Uno de los ejes centrales es la reducción de excepciones en la obligación de emitir comprobantes. A partir de la nueva norma, determinadas operaciones que hasta ahora no se informaban —entre ellas algunos servicios financieros y seguros— deberán integrarse al sistema, fortaleciendo el cruce de datos para la determinación del IVA. La resolución también incorpora la figura de “liquidación electrónica mensual”, que permitirá a bancos, aseguradoras, emisoras de tarjetas, entidades educativas privadas y empresas de medicina prepaga emitir un único comprobante electrónico mensual por cliente. Estos documentos deberán generarse hasta el último día de cada mes y estar disponibles dentro de los diez días corridos siguientes. En cuanto a la identificación de los clientes, la norma dispone que cuando un consumidor final solicite el comprobante para computar una deducción en el Impuesto a las Ganancias, será obligatorio consignar su CUIT, sin importar el monto de la operación. Para transacciones iguales o superiores a $10.000.000, deberá informarse DNI, CUIL, CDI o documento equivalente.Otro cambio relevante es la posibilidad de vincular actividades económicas a puntos de venta mediante el servicio digital “Administración de Puntos de Venta y Domicilios”, lo que busca reforzar la trazabilidad de las operaciones y mejorar los controles cruzados. Las disposiciones comenzarán a regir para operaciones realizadas desde el 1 de julio de 2026. Desde el Gobierno nacional, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que el objetivo final es que los contribuyentes puedan recibir sus declaraciones prácticamente confeccionadas por el organismo y sólo deban validarlas. Según explicó, al incorporar al sistema información que antes no se registraba —como consumos financieros o pólizas— se allana el camino hacia un IVA casi automático, en línea con el proceso de digitalización tributaria impulsado por la administración de Javier Milei.

ARCA impulsa cambios con foco en el IVA automático

A partir de la liquidación del mes de enero la Tasa de Alumbrado Público se reducirá un 3%, mientras que la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene tendrá una baja del 2,69% de lo que se abonaba dentro de la factura de la energía eléctrica.“Tomamos esta decisión con absoluta responsabilidad.‘‘Sabemos que cada punto porcentual impacta en los recursos municipales, pero también entendemos que hoy es fundamental acompañar el bolsillo de nuestros vecinos”, expresó el intendente Cheru Solari.El mandatario destacó que la medida es posible gracias a una política sostenida de administración eficiente y control del gasto.“Desde la Municipalidad todos los días gestionamos con transparencia y honestidad para hacer rendir al máximo cada peso que pagan los vecinos.‘‘Ese compromiso nos permite sostener las obras que la ciudad necesita y, al mismo tiempo, generar alivio tributario cuando las condiciones lo permiten”, afirmó.Solari remarcó que la reducción no afectará el plan de obras ni la prestación de servicios esenciales. “Hemos optimizado procesos, mejorado la planificación y fortalecido los mecanismos de control interno. Eso nos da previsibilidad y nos permite tomar decisiones que equilibran responsabilidad fiscal con sensibilidad social”, señaló.Desde el Ejecutivo municipal indicaron que esta medida forma parte de una política integral orientada a mejorar la competitividad local, acompañar la actividad económica y reforzar el vínculo de confianza con la comunidad.“Gobernar es administrar con criterio, pero también con empatía. Cada decisión que tomamos tiene como eje central a nuestros vecinos y al desarrollo sostenido de María Grande”, concluyó el Presidente Municipal.

María Grande reduce tasas municipales y fortalece el alivio al contribuyente

El mandatario se reunió este viernes con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. Lo acompañó el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, quien destacó: “Tenemos un gobernador que gestiona las demandas de los sectores productivos; que en el caso de los avicultores pasan por generar oportunidades de crecimiento que se expresan, por ejemplo, en más galpones de producción modernos y nuevos mercados comerciales”.Por su parte, el presidente del frigorífico Sede América de Basavilbaso, Mario Mazzei, manifestó que “fue una muy buena reunión; valoramos mucho el interés del gobierno de Entre Ríos en explorar alternativas de mercados para nuestras carnes y, particularmente, la búsqueda de financiamiento para modernizarnos”. Asimismo, remarcó que “el acompañamiento del gobernador y del ministro facilita las cosas. Su actitud es escucharnos y luego indagar para encontrar respuestas”. En ese sentido, destacó “el respaldo del gobernador cuando fundamentamos la necesidad de reducir o eliminar derechos de importación sobre bienes de capital para el sector, ya que esa medida impactará en la tecnificación de la cadena y en la generación de empleo”.Durante la reunión también se abordó la agenda de la misión comercial a China prevista para abril, en la que los industriales aspiran a concretar la firma de la reapertura de ese mercado para los productos avícolas argentinos. En relación con el acuerdo comercial en marcha entre Argentina y Estados Unidos, desde el sector se expresó la preocupación por una posible apertura al ingreso de productos norteamericanos sin reciprocidad, aspecto sobre el cual el gobierno nacional continúa trabajando.Del encuentro participaron también el subsecretario de Mercados Agroalimentarios, Agustín Tejeda y por el sector privado estuvieron Augusto Motta de Feller, Crespo; Raúl Marsó de Las Camelias, Colón; Mario Mazzei, Sede América, Basavilbaso; Adrián Tournour de Fadel; Claudio Santangelo, de Soychú; Marcos Ligato de Fepasa y Carlos Sinesi, del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA).

