El Foro de Concejales de Juntos por Entre Ríos acusó una operación contra el intendente Azcué

El Foro de Concejales de Juntos por Entre Ríos se pronunció en el contexto de inestabilidad política que atraviesa la gestión del intendente de Concordia, Francisco Azcué, que fue escalando a partir de la decisión del Ejecutivo municipal de rescindir contratos a empleados del Municipio, y de la resistencia de sindicatos de trabajadores y ediles opositores. En pleno desarrollo del conflicto, que tuvo numerosos idas y vueltas, el gobernador, Rogelio Frigerio, se pronunció a favor de lo que se consideró procesos de racionalización del gasto, fortalecimiento de la inversión en infraestructura y planificación a largo plazo.
Ataque y amenaza

El Foro sostuvo sin ambages que “este ataque no solo constituye una amenaza directa contra una autoridad democráticamente elegida, sino que representa un intento inadmisible de amedrentar a quienes tienen la responsabilidad de cuidar los recursos públicos y hacer cumplir la ley. La violencia nunca puede ser una respuesta frente a decisiones de gobierno que buscan ordenar, transparentar y proteger las arcas municipales en beneficio de toda la comunidad”.

También se consideró que “asimismo, resulta necesario señalar que este tipo de acciones irresponsables generan un enorme costo para el Estado: insumen recursos de la Justicia, de las fuerzas de seguridad y de equipos técnicos que deberían estar abocados a atender situaciones reales y urgentes. En este contexto, las verdaderas víctimas de la violencia quedan desamparadas, viendo postergadas respuestas que son fundamentales para su protección y acompañamiento”.
Desde el Foro reafirmaron su “compromiso con la convivencia democrática, el respeto por las instituciones y el ejercicio de la función pública con responsabilidad, transparencia y coraje. Acompañamos al intendente Francisco Azcué y a su equipo, y exhortamos a toda la sociedad a rechazar de manera categórica cualquier forma de violencia como método de presión o intimidación”.
Finalmente se afirmó que “la defensa del Estado de Derecho y de nuestros representantes es una tarea colectiva que no puede verse condicionada por amenazas ni hechos de esta gravedad”.