El planteo generó fuerte debate institucional y político en Entre Ríos, ya que Salto Grande administra recursos millonarios vinculados a la generación hidroeléctrica, distribuye regalías y excedentes a municipios entrerrianos y a organismos regionales, además de recibir asistencia financiera del Estado nacional. El pedido periodístico apuntaba a obtener datos administrativos y financieros básicos: cantidad de funcionarios, salarios, contratos, convenios, viáticos y manejo de recursos. Según el informe, no se solicitó información estratégica ni comercial reservada. La respuesta oficial de la CTM se basó en que el organismo fue creado mediante un convenio internacional entre Argentina y Uruguay y posee inmunidades especiales otorgadas por tratados internacionales y acuerdos de sede firmados en 1977. También se citó un fallo de la Corte Suprema de 1993 para sostener que la Ley 27.275 no resulta aplicable. Sin embargo, el artículo cuestiona esa interpretación y sostiene que las inmunidades previstas para organismos internacionales fueron pensadas para evitar embargos, allanamientos o intervenciones compulsivas de los Estados, pero no para impedir el acceso ciudadano a información pública vinculada al uso de fondos públicos. La nota también recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia Corte Suprema argentina han reconocido el acceso a la información pública como un derecho derivado de la libertad de expresión, incluso respecto de entidades mixtas o no estatales que administran recursos públicos. Además, advierte que si el criterio adoptado por Salto Grande se extendiera a otros organismos binacionales o internacionales, importantes estructuras que manejan recursos millonarios quedarían fuera de cualquier control ciudadano.Otro de los puntos señalados es que la propia Delegación Argentina de Salto Grande publica información institucional en su página web bajo apartados vinculados a “transparencia”, lo que evidenciaría una contradicción entre la práctica cotidiana y la negativa formal al pedido periodístico. El informe también marca el contraste político entre esta postura y el discurso de transparencia impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio, quien desde el inicio de su gestión promovió compromisos de apertura gubernamental y acceso a la información pública. En ese contexto se menciona además que Daneri, actual titular de la Delegación Argentina ante la CTM, es cuñado del mandatario provincial, aunque fue designado por el Gobierno nacional. Finalmente, el artículo remarca que solicitar información pública no implica formular acusaciones ni investigaciones judiciales, sino ejercer un derecho ciudadano básico sobre organismos que manejan recursos que pertenecen a la sociedad.&nbsp; (I:Síntesis de informe periodístico de Daniel Enz para Análisis)

Salto Grande quedó en el centro de la polémica por negarse a entregar información pública sobre su manejo administrativo

En ese marco, nos sumamos a las palabras expresadas por el ministro Troncoso, quien señaló: “Nos va a representar muy bien en ese lugar y con mucha responsabilidad, como lo hizo en Vialidad Nacional.Es reconocido en toda la provincia por su compromiso y es uno de los hombres de confianza del gobernador”.Como militantes que iniciamos este camino hace varios años junto a Guillermo, sabemos del trabajo sostenido en la construcción de este proyecto político, un espacio que convoca fuerzas y voces con participación abierta a todos los que creen y quieren trabajar por el desarrollo de nuestra provincia y nuestra ciudad.

El MID Concordia celebra la designación de Guillermo Marcone en la CTM

En medio de una seguidilla de anuncios económicos positivos del Gobierno Nacional —como la baja de retenciones al agro, recientes indicadores favorables difundidos por el INDEC y nuevas señales de apertura de inversiones— el Ministerio de Economía avanzó este viernes con otro movimiento de fuerte impacto: la apertura de sobres para concesionar ocho corredores de la Red Federal de Concesiones, que abarcan casi 4.000 kilómetros de rutas estratégicas en diez provincias, entre ellas Entre Ríos. El proceso licitatorio recibió un total de 20 oferentes y fue encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien presentó el esquema como una apuesta a la inversión privada para acelerar obras de infraestructura vial consideradas claves para la logística y la producción nacional. Según se informó oficialmente, las adjudicaciones se concretarían tras la evaluación técnica y económica de las propuestas, mientras que el inicio de las obras fue proyectado para las próximas semanas. El Gobierno aseguró además que esta etapa permitirá completar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales concesionadas bajo el nuevo sistema. El paquete actual comprende 3.919,78 kilómetros distribuidos en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza. Cada tramo fue definido por su importancia para el transporte de cargas, la producción agroindustrial y la conexión con puertos, centros urbanos y pasos internacionales. Entre los corredores incluidos aparece el tramo Mesopotámico, ubicado en Entre Ríos, con 276,11 kilómetros. También se destacan el tramo Centro, con 681,92 kilómetros sobre rutas nacionales 9, 19 y 34; el corredor NOA, de 596,52 kilómetros; el tramo Litoral, con 546,74 kilómetros; y el corredor Cuyo, sobre la Ruta Nacional 7 en Mendoza. A diferencia de la anterior gran licitación vial —la denominada Etapa II-A— que había concesionado más de 1.800 kilómetros, este nuevo esquema prácticamente duplica la extensión incorporada y profundiza el modelo de participación privada en obras viales. El sistema establece que las empresas adjudicatarias deberán financiar y ejecutar las obras, además de garantizar estándares de mantenimiento y operatividad. Desde el Ministerio de Economía señalaron que el objetivo es mejorar la infraestructura sin depender exclusivamente de recursos estatales.No obstante, en provincias como Entre Ríos persisten cuestionamientos de usuarios y sectores productivos sobre el estado actual de varias rutas concesionadas, donde se observan tareas de mantenimiento consideradas apenas regulares y reclamos por deterioro, baches y falta de obras de fondo en corredores estratégicos. En ese contexto, el nuevo anuncio genera expectativas sobre una posible mejora de la infraestructura vial, especialmente en una región donde el movimiento de la producción agrícola, forestal y ganadera depende en gran medida del transporte terrestre. Caputo sostuvo que el nuevo modelo apunta a lograr “más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos”, y aseguró que habrá controles técnicos permanentes sobre el cumplimiento de las obras comprometidas por las concesionarias. &nbsp;