Frigerio gestiona junto a empresarios más oportunidades para el sector avícola

Erro creó el espacio en 2019, y asumió la presidencia un año después. Obtuvo la posibilidad de ser reconocido legalmente como fuerza política en el año 2025, pero tras ciertas diferencias con integrantes del movimiento optó por abandonar su cargo. &nbsp;De todos modos, aseguró que &nbsp;“continuará comprometido con los valores que motivaron la creación de este espacio” y “seguirá trabajando por ellos desde otros ámbitos”.El comunicado completo “He tomado la decisión de presentar mi renuncia a toda participación orgánica dentro del Partido Libertario de Entre Ríos, espacio político que fundé en 2019 y que tuve el honor de presidir durante cuatro años, conduciendo su proceso de construcción hasta alcanzar su reconocimiento legal en mayo de 2025. Al concluir esa etapa, y con el objetivo de fortalecer la continuidad institucional, delegué voluntariamente la conducción partidaria en quien asumió la presidencia, otorgándole plena confianza para consolidar el trabajo realizado y preservar la unidad interna. Mi intención siempre fue acompañar una transición ordenada, priorizando el crecimiento colectivo por sobre cualquier interés personal. Sin embargo, con el transcurso del tiempo comenzaron a profundizar diferencias internas que intenté, en reiteradas oportunidades, encauzar mediante el diálogo y la búsqueda de consensos. Frente a tensiones existentes dentro de la conducción, mantuve una posición neutral y promovi permanentemente la convivencia política y el respeto entre dirigentes que venían realizando un trabajo valioso dentro del partido. Luego del proceso electoral del año 2025, convoqué personalmente a una reunión en la ciudad de Villaguay con el objetivo de recomponer la unidad y establecer un marco de concordancia interna. Lamentablemente, dicha instancia no solo no permitió acercar posiciones, sino que evidenció una ruptura profunda y persistencia inflexible de la conducción que terminó derivando en la renuncia de la vicepresidenta y del secretario general del consejo directivo. Lejos de impulsar un proceso de reconstrucción y diálogo institucional, las decisiones posteriores adoptadas por la actual conducción profundizaron el conflicto, la falta de respuesta institucional y el aislamiento. Entre ellas, la carencia de un horizonte claro, que permita una proyección política que responda al interés de los afiliados identificados con el gobierno nacional. Gravemente, también la adopción de actitudes orientadas a desplazar espacios de trabajo imprescindibles del proceso fundacional del partido, sin los mismos el propio Partido Libertario Entre Ríos no existiría legalmente constituido. Entiendo que la política debe ejercerse con respeto por la palabra dada, vocación de unidad y reconocimiento al trabajo colectivo. Cuando estos principios dejan de regir la vida interna de una organización, la coherencia personal obliga a tomar decisiones claras.&nbsp; Por esa razón, y convencido de que no corresponde convalidar dinámicas que considero equivocadas para el futuro del espacio que significó tanto esfuerzo, sacrificio y perseverancia demandada, he decidido dar un paso al costado. Agradezco profundamente a cada afiliado, militante y ciudadano que acompañó este proyecto desde sus inicios, preservado por la convicción y el esfuerzo de muchas personas, logrando el reconocimiento ni más ni menos que del Presidente de la Nación, Javier Milei, y el Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Continuaré comprometido con los valores que motivaron la creación de este espacio y seguiré trabajando por ellos desde otros ámbitos”, concluye el comunicado.

El Fundador del Partido Libertario de Entre Ríos renunció al espacio

Dado que la UPCN tiene mayor representatividad, su aceptación permitió dar por concluida la paritaria conforme a la normativa vigente, quedando validado el acuerdo por mayoría sindical, garantizando así llegar en tiempo y forma con la liquidación de haberes del mes en curso, que empezarán a percibirse la primera semana de marzo. No obstante, las partes acordaron continuar dialogando permanente para abordar temas puntuales.La propuesta convenida establece una recomposición salarial destinada a trabajadores activos y pasivos. Desde febrero de 2026 se otorgará una suma fija no remunerativa y no bonificable para trabajadores, con exclusión del personal docente y de las fuerzas de seguridad. El monto equivale al 15,8 por ciento del sueldo correspondiente a junio de 2025, calculado sin adicionales especiales ni sumas no remunerativas, con un mínimo de 150.000 pesos y un máximo de 320.000 pesos, mientras que para el Escalafón General de Enfermería el mínimo será de 160.000 pesos.&nbsp; Asimismo, se dispuso un incremento del 50 por ciento en la ayuda escolar respecto del último monto percibido.Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que se venía abonando hasta el momento.Al destacar el resultado del encuentro, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, manifestó: “Estamos muy conformes porque hemos logrado cerrar la paritaria con acuerdo por la mayoría.‘‘La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) está firmando el acta paritaria; por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) no se expresó ni a favor ni en contra por el momento y llevará la moción a un congreso el próximo lunes”.Al explicar la modalidad de la propuesta oficial presentada, Troncoso dijo que, si se hubiera optado por una suma remunerativa y bonificable, “el aumento habría sido considerablemente menor”.&nbsp; Al respecto, añadió: “Entendemos, en consenso con las entidades sindicales, que hoy los trabajadores necesitan liquidez inmediata en el bolsillo, y la forma más rápida de garantizarla es a través de sumas no remunerativas”.Por último, el titular de la cartera de Gobierno y Trabajo remarcó la importancia del vínculo con los gremios, afirmando que “más allá de la mesa paritaria y la negociación colectiva formal, hay permanentemente una negociación informal. Hablamos todos los días y tenemos las mesas sectoriales activas, los puentes están tendidos permanentemente y eso es muy importante en estos tiempos”, insistió.

