¿Cómo se gestó la recuperación de Malvinas en 1982? (Nota 2)
Continuación de la entrega anterior: la trama política interna, los sesgos de la cúpula militar y el inicio del planeamiento secreto.
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En marzo de 1981, el general Roberto Eduardo Viola asumió la presidencia de la Nación en reemplazo de Jorge Rafael Videla. La conducción económica quedó en manos de Lorenzo Sigaut, quien pasó a la historia por una frase desafortunada que intentó llevar calma al mercado: «El que apuesta al dólar, pierde». La famosa «tablita» de su antecesor, José Alfredo Martínez de Hoz —que mantenía una pauta de devaluación controlada— colapsó de inmediato. El peso argentino sufrió una devaluación abrupta que disparó la inflación, profundizó la recesión e incrementó drásticamente la desocupación.
En octubre de ese mismo año, el comandante en jefe del Ejército, teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, viajó a los Estados Unidos. Allí fue recibido con honores por el establishment político y militar norteamericano, donde llegaron a calificarlo como un «general majestuoso» por un supuesto parecido físico con el héroe de la Segunda Guerra Mundial, el general George Patton. En realidad, la similitud atribuida a Galtieri remitía al actor George C. Scott, quien interpretó al célebre militar en el cine.
Este viaje fue clave para entender el desenlace de la historia: allí se profundizó el sesgo cognitivo del jefe militar, una distorsión en la percepción de la realidad que lo llevó a calcular erróneamente el nivel de respaldo que obtendría de la Casa Blanca si las Fuerzas Armadas actuaban en el Atlántico Sur.
Antes de emprender el regreso a Buenos Aires, Galtieri recibió una llamada telefónica en el aeropuerto: las otras dos fuerzas habían decidido que él sería el reemplazante de Viola. La grave crisis socioeconómica fue el verdadero detonante de la salida del segundo presidente del régimen militar, aunque formalmente se la disfrazó tras el eufemismo de una «afección cardíaca» (Yofre, 2012).
El anhelo naval y la percepción de Anaya
Por su parte, la recuperación de las islas Malvinas constituía un viejo anhelo de la Armada Argentina, dado que el entorno geográfico resultaba ideal para el despliegue de sus medios operacionales. Su principal impulsor era el almirante Jorge Isaac Anaya, quien mantenía una relación de estrecha confianza con Galtieri desde sus tiempos de cadetes en el Liceo Militar General San Martín.
Anaya estaba convencido de que el Imperio británico se encontraba en franca decadencia y percibía a su dirigencia como débil (Bicheno, 2006). A partir de su experiencia como agregado militar en Londres, el almirante asumía poseer un diagnóstico objetivo de la situación; sostenía que Londres no reaccionaría militarmente y que la respuesta se limitaría a una protesta diplomática, tal como había ocurrido en 1977 tras la instalación permanente de la Estación Científica Corbeta Uruguay en la isla Thule del Sur.
Diversos investigadores coinciden en que el apoyo de Anaya para que Galtieri llegara a la presidencia incluyó un acuerdo no escrito: ejecutar la recuperación de las islas antes de que se cumplieran 150 años de la usurpación británica, fecha que se cumpliría el 3 de enero de 1983. Por lo tanto, el año 1982 quedó marcado en el calendario operativo. Solo restaba definir la fecha exacta para desembarcar si fracasaban las negociaciones diplomáticas programadas para febrero en Nueva York.
Viola fue relevado finalmente en noviembre de 1981 y Galtieri asumió la presidencia el 22 de diciembre. En un movimiento inédito, Galtieri ignoró el propio estatuto del régimen y retuvo de forma simultánea el cargo de comandante en jefe del Ejército, una maniobra diseñada para blindar su poder interno y evitar un relevo anticipado como el de su antecesor.
El valor del testimonio directo
Existe un precepto jurídico fundamental que señala que «a confesión de parte, relevo de pruebas». Este princípio resulta de singular valor para reconstruir este período histórico: ante la destrucción sistemática de documentos oficiales durante la transición democrática, el testimonio directo de figuras clave —como el del vicealmirante Juan José Lombardo— se convierte en prueba fehaciente para comprender cómo se tomaron las decisiones en la cúpula militar.
La política interna como condicionante de la guerra
Para analizar este proceso es necesario observar cómo influyó la política interna en la planificación militar. La política puede entenderse como el mecanismo de regulación de la tensión social que adopta una comunidad; es ella la que determina cuándo y cómo emplear el instrumento militar. Las decisiones del poder político son obligatorias para toda la sociedad y se respaldan, en última instancia, en el monopolio de la fuerza.
Por esta razón, la política condiciona directamente a las acciones militares en los niveles estratégico, operacional y táctico. La célebre máxima de Carl von Clausewitz que concibe a la guerra como «la continuación de la política por otros medios» se cumple con exactitud en esta etapa.
Para finales de 1981, el Proceso de Reorganización Nacional acumulaba seis años en el poder tras el golpe de marzo de 1976. Afectado por un profundo desgaste político, cierres de bancos, pérdida de empleos formales, alta inflación y una devaluación sin freno, el gobierno militar necesitaba desesperadamente una medida de fuerte impacto político. La recuperación de las Malvinas se presentó como la causa capaz de unificar al país y devolverle legitimidad al régimen.
La orden para planificar la operación fue dada de forma verbal por el almirante Anaya al vicealmirante Lombardo el 15 de diciembre de 1981, lo que demuestra que la decisión de recuperar las islas ya estaba tomada incluso antes de que Galtieri asumiera formalmente la presidencia. El 28 de diciembre, Lombardo recibió la orden escrita (fechada el día 23) del jefe del Estado Mayor General de la Armada, vicealmirante Alberto Gabriel Vigo, donde se le encomendaba actualizar el plan operacional e incluir pautas para la administración posterior a la ocupación (Lombardo, 2002).
El 5 de enero de 1982, la Junta Militar mantuvo una reunión crucial en el Edificio Libertad de la cual no quedaron actas escritas. Allí se analizó el curso de las negociaciones con Gran Bretaña. El punto central del desacuerdo pasaba por el estatus de los habitantes: mientras la Argentina planteaba resguardar los intereses de la población insular, los británicos exigían respetar sus deseos, abriendo la puerta a la autodeterminación de los kelpers.
Ante este escenario, la junta acordó una estrategia de doble vía: reactivar al máximo las gestiones diplomáticas a cargo del canciller Nicanor Costa Méndez y, en forma paralela, avanzar con la planificación militar para usarla si fracasaba la vía diplomática (Freedman & Gamba, 1992).
Sin embargo, las reuniones bilaterales en Estados Unidos confirmaron el estancamiento. La diplomacia británica, experta en dilatar los tiempos para frenar el ímpetu argentino, logró postergar los acuerdos sin sospechar que, en cuestión de semanas, la crisis derivaría en la ejecución de la Operación Rosario.

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