La reforma tributaria y laboral: ordenamiento o traslado de cargas a nuevos contribuyentes

Sin embargo, varias de las medidas discutidas parecen contradecir la promesa oficial de “bajar impuestos”. Entre los puntos más sensibles figuran la eliminación del Monotributo, la reducción del mínimo no imponible para el Impuesto a las Ganancias —rebautizado como Impuesto sobre los Ingresos Personales— y un encarecimiento del régimen de autónomos. 
Si bien ciertos sectores podrían ver reducido su costo tributario, para una parte significativa de los contribuyentes la carga fiscal podría aumentar o volverse más exigente en términos formales.
La propuesta incluye la eliminación del Monotributo, la baja del piso de Ganancias, nuevos criterios de deducciones personales, un régimen laboral de menor carga patronal para nuevas contrataciones y la creación de un Fondo de Despido que reemplazaría el esquema indemnizatorio tradicional.
¿Se termina el Monotributo?
Uno de los ejes más controversiales es el futuro del Monotributo. El borrador que circula en el Ministerio de Economía propone su eliminación y el traspaso de más de dos millones de contribuyentes al régimen de autónomos.
La lógica oficial es llevar a todos los pequeños contribuyentes hacia un sistema donde tributen IVA y Ganancias/Ingresos Personales, compensado con mayores deducciones personales y la posibilidad de descontar gastos respaldados con factura.
El objetivo declarado es “blanquear” operaciones hoy informales e incentivar una cultura de cumplimiento tributario más estricta.
Para profesionales independientes, pequeños comerciantes, prestadores de servicios y trabajadores por cuenta propia, esto implicaría: 1) Más obligaciones formales (liquidación de IVA, presentación de declaraciones juradas complejas), 2) Necesidad creciente de asesoramiento contable permanente, 3) Un riesgo de aumento de la carga tributaria efectiva si las deducciones no compensan la transición al régimen general, y 4) Mayor exposición a fiscalizaciones ante inconsistencias o falta de documentación respaldatoria.
Autónomos: suba de cuotas y nuevas deducciones
El esquema para autónomos también sufriría cambios de magnitud. Las cuotas actuales —consideradas atrasadas frente a la inflación acumulada— serían actualizadas, con un incremento que podría alcanzar el 100%. 
A la par, se ampliaría el universo de deducciones personales siempre que los gastos estén debidamente documentados.
Se plantea, además, un umbral de facturación para el IVA equivalente a una categoría media del actual Monotributo. Por debajo de ese piso podrían establecerse tratamientos diferenciados o regímenes simplificados, aunque todavía no se conocen detalles.
Para profesionales, oficios calificados y cuentapropistas de todas las provincias, este rediseño supone una ecuación compleja: mayor carga fija mensual, pero mayor margen para deducir gastos. El resultado final dependerá de la estructura de costos de cada actividad, el nivel de facturación y la disciplina administrativa para respaldar cada gasto con comprobantes válidos.
Ganancias: baja del piso y más contribuyentes alcanzados
Otro aspecto central es el Impuesto a las Ganancias, que pasaría a llamarse “Impuesto sobre los Ingresos Personales”. El Ministerio de Economía propone un único mínimo no imponible, equivalente a un salario bruto real inferior al actual. Esto implicará que millones de trabajadores vuelvan a quedar alcanzados por el tributo.
La escala de alícuotas (del 5% al 35%) se mantendría, pero se reorganizarían las deducciones de manera amplia: 1)Gastos personales con límite: alimentación, vivienda, salud, educación, movilidad, seguros, y 2) Rubros sin tope deducible: obra social, PAMI, personal doméstico.
En la práctica, trabajadores que hoy no tributan quedarían dentro del impuesto. Y si bien podrían deducir más conceptos, la clave será la formalidad: sin factura, no hay deducción. La reforma apunta, claramente, a modificar hábitos de consumo y forzar una trazabilidad fiscal mucho más estricta.