La provincia cerró la paritaria estatal con acuerdo de mayoría

“Por 20 años consecutivos de gobiernos del PJ, la provincia fue acumulando problemas estructurales que nadie quiso abordar de fondo. Déficit crónico, deuda creciente, obra pública paralizada, un Iosper desordenado y una Caja previsional al borde del colapso”, aseveró. “La primera etapa de esta gestión estuvo dedicada a desactivar esas bombas de tiempo. Se evitó el default, se cumplió con vencimientos de deuda heredada, se pasó del déficit al equilibrio en el peor contexto de recaudación y, algo fundamental, no se aumentaron impuestos por encima de la inflación”, enfatizó. “Eso no es menor. Es un cambio de lógica. Pero ordenar no alcanza”, advirtió la legisladora. “Elevar la vara significa que el equilibrio fiscal debe traducirse en crecimiento concreto. Y ya hay señales claras: dejamos de ser la provincia con la tarifa eléctrica más cara del país y mejoramos competitividad; el RINI generó más de 200 millones de dólares en inversiones y casi 2.000 puestos de trabajo; se proyecta un plan de infraestructura superior a 300 millones de dólares que reactiva obra pública paralizada durante años”. “La situación económica sigue siendo difícil. El Gobernador fue honesto en eso. Pero hoy estamos mejor plantados porque ejecutamos mejor el presupuesto, ahorramos donde antes se expandía el gasto político y recuperamos confianza institucional”, manifestó luego. “Elevar la vara es no conformarse con haber estabilizado la provincia. Es exigirnos más. Es entender que 20 años de continuidad política dejaron inercias que no se corrigen en meses, pero que tampoco pueden volver”, expresó. “La consolidación no es un slogan. Es una decisión política de no retroceder.Entre Ríos tiene ahora algo que durante años no tuvo: equilibrio, previsibilidad y un rumbo claro. Y eso es lo que nos permite mirar la segunda mitad con ambición de desarrollo, no solo con preocupación por sobrevivir”, finalizó. &nbsp;

“Después de 20 años, Entre Ríos empieza a elevar la vara”, afirmó la diputada Susana Pérez

El diputado, que rechazó el proyecto del gobierno nacional, señaló que la Argentina necesita una legislación laboral moderna y adaptada a los cambios tecnológicos y productivos, pero sostuvo que las reformas estructurales deben construirse con consensos amplios, diálogo federal y participación real de provincias, trabajadores y sectores productivos.El exmandatario remarcó además la situación laboral de Entre Ríos, donde —según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo analizados por el CEPA— entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 se registró una caída de 10.575 trabajadores formales y 774 empleadores. “No hablamos de teorías, hablamos de familias y empresas reales”, expresó. Desde el plano técnico, indicó que la ley reduce la protección frente al despido, flexibiliza la jornada laboral mediante sistemas de banco de horas y debilita la negociación colectiva, medidas que —según afirmó— difícilmente generen el círculo virtuoso de inversión y empleo prometido. En la misma línea, el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, a través de su Instituto de Derecho del Trabajo, emitió un pronunciamiento rechazando la normativa por considerarla regresiva y contraria a principios fundamentales del derecho laboral y a tratados internacionales de derechos humanos. Finalmente, Bordet afirmó que el país necesita una reforma que combine competitividad con protección social, productividad con estabilidad y reglas claras con desarrollo federal.&nbsp; “El desafío es construir normas equilibradas que generen empleo y preserven derechos. Esta ley no cumple con esos objetivos”, sentenció.

Bordet sobre la modernización laboral: “No garantiza empleo ni respeta derechos”

Tras la sanción del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, el Gobierno pretende que en la primera semana de marzo, bajo sesiones ordinarias, se apruebe la nueva ley de financiamiento universitario. El texto, que ingresó a la Cámara baja el jueves último, busca reformular la normativa 27.795, que tuvo insistencia opositora, con un ajuste por inflación para gastos, suba salarial en tramos y refuerzo para hospitales escuela. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el texto se trabajó en despachos de Balcarce 50 e intervinieron en su redacción la Secretaría Legal y Técnica, que conduce María Ibarzabal Murphy, y la subsecretaria de Políticas Universitarias que lidera Alejandro Álvarez. Precisamente, Álvarez, uno de los principales referentes de la agrupación libertaria Las Fuerzas del Cielo, estuvo en la Casa Rosada un día previo a la presentación del proyecto en el Congeso. Se trata de un dirigente de confianza para el asesor presidencial Santiago Caputo. En la Casa Rosada hay optimismo en torno a la iniciativa. En el entorno de Javier Milei creen que será sancionada gracias a los aliados cuando el Congreso retome su trabajo tras el periodo de sesiones extraordinarias, junto con otros proyectos que también consideran relevantes como la reforma tributaria que “ordena el sistema de impuestos”. Los cambios en el sistema previsional no serán discutidos este año por los menos. En el Gobierno evalúan que para implementar modificaciones primero se debe fortalecer un mercado laboral con trabajadores formales, en blanco, que aporten al sistema. Calculan que, con la ley sancionada el jueves, eso sucederá en los próximos años.Cómo es el proyecto En torno a la iniciativa, el artículo 3° (que sustituye el art. 3° de la 27.795) busca que la actualización de los gastos de funcionamiento confluya con la inflación observada (IPC-INDEC) por encima del 14,3%, que es “el valor promedio anual utilizado para la confección del proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2026”.&nbsp; Es decir, si la inflación efectiva supera ese 14,3%, el crédito para las actividades 14 (Funcionamiento), 15 (Hospitales Universitarios) y 16 (Ciencia y Técnica en Universidades) del Programa 26 se ajustará para preservar el incremento real.A su vez, el artículo 4° dispone un refuerzo específico para el sistema de salud universitario: “Increméntase en la suma de $80.072.460.000 el crédito presupuestario de la Actividad Presupuestaria 15 ‘Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios’… con el fin de financiar el funcionamiento del sistema de salud universitario”. Por otro lado, en relación a las remuneraciones, el artículo 5° fija una recomposición 2025 paga en 2026 para docentes y no docentes, con tres incrementos del 4,1% cada uno (marzo, julio y septiembre), calculados sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025—en total, 12,3%—y ordena al Ejecutivo convocar paritarias obligatorias al mes de sancionada la ley, con periodicidad no mayor a tres meses. “Dicha convocatoria deberá ser abarcativa del personal docente y no docente”, expresa la norma. Pablo Perazzi, secretario general de Feduba, uno de los gremios que agrupa a los docentes universitarios, consideró este viernes que el proyecto del Gobierno “consolida el ajuste sobre nuestros salarios”.En ese marco, planteó la necesidad de “el pleno cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario, porque así lo dispuso el Parlamento, así lo dispuso el pueblo argentino en las calles y así lo ratificó además el juez Martín Cormick”.&nbsp; “Lanzaremos paros que impidan la naturalización de una situación que es, a todas luces, injusta e ilegal”, anunció.