Entre Ríos integra el megaproyecto vial por el que el Gobierno recibió 20 propuestas empresarias

El senador provincial Gustavo Vergara se refirió al proyecto de reforma previsional enviado por el Poder Ejecutivo al Senado entrerriano y defendió los principales lineamientos de la iniciativa, en un contexto de fuerte discusión política y gremial sobre el futuro de la Caja de Jubilaciones. El legislador del bloque Frente por Entre Ríos explicó que comenzó a analizar el articulado una vez ingresado formalmente a la Cámara Alta y reconoció que parte de las modificaciones incorporadas habrían surgido de reuniones mantenidas previamente con organizaciones sindicales.En ese sentido, mencionó especialmente a UPCN entre los gremios que realizaron aportes al texto final y consideró que el proyecto refleja parte de esas discusiones previas.Vergara definió la propuesta como “razonable” y remarcó que uno de los aspectos centrales es la aplicación gradual de los cambios, buscando llevar tranquilidad a quienes actualmente están jubilados o próximos a acceder al beneficio.Uno de los ejes principales de la reforma es la modificación progresiva de la edad jubilatoria. Según detalló, el esquema prevé equiparar en 65 años la edad de retiro para hombres y mujeres, aunque aclaró que el cronograma comenzará a aplicarse recién en 2031 y se extenderá hasta 2039.El senador sostuvo además que los actuales trabajadores del sistema no deberán superar esa edad para jubilarse y explicó que la exigencia de 68 años quedará reservada únicamente para quienes ingresen al Estado provincial bajo el nuevo régimen previsional. Otro de los cambios contemplados en el proyecto apunta al cálculo del haber jubilatorio. La iniciativa propone ampliar de diez a veinte años el período tomado como referencia para determinar el beneficio inicial.Según argumentó Vergara, el objetivo es evitar desequilibrios generados por ascensos, recategorizaciones o incrementos salariales producidos en la etapa final de la carrera laboral, buscando que el haber refleje de manera más equilibrada toda la trayectoria de aportes.En relación con la movilidad jubilatoria, explicó que la intención del oficialismo es avanzar hacia un único mecanismo de actualización de haberes vinculado a la paritaria general de la administración pública provincial.El legislador indicó que actualmente cerca del 70% de los jubilados ya percibe aumentos asociados a los acuerdos salariales estatales, mientras que otros sectores cuentan con regímenes especiales que impactan sobre el déficit previsional.Incluso señaló que la propuesta alcanzaría a sectores como el Poder Judicial, cuyos haberes pasarían a actualizarse bajo el mismo esquema general.Vergara también defendió la incorporación de una declaración de emergencia previsional dentro del proyecto. Afirmó que esa herramienta permitiría agilizar acuerdos y mecanismos de financiamiento destinados a sostener la Caja de Jubilaciones.Por último, confirmó que el oficialismo buscará abrir una etapa de debate en comisión con participación de sindicatos, entidades intermedias y especialistas antes de avanzar con el tratamiento legislativo definitivo.El proyecto impulsado por el gobierno provincial comenzará ahora su análisis formal en el Senado y contempla cambios en la edad jubilatoria, la movilidad, el cálculo de haberes y el financiamiento del sistema previsional entrerriano. &nbsp;

Reforma previsional: Vergara afirmó que el proyecto busca equilibrio sin quitar derechos

Tras varias semanas de anuncios, reuniones y negociaciones con los gremios, el Poder Ejecutivo provincial envió este viernes 22 de mayo al Senado el proyecto de reforma del sistema previsional de Entre Ríos. La iniciativa ingresó a las 13:10 por Mesa de Entradas bajo el expediente Nº 33.794 y ahora deberá ser analizada por las comisiones de Legislación General y Presupuesto. Desde el Gobierno destacaron que varios puntos del proyecto fueron modificados luego del intercambio con los sindicatos, especialmente en lo relacionado con la edad jubilatoria y la aplicación gradual de los cambios. Uno de los ejes centrales establece que los actuales trabajadores estatales tendrán un esquema progresivo para elevar la edad de retiro hasta los 65 años. Según explicaron desde Casa de Gobierno, el proceso de transición se extenderá entre cinco y veinte años para evitar impactos inmediatos sobre quienes están próximos a jubilarse. En tanto, para quienes ingresen al Estado una vez aprobada la ley, la edad jubilatoria prevista será de 68 años.El Ejecutivo argumentó que la reforma responde a la necesidad de garantizar la sustentabilidad del sistema previsional, teniendo en cuenta el aumento de la expectativa de vida y el fuerte deterioro financiero de la Caja. Actualmente, la relación entre trabajadores activos y jubilados es de apenas 1,9 aportantes por cada beneficiario, muy lejos del equilibrio considerado necesario para sostener el régimen. Además, señalaron que en los últimos diez años la cantidad de jubilados creció un 40%, mientras que el número de aportantes solo aumentó un 25%. Otro de los puntos incorporados tras el diálogo con los gremios fue la continuidad de la movilidad jubilatoria atada a los acuerdos salariales de la administración pública provincial. De este modo, tanto jubilados actuales como futuros mantendrán actualizaciones vinculadas a las paritarias.Respecto de los regímenes especiales, el Gobierno aclaró que no se eliminarán beneficios ni jubilaciones anticipadas. El proyecto establece que quienes alcancen la edad prevista en esos regímenes podrán optar entre continuar trabajando o jubilarse anticipadamente, aunque deberán seguir realizando aportes hasta cumplir la edad ordinaria fijada por la ley vigente.La iniciativa también incorpora un aporte solidario extraordinario, progresivo y transitorio para los salarios más altos. Quedarán excluidos quienes perciban menos de tres millones de pesos mensuales, por lo que la medida alcanzaría solamente al 4% de los trabajadores. Además, propone modificar el cálculo del haber inicial ampliando la base de evaluación a 240 meses, con el objetivo de reflejar de manera más equilibrada toda la trayectoria laboral y evitar distorsiones generadas por ascensos o recategorizaciones previas a la jubilación. El proyecto mantiene la garantía del 82% móvil sobre el salario bruto. Por último, el Ejecutivo recordó que la provincia continúa reclamando ante la Corte Suprema los fondos adeudados por ANSES, mientras la reforma comenzará ahora su discusión legislativa en ambas cámaras.

