos de carrera docente dentro del&nbsp;Consejo General de Educación (CGE).La ceremonia de toma de posesión se realizó en cumplimiento de la Resolución N° 3814/25 CGE, tras los comicios convocados oportunamente por el organismo central. Durante el encuentro, asumieron sus funciones&nbsp;Silvia Guadalupe Grenat&nbsp;(Jurado de Concursos de Educación Primaria),&nbsp;Aníbal Maximiliano Torres&nbsp;(Educación Secundaria),&nbsp;Martín Alejandro Almirón&nbsp;(Educación Superior) y&nbsp;Marcia Alejandra Cáceres, quien integrará el Tribunal de Calificaciones y Disciplina. El acto administrativo estuvo encabezado por el presidente del Jurado de Concursos, Prof.&nbsp;Gonzalo Pais Miller, quien oficializó las designaciones mediante la rúbrica de las actas correspondientes. Pais Miller dio la bienvenida a los flamantes vocales, instándolos a un trabajo colaborativo en beneficio de la transparencia y la institucionalidad del sistema.Apoyo gremial y objetivos de gestión Desde la Comisión Directiva de AMET destacaron la importancia de ocupar estos espacios de decisión para garantizar los derechos de los docentes técnicos y de toda la comunidad educativa. En representación del sindicato, asistió el Secretario de Prensa, Prof.&nbsp;Carlos Fontana, quien subrayó el compromiso de los nuevos representantes. “Felicitamos a los vocales por este logro, fruto del respaldo de los afiliados. Su gestión será fundamental para seguir construyendo un sistema educativo entrerriano más justo y eficiente”, expresó Fontana durante el acto. Con esta asunción, los cuerpos colegiados del CGE quedan plenamente integrados para afrontar el ciclo lectivo 2026, con el foco puesto en la regularización de concursos y el tratamiento de los expedientes de calificación y disciplina docente.

Asumieron los nuevos vocales gremiales de Alternativa Docente

Santilli es uno de los ministros del Gabinete de Javier Milei que no se tomará vacaciones en la temporada estival. Eso no quiere decir que no viajará, al contrario. Según adelantan cerca suyo, el “Colo” visitará 10 provincias en enero para asegurarle al oficialismo que las cosas estén encaminadas. Tras sus primeros dos grandes éxitos en diciembre, con la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, la Casa Rosada ahora tiene el foco puesto en las principales reformas proyectadas para febrero. La reforma laboral será una de las batallas más duras en las Cámaras, un texto que originalmente estaba pautado para discutirse en el primer llamado del Congreso, pero que ante el creciente rechazo de la CGT y el kirchnerismo, sumado a falta de voluntades entre los bloques dialoguistas, fue pospuesto para el segundo mes del año para extender la ventana de negociaciones.Una agenda cargada para febrero en el Congreso Eso no es todo, La Libertad Avanza también tiene en carpeta tratar la modificación de la Ley de Glaciares para incentivar el desarrollo de la minería y la reforma del Código Penal, un debate que se prevé extenso y que ni siquiera comenzó a tratarse en comisiones. En ese marco, el Gobierno no quiere dejar nada al azar y por eso le encomendó a Santilli reanudar su misión de seducción a los gobernadores que se han mostrado dispuestos a colaborar y que en las últimas votaciones prestaron sus manos al oficialismo.Primera parada: Chubut La primera parada de Santilli será en Chubut el miércoles, donde el ministro dialoguista de Milei volverá a compartir café con un gobernador del PRO, Ignacio Torres, un mandatario que ha sabido mostrarse tan conciliador como combativo hacia la Casa Rosada, según la circunstancia y el cumplimiento de sus reclamos. La última vez que ambos amarillos conversaron fue durante el debate por el Presupuesto, cuando el chubutense presionó para que el Ejecutivo avance en una resolución de la deuda por más de 51 mil millones de pesos que la Anses tiene con la provincia patagónica.“Tuve una muy buena reunión con el ministro del Interior, donde al margen del reclamo judicial iniciado por la deuda de la Nación con nuestra caja previsional provincial, por más de 50 mil millones de pesos, vamos a comenzar un proceso de auditoría conjunta para avanzar en un acuerdo que garantice el cumplimiento de la ley”, manifestó Torres tras el encuentro en sus redes sociales.Finalizado su paso por Chubut, Santilli tiene en su lista de pendientes cerrar encuentros con dos gobernadores que quedaron excluidos de la primera tanda de bilaterales que el ministro mantuvo con 18 de los 20 mandatarios que se sentaron con Javier Milei en la Casa Rosada tras el triunfo electoral de octubre. Se trata del santafesino Maximiliano Pullaro y el puntano Claudio Poggi.&nbsp;El primero ha sido uno de los gobernadores no kirchneristas con un discurso más duro contra el Gobierno nacional con fuertes reclamos en materia de obra pública y los compromisos adeudados de la Nación. Es una figura con incidencia en el Congreso a través de quien hasta hace poco era su vicegobernadora, Gisela Scaglia, actual jefa del interbloque Unidos, la tercera minoría en la Cámara de Diputados. Por su parte, Poggi no tiene legisladores propios que le respondan, pero aun así mantiene buen vínculo con la Casa Rosada. El resto de los destinos todavía no están programados, pero el Gobierno confía en que Santilli podrá asegurar que el oficialismo no tenga sobresaltos cuando comience el segundo round de las extraordinarias. Si todo sale bien, el Gobierno habrá podido demostrar que tiene las herramientas para hacer funcionar al Congreso y sancionar leyes propias, un mensaje que los mercados esperan con expectativa.&nbsp;