El Gobierno buscará aprobar en marzo la nueva ley de financiamiento universitario

La&nbsp;Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC)&nbsp;celebra la media sanción que obtuvo por parte de la Cámara de Diputados el Proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, a la par que aboga por que, tras las modificaciones introducidas, el Senado pueda dar un pronto tratamiento a la iniciativa a fin de convertirla en Ley.La Entidad considera que, entre los múltiples aspectos positivos, cabe destacar la baja de las contribuciones patronales para las nuevas contrataciones, lo que, al reducir los costos de contratación, representa un estímulo para la generación de puestos de trabajo formales. También sobresale el esquema de Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que, al establecer un mecanismo para cubrir el costo de eventuales desvinculaciones, genera un aliciente para que las empresas incorporen nuevos empleados a sus plantillas sin el riesgo y la imprevisibilidad que actualmente implica ello. A tal objetivo también colaborará la mayor certidumbre que brinda la flamante norma. En particular, se valora que, para los casos de extinción del vínculo laboral, ahora se conocerán de antemano cuáles serán los costos que finalmente cada empleador deberá afrontar como así también las tasas a aplicarse sobre los eventuales créditos, eliminando la alta y perniciosa discrecionalidad que hasta el momento existía en esta materia. En otro orden, es positivo que se hayan establecido adecuaciones a la nueva realidad del mundo del trabajo y de la sociedad en general, como ser la posibilidad de fraccionar vacaciones, el banco de horas y la regulación de las plataformas tecnológicas.&nbsp;“El resultado es positivo. Se han contemplado observaciones que desde el sector representado señalamos con claridad y fundamento”,&nbsp;afirmó el presidente de la CAC, Natalio Mario Grinman.&nbsp;“Sabemos que no existe magia y que una norma por sí sola no bastará para resolver males que los argentinos arrastramos desde hace décadas. Pero sin dudas es un paso muy importante en la dirección correcta. La legislación debe ser complementada por una macroeconomía sana, y felizmente en los últimos dos años los argentinos hemos tenido progresos sustantivos en estos frentes. Para que los beneficios de la modernización laboral se materialicen plenamente debemos consolidar ese ordenamiento fiscal y monetario que ha efectuado el gobierno del Presidente Milei; tengo confianza en que así será”. Asimismo, el titular de la CAC ponderó el valor de las relaciones responsables y maduras entre los representantes de los empresarios y de los trabajadores:&nbsp;“Las negociaciones colectivas, que suelen ser harto complejas, deben siempre encararse con inteligencia y mesura, dejando de lado posiciones radicalizadas de grupos minoritarios que acaban por generar severos perjuicios. En este sentido, el rol de las cámaras y sindicatos nacionales, que cuentan con una sólida experiencia y equipos profesionales calificados, resulta especialmente relevante”.En esta línea, agregó:&nbsp;“Los equilibrios alcanzados en los convenios colectivos son el fruto de un extraordinario esfuerzo de conciliación de posiciones, y tienen un gran valor para que las relaciones laborales se desarrollen de manera armónica. Es importante preservar lo pactado y no poner permanentemente todo en discusión. Esto no significa promover el inmovilismo normativo, sino abogar por una sana estabilidad que permita que las necesarias actualizaciones se produzcan de forma ordenada”.&nbsp; Finalmente, Grinman reafirmó la vocación de la Entidad de seguir colaborando en iniciativas que impulsen la competitividad, la inversión y la generación de empleo formal en todo el país.

Grinman calificó la modernización laboral como “un paso muy importante en la dirección correcta”

La UDA es el principal sindicato docente de la CGT, aunque el mayoritario del sector es CTERA, que pertenece a la CTA de los Trabajadores, mientras que la CEA es una confederación sindical sectorial en la que están organizados los sindicatos de educadores.“La educación atraviesa el mayor recorte presupuestario en décadas y los docentes de todo el país sufren un fuerte ajuste salarial como consecuencia de la decisión del Estado Nacional de retirarse de obligaciones indelegables, impulsando la derogación de leyes que lo comprometían a realizar inversiones imprescindibles para la educación en Argentina”, sostuvieron UDA y CEA en un comunicado.“Se derogó la normativa que obligaba a garantizar la inversión en el Sistema Educativo y el presupuesto destinado a la Educación Técnico Profesional”, lo que genera un gran impacto negativo en la calidad educativa, en la desigualdad y en el futuro de cientos de miles de alumnos y alumnas”, se quejaron la UDA y la CEA.Por eso, reclamaron que el Gobierno “debe convocar a paritaria, ya que es una herramienta de paz y de diálogo para la resolución de conflictos” y recordaron que “el salario mínimo docente actualmente se encuentra en niveles de indigencia”.Por otro lado, a partir del borrador conocido, “anticipamos nuestro rechazo al proyecto de Libertad Educativa, que detonará el Sistema Educativo argentino”. &nbsp;

Gremios docentes alertan que “corre riesgo el inicio de clases” si no convoca a paritarias