El Ejecutivo avanzó con la reforma previsional y defendió el mantenimiento de beneficios vigentes

El ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, señaló que la mejora en la calificación crediticia refleja “el proceso de ordenamiento fiscal y las reformas estructurales impulsadas por la actual gestión provincial”. Según indicó, la decisión representa además un respaldo a la administración de las cuentas públicas y a la recuperación de la confianza financiera de Entre Ríos.El funcionario explicó que uno de los factores que influyó en la evaluación fue la operación realizada en marzo, que permitió a la provincia volver a acceder al mercado internacional de capitales después de varios años. También remarcó que el equilibrio fiscal alcanzado permitió revertir un escenario de déficit estructural. La actualización positiva otorgada por S&amp;P Global Ratings se suma a otra reciente mejora realizada por FIX SCR, otra de las calificadoras que monitorean la situación financiera de la provincia y que también destacó avances en materia económica y fiscal. S&amp;P Global Ratings es considerada una de las principales agencias internacionales de evaluación de riesgo crediticio y analiza la capacidad de pago y solvencia financiera de gobiernos, empresas y emisores de deuda en distintos países.

La provincia escaló en la evaluación de riesgo y busca fortalecer su capacidad de inversión

La declaración surgió luego del pronunciamiento realizado por senadores de Juntos por Entre Ríos en torno a la situación que involucra al intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto.Desde el bloque opositor cuestionaron que las diferencias políticas se trasladen al terreno de las denuncias públicas y judiciales, señalando que esa metodología desplaza el debate democrático hacia “la condena anticipada y la construcción de relatos de gravedad institucional”.Los legisladores justicialistas sostuvieron que la democracia requiere dirigentes capaces de sostener el diálogo y administrar desacuerdos sin convertir cada conflicto político en una escalada mediática o judicial.En ese sentido, remarcaron que el uso permanente de acusaciones públicas termina debilitando las instituciones y erosionando la confianza de la sociedad en la política.Además, advirtieron que si este tipo de estrategias forman parte del escenario electoral que se viene, se estaría avanzando hacia un modelo de confrontación permanente que, según afirmaron, resulta perjudicial para la convivencia entre los entrerrianos.En el comunicado también defendieron la figura de Lauritto, quien negó haber realizado amenazas o agravios contra una concejal y manifestó su disposición a esclarecer los hechos por las vías institucionales correspondientes. El bloque destacó la trayectoria política y democrática del actual intendente uruguayense, asegurando que no puede ser reducida a “interpretaciones interesadas”.Finalmente, el PJ cuestionó que determinados sectores utilicen la judicialización como herramienta de disputa política y alertó sobre el riesgo de reemplazar el debate de ideas por operaciones mediáticas y acusaciones permanentes. Según señalaron, esa lógica transforma al adversario político “en alguien a quien destruir” en lugar de alguien con quien debatir.

El bloque justicialista acusó al oficialismo de “judicializar la política”

La resolución judicial quedó plasmada en un fallo de 15 páginas en el que el juez federal Daniel Rafecas rechazó los pedidos para suspender de manera urgente la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Las presentaciones habían sido impulsadas por la diputada nacional Marcela Pagano y por Fernando Míguez, titular de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, quienes cuestionaron el proceso y advirtieron sobre posibles irregularidades.Al fundamentar su decisión, Rafecas consideró que las denuncias presentadas todavía se apoyan mayormente en hipótesis y presunciones sobre hechos que aún no fueron comprobados. En ese sentido, sostuvo que el estado inicial de la investigación no permite adoptar una medida cautelar de semejante magnitud, en línea con el dictamen previo del fiscal federal Guillermo Marijuan. El magistrado señaló además que no se logró demostrar la existencia de arbitrariedad manifiesta ni ilegalidad concreta en el accionar administrativo vinculado a la licitación. También remarcó que no se acreditó un riesgo inmediato o un daño irreparable que justificara la suspensión del proceso mientras avanza la investigación.En otro tramo del fallo, Rafecas destacó que cualquier decisión judicial destinada a frenar actos de la administración pública debe tomarse con extrema prudencia para evitar interferencias indebidas sobre funciones propias del Estado. La causa se originó tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano el pasado 11 de mayo. Allí sostuvo que el proceso licitatorio habría sido diseñado para beneficiar a determinados sectores empresarios y cuestionó supuestos vínculos entre funcionarios nacionales y compañías relacionadas con la concesión de la Hidrovía.Entre las acusaciones incluidas en la presentación, se mencionó un supuesto direccionamiento del pliego para excluir competidores chinos, la existencia de presuntos socios ocultos detrás de la empresa belga Jan de Nul y la incorporación de documentación que, según la denuncia, habría sido falsificada y atribuida a organismos internacionales. La denuncia también mencionó posibles delitos vinculados con fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad. Posteriormente se sumó una presentación de Fernando Míguez, quien afirmó que el esquema licitatorio podría generar un perjuicio multimillonario durante el período de concesión y apuntó contra funcionarios del área económica y portuaria, entre ellos el asesor presidencial Santiago Caputo y el ministro de Economía Luis Caputo.No obstante, el fiscal Guillermo Marijuan ya se había pronunciado previamente en contra de suspender la licitación.En su dictamen entendió que las acusaciones no contaban todavía con elementos suficientes para justificar una medida cautelar y advirtió que las sospechas planteadas no podían sostenerse únicamente sobre conjeturas. Finalmente, Rafecas resolvió rechazar las cautelares solicitadas y dispuso que el expediente continúe bajo análisis de la Fiscalía Federal para profundizar la investigación sobre las denuncias presentadas.