Nuevo régimen de empleo y fondo de despido
El borrador prevé un nuevo esquema para la contratación formal, con reducción de aportes y contribuciones en nuevas relaciones laborales, especialmente cuando se trate de personas desempleadas o de ex monotributistas incorporados a la relación de dependencia.
La propuesta incluye: 1) Reducción parcial de contribuciones patronales y aportes personales, 2) Beneficios adicionales para empleadores que generen puestos “genuinamente nuevos”, y 3) Implementación de un Fondo de Despido, similar al de la industria de la construcción.
Con este fondo, los empleadores harían aportes mensuales proporcionales al salario de cada trabajador. Esos recursos se utilizarían para financiar la desvinculación, reemplazando la indemnización tradicional. Para el Gobierno, esto reduce la litigiosidad y mejora la previsibilidad para el sector privado.

Para pymes, comercios e industrias, una reducción marginal del costo laboral puede ser positiva en un contexto recesivo. No obstante, la transición hacia un sistema distinto de protección frente al despido abre interrogantes jurídicos, laborales y financieros que deberán evaluarse con detenimiento.
Impacto en las provincias y en el costo impositivo total
El debate excede la relación entre Nación y contribuyentes individuales: afecta de lleno a las provincias. IVA y Ganancias se coparticipan, por lo que cualquier alteración en su estructura impacta directamente en los ingresos provinciales.
Si la reforma amplía la base de Ganancias y mejora la formalización, la recaudación global podría sostenerse o incluso crecer. Pero la distribución no será pareja: 1) Provincias con mayor formalidad laboral y sueldos más altos podrían recibir más fondos, y 2) Jurisdicciones con informalidad estructural, baja actividad económica y dependencia de Ingresos Brutos quedarían en una posición fiscal delicada.
Además, la exigencia de una mayor facturación formal eleva el “costo impositivo consolidado”, es decir, la suma de tributos nacionales, provinciales y municipales. Sin una coordinación real para reducir impuestos en los tres niveles del Estado, el riesgo es que la presión tributaria total aumente, aun cuando el Gobierno nacional presente la reforma como un alivio.

Lo que implica para el país
Más allá de los tecnicismos tributarios y laborales, las consecuencias concretas de esta reforma son amplias:
Monotributistas y cuentapropistas podrían enfrentar un sistema más complejo, con mayores costos fijos y una carga administrativa significativa.
Profesionales, comerciantes y prestadores de servicios deberán reorganizar su estructura de gastos y su sistema de facturación para maximizar deducciones y evitar contingencias fiscales.
Pymes y emprendedores deberán evaluar si la reducción de cargas sociales y el Fondo de Despido realmente mejoran la capacidad de contratar o si introducen nuevos riesgos financieros.
Trabajadores asalariados que hoy no tributan Ganancias pasarán a hacerlo, lo que obliga a un conocimiento detallado de las deducciones disponibles.
Provincias y municipios deberán recalcular sus proyecciones fiscales ante cambios en la coparticipación y posibles variaciones en la actividad formal.
En un país con dificultades persistentes de formalización, pérdida de poder adquisitivo y recesión en sectores clave, cualquier rediseño del esquema impositivo y laboral tiene efectos directos sobre el consumo, la inversión, la sostenibilidad fiscal y el empleo formal.

Un debate que debe ser público
La participación de cámaras empresariales, colegios profesionales, sindicatos, universidades, organismos provinciales y especialistas es indispensable para evaluar el verdadero alcance de estas medidas. 
Monotributistas, autónomos, asalariados, empleadores y gobiernos provinciales y municipales deben seguir de cerca la evolución del debate, consultar a sus asesores y prepararse para un escenario en el que la prometida “simplificación” puede venir acompañada de nuevas obligaciones y un mapa tributario más exigente.     

Conclusión
La Argentina necesita una reforma tributaria integral, moderna y equitativa, pero también realista respecto de sus capacidades institucionales, su estructura productiva y su nivel de informalidad.
Si el objetivo es lograr un sistema más simple, más formal y más justo, el desafío será evitar que la reforma termine incrementando la presión sobre quienes ya cumplen y agravando las desigualdades entre regiones y sectores. 
Una buena reforma tributaria no es la que recauda más ni la que ajusta más rápido, sino la que fortalece la sostenibilidad fiscal sin destruir la capacidad productiva ni el entramado social

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AUTOR

Álvaro Sierra

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