“Vamos a judicializar la ley en su totalidad. Es inconstitucional”, adelantó el titular del Sindicato del Seguro en declaraciones radiales. Al respecto, explicó que se está “avanzando fuertemente en el escenario de la judicialización de la ley en su totalidad y de algunos artículos en particular” e insistió en que la iniciativa “tiene tintes inconstitucionales de manera general y particular”. Tras haber realizado el cuarto paro general en la gestión de Javier Milei, la CGT da por descontado que el Senado avanzará con la sanción definitiva en los próximos días, por lo que comenzaron a preparar los planteos que harán ante los tribunales. Ante esto, el integrante del triunvirato de la CGT dejó abierta la posibilidad de nuevas medidas de fuerza, aunque aclaró que todavía no está resuelta la modalidad. En la misma línea se pronunció el también secretario general, Cristian Jerónimo, quien cuestionó a los legisladores que facilitaron el quórum para el debate. “Nos dan vergüenza, han traicionado a los trabajadores”, señaló en referencia a dirigentes peronistas. Al igual que Sola, afirmó que el conflicto seguirá en el plano judicial: “Nos queda otra instancia, que es la judicial. Lo venimos diciendo: vamos a ir a la justicia porque este proyecto de ley va en contra de la Constitución Nacional”.Luego siguió con las críticas y aludió a los gobernadores Osvaldo Jaldo, de Tucumán: Raúl Jalil, de Catamarca, y Gustavo Sáenz, de Salta, cuyos legisladores votaron a favor de la reforma o facilitaron el quórum. “Tucumán, Catamarca, Salta mismo. Lo juzgará el tiempo y sabrán ellos por qué han traicionado a todos los trabajadores y trabajadoras de esta manera”, sostuvo el jefe del sindicato del vidrio.

JORGE SOLA, cotitular de la CGT: “Vamos a judicializar la ley en su totalidad, es inconstitucional”

