La iniciativa busca reactivar el consumo y la inversión sin recurrir a la emisión de pesos, una estrategia que, en teoría, podría aliviar la presión cambiaria y dinamizar la actividad económica. Sin embargo, detrás de esa consigna se ocultan riesgos económicos, institucionales y legales que no deben subestimarse.
Los datos oficiales son contundentes. En 2024 se estima que hay cerca de US$ 252.000 millones fuera del sistema financiero. Esta cifra equivale al 40% del PBI, representa el 54% de la deuda pública bruta y sextuplica las reservas del Banco Central. Se trata de un fenómeno estructural: refleja décadas de desconfianza hacia el peso, el sistema bancario y, sobre todo, hacia el Estado.

Las causas del ahorro en dólares fuera del sistema
¿Por qué los argentinos desconfían del sistema financiero? Lejos de ser un reflejo meramente evasivo, el masivo ahorro en dólares por fuera del circuito formal es una reacción lógica frente a un contexto de inestabilidad crónica. Las causas son múltiples y acumulativas:
- Desconfianza institucional: El recuerdo del corralito (2001) y las confiscaciones de depósitos sigue vigente en la memoria colectiva.
- Inestabilidad monetaria: La inflación crónica y la devaluación del peso desincentivan el ahorro en moneda local.
- Presión fiscal y regulaciones asfixiantes: Las altas cargas impositivas y los controles cambiarios han llevado a muchos argentinos a optar por la informalidad como mecanismo de autoprotección
- La percepción de inseguridad jurídica, donde las reglas cambian según la coyuntura, desalienta toda formalización.
Décadas de crisis recurrentes han consolidado una economía bimonetaria donde el dólar opera como refugio de valor, incluso fuera de los circuitos legales.
Entonces, guardar dólares bajo el colchón, no es solo una forma de evasión. Muchas veces, es una estrategia de autodefensa ante un sistema institucional que no ofrece garantías mínimas. Sin embargo, es aquí donde comienza la verdadera discusión de fondo.

Los riegos de la remonetización sin controles
Argentina tiene una larga historia de blanqueos de capitales, donde el Estado ofrece condiciones favorables para regularizar fondos no declarados. El último, en 2024, permitió la entrada de US$ 22.000 millones, apenas el 12% del total de activos externos estimados.
El problema es que estos mecanismos envían un mensaje perverso: 1) premian al evasor, mientras castigan al contribuyente cumplidor, 2) fomentan la competencia desleal, ya que empresas informales operan con costos menores al eludir impuestos, y 3) erosionan la credibilidad institucional, reforzando la idea de que las reglas son temporales y negociables.
Como advirtió el economista Martín Litwak: “Hacer un blanqueo cada dos años atenta contra cualquier pago futuro de impuestos, porque la gente que cumple se siente muy pelotuda”.

El peligro del lavado de activos y las sanciones internacionales
Uno de los mayores riesgos de flexibilizar los controles sobre el origen de los dólares es facilitar el blanqueo de capitales ilícitos. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ya ha advertido sobre los peligros de medidas laxas, que podrían llevar a:  sanciones económicas y restricciones en el acceso al sistema financiero global, y a mayores costos de financiamiento externo, perjudicando la estabilidad macroeconómica. La inclusión en listas grises o negras complica cualquier estrategia de inserción económica seria.
El gobierno insiste en que no se tolerará el dinero de actividades criminales, pero sin mecanismos de verificación robustos, la distinción entre evasión fiscal y lavado de activos se difumina.