La Justicia rechazó frenar la licitación de la Hidrovía y el proceso seguirá adelante

La Patagonia posee características climáticas, geográficas y demográficas particulares que convierten al gas y a la energía en servicios esenciales durante gran parte del año. En vastas regiones del sur argentino, las bajas temperaturas se extienden entre ocho y nueve meses anuales, haciendo imposible reducir significativamente el consumo energético de hogares, comercios e industrias.Las modificaciones propuestas alteran la lógica histórica del régimen compensatorio construido para equilibrar las asimetrías estructurales que enfrenta la región. Limitar el alcance del beneficio exclusivamente al valor del gas en boca de pozo implica trasladar a los usuarios costos crecientes de transporte, distribución e impuestos, generando incrementos tarifarios que podrían superar ampliamente la capacidad de pago de miles de familias patagónicas.Las proyecciones realizadas por distintos organismos especializados estiman aumentos significativos en las facturas residenciales y comerciales. Esta situación tendrá un efecto inmediato sobre el consumo interno, la actividad económica y el sostenimiento del empleo en toda la región. Las pequeñas y medianas empresas patagónicas ya enfrentan un escenario complejo marcado por caída de ventas, aumento de costos operativos y dificultades financieras. Incorporar una presión tarifaria adicional sobre el sector productivo y comercial profundizará la desaceleración económica y afectará directamente la capacidad de sostener puestos de trabajo. En este sentido, la región patagónica no reclama privilegios; reclama el reconocimiento de condiciones objetivas que históricamente justificaron políticas diferenciales. El costo energético en el sur argentino no puede analizarse con los mismos parámetros que en otras regiones del país.La Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa (CACIP); la Federación de Entidades Empresaria Neuquinas (FEEN), la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN), la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina (FEEBA), la Federación Empresaria del Chubut (FECh), la Federación Económica de Santa Cruz (FESC) y la Cámara de Comercio y Otras Actividades Empresarias de Ushuaia, entidades que forman el Bloque Patagónico de CAME, &nbsp;consideran imprescindible abrir una instancia de diálogo institucional y federal que permita evaluar integralmente las consecuencias económicas y sociales de esta reforma antes de su implementación definitiva.Defender el Régimen de Zona Fría es defender la calidad de vida de millones de argentinos que habitan y producen en la región patagónica.

CAME manifiesta preocupación por la reforma al Régimen de Zona Fría y su impacto en la Patagonia