Con poco más de 200 artículos, la reforma está agrupada en cinco ejes temáticos: modificaciones diversas a la actual modalidad laboral; incentivos a la formalización de trabajadores y creación de empleo; una nueva dinámica en la justicia laboral para desalentar la llamada “industria del juicio”; una reforma tributaria acotada y beneficios fiscales destinadas a medianas inversiones. A continuación se presenta un detalle de los aspectos principales del proyecto, incluidas las modificaciones ya incorporadas.Modificación de la ley&nbsp;de contrato de trabajo El proyecto incorpora cambios profundos en las relaciones de trabajo, flexibiliza las condiciones de contratación y modifica sustancialmente el esquema de indemnizaciones.¿Habrá cambios en las&nbsp;remuneraciones? Los salarios deben ser pagados en dinero, sea en moneda nacional o extranjera, especie, habitación o alimentos. Se incorpora el concepto de “salario dinámico”, que puede ser acordado en los convenios colectivos, regionales o por empresa e incluso por decisión del empleador, como pagos al “mérito personal” del trabajador o productividad. Los únicos habilitados para el pago de salarios serán las entidades bancarias (se eliminó la posibilidad de incorporar a las billeteras virtuales).En caso de despido, ¿cómo se calcularán las indemnizaciones? Se propone una reducción de la base de cálculo: ya no se considerarán conceptos como vacaciones, el aguinaldo, propinas o premios. Se impone un tope salarial como base remuneratoria, que no puede exceder 3 veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable a la categoría del trabajador. Para desalentar discrecionalidades en litigios judiciales, las indemnizaciones se actualizarán por inflación más un plus del 3% anual. En estos casos, las sentencias podrán ser canceladas en un plazo de 6 cuotas mensuales consecutivas si se trata de grandes empresas. El plazo se estira a 12 cuotas para las pymes.¿Quién pagará las&nbsp;indemnizaciones&nbsp;por despido? Se crean los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que serán cuentas específicas e inembargables que conformarán los empleadores con el aporte obligatorio y mensual de un porcentaje de las contribuciones patronales. Será del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pymes. La administración de los recursos recaerá en la Comisión Nacional de Valores. Los críticos de este esquema advierten que con esta reducción de las contribuciones patronales se desfinanciará el actual sistema previsional para abaratar los despidos.¿Qué pasará con las&nbsp;vacaciones? El empleador deberá conceder el goce de vacaciones durante el período entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente. Las partes pueden acordar disponerlas fuera de dicho período. También de mutuo acuerdo el empleador y el trabajador podrán convenir el fraccionamiento de las vacaciones siempre que cada uno de los tramos no sea inferior a 7 días.¿Se reducirán o se extenderán las jornadas laborales? Se establece la posibilidad de ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas siempre que se respete el descanso de 12 horas entre días de trabajo. Respecto de las horas extra, el empleador y el trabajador podrán acordar de manera voluntaria un régimen de compensación a partir de un banco de horas o bien francos compensatorios. Se incorporan los contratos a tiempo parcial por un período de tiempo inferior a la jornada legal.Enfermedades&nbsp;y accidentes de trabajo Este era el polémico artículo 44 de la iniciativa, incorporado por el Senado, que fue eliminado del proyecto que se discutirá en Diputados. Establecía que si un trabajador sufre un accidente o enfermedad ajenos a sus tareas laborales, recibirá el 50% de su salario básico durante 3 meses si no tiene personas a cargo o 6 meses si las tiene, siempre que el hecho derive de una actividad voluntaria y consciente. Si la incapacidad no resulta de una acción voluntaria y riesgosa, el trabajador recibirá el 75% de su salario en los mismos plazos. Se regula el trámite de aviso de enfermedad y los controles médicos, incluyendo la facultad del empleador de designar médico y el uso de juntas médicas ante discrepancias. Al desaparecer este artículo, las licencias se seguirán pagando como en la actualidad.Antigüedad del trabajador Se la computará desde el inicio de la relación laboral, incluyendo los sucesivos contratos a plazo que las partes hubieran celebrado. Asimismo, se computará como antigüedad el tiempo de servicio anterior en los casos en que el trabajador hubiese cesado por cualquier causa y reingrese bajo las órdenes del mismo empleador, salvo si hubiese transcurrido un plazo de tres años entre la desvinculación y su reingreso. En ese caso la antigüedad del tiempo de servicio anterior no será computada.¿Qué pasará con las cajas sindicales? Este punto recibió importantes modificaciones a favor de los gremios. Se mantendrá en el 6% la alícuota de aportes patronales que deberán hacer los empleadores a las obras sociales. Permanece vigente la llamada “cuota sindical” compulsiva que pagan los trabajadores (estén o no afiliados) a los gremios, aunque con un tope del 2% del salario mensual y por dos años. El tope baja al 0,5% en los aportes a las cámaras empresarias. Los empleadores seguirán siendo agentes de retención de las cuotas de afiliación a los gremios.&nbsp; El Gobierno mantiene firme la prioridad de los acuerdos de empresa o regionales por sobre los convenios sectoriales (los sindicatos no lograron revertir el artículo que limita la ultraactividad de los convenios colectivos).Negociación de los&nbsp;convenios colectivos El Gobierno mantiene firme la prioridad de los acuerdos de empresa o regionales por sobre los convenios sectoriales. En el caso de los convenios que estuviesen vencidos, el Ministerio de Capital Humano convocará a las partes para renegociar dichos convenios. En los convenios vigentes por ultraactividad, por petición de cualquiera de las partes legitimadas, el PEN podrá decretar la suspensión de los efectos del acto de homologación cuando se alegare que su aplicación genera distorsiones económicas graves.¿Se prevé un régimen para los trabajadores de plataformas digitales? El proyecto define una nueva categoría laboral para el sector de las aplicaciones. Crea la figura de repartidor independiente y habilita la libertad de formas de contrato. La iniciativa establece que este vínculo no constituye una relación laboral, sino un contrato de servicio independiente.¿Se limita el derecho de huelga? La reforma fija porcentajes mínimos de funcionamiento durante las huelgas, según el tipo de actividad.&nbsp; Los servicios “esenciales” deberán asegurar una cobertura del 75%, mientras que los servicios “trascendentales”, al menos el 50%.El proyecto amplía el número de actividades alcanzadas: se incluyen, entre otros, los servicios educativos en sus tres niveles. Las fuerzas de seguridad deberán prestar cobertura en un 100%. Las asambleas de trabajadores tendrán que contar con autorización previa del empleador.¿Qué estatutos&nbsp;se derogan? Se derogarán cuatro estatutos profesionales (viajante de comercio, peluquero, choferes particulares y operadores de radio/telegrafía) transcurridos seis meses de la sanción de la ley. El estatuto del periodista profesional se derogará a partir del 1° de enero de 2027.Formalización y creación de empleo La reforma contiene una serie de incentivos impositivos para la contratación de nuevos trabajadores y para la registración de aquellos que están en la informalidad. El objetivo es alentar la creación de empleo registrado, aunque los críticos señalan que estos beneficios tributarios a los empleadores contribuirán a desfinanciar el sistema previsional.¿Qué beneficios impositivos se proponen para formalizar a los trabajadores no registrados? El proyecto propone un programa de Promoción del Empleo Registrado (PER) destinado a regularizar relaciones laborales no registradas o deficientes, extinguiendo sanciones, deudas y acciones penales. La reglamentación correrá por cuenta del PEN una vez aprobada la ley.¿Se prevé un nuevo blanqueo laboral? En los hechos, sí, sostiene la oposición. El programa incluye la condonación de hasta el 70% de deudas por capital e intereses cuando esta tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones a la seguridad social, la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) y la extinción de la acción penal prevista en el artículo 16 del Régimen Penal Tributario.¿Qué incentivos se proponen para contratar nuevos trabajadores? El proyecto crea el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), programa que tendrá un año de duración. Por cada nuevo trabajador, el empleador pagará menores contribuciones patronales (solo un 8%, incluido el 3% destinado al Fondo de Indemnizaciones). Las nuevas incorporaciones deberán cumplir con alguna de estas condiciones: no haber tenido una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025, haber estado inscripto en el monotributo o haber sido empleado público.Justicia laboral La reforma introduce modificaciones en la ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo con el propósito de acelerar el traspaso del fuero laboral nacional -adverso a las políticas del Gobierno- a la órbita de la ciudad de Buenos Aires.¿Qué plantea la iniciativa para reducir la litigiosidad? Se establece que los acuerdos entre trabajadores y empleadores que se firmen ante la Justicia o una autoridad laboral y sean homologados tendrán el mismo valor que una sentencia firme; es decir, no podrán reabrirse luego en los tribunales, lo que busca reducir la litigiosidad. Asimismo, se imponen topes en los honorarios de los abogados y peritos. En los juicios laborales, el pago de las costas procesales, incluidos los honorarios profesionales, no excederán del 25% del monto de la sentencia.¿Qué pasará con la Justicia Nacional del Trabajo? Se incorpora como anexo el convenio firmado entre la Nación y el gobierno porteño que establece el progresivo traspaso de la Justicia Nacional de Trabajo y la transferencia de las competencias y funciones en materia laboral ordinarias a la justicia porteña por un lado, y la derivación de competencias en materia laboral de carácter federal a los juzgados en lo contencioso administrativo federal. La Nación se compromete a transferir al gobierno porteño los recursos correspondientes.Reforma tributaria Fue uno de los capítulos más conflictivos de la reforma hasta que el Gobierno accedió, por presión de los gobernadores, a eliminar del texto la reducción del Impuesto a las Ganancias para las sociedades.¿Habrá reducción de impuestos? IVA: se propone su exención a la energía eléctrica utilizada en sistemas de riego para el sector agroindustrial Internos: se elimina el gravamen a productos electrónicos; objetos suntuarios; automotores, motos, aeronaves y embarcaciones; celulares; seguros, y servicios de comunicación audiovisual.¿Qué pasará con el financiamiento del INCAA? En 2028 se dará de baja el fondo que financia la actividad cinematográfica, que se nutre de un impuesto del 10% sobre las entradas de cine, un 10% sobre la venta o alquiler de videogramas y un 25% de la recaudación del Enacom. El texto original preveía su eliminación inmediata.Incentivos para medianas empresas Se crea Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) para incentivar medianas inversiones nacionales y extranjeras. Entre los beneficios se destaca la amortización acelerada y devolución anticipada de IVA a inversiones. Regirá por dos años.¿Qué sectores podrán acogerse a este régimen? ¿A partir de qué monto? Está destinado a pequeñas y medianas empresas interesadas en invertir en la adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos -excepto automóviles-, amortizables en el Impuesto a las Ganancias, así como a la realización de obras destinadas a actividades productivas en el país. El monto de las inversiones varía según la envergadura de la empresa, de U$S 150.000 a U$S 9 millones.¿Qué beneficios impositivos contempla? Posibilita la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, es decir, permite a los beneficiarios depreciar sus inversiones productivas en plazos más cortos. Facilita, además, la devolución de saldos a favor de IVA generados por las inversiones, sujeta a un cupo presupuestario anual y a un plazo de tres períodos fiscales. La Nación.

