La Argentina sí genera riqueza, el problema es quiénes se quedan con ella
Resulta verdaderamente sorprendente escuchar al presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Mario Grinman, afirmar que la Argentina nunca generó riqueza y preguntarse, con aparente profundidad intelectual, qué vamos a redistribuir si no existe riqueza para repartir.
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Más sorprendente todavía resulta que semejante afirmación aparezca como respuesta al mensaje del papa León XIV, quien acaba de recordar algo tan elemental como trascendente: que la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía.
Lo primero que habría que explicarle al señor Grinman es que la Argentina no tiene un problema de inexistencia de riqueza. Tiene problemas históricos de desarrollo, de inestabilidad, de concentración económica y de distribución de sus ingresos. Son cuestiones profundamente diferentes.
Un país que produce alimentos para abastecer a millones de personas, que tiene una enorme capacidad agroindustrial, recursos energéticos, minería, industria, servicios, tecnología, conocimiento y trabajadores altamente calificados, difícilmente pueda ser presentado seriamente como una nación que jamás generó riqueza.
Solamente durante 2025, según el INDEC, nuestro país exportó bienes por más de 87.000 millones de dólares. Esa cifra, por supuesto, no representa toda la riqueza generada, pero alcanza para demostrar lo inconsistente de semejante afirmación.
Confundir las dificultades para acumular divisas, sostener el crecimiento o alcanzar estabilidad macroeconómica con la inexistencia de riqueza constituye un error conceptual que resulta especialmente llamativo en quien ocupa la presidencia de una entidad empresaria nacional.
La riqueza existe. La pregunta verdaderamente importante es cómo se genera, quiénes participan en su generación, cómo se distribuyen sus beneficios y qué proporción llega efectivamente a quienes trabajan todos los días para producirla.
Pero hay algo todavía más preocupante en sus declaraciones: la pretensión de establecer una falsa contradicción entre generar riqueza y distribuirla.
Nadie razonable puede discutir que una sociedad necesita inversión, empresarios, productividad, rentabilidad y crecimiento económico. Lo que resulta inadmisible es sostener que primero debemos generar riqueza y solamente después podremos ocuparnos de la justicia social.
Porque la distribución del ingreso no es un premio que se entrega cuando la economía alcanza determinado tamaño. Es parte constitutiva del propio funcionamiento económico.
Los salarios son ingresos para los trabajadores, pero también son demanda para las empresas. Las jubilaciones sostienen el consumo. La educación pública contribuye a formar capital humano. La salud, la infraestructura y las oportunidades de acceso al conocimiento permiten mejorar la productividad y ampliar las posibilidades de desarrollo.
Una distribución más justa no es enemiga del crecimiento económico. Bien concebida, es una de las condiciones para hacerlo sostenible.
Y aquí aparece una de las contradicciones más notables de su discurso. El propio Grinman reconoce que, cuando los trabajadores no tienen salarios dignos, dejan de consumir y las ventas se derrumban.
Entonces, cabe preguntarle: si comprende perfectamente que el comercio necesita consumidores con capacidad adquisitiva, ¿cómo puede relativizar la justicia social y presentar la distribución del ingreso como una discusión secundaria?
La propia Cámara que preside viene publicando indicadores de retracción del consumo. ¿No debería esa realidad preocuparle más que la necesidad de defender políticamente las virtudes futuras de un modelo económico?
También llama la atención que naturalice el cierre de empresas y la pérdida de empleos, ignorando que detrás de cada comercio que desaparece hay inversiones perdidas, trabajadores desocupados y familias afectadas.
Pero quizás el aspecto más desafortunado de sus declaraciones sea el intento de transformar la justicia social en una consigna vacía.
La justicia social no deja de ser un principio válido porque sucesivos gobiernos hayan fracasado, total o parcialmente, en concretarla.