El primer bloque se centró en “Liderazgo institucional en el futuro de la gestión de residuos” y contó con la participación de María Pisanu, directora ejecutiva de CampoLimpio, y Rosalba Sarafian, presidenta de Aidis Argentina.Pisanu expresó: “La esencia del sistema es la articulación constante de actores, públicos y privados, en pos de un interés común: el cuidado del ambiente. Es un sistema dinámico y requiere del grano de arena de todos los protagonistas”.Por su parte, Sarafian, agregó que “es un ejemplo porque genera consensos y trabajo conjunto a lo largo de toda la cadena de valor. Logra alinear a los diversos eslabones hacia metas comunes”.A continuación, el panel “Producción agropecuaria y sostenibilidad: experiencias y desafíos del sector” reunió a Emilia Errecalde, responsable de BPA de Cotagro; Edoardo Fracanzani, director de la Cámara Argentina del Maní-; Guillermo García, líder de Área de Ambiente de CREA; y Diego Martínez, presidente de la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas. Coincidieron en que la sostenibilidad se consolida como un eje transversal del negocio agropecuario, impulsado por un esquema cuyo despliegue territorial posibilita la entrega de los envases, recibiendo un certificado que acredita la gestión responsable y el cumplimiento con las normas ambientales vigentes. Erracalde inició la conversación afirmando que “en unos años las prácticas ambientalmente responsables van a estar incorporadas al ADN del productor”, ya que “serán parte de la normalidad”. En tanto, Fracanzani añadió que este accionar “acapara cada vez más atención en los principales mercados de nuestro sector, el maní”, y sumó: “Las normas y certificaciones que le dan forma contemplan el recupero, el lavado y el reciclado seguro de los envases”. Desde su rol, García hizo hincapié en el hecho de que “en Argentina muchos productores nos comentan que son sus hijos los que se interesan y trabajan los temas vinculados a la sustentabilidad. En ellos ha permeado mucho más la RSE y el cuidado ambiental”. Por otra parte, Martínez sostuvo la importancia y el desafío en “profundizar la educación y la concientización, como herramienta frente al cambio cultural en materia ambiental”. Del panel participó como moderador Marcos Blanda, secretario de Agricultura y Recursos de Córdoba, quien concluyó: “Necesitamos un enfoque integral, con trazabilidad y coherencia en cada eslabón de la cadena, entendiendo que los impactos no son solo económicos, sino también operativos y sociales. El camino es vincularnos con un lenguaje común y acciones concretas que construyan, de manera conjunta, una solución sostenible.” Finalmente, el tercer panel, denominado “De residuo a recurso: el rol de la industria del plástico” se centró en la revalorización de materiales y el aporte del sector industrial, a través de la mirada de Hugo Mocagatta, presidente de Starplastic, y Omar Pellisa, presidente de Estin Argentina. El panel abordó cómo la valorización de residuos plásticos se convirtió en una oportunidad de negocio y de innovación a partir de la necesidad de optimizar costos y asegurar calidad, evolucionando hacia modelos integrados dentro de sistemas de gestión como CampoLimpio. En esta línea, Mocagatta remarcó que “a futuro, la integración vertical dentro de sistemas como CampoLimpio marca el rumbo. Permite abordar la gestión con una mirada integral, asumir la responsabilidad ambiental y generar eficiencias que hagan viable el modelo. Es el camino que estamos eligiendo”. A la vez, Pellisa recordó que “en otros países son justamente las normas y el factor cultural los que hacen que el plástico recuperado tenga un mayor valor”. Por su parte, Nicolas Vottero, secretario de Economía Circular y Empleo Verde de Córdoba, asumió el rol de moderador y señaló: “Es imprescindible que el sector público genere los dispositivos y el contexto necesario para que el valor de los materiales reciclados refleje el esfuerzo que hay detrás de su gestión”. A modo de cierre del evento y en el marco de la semana de mayo, Juan Manuel Medina, gerente de Relaciones Institucionales y Comunicación de CampoLimpio, remarcó “la importancia de construir día a día la relación público-privada para fortalecer un sistema que continúa transformándose de manera dinámica y que, por ser pionero, hoy guía, conduce y se compromete desde distintos roles”. A la vez, sostuvo que este modelo “tiene el potencial de convertirse en referencia para otras industrias y sectores”. La actividad se dio dentro del XXIII Congreso Argentino de Ingeniería Sanitaria y Ambiental y la Feria Internacional de Tecnologías del Medio Ambiente, actividades organizadas por AIDIS Argentina en Córdoba el 19 de mayo, bajo el lema “Innovación y Equidad en Agua, Saneamiento y Ambiente”. (Campo en Acción)

Agro, industria y sector público analizaron desafíos y oportunidades de la gestión de envases vacíos

El encuentro fue encabezado por el director administrador de la DPV, Exequiel Donda. Durante la jornada se avanzó en las gestiones para la firma de convenios de mantenimiento de caminos, un esquema que la provincia proyecta desarrollar junto a municipios y comunas de distintos puntos de Entre Ríos.“Se trató de un encuentro fructífero donde pudimos avanzar en la planificación de trabajos junto a gobiernos locales del departamento Concordia”, expresó Donda, quien además agregó que se dialogó sobre las prioridades de intervención en la red vial rural. Por su parte, los representantes locales destacaron la apertura al diálogo para analizar la situación de los caminos y las necesidades de cada jurisdicción. Participaron del encuentro representantes de La Criolla, Los Charrúas, Colonia Ayuí, Puerto Yeruá, Colonia Roca, Estación Yuquerí, Estancia Grande, Pedernal y Nueva Escocia.

Vialidad analizó el mantenimiento de caminos rurales con gobiernos locales del departamento Concordia

El anuncio fue realizado durante el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde el mandatario aseguró que la soja también será alcanzada por una disminución de la carga impositiva.Según explicó, el plan prevé una reducción de entre 0,25 y 0,50 puntos porcentuales por mes hasta 2028, siempre condicionada al nivel de recaudación y a una eventual continuidad de su gobierno. “Sería injusto olvidarnos de la soja”, expresó Milei ante empresarios y productores agropecuarios. Durante su discurso, el Presidente volvió a cuestionar las políticas aplicadas históricamente sobre el sector agropecuario y sostuvo que el campo fue utilizado durante décadas para financiar al Estado.También defendió el equilibrio fiscal y aseguró que no repetirá experiencias de otros gobiernos. “No voy a bajar impuestos para después volver a subirlos”, señaló.El acto contó con la presencia de referentes rurales, empresarios y funcionarios nacionales, en medio de una fuerte expectativa del sector por nuevas medidas económicas vinculadas al agro.