Cuáles son los principales puntos de la reforma laboral

Luego de que la Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobara la reforma laboral con modificaciones —entre ellas, la eliminación del artículo 44, cuestionado por su impacto sobre el salario durante licencias por enfermedad— el proyecto volvió al Senado de la Nación Argentina para su definición final.En ese marco, un plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda emitió este viernes dictamen de mayoría, dejando la iniciativa en condiciones de ser tratada en el recinto el próximo viernes 27 de febrero. La senadora Patricia Bullrich, que condujo el trámite en comisión, explicó que el despacho propone ratificar el texto llegado desde Diputados con una sola diferencia: “aceptar” la supresión del artículo 44. La intención, señaló, es llevarlo a sesión “el viernes que viene”. El tratamiento acelerado responde a un objetivo político claro: cerrar la sanción antes del 1° de marzo, cuando el presidente Javier Milei abrirá el período ordinario de sesiones. El proyecto, además, se discute en la recta final de las extraordinarias, que se extienden hasta el 27 de febrero. La reforma ya había obtenido aprobación del Senado en la votación general con 42 votos a favor, por lo que, si la Cámara alta convalida ahora el único cambio introducido por Diputados, el texto quedará convertido en ley. En paralelo, Bullrich también advirtió que el oficialismo espera sostener el cronograma pese a la tensión política y anticipó que el debate podría derivar en planteos judiciales, aunque sostuvo que “la Justicia no puede interponerse sobre la voluntad de los legisladores”.

El Gobierno consiguió las firmas y define el debate de la reforma laboral en el Senado

En tanto, a nivel interanual, el acumulado alcanzó un 26,4% desde enero del año pasado, según supo la Agencia Noticias Argentinas. El Índice de precios básicos al por mayor (IBIM), que excluye el efecto impositivo del IPIM, registró 1,6% y el Índice de precios básicos del productor (IPP) una de 1,6%. En el desglose del IPIM, los precios de los productos nacionales crecieron 1,7% (2,6% productos primarios; 1,4% productos manufacturados y 1,1% energía eléctrica). A su vez, los productos importados escalaron 1,5%.Iván Cachanosky, economista jefe en la Fundación Libertad y Progreso, dijo que “la secuencia de IPIM mensual muestra que la inflación de costos se modera de forma sostenida desde octubre”.&nbsp; Dijo que “en el último trimestre del año (con excepción de diciembre), los precios mayoristas corrieron por debajo del 2% y enero no fue la excepción”.&nbsp; “Esto es coherente con una inflación que debería empezar a ceder en los próximos meses y retomar el camino de la desinflación”, señaló.Con respecto a los precios mayoristas de enero, destacaron los aumentos en productos agropecuarios (+4,1%), productos pesqueros (+4,6%) y alimentos y bebidas (+2,4%).Si bien los precios mayoristas corren por debajo del 2%, los datos a febrero continúan mostrando una inflación que podría ser todavía elevada, por lo que lo más probable es que el camino de reducir la inflación se retome en marzo”.

La inflación mayorista desaceleró al 1,7% en enero

El oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de modernización laboral que llegó con media sanción del Senado. El texto sufrió una modificación -la eliminación del artículo sobre licencias médicas- por lo que deberá volver a la Cámara alta para su aprobación definitiva. Ahora el objetivo de La Libertad Avanza es convertirlo en ley la semana que viene para que el presidente Javier Milei pueda tener una importante victoria legislativa antes de su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo.El proyecto de modernización laboral obtuvo 135 votos afirmativos, 115 negativos y ninguna abstención en su tratamiento en general. Los libertarios consiguieron el apoyo de sus habituales aliados del PRO, la UCR y el MID. A los que se sumaron los diputados de Salta y Misiones enrolados en Innovación Federal, las dos sanjuaninas de Producción y Trabajo, que responden al gobernador Marcelo Orrego; el santacruceño José Garrido, la representante de La Neuquinidad, con línea directa con el gobernador Rolando Figueroa, los tucumanos de Independencia y una parte de Provincias Unidas (dos cercanos a Llaryora y dos a Pullaro).En contra votaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Elijo Catamarca, Primero San Luis y el resto de Provincias Unidas. (Inforbae)&nbsp; &nbsp;

El Gobierno aprobó la reforma laboral en Diputados

Sin embargo, cada convocatoria abre una discusión más profunda: ¿cuándo es defensa de derechos y cuándo se convierte en disputa de poder?La democracia argentina ha atravesado crisis severas. El recuerdo del 2001 permanece como advertencia de lo que significa la desestabilización institucional. Las interrupciones abruptas de mandatos siempre dejan heridas sociales profundas. Por eso, la responsabilidad colectiva es mayor en tiempos de tensión.La actual reforma laboral llega con un dato insoslayable: casi el 42% de los trabajadores se desempeña en la informalidad. Es decir, una porción sustancial del mercado laboral está por fuera del esquema tradicional que se busca proteger.&nbsp; Esa realidad obliga a pensar si el debate debe limitarse a conservar estructuras o si necesita adaptarse a nuevas formas de empleo. El sindicalismo enfrenta, además, un desafío propio: la caída de su imagen pública y la dificultad para convocar masivamente. En una sociedad fragmentada, el paro general ya no genera el mismo consenso que décadas atrás. Tampoco el mismo temor.Al mismo tiempo, el oficialismo tiene la obligación de garantizar que el debate parlamentario se desarrolle sin sobresaltos y con pleno respeto institucional. La protesta no puede transformarse en presión que altere el funcionamiento del Congreso, así como el tratamiento legislativo no debe ignorar las voces disidentes.En democracia, el conflicto es inevitable. Lo que no es inevitable es la ruptura.La historia reciente muestra que los gobiernos caen cuando pierden legitimidad social, no solo por la presión callejera. Y las reformas perduran cuando logran construir mayorías amplias, no solo aritméticas.El desafío de este jueves no es únicamente aprobar o frenar una ley.&nbsp; Es demostrar que el país puede discutir cambios estructurales dentro de las reglas del juego democrático. Porque las reformas pasan. Las instituciones, si se cuidan, quedan.