Un legado de firmeza tributaria nacido en Concordia
Carlos Miguel Tacchi, oriundo de nuestra ciudad, fue una figura cuya contundente lucha contra la evasión fiscal marcó un antes y después en la administración tributaria argentina. Como director de la Dirección General Impositiva (DGI) entre 1991 y 1995,  implementó políticas audaces que lograron récords históricos de recaudación, reduciendo la evasión del IVA y Ganancias mediante ingenierías fiscales innovadoras, como los agentes de retención.
Su famosa frase —”A los evasores hay que hacerlos mierda”—, pronunciada tras la experiencia de salvar a su hijo en un hospital público, sintetizaba su filosofía: la obligación tributaria como pilar del contrato social. Bajo su gestión se persiguieron casos emblemáticos como la “mafia del oro” y el escándalo IBM-Banco Nación, demostrando que ni el poder económico ni los vínculos políticos lo detenían.
La contradicción actual: ¿Incentivar la informalidad o fortalecer la ley?
Hoy, su legado contrasta con el discurso del gobierno de Javier Milei, que bajo el argumento de “remonetizar” la economía, busca atraer dólares informales sin exigir declaraciones rigurosas. 
Mientras Tacchi exigía facturación obligatoria y publicaba listas de deudores, el presidente afirma que los evasores “no son delincuentes, sino víctimas del Estado.
Esta ambivalencia —premiar la informalidad mientras se promete orden fiscal— debilita la credibilidad institucional y envía un mensaje peligroso: la norma es transable si el contexto lo justifica.

El riesgo de repetir errores históricos
Tacchi entendía que perdonar evasores solo perpetuaba la cultura del incumplimiento. En cambio, el actual titular de la DGI, Andrés Vázquez —acusado de ocultar US$ 2 millones en propiedades offshore— ejemplifica la hipocresía de un sistema donde quienes deben perseguir el delito lo cometen. La paradoja es evidente: ¿cómo combatir la evasión si sus máximos responsables eluden sus propias obligaciones?
Esta doble vara, lejos de ser una anécdota, es un problema institucional. Debilita el principio de legalidad, confunde a la ciudadanía y erosiona la cultura del cumplimiento tributario.
La evasión fiscal no es una picardía criolla. Es un delito que priva al Estado de recursos esenciales para garantizar derechos básicos. Afecta la equidad del sistema, perjudica al contribuyente honesto y reduce las chances de construir una estructura fiscal sólida, progresiva y eficiente

¿Qué hubiera dicho Tacchi?
El concordiense no habría aceptado atajos. Su fórmula combinaba coacción legítima (como inspecciones sorpresivas a grandes empresas) con “puentes de plata” (facilidades de pago para regularizar deudas). Para él, la confianza se construía con transparencia y consecuencia, no con amnistías.
Creo que vale la pena recordar figuras que demostraron que la integridad también puede ser una política pública. Carlos Tacchi, dejó un legado que trasciende los números: probó que la ética no es incompatible con la eficacia. Su rigor técnico y moral siguen siendo una referencia imprescindible frente a la tentación de premiar la informalidad. En un país que oscila entre el atajo y la norma, conviene no perder de vista que el respeto por la ley no es un obstáculo, sino la base de toda reconstrucción sostenible.
Hoy, Argentina enfrenta el mismo dilema: ¿Remonetización con impunidad o reformas estructurales? Tacchi ya dio su respuesta: “Los impuestos deben pagarse, sin importar el uso que el Estado haga de ellos”.
Argentina necesita dólares, sí. Pero no puede seguir trocando institucionalidad por dólares, más que eso, necesita previsibilidad, reglas claras, justicia fiscal y seguridad jurídica.

La remonetización es un objetivo válido, pero debe ser alcanzado mediante mecanismos legales, transparentes y sostenibles, no con atajos que premien la evasión.
No puede construirse una economía sólida sobre la base de excepciones, perdones fiscales y flexibilizaciones a medida. Cuando el pragmatismo pasa por encima del derecho, no se fortalece la economía: se profundiza la crisis de confianza. Y sin confianza, no hay inversión, no hay crecimiento, y no hay futuro.
En definitiva, como solía decir Tacchi: “Los impuestos deben pagarse. Lo demás es cuento. Lo único no negociable es cumplir la ley”.

Temas

• alvaro sierra

AUTOR

Álvaro Sierra

Comentarios

Para comentar, debés estar registrado

Por favor, iniciá sesión

INGRESA