El Gobierno baja impuestos al campo: reducen retenciones al trigo, cebada y soja

La sesión tuvo una conducción compartida entre la presidenta del cuerpo, Magdalena Reta de Urquiza, y el vicepresidente primero, Felipe Sastre, quien encabezó el tramo final del encuentro legislativo.Durante la jornada también participaron alumnos y docentes de la Escuela Nº 32 “Osvaldo Magnasco”, en el marco de las visitas institucionales que impulsa el Concejo Deliberante para acercar el funcionamiento legislativo a la comunidad educativa.Impulsan una Escuela Municipal de EmprendedurismoUno de los momentos centrales de la sesión fue la presencia del intendente de Leandro N. Alem, Mario Matías Sebely, quien fue declarado Huésped de Honor de Concordia en reconocimiento a su trabajo vinculado al desarrollo emprendedor y productivo. Sebely expuso la experiencia desarrollada en su localidad con la Escuela Municipal de Emprendedurismo y Negocios, modelo que ahora busca replicarse en Concordia mediante un proyecto de ordenanza impulsado dentro del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario. La iniciativa local es promovida especialmente por la concejal Verónica Del Boca y apunta a generar herramientas de formación y acompañamiento para emprendedores y pequeños proyectos productivos de la ciudad. Durante su exposición, el jefe comunal misionero destacó la importancia de compartir experiencias exitosas entre municipios y valoró el perfil turístico y productivo que busca fortalecer Concordia. “El poder está en la gente, que es la que nos deposita en estos lugares y a quien nos debemos”, expresó Sebely ante el recinto. Por su parte, Del Boca remarcó que las políticas vinculadas al emprendedurismo forman parte de una estrategia de desarrollo humano y económico pensada para el futuro de la ciudad.Homenajes por el 25 de Mayo y reflexión&nbsp;sobre parto respetadoEn el espacio destinado a homenajes, el concejal Javier Aguilar recordó el 216° aniversario de la Revolución de Mayo e invitó a la comunidad a participar del tradicional desfile cívico-militar organizado por el municipio. Felipe Sastre acompañó el reconocimiento y destacó el legado histórico de los próceres argentinos. Otro de los momentos destacados estuvo a cargo de la concejal Celeste Fuscado, quien hizo referencia a la Semana Mundial del Parto Respetado, que se conmemora entre el 18 y el 24 de mayo. La edil resaltó el trabajo que se desarrolla en el Hospital Delicia Concepción Masvernat junto a familias y profesionales de la salud en torno a la humanización del nacimiento.Fuscado cerró su intervención citando al reconocido obstetra francés Michel Odent: “Para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer”, reflexionando sobre la importancia del respeto, el acompañamiento y el cuidado emocional durante el nacimiento.

El Concejo Deliberante avanzó con proyectos de desarrollo y homenajes patrios

El 87% de los trabajadores argentinos afirma que su salario es insuficiente para cubrir las necesidades básicas y 7 de cada 10 sostiene que el ingreso no dura más de dos semanas, según reveló un informe del portal de empleo Bumerán. La elevada proporción de argentinos que consideran que no es suficiente su sueldo para afrontar los gastos diarios, ubica al país en uno de los niveles más críticos de la región, siendo superado únicamente por Panamá (92%) y Ecuador (90%). En este marco, el estudio puntualizó sobre la velocidad con la que se esfuman los ingresos. El 73% de los empleados argentinos admite que su sueldo no sobrevive más de 14 días. En cuánto tiempo se consumen los salarios: Un 28% agota su salario apenas cobra para cancelar deudas y cuentas pendientes. Un 21% logra estirarlo hasta la segunda semana. A un 15% le alcanza para menos de una semana y a un 9% para una semana. Solo un 9% llega a cubrir todo el mes con sus ingresos actuales. La estructura del gasto mensual refleja dónde está el mayor foco de presión financiera. El alquiler se ha consolidado como el gasto principal para el 44% de los trabajadores, seguido por la alimentación (27%) y el pago de deudas (16%). Esta tendencia se repite en países vecinos como Chile, donde el alquiler domina los gastos con un 57%. La imposibilidad de ahorro es prácticamente total, ya que 9 de cada 10 trabajadores no pueden guardar dinero, principalmente porque el salario resulta insuficiente (54%) o por el peso de deudas previas (19%). En este contexto, el informe advierte que el endeudamiento sigue creciendo, al precisar que el 77% de los argentinos reconoce tener algún tipo de deuda, cinco puntos porcentuales más que en 2025. Federico Barni, CEO de Bumeran, sostuvo que “la desaceleración de la inflación no implica automáticamente una recuperación del salario real” al afirmar que “hoy el desafío ya no pasa solamente por ‘ganarle a la inflación’, sino por reconstruir capacidad de consumo y previsibilidad”. Para los trabajadores, la prioridad ante un eventual aumento salarial es mayoritariamente para pagar deudas (46%), mientras que un 22% podría considerar el ahorro como destino prioritario, un 15% priorizaría alimentación y recreación, y apenas un 13% lo destinaría a inversiones.

Salario insuficiente: 7 de cada 10 trabajadores argentinos gastan su sueldo en menos de 14 días

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) con la Argentina y se espera que en las próximas horas envíe el desembolso por 1.000 millones de dólares. “El impulso reformista se ha fortalecido con la aprobación de leyes clave en materia fiscal, comercial y laboral, así como con mejoras en el marco monetario y cambiario, lo que ha contribuido a la acumulación de reservas y a la mejora de la capacidad de Argentina para gestionar las crisis”, informó la entidad conducida por Kristalina Georgieva. Y continuó: “Si bien no se alcanzó la meta cuantitativa de acumulación de reservas internacionales netas (RIN) para finales de diciembre, se cumplieron la mayoría de los criterios de desempeño clave y las metas indicativas, y se implementaron medidas correctivas para acercar las reservas a la meta de RIN y reducir aún más los diferenciales soberanos”.La aprobación del segundo análisis por parte del organismo internacional es determinante, dado que de ese proceso dependía el desembolso de USD 1.000 millones que se reflejarán en las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El ritmo de compras del BCRA había sido elogiado por las autoridades del prestamista de última instancia.&nbsp; En efecto, la autoridad monetaria acumuló 92 jornadas consecutivas con resultado positivo en el mercado de cambios, favorecido por acuerdos con bancos, compañías privadas y organismos estatales. Este jueves, la autoridad monetaria sumó USD 145 millones y el total anual superó los 8.800 millones de dólares. Desde la implementación del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA incorporó USD 8.851 millones, con abril como el mes más activo, alcanzando 2.769 millones de dólares. Solo el 2 de enero no se concretaron compras. En los últimos días, el ritmo de compras de divisas aumentó, luego de que los primeros días de mayo presentaron operaciones diarias por debajo de los 100 millones de dólares. La semana pasada, el Central adicionó USD 596 millones y el acumulado de mayo llegó a 1.696 millones de dólares.

