El municipio salió a aclarar las designaciones de funcionarios jubilados tras las polémicas de la ciudad

La Municipalidad de Concordia emitió un comunicado oficial para aclarar la situación vinculada a la designación de funcionarios jubilados, en medio de un creciente debate público impulsado principalmente por comentarios en redes sociales, donde el tema tomó fuerte visibilidad tras conocerse los nombres de las personas involucradas.
La controversia, que en los últimos días se volvió casi obligada en la conversación pública local, llevó al Ejecutivo a precisar el criterio adoptado al momento de conformar el equipo de gobierno.
Según se indicó, el intendente Francisco Azcué convocó a profesionales y vecinos con trayectoria reconocida para sumarse a la gestión, algunos de ellos en condición de jubilados, quienes aceptaron colaborar bajo la modalidad ad-honorem.
Desde el municipio explicaron que, para cubrir gastos derivados de sus funciones, se utilizó un mecanismo administrativo basado en el denominado “Código 600”, vigente desde 2016, mediante el cual se liquidaban conceptos vinculados a gastos de representación. Este procedimiento —señalaron— fue formalizado por decreto y publicado en el Boletín Oficial.
Asimismo, sostuvieron que no existe incompatibilidad entre percibir una jubilación y desempeñarse como funcionario político, ya que este tipo de función no encuadra como relación de dependencia, criterio que —según remarcaron— también ha sido sostenido a nivel provincial.

CAMBIO DE CRITERIO TRAS INTERVENCIÓN PREVISIONAL
Sin embargo, ante la reciente intervención de la Caja de Jubilaciones y la existencia de interpretaciones jurídicas distintas, el municipio resolvió modificar el esquema aplicado.
A través de un decreto, se dispuso dejar sin efecto —desde el 1° de abril— la utilización de este sistema de liquidación, con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica y evitar eventuales perjuicios en la situación previsional de los involucrados.
En paralelo, la administración local informó que analiza nuevas alternativas para sostener la participación de estos profesionales en la gestión, sin vulnerar la normativa vigente.

El intendente Azcué defendió la decisión adoptada y sostuvo que “se actuó de buena fe, con transparencia y buscando sumar personas valiosas a la gestión”. Además, cuestionó el uso político del tema y consideró injusto que se ponga en duda la trayectoria de los funcionarios involucrados.
Desde el Ejecutivo remarcaron que las diferencias de interpretación legal son habituales y forman parte del funcionamiento institucional, y ratificaron su disposición a adecuar los procedimientos conforme a lo que determinen los organismos competentes.