Tres gobiernos, tres modelos y una misma deuda pendiente: la reforma tributaria que nunca llega

Durante los últimos años, la Argentina cambió varias veces de orientación económica. Cambiaron los discursos, las prioridades y los nombres de los programas. Pero hubo algo que no cambió: la ausencia de una reforma tributaria integral, seria y duradera.
El país pasó del modelo de Mauricio Macri, orientado a aliviar la carga sobre empresas y sectores de mayor capacidad económica; al modelo de Alberto Fernández, centrado en sostener ingresos, consumo y gasto público; y luego al modelo de Javier Milei, basado en el equilibrio fiscal, el blanqueo de activos y los incentivos a las grandes inversiones.
Sin embargo, los tres modelos dejaron la misma deuda pendiente: ninguno logró construir confianza tributaria.

Macri: bajar impuestos para atraer inversión
El gobierno de Mauricio Macri llegó con una promesa clara: reducir la presión tributaria, normalizar la economía y generar condiciones para que el sector privado invirtiera.
La reforma tributaria de 2017 fue la expresión más clara de ese enfoque. En materia de Ganancias, se dispuso una reducción gradual de la alícuota para sociedades, del 35% al 30% y luego al 25%, acompañada por un impuesto sobre dividendos. La lógica era simple: si las empresas pagaban menos impuestos sobre utilidades reinvertidas, habría más inversión, más producción y más empleo.
A eso se sumaron reducciones de derechos de exportación, beneficios para ciertos sectores productivos y el gran Sinceramiento Fiscal de 2016. Ese blanqueo fue, desde el punto de vista cuantitativo, uno de los más exitosos de la historia argentina: se exteriorizaron activos por USD 116.800 millones, de los cuales USD 93.300 millones estaban en el exterior.
Pero el resultado final mostró los límites del enfoque. La baja selectiva de impuestos no alcanzó para consolidar inversión sostenida ni confianza duradera. La fragilidad fiscal, el endeudamiento, la inestabilidad cambiaria y la falta de dólares terminaron obligando al país a recurrir nuevamente al Fondo Monetario Internacional. En junio de 2018, el FMI aprobó un acuerdo Stand-By por USD 50.000 millones para la Argentina.
La enseñanza de ese período es importante: bajar impuestos a sectores de mayor capacidad contributiva puede mejorar incentivos, pero no garantiza inversión si no existe estabilidad macroeconómica, previsibilidad cambiaria, solvencia fiscal y reglas duraderas.

Alberto Fernández: aliviar a trabajadores, recaudar en emergencia y sostener consumo

El gobierno de Alberto Fernández asumió con otra prioridad. Su política tributaria estuvo más orientada a sostener ingresos, financiar el gasto público, asistir a sectores afectados por la pandemia y apuntalar el consumo interno.
La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva declaró la emergencia pública y creó, entre otros instrumentos, el Impuesto PAIS, aplicado inicialmente sobre operaciones vinculadas a la compra de divisas, consumos en el exterior y servicios contratados fuera del país.
También se modificó Bienes Personales, se aprobó el Aporte Solidario y Extraordinario sobre grandes patrimonios y se impulsaron moratorias. El aporte extraordinario fue presentado como una medida excepcional para atender los efectos de la pandemia y alcanzó a patrimonios superiores a $200 millones, con alícuotas diferenciadas para bienes en el país y en el exterior.
En Ganancias, el gobierno buscó aliviar la carga sobre trabajadores. En 2021 se promulgó una modificación que eximía del pago del impuesto a más de 1,2 millones de asalariados, trabajadores y jubilados.
Pero al mismo tiempo, la política tributaria sobre empresas tuvo un giro distinto. La reforma de Ganancias para sociedades reemplazó la alícuota fija del 30% por una escala progresiva del 25% al 35%, según el nivel de ganancia neta imponible.
El problema central de ese período fue que la inflación terminó deformando todo. Muchas empresas y contribuyentes pagaron impuestos no porque hubieran mejorado realmente su rentabilidad, sino porque sus ventas, ingresos o patrimonios aumentaban nominalmente por efecto de la inflación.
De esa manera, el sistema tributario perdió equidad y previsibilidad. La intención de sostener el consumo terminó conviviendo con más presión sobre la actividad formal, más distorsiones y una inflación que en 2023 alcanzó el 211,4% anual, con una economía que cerró ese año en contracción.
El resultado fue otra frustración: se alivió parcialmente a trabajadores, se gravó más a patrimonios y empresas, pero tampoco se logró un sistema más ordenado, más simple ni más confiable.