El FMI aprobó la revisión del acuerdo con la Argentina y destraba el desembolso de USD 1.000 millones

La Liga de Concejales y Concejalas Justicialistas de Entre Ríos presentó &nbsp;un petitorio ante el gobernador Rogelio Frigerio solicitando una audiencia urgente, en el marco de una creciente preocupación por el recorte de programas sociales, la paralización de la obra pública y la insuficiencia de recursos para los municipios de la provincia.La presidenta del bloque justicialista de Victoria, Mariela Minaglia, contó que “se entregó un petitorio solicitando una reunión al gobernador, ante la gran preocupación por el recorte de determinadas políticas y programas que son esenciales para dar respuesta a nuestros vecinos”.El documento, fechado el 9 de mayo en Villaguay y firmado por decenas de concejales y concejalas de distintos departamentos de la provincia, plantea que el federalismo en Entre Ríos “debe fortalecerse mediante una distribución de recursos que llegue de manera directa a la gestión territorial”, contó la presidenta del bloque justicialista de Paraná, Luisina Minni, quien precisó que el petitorio “sostiene que la labor de los cuerpos legislativos locales se ve actualmente limitada por una estructura financiera que en muchos municipios no alcanza a cubrir las demandas y que asfixia presupuestariamente a nuestras comunidades”. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Coparticipación, obra pública y asistencia social, en el centro del reclamoJudith Cohn, concejal de Villaguay, detalló el alcance de los pedidos: “Reclamamos coparticipación para todos los temas que tengan que ver con el financiamiento para la obra pública, la salud pública y la asistencia social. Que todo eso lo cubre, en nuestro caso, el propio municipio”, señaló. En la misma línea, el edil de Paraná Fernando Quinodoz fue contundente al describir el cuadro de situación: “Lo que pretendemos es que el gobierno provincial tome conciencia de una situación muy grave. Primero, que es el retiro del gobierno provincial de cuestiones muy sensibles para la población, fundamentalmente la atención social, la infraestructura en general, y que los municipios hemos tenido que adoptarlas”. Quinodoz fue más lejos y apuntó contra declaraciones de funcionarios provinciales que, según indicó, reflejan la postura oficial ante la crisis social: “He escuchado a un alto funcionario de la provincia decir despectivamente que la provincia no tendría por qué andar entregando frazadas. Entonces entendemos que nosotros, como representantes de la población de cada una de las ciudades de la provincia de Entre Ríos, tenemos que alzar la voz por la gente”.El petitorio, punto por puntoEl documento presentado ante Frigerio exige, entre otros puntos, “un posicionamiento político contundente” de la gestión provincial ante el Gobierno Nacional, manifestando preocupación por “la parálisis de la obra pública y el recorte de programas vitales”. Los firmantes advierten que “el bienestar de los entrerrianos no puede ser moneda de cambio”.Asimismo, reclaman una distribución justa y equitativa de los recursos provinciales, la actualización de la coparticipación y un plan de infraestructura provincial que garantice el financiamiento de proyectos viales, eléctricos e hídricos.&nbsp; En el cierre del texto, los concejales demandan que la Liga sea reconocida “como un interlocutor válido y permanente para articular soluciones que fortalezcan el municipalismo”, remarcando que “no hay una Entre Ríos pujante sin gobiernos locales fortalecidos”. &nbsp;

Concejales del PJ solicitaron una reunión urgente con Frigerio por la crisis financiera de los municipios