El Gobierno retoma las negociaciones con los Gobernadores y envía a Diego Santilli de gira por las provincias

Bruselas se opone a la decisión de&nbsp;Donald Trump&nbsp;de que sea Delcy Rodríguez quien se encargue de la&nbsp;transición democrática en Venezuela, siguiendo las órdenes de Estados Unidos. La Comisión Europea ha pedido este lunes que sean los líderes de la oposiciónMaría Corina Machado y Edmundo González, quienes se encarguen de liderar el país después de que Estados Unidos capturase el sábado a Nicolás Maduro.“Los próximos pasos son sobre el diálogo hacia una transición democrática, que debe incluir a Edmundo González y María Corina Machado”, ha asegurado la portavoz comunitaria Anitta Hipper en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea, dirigiéndose así a Washington.&nbsp;Esta es la misma línea que ha defendido este lunes el PP tras declarar que “Delcy Rodríguez carece de legitimidad”.Los motivos que ha defendido Hipper es que los líderes opositores merecen ser quienes ahora lideren el cambio por “haber luchado incansablemente por la democracia y los derechos humanos”, y por haber liderado en 2024 un movimiento “pacífico” que fue apoyado por “millones de venezolanos que les votaron”.<section class="noteSuggested" data-id="73316" data-title="Puede interesarte"></section>&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Bruselas pide a Trump una transición en Venezuela con Corina Machado y Edmundo González