Paro y democracia: una herramienta legítima, un desafío pendiente

Según la fuerza opositora, el discurso presentó “un diagnóstico parcial de la realidad provincial”, orientado —afirman— a justificar reformas estructurales bajo un esquema de ajuste y anuncios proyectados hacia el futuro.Reforma previsional y Caja de Jubilaciones Uno de los ejes centrales de la crítica fue el anuncio oficial de avanzar en una reforma del sistema previsional provincial.&nbsp; El PJ sostuvo que el planteo del Ejecutivo se apoya en el déficit de la Caja de Jubilaciones, pero advirtió que el abordaje propuesto tiene un “encuadre ideológico” que podría afectar derechos adquiridos.En ese marco, señalaron que el gobernador omitió profundizar sobre la deuda histórica que la ANSES mantiene con la provincia, a la que consideran una de las principales causas del desequilibrio financiero del sistema.Desde el justicialismo remarcaron que cualquier modificación debe preservar el 82% móvil y garantizar la sustentabilidad sin trasladar el costo a trabajadores y jubilados.Infraestructura&nbsp;y obra pública En materia de infraestructura vial, el comunicado cuestionó la viabilidad de la promesa de intervenir el 100% de las rutas provinciales.&nbsp; Según el PJ, el anuncio carece de detalles sobre financiamiento y plazos concretos. También vincularon el deterioro de la red vial con la paralización de la obra pública nacional y advirtieron que, sin inversión sostenida del Estado, será difícil revertir la situación actual.Empleo y actividad&nbsp;económica El documento partidario incluyó un apartado económico en el que describen un escenario de retracción.&nbsp; Allí sostienen que, en lo que va de la actual gestión, se habrían perdido más de 10.000 empleos registrados y que el número de empresas activas en la provincia se redujo en 774 unidades. En ese contexto, cuestionaron la postura del Gobernador frente a la reforma laboral que se debate a nivel nacional y rechazaron el argumento de que la caída del empleo esté vinculada a la llamada “industria del juicio”, calificando esa explicación como insuficiente frente a los datos disponibles.Situación del empleo&nbsp;público Otro de los puntos señalados fue la situación de los trabajadores estatales. Desde el PJ afirmaron que esperaban anuncios vinculados a recomposición salarial, fortalecimiento de la obra social provincial y estabilidad laboral, y expresaron su desacuerdo con lo que interpretan como una “estigmatización del empleo público”. En su posicionamiento, remarcaron que el Estado provincial cumple un rol central en la prestación de servicios esenciales como salud, educación, seguridad e infraestructura, y defendieron la necesidad de un Estado activo como herramienta de desarrollo.Postura política&nbsp; Finalmente, el Partido Justicialista consideró que el mensaje del gobernador estuvo dirigido a un sector reducido y que no convocó a un amplio consenso social. Reclamaron diálogo y acuerdos para impulsar un proyecto de desarrollo inclusivo. En el tramo final del comunicado, el PJ manifestó su respaldo al paro general convocado para este jueves y expresó su rechazo a cualquier medida que, a su entender, implique retrocesos en derechos laborales. El debate político en la provincia suma así un nuevo capítulo, con fuertes contrapuntos en torno al modelo de gestión, la reforma previsional y el rumbo económico de Entre Ríos. &nbsp;

El PJ criticó el discurso de Frigerio y advirtió que “las prioridades de la provincia siguen sin respuesta”

Ante el planteo judicial contra la aplicación de la Ley 11.178 de BPA, Laurencena dijo que “se debe definir si queremos la regla o no, ya que para poder producir tenemos que tener reglas claras”.En ese sentido, el cooperativista recordó que “una gran cantidad de instituciones lograron una Ley de Fitosanitario que da el marco para trabajar en armonía con las localidades y asentamientos”, y remarcó que la norma “es de vanguardia y fue consensuada entre todos y hecha para preservar la parte natural y la salud humana, es decir, es una buena Ley, por lo que estamos en defensa de eso para que podamos producir”. Asimismo, recordó que el texto “se aprobó con fuerza de Ley en la Legislatura y el Ejecutivo la promulgó y reglamentó con aspectos técnicos y no en suposiciones, por lo que está en plena vigencia y existen todos los canales necesarios para garantizar la seguridad y solicitar permisos”.Además, el presidente de Fedeco comentó que se está comenzando a estudiar el proyecto de Ley de ordenamiento territorial, que “categorizará los terrenos de la provincia y definirá lo que se puede y no se puede hacer. Este proceso busca lograr un consenso que, junto con la Ley de Fitosanitarios, proporcione un marco legal adecuado para actuar en la provincia”.Laurencena concluyó afirmando que “con el aumento de la demanda global de alimentos de calidad y trazabilidad, Argentina y Entre Ríos se posicionan como actores claves en el suministro de estos productos”, por lo que la gestión técnica integral del sistema productivo provincial, que incorpora el uso de productos fitosanitarios dentro de un esquema de BPA, “asegura que la actividad agropecuaria se desarrolle de manera profesional, utilizando recetas agronómicas y equipos adecuados, en cumplimiento con la Ley Nº 11.178”.

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