La Argentina y Uruguay agotaron el cupo de 6.667 toneladas de arroz asignado al Mercosur para exportar a la Unión Europea en 2026. Argentina abarcó casi el 40% del beneficio arancelario, mientras que Uruguay tomó el 63%. Además, el país ya había agotado los cupos asignados para la miel y los huevos.La confirmación llegó este martes desde el Departamento de Operaciones de Comercio Exterior del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva informó que “ya no se aceptarán nuevas solicitudes de licencias de exportación con preferencia arancelaria porque el contingente quedó agotado antes de lo previsto”.Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado celebró el agotamiento del cupo de arroz con un mensaje que publicó en X. “¿También nos llevamos la cuota del arroz? ¿Las exportaciones industriales suben 40%? Argentina sólidamente en un proceso de crecimiento liderado por las exportaciones. Bienvenidos a una nueva Argentina. Gracias presidente Javier Milei por mostrar que la libertad es el camino. VLLC!”, escribió en la red social. Por su parte, el presidente uruguayo Yamandú Orsi destacó que su país se quedó con el 63% del total de la cuota anual de arroz con preferencias arancelarias asignada por Europa: “Hoy podemos gritar un gol”, publicó el primer mandatario en su cuenta de X. La noticia, no obstante, generó malestar en sectores productivos de Brasil, que observan una mayor presencia argentina en segmentos agroindustriales del mercado europeo. En el país vecino aluden este avance a una combinación de competitividad, apertura comercial y cumplimiento sanitario. Ese dato aparece pocos días después de otro revés para Brasil en su vínculo comercial con Europa. La Unión Europea excluyó recientemente a Brasil de las exportaciones de carne y productos animales hacia el bloque por incumplimientos ligados al uso de antibióticos y a fallas en los controles sanitarios, mientras que la Argentina fue autorizada por ajustarse a los estándares exigidos. La Argentina ya agotó también la cuota para exportar huevos al bloque europeo, a solo 15 días de la entrada en vigencia del acuerdo. El ministro de Economía Luis Caputo informó en X que las ventas a la Unión Europea alcanzaron las 333 toneladas y que se trató de huevos provenientes de granjas de Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires, procesados antes de su distribución en Europa.Antes de eso, una empresa entrerriana había consumido en pocas horas la cuota libre de arancel para miel asignada al Mercosur para 2026. Según contó Federico Sturzenegger, el primer envío salió el 3 de mayo desde Concordia hacia Alemania con 20.986 kilogramos, adquiridos por la importadora alemana Langnese Honig GmbH &amp; Co. Hasta la entrada en vigor del acuerdo la miel argentina pagaba un arancel de 17,3 por ciento.Un acuerdo de 780 millones de personas La relación comercial con Europa explica la relevancia de estos cupos. De acuerdo con el INDEC, en 2025 las exportaciones argentinas a la Unión Europea sumaron USD 8.486 millones y las importaciones llegaron a USD 10.478 millones, con una participación de 9,7% en las ventas externas y de 13,8% en las compras. Campo de arroz venezolano con plantas doradas y verdes en surcos inundados bajo un cielo nublado y oscuro. Maquinaria agrícola oxidada se observa al fondo.Sectores productivos de Brasil expresaron preocupación por la creciente presencia argentina en el mercado agroindustrial europeo Según un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), en el primer trimestre de 2026 la participación de la Unión Europea en las exportaciones argentinas fue de 9,3%, un mínimo en décadas que podría comenzar a revertirse con la entrada en vigor del acuerdo. El texto fuente añade que el comercio con el bloque representó menos del 10% de las exportaciones en 2025, lejos del casi 32% registrado en 1991. El acuerdo consolidó un área de libre comercio entre 31 países, 27 de la Unión Europea y cuatro del Mercosur, con 780 millones de personas y el 20% del PBI global. También señala que el 99% de las exportaciones del Mercosur ingresa al esquema con beneficios: el 74% ya quedó libre de aranceles desde el 1 de mayo, el 18% los reducirá de manera progresiva en 10 años, el 7,8% entra con preferencias fijas o cuotas y solo el 0,3% queda fuera.&nbsp;

Después de la miel y los huevos, la Argentina agotó otro cupo de exportación hacia la Unión Europea

La actividad económica repuntó en marzo, avanzó 5,5% respecto del mismo mes del año pasado y registró la mejor suba desde junio de 2025. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el agro y la minería volvieron a traccionar el índice general. Junto con la industria manufacturera, aportaron 2,7 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual. Los datos corresponden al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Contra febrero también avanzó 3,5% y anotó un máximo histórico. En el acumulado del año (enero-marzo) lleva un aumento de 1,7%.Si bien en el segundo mes anotó una caída superior al 2%, el indicador logró repuntar y confirmó las estimaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el crecimiento en la economía.“Los indicadores de marzo ya mostraron recuperación. El Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero estuvo 3,2% en términos desestacionalizados, 5% en términos interanuales; el índice de la construcción, 12,7% en términos interanuales. Ahora va a salir el EMAE el jueves; ahí vamos a tener una mejor noción”, había explicado en una entrevista con Economía de Quincho. Respecto a los sectores, catorce de los quince sectores de actividad subieron en marzo. Únicamente “Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria” fue el único que retrocedió en la comparación interanual: le restó 0,1 p.p. al nivel general. Recientemente, el titular del Palacio de Hacienda destacó el resultado del EMAE y entabló los principales indicadores que argumentaron la suba en el tercer mes.“Vale recordar que enero y febrero son meses estructuralmente complicados (vacaciones, menor actividad industrial y, en este caso, un paro general y dos días hábiles menos), por lo que el bimestre ya era mejor de lo que sugería el dato puntual de febrero. Marzo, el primer mes ‘limpio’ del año, despejó las dudas”, señaló Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso. Para él, el dato a destacar surge del crecimiento que obtuvieron la mayoría de los sectores de actividad, en donde resaltó a la industria y el comercio. Los meses anteriores se marcaba una heterogeneidad, con minería y agro empujando, mientras que los otros dos no lograban repuntar. “Esta heterogeneidad que veníamos observando no debe leerse como una anomalía sino como el resultado esperable de una economía que está cambiando su matriz productiva después de 60 años de proteccionismo. Sin embargo, con una inflación cediendo y en un año sin ruido electoral, la demanda de pesos se normaliza y comienza a despertarse el consumo que se había apagado producto de la incertidumbre electoral vivida en septiembre-octubre del año pasado, que había dejado secuelas de algunos meses de inflación alta, que ya comienzan a quedar atrás”, concluyó.El EMAE de cada sector, en marzo de 2026 Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 17,9%. Impuestos netos de subsidios: 6,5%. Industria manufacturera: 4,6%. Explotación de minas y canteras: 16,3%. Transporte y comunicaciones: 4,7%. Intermediación financiera: 8,8%. Comercio mayorista, minorista y reparaciones: 2,2%. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 2,4%. Construcción: 7,6%. Electricidad, gas y agua: 5,7%. Pesca: 30,9%. Servicios sociales y de salud: 1%. Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 0,8%. Hoteles y restaurantes: 0,9%. Enseñanza: 0,1%. Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,2%

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