El senador provincial Rubén Dal Molín respondió a las declaraciones de Guillermo Michel y afirmó que la subejecución en Vialidad Provincial es un problema histórico y estructural. “Los números muestran una realidad que no empezó ahora y que esta gestión decidió enfrentar con decisiones concretas”, sostuvo.Las declaraciones de Guillermo Michel sobre una supuesta subejecución del presupuesto en Vialidad Provincial omiten un dato central: la subejecución no es un fenómeno reciente ni atribuible a la actual gestión, sino un problema estructural que se arrastra desde hace más de una década. El cuadro que acompaña esta respuesta, elaborado a partir de datos oficiales, es claro. Desde 2009 a la fecha, la participación del gasto de Vialidad sobre los ingresos provinciales viene cayendo de manera sostenida, al igual que la distancia entre el presupuesto asignado y el efectivamente ejecutado. Los picos de subejecución se registran en distintos períodos de gobierno, muchos de ellos bajo administraciones del mismo signo político que hoy cuestiona.“La discusión no puede darse desde consignas ni oportunismos. Los datos muestran que el problema es histórico”, señaló Dal Molín, y agregó que la causa debe buscarse en “una burocracia pesada, procedimientos obsoletos y una verdadera máquina de impedir dentro del organismo”, situación advertida en reiteradas oportunidades por ex autoridades de Vialidad, entre ellos Bell.En ese marco, el senador remarcó una diferencia clave con gestiones anteriores: la actual administración dispuso la afectación específica de recursos para Vialidad Provincial y estableció un criterio de responsabilidad fiscal que antes no existía. “Hoy, los montos que no alcanzan a devengarse al 31 de diciembre no se pierden ni vuelven a Rentas Generales, sino que quedan como crédito para el ejercicio siguiente. Antes, la subejecución implicaba perder fondos para caminos y rutas. Hoy no”, explicó.Dal Molín subrayó además que el gobierno provincial está avanzando en mecanismos concretos para reducir la burocracia, como convenios con municipios y comunas, consorcios camineros y esquemas de ejecución descentralizada, con el objetivo de atacar el problema de fondo que durante años nadie quiso enfrentar. “El problema de la subejecución existe, pero no empezó ahora. La diferencia es que hoy se lo reconoce, se lo explica con datos y se lo enfrenta con decisiones. Lo demás es relato”, concluyó.

Vialidad: “Los números muestran una realidad que no empezó ahora”