Sería tan absurdo como sostener que, porque la Argentina padeció reiteradas crisis económicas, debemos abandonar el objetivo de alcanzar la estabilidad. O que, porque existieron empresarios que fracasaron, debemos cuestionar la importancia de la actividad empresarial.
Los principios no pierden legitimidad por los errores de quienes pretenden llevarlos adelante.
Y aquí corresponde recordar algo fundamental: la justicia social no es una ocurrencia partidaria ni una consigna electoral. Es uno de los principios centrales de la doctrina social de la Iglesia, desarrollado durante generaciones y reafirmado tanto por Francisco como por León XIV.
El Papa fue muy claro al reconocer el valor de la inversión privada y el riesgo empresario. Pero también advirtió que el beneficio económico no puede constituir el único criterio para evaluar el éxito de una empresa y que la propiedad y el capital tienen una función social.
Es decir, reconoció el papel de los empresarios, pero también les recordó sus responsabilidades frente a los trabajadores y a la sociedad.
No parece intelectualmente consistente destacar solamente aquella parte del mensaje pontificio que reivindica el riesgo empresarial y relativizar los conceptos que exigen solidaridad, equidad y compromiso con el bien común.
No se puede invocar la autoridad moral del Papa para reivindicar al empresario y, simultáneamente, vaciar de contenido el principio de justicia social que el propio Pontífice defiende.
Tampoco alcanza con exhibir resultados fiscales y comerciales positivos como prueba concluyente de que un modelo económico está encaminado al bienestar general.
El equilibrio fiscal es importante. La estabilidad monetaria es necesaria. La inversión privada es indispensable. Pero ninguno de esos objetivos constituye, por sí mismo, una garantía de progreso social.
La contabilidad pública puede mostrar resultados positivos mientras la economía cotidiana de miles de familias presenta una realidad muy distinta.
Quienes trabajamos profesionalmente en el campo de las finanzas públicas sabemos que el orden fiscal es un instrumento para alcanzar el desarrollo, no un fin que pueda considerarse exitoso independientemente de sus consecuencias sociales.
Por eso, más que discutir si la Argentina tiene riqueza para distribuir, deberíamos discutir cómo construir una economía capaz de producir cada vez más, generar mejores empleos y garantizar que los beneficios de ese crecimiento lleguen a toda la sociedad.
Esa discusión exige empresarios comprometidos, trabajadores con ingresos dignos, instituciones responsables y un Estado eficiente que promueva el desarrollo, corrija desigualdades y garantice oportunidades.
No necesitamos enfrentar al capital con el trabajo. Necesitamos comprender que ambos participan de la creación de riqueza y que el progreso de uno no puede construirse indefinidamente sobre el deterioro del otro.
Por eso, antes de preguntarse qué riqueza podemos redistribuir, sería mucho más útil preguntarse qué país estamos construyendo, cuántas empresas pueden sostenerse, cuánto poder adquisitivo conservan los trabajadores y cuántos argentinos participan efectivamente del crecimiento económico.
El papa León XIV no vino a plantear una disputa entre empresarios y trabajadores. Vino a recordar que el centro de toda organización económica debe ser la dignidad humana.
Y ese mensaje no se honra seleccionando las frases que resultan convenientes para justificar una posición política. Se honra comprendiendo y asumiendo integralmente su contenido.
La Argentina no necesita dirigentes que le expliquen a su pueblo que todavía no existe riqueza suficiente para aspirar a una vida digna. Necesita dirigentes capaces de comprender que producir riqueza y distribuir sus beneficios con justicia son objetivos complementarios e inseparables.
Porque el verdadero fracaso de una sociedad no consiste solamente en producir menos riqueza de la que podría generar. También consiste en producirla y ser incapaz de transformarla en bienestar para su población.
“Y esa es, precisamente, la discusión que el Papa nos invita a dar: generar riqueza y transformarla en bienestar y justicia social para todos”.
Especialista en Finanzas Públicas
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