Milei: equilibrio fiscal, blanqueo y beneficios para grandes inversiones

El El gobierno de Javier Milei plantea un tercer modelo. Su eje es el equilibrio fiscal, la reducción del déficit, la desregulación y la atracción de capital privado.
El instrumento más representativo de este enfoque es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI. El régimen fue diseñado para grandes proyectos y ofrece beneficios tributarios, aduaneros, cambiarios y estabilidad normativa por un plazo prolongado. La lógica oficial es clara: si el país garantiza reglas estables, menor carga fiscal y seguridad jurídica para grandes inversiones, el capital privado debería llegar, producir, exportar y generar empleo.
Desde ese punto de vista, puede decirse que el gobierno de Milei fue, al menos en términos normativos y discursivos, uno de los que más hizo para seducir al capital privado y a la inversión extranjera. Pocas veces se ofreció un paquete tan amplio de beneficios fiscales, estabilidad y garantías para grandes proyectos.
Sin embargo, allí aparece una paradoja que no puede ser ignorada. A pesar de haber impulsado uno de los esquemas más favorables para las grandes inversiones, los resultados iniciales no estuvieron a la altura de esa expectativa. Según datos de la CEPAL, en 2024 la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe creció 7,1%, pero Argentina estuvo entre los países donde los ingresos de inversión extranjera directa fueron inferiores a los de 2023.
Ese dato obliga a formular una pregunta incómoda pero necesaria: si el gobierno que más beneficios ofreció al capital no logró, en su primer año, una respuesta contundente de la inversión extranjera, ¿el problema argentino es solamente tributario? ¿O estamos frente a una dificultad más profunda vinculada con la confianza, la estabilidad política, la previsibilidad macroeconómica, el mercado interno, el cepo, el riesgo país y la historia recurrente de cambios de reglas?
La respuesta parece evidente. Los beneficios fiscales pueden ser importantes, pero no alcanzan por sí solos para reconstruir confianza. Una empresa puede valorar una menor carga tributaria, pero también mira la estabilidad cambiaria, la seguridad jurídica efectiva, la demanda futura, la infraestructura, el financiamiento, la conflictividad política y la capacidad real del país para sostener las reglas que promete.
A su vez, el modelo también presenta una tensión distributiva. Mientras se otorgan beneficios relevantes a grandes inversiones y patrimonios, se restituyó el Impuesto a las Ganancias para una parte de los trabajadores formales. La Ley 27.743, además, incluyó una moratoria, un nuevo régimen de regularización de activos y un régimen especial vinculado a Bienes Personales.
Por eso, más que una baja generalizada de la carga tributaria, lo que se observa es una estrategia selectiva: alivio, estabilidad y beneficios para ciertos patrimonios y grandes proyectos, mientras continúa siendo elevada la presión sobre el consumo, el trabajo formal y las actividades económicas tradicionales.

La deuda común: todos recurrieron a parches

Macri apostó a bajar impuestos a empresas y grandes patrimonios. Alberto Fernández buscó aliviar a trabajadores y gravar patrimonios, consumo externo y sectores de mayor capacidad contributiva. Milei volvió a poner el foco en grandes inversiones, blanqueo, estabilidad fiscal selectiva y simplificación para ciertos contribuyentes.

Son tres modelos distintos. Pero los tres compartieron un problema: ninguno resolvió el desorden estructural del sistema tributario argentino. La Argentina sigue sin generar la confianza suficiente para que el contribuyente cumpla con convicción, el capital se quede, la inversión llegue y el sistema tributario sea percibido como justo.

Después de Macri, Alberto Fernández y Milei, la conclusión es evidente: la Argentina no necesita otro parche tributario. Necesita un sistema tributario serio, equitativo, progresivo y confiable.
Porque sin confianza no hay inversión. Sin inversión no hay crecimiento. Y sin un Estado que cobre bien, gaste mejor y trate con justicia al contribuyente, no hay desarrollo posible.

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AUTOR

Álvaro Sierra

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