A esa hora vence el plazo de 30 días, tras la presentación del docente jubilado de AGMER, Eugenio Jacquemein, que fue quien primero denunció a la magistrada el 5 de diciembre del año pasado.&nbsp;Fue&nbsp;luego de las investigaciones y publicaciones de Analisis, sobre ausencias, faltas, demoras en sentencias, uso de recursos públicos para viajes particulares disfrazados de capacitaciones, entre otras irregularidades que se encuentran probadas por la propia documentación oficial.&nbsp; Para sesionar, el Cuerpo legislativo debe contar con la presencia de 26 de sus 34 integrantes. Necesitan 5 diputados del PJ para lograr quórum, siempre y cuando estén también todos los legisladores de JxC y los libertarios. De esta manera, se cae la causa Medina, pero no por el rechazo legislativo (que era lo que ella exigía a referentes del oficialismo entrerriano), sino por el vencimiento de los plazos, que no es lo mismo. El caso por el pedido de juicio político a la vocal Susana Medina de Rizzo caerá este lunes a las 11. A esa hora, el 5 de diciembre del año pasado, el docente jubilado de AGMER Gualeguaychú denunció a la magistrada por diversas irregularidades cometidas en su rol en el Superior Tribunal de Justicia. Días después también lo hizo la ONG Entre Ríos sin corrupción -por otros motivos-, pero la causa se unificó y se toma la denuncia inicial para hacer correr los plazos, que vencen este lunes. Jacquemein le apuntó, fundamentalmente, los más de 600 días de ausencias como vocal, entre 2016 y 2025 (justificados como “capacitación” o “cuestiones de vocalía”, cuando en realidad, la gran mayoría de las faltas eran por su actividad en la AMJA, para lo cual, muchas veces, utilizaba fondos públicos) y la ONG a la morosidad en los fallos en su Sala Laboral, consecuencia de tantas ausencias. De hecho, Medina reconoció que “por lo general había demoras de hasta 8 o 9 meses”, pero lo consideró normal, pese a la ansiedad de los demandantes, por ser temas laborales precisamente. A todo ello se sumaron luego los 60 días de vuelos al extranjero -que aparecieron en el informe de Migraciones- y 5 de ellos en el avión privado, a España y Colombia, contratado por Eduardo Eurnekian, uno de los empresarios más poderosos de la Argentina. La gravedad fue el hecho que Medina nunca asentó en ningún lado que había sido “invitada” a viajar por un empresario, lo que se considera una “dádiva” y está en contra de lo establecido por la Ley Nacional de Etica Pública y por lo que establece la ley provincial del Poder Judicial para los magistrados. Los diputados oficialistas habían confeccionado un dictamen mayoritario, en base a lo consignado por la vocal Medina de Rizzo y por sus abogados Ladislao Uzín Olleros y Diego Armesto, letrado de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA), que presidía la jueza. Había circulado por&nbsp;WhatsApp&nbsp;de los propios diputados el texto de 21 páginas, firmado por la presidenta de la comisión, Gabriela Lena (JxC Federación), donde se rechazaba por mayoría cada uno de los puntos denunciados. El peronismo expresó su rechazo al texto, pero no se conocieron demasiados argumentos, salvo expresiones públicas de los diputados Laura Stratta (presidenta del bloque) y de Juan José Bahillo. El texto tuvo una conclusión mayoritaria, sin investigar las más de mil fojas que habían llegado desde la Administración del STJ -tras el pedido concreto de la Comisión de Juicio Político-; como tampoco el informe de Migraciones, con los 60 viajes por el mundo que realizó la jueza, ni el documento del Tribunal de Cuentas, cuyo anexo no había llegado hasta el viernes pasado. Si bien tanto Lena como el diputado Alcides Marcelo López (Concordia) estaban de acuerdo para avanzar contra Medina y llegar a su destitución, hubo un vuelco absoluto en la opinión de ambos y una defensa acérrima de la vocal con el correr de los días. Fue a partir del diálogo telefónico que tuvo el gobernador Rogelio Frigerio con los principales referentes de la Comisión de Juicio Político, quien ordenó firmemente que rechacen las denuncias contra la vocal. Y también les pidió que se ocupen de seducir y convencer a sus pares de la oposición, para que también adhieran al planteo a favor de la vocal. Esto último fue duramente rechazado por los diputados del PJ, en las negociaciones del viernes 28 de diciembre, previo a la última de las dos sesiones previstas para ese día. Por eso, cuando los diputados fueron a la sesión de las 16 horas (tras el fracaso de la prevista para las 14), lo hicieron sabiendo que solamente iban a estar allí, todos juntos, para rechazar el tercer pedido de juicio político realizado por una empleada de Tribunales, que había sufrido situaciones de violencia de parte de la magistrada. De hecho, ello ocurrió y se levantó la sesión, porque si se avanzaba en el otro sentido, los diputados se iban a retirar del recinto y no darían el quórum correspondiente. La diputada Lena, al tomar la palabra, dijo que el dictamen se trataría en “una próxima sesión”, pero no especificó cuándo. Y, de hecho, ello nunca ocurrió, por lo cual este lunes caen los plazos y pasa al archivo. &nbsp;

Caso Medina: no hubo convocatoria y el pedido de juicio político vencerá hoy lunes a las 11

El&nbsp;Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata&nbsp;le dio 24 horas al Presidente para que se retracte públicamente de&nbsp;declaraciones realizadas ante la prensa del Reino Unido.&nbsp;Lo acusan de incumplir la Constitución y advierten que podrían denunciarlo penalmente. Se refieren a lo que habría dicho sobre que las Malvinas serán argentinas cuando&nbsp;“los isleños lo deseen”.&nbsp;De todas maneras, el Presidente recordó que el reclamo de soberanía “no” era negociable.La intimación de los excombatientes de Malvinas a Javier Milei El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata intimó formalmente al presidente Javier Milei a que se retracte de declaraciones realizadas ante medios británicos sobre la cuestión Malvinas y a que&nbsp;“cumpla acabadamente con la manda” de la Constitución Nacional. La intimación, fechada el 2 de enero y firmada por el presidente de la entidad, exige que&nbsp;Milei se retracte en un plazo de 24 horas de los dichos&nbsp;que, según señalan, fueron reproducidos por numerosos medios nacionales y “condicionan el histórico posicionamiento de la República Argentina” en el reclamo de soberanía sobre las islas. En el texto, el CECIM recuerda la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que establece que “la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur”, y subraya que si bien&nbsp;la norma exhorta a respetar el modo de vida de los habitantes de las islas, “nunca, bajo ningún punto de vista ni fundamento, sus deseos”. La organización también insta al Presidente a cumplir con la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y con la Resolución 41/11, que revitaliza la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur.&nbsp;“Vemos con estupor y suma preocupación cómo Ud., siendo Presidente de la Nación, por tanto, plenipotenciario, se expidió en los términos en que lo hizo ante la prensa británica”,&nbsp;sostiene el documento. Además, el CECIM advierte que Milei habría incurrido en un “flagrante incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en los términos del artículo 248 del Código Penal, y señala que sus expresiones “faltan el respeto a la memoria de los excombatientes de Malvinas y a los caídos”. “La base militar que el Reino Unido mantiene en Malvinas amenaza la seguridad de la región y condiciona la posición de la República Argentina por vía de la imposición belicista”, afirma la intimación, que le reclama al Presidente producir “las comunicaciones oficiales pertinentes, en franca oposición con la avanzada británica”. Finalmente, la entidad anticipa que, de no cumplir con lo exigido, podría avanzar con una denuncia penal. “Las Malvinas, islas del Atlántico Sur y espacios marítimos circundantes fueron, son y serán argentinas”, concluye el texto.

Excombatientes intimaron a Javier Milei a retractarse por dichos sobre Malvinas

La discusión pública que se abrió en los últimos días no puede reducirse a un intercambio discursivo ni a una defensa automática de la gestión. Lo que está en debate es una cuestión concreta y medible: la ejecución del Fondo de Desarrollo y Conservación Vial, un fondo específico que se integra mayoritariamente con recursos provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural y que tiene una finalidad clara: el mantenimiento y la mejora de rutas y caminos entrerrianos. Guillermo Michel no planteó consignas ni generalidades. Expuso datos oficiales de ejecución presupuestaria que muestran que, durante el último ejercicio, se recaudaron más de 23 mil millones de pesos, pero se ejecutó poco más del 47 % de esos recursos. En términos simples, más de la mitad del dinero disponible para obras viales no se tradujo en trabajos concretos, en una provincia donde el deterioro de caminos y rutas es un reclamo transversal de productores, transportistas y vecinos de todos los departamentos. Frente a estos datos, resulta insuficiente que la respuesta oficial intente relativizar el problema apelando a explicaciones estructurales o a responsabilidades históricas. Aun admitiendo dificultades administrativas de larga data, el punto central no se modifica: los recursos estaban disponibles y no se ejecutaron. Cuando existen fondos con asignación específica, la subejecución no es un tecnicismo presupuestario, sino una falla de gestión que merece una explicación clara. Es correcto afirmar que la vialidad no se discute con consignas. Precisamente por eso, este debate debe darse con números oficiales y hechos verificables. La discusión no es ideológica ni partidaria: es si los fondos que aportan los entrerrianos están siendo utilizados de manera eficiente para el fin para el cual fueron creados. Tampoco resulta razonable correr el eje del debate hacia el pasado para diluir las responsabilidades del presente. Gobernar implica administrar el hoy. Si el problema es estructural, la sociedad entrerriana tiene derecho a saber qué se está haciendo actualmente para revertirlo, con qué plazos y con qué resultados concretos. Desde mi lugar como concejal de Concepción del Uruguay y abogado, considero necesario respaldar una postura que exige transparencia, rendición de cuentas y ejecución efectiva del presupuesto. Defender la posición de Guillermo Michel es defender un principio básico de la administración pública: que los recursos afectados por ley a un fin específico lleguen efectivamente al territorio y se conviertan en obras reales. Porque cuando el presupuesto no se ejecuta, el costo no es abstracto. Se paga en caminos deteriorados, en mayores costos productivos, en riesgos para la seguridad vial y en oportunidades perdidas para el desarrollo de Entre Ríos. Ese es el debate de fondo. Y ese es el punto que no puede ser relativizado.

Cuando el presupuesto no llega al territorio

El Gobierno avanzó con la reforma de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) una vez finalizadas las sesiones extraordinarias y con el Congreso en receso. La estrategia oficial apunta a ganar tiempo y postergar el debate parlamentario, mientras un sector de la oposición intenta frenar la medida. Aunque la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo puede funcionar durante el receso, aún no fue conformada tras la renovación de las cámaras. Esa tarea depende de las presidencias de Diputados y del Senado, pero desde el oficialismo ya adelantaron que el Congreso permanecerá prácticamente cerrado durante enero, lo que demora cualquier tratamiento hasta febrero. Frente a este escenario, la oposición evalúa dos vías: esperar los plazos legales para llevar el DNU al recinto o recurrir a la Justicia. Unión por la Patria optó por el camino parlamentario y presentó un proyecto para derogar el decreto, mientras que la Coalición Cívica no descarta una presentación judicial por considerar que la norma es inconstitucional. Entre los principales cuestionamientos se encuentran la habilitación para que personal de inteligencia aprehenda personas, el carácter “encubierto” de sus actividades y el hecho de haber modificado por decreto una ley sensible sin debate legislativo. Los opositores sostienen que el DNU vulnera garantías constitucionales, el debido proceso y el principio de división de poderes. Por los plazos que fija la ley, recién en febrero el Congreso estaría en condiciones de tratar el decreto en el recinto, siempre que la oposición logre quórum y mayoría simple en ambas cámaras. El oficialismo confía en que el paso del tiempo diluya la ofensiva, mientras sectores aliados, como el PRO, pidieron mayor información sobre los protocolos y alcances operativos de la reforma.

El Congreso recién en febrero podrá tratar el DNU que modifica la SIDE

El sector agrícola se vería beneficiado por buenas condiciones climáticas y el volumen récord que alcanzarían las cosechas de trigo y maíz. De acuerdo con los precios internacionales proyectados para el próximo ciclo, el aporte del sector en términos de valor de exportaciones ascendería a US$ 36.800 millones, US$ 600 millones por encima de los resultados de la campaña anterior.Entre los principales complejos, el sojero se quedaría nuevamente con el primer lugar como principal exportador, con más de US$ 19.500 millones generados por los despachos de granos y derivados, pero también se destaca la fuerte recuperación del maíz, con un aporte de US$ 8.200 millones, el triguero con US$ 3.750 millones y el de girasol con US$ 2.500 millones, según supo la Agencia Noticias Argentinas. Así surge de una estimación realizada por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La Argentina podría exportar un total de 110 millones de toneladas entre granos y subproductos -harinas, aceites y biocombustibles-, un volumen que se convertiría en la mayor marca histórica para el país. No obstante, la caída de precios internacionales de los commodities agrícolas disminuiría el impacto de la suba en el volumen. Así, el valor de las exportaciones subirían en apenas US$ 600 millones, el más alto de los últimos tres años, pero aún por detrás de las marcas de la 2020/21 y 2021/22. Se espera que la cosecha de trigo alcance los 27,7 millones de toneladas. La producción crecería 37,7% y superaría al anterior récord de la 2021/22 por 4,7 millones de toneladas. El maíz también hará su aporte, con una cosecha de 61 millones de toneladas, otro récord, de la mano del clima, pero también de un considerable aumento en el área sembrada en detrimento de la soja. En tanto, la siembra de soja será floja, de unos 47 millones de toneladas, 5% por debajo de lo registrado en el ciclo pasado. En tanto, el girasol alcanzará un incremento del 13% en el área sembrada, hasta los 2,7 millones de hectáreas, con una estimación de 5,5 millones de toneladas. NA.

Campaña 2025/26 récord: la producción de granos generaría US$ 36.800 millones en exportaciones

El Gobierno Nacional oficializó este viernes la reestructuración de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) que la dota de nuevas competencias y responsabilidades e incluye el carácter encubierto de las tareas y la posibilidad de aprehender personas en flagrancia.A través del decreto 941/2025, publicado en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Javier Milei y sus ministros, el Ejecutivo detalló las modificaciones que implementará en la secretaría que continuará bajo la dirección de Cristian Auguadra y Diego Kravetz.&nbsp; Como contó la agencia Noticias Argentinas, se trata de una reforma integral de la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), que apunta a “centralizar, modernizar y reordenar” el sistema de inteligencia con la redefinición de funciones, la creación de organismos y la ampliación de facultades.En la letra del decreto, se ratifica a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) como órgano superior y rector del sistema, y se detalla que pasa a estar integrada por el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA); la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC); la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC); y la Inspectoría General de Inteligencia. Cada organismo cuenta con autonomía técnica y funcional, pero responde a la conducción política del titular de la SIDE. Asimismo, detalla que la ex Agencia de Seguridad Nacional (ASN) pasa a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC) y cuenta con la misión de “prevenir y detectar amenazas estratégicas internas”. Además, amplía el concepto de contrainteligencia, incluyendo medidas pasivas obligatorias en todo el sector público. Por su parte, la administración libertaria diferencia ciberseguridad, relativa a la prevención y protección de infraestructuras críticas, de ciberinteligencia que analiza amenazas en el ciberespacio y anuncia la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), bajo la órbita de Jefatura de Gabinete, que oficia de autoridad nacional en ciberseguridad.&nbsp; Los cambios dotan de mayor centralización a la SIDE que coordina en la sombras el asesor presidencial, Santiago Caputo, y que concentrará además la aprobación y control de los presupuestos de inteligencia como también la supervisión de gastos reservados. Además, podrá requerir información a todo el sector público, provincias y la Ciudad de Buenos Aires, cuando lo considere. Otro de los puntos que incluye el decreto es la creación de dos comunidades de intercambio de información. Por un lado, la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), que integra a todos los organismos de inteligencia, fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas y la UIF y que funciona como ámbito permanente de coordinación y producción de inteligencia.Por el otro, la Comunidad Informativa Nacional (CIFN) que incluye ministerios y organismos civiles, cuya función es aportar información estratégica, sin realizar tareas de inteligencia. La reforma contempla cambios en la inteligencia militar con la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa y el traspaso de sus funciones y recursos a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto (DGIEMCO). La intención es evitar superposiciones y concentrar la inteligencia estratégica militar. También autoriza a los organismos de inteligencia a proveer su propia seguridad; repeler agresiones contra instalaciones, personal u operaciones y aprehender personas en casos de flagrancia, dando aviso inmediato a fuerzas de seguridad. Este último es quizás el punto más controversial, que generó el rechazo de un sector de la oposición.&nbsp; En la justificación de la articulado, el Gobierno refuerza además el carácter encubierto de todas las actividades de inteligencia. “Todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”, subrayan.También reafirma la prohibición a realizar espionaje por motivos ideológicos, religiosos o políticos o por ejercer influencia sobre partidos, medios u opinión pública. La designación de los directores de los principales organismos cuentan con rango de secretario y deberán ser informadas a la Comisión Bicameral del Congreso. El decreto entra en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y debe ser tratado por la Comisión Bicameral Permanente, como establece la Ley 26.122.

Reforma de la SIDE: competencias, responsabilidades y polémicas

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