Ni elefante ni fantasma: el Estado que la Argentina necesita
Una mañana cualquiera, un hombre entra a una oficina pública con una carpeta debajo del brazo. Lleva fotocopias, formularios, una constancia descargada de internet y otra que, por una razón que nadie consigue explicarle, debe presentar impresa. Espera cuarenta minutos. Cuando finalmente llega su turno, la empleada revisa los papeles y le informa que falta una firma.
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—Pero esa información ya la tiene el Estado —responde el hombre.
—Sí, pero pertenece a otro organismo.
El hombre guarda todo, respira profundo y se retira pensando que, tal vez, Javier Milei tenga razón cuando describe al Estado argentino como una máquina que muchas veces fabrica obstáculos en lugar de soluciones.
Esa misma tarde recibe una llamada. Su madre se descompensó y fue trasladada a un hospital público. La atendieron profesionales formados en una universidad nacional, llegó hasta allí por una calle construida con recursos públicos y accedió a medicamentos mediante un sistema que, aun con carencias y demoras, no le preguntó primero cuánto dinero tenía en su cuenta bancaria.
En pocas horas, el mismo ciudadano conoció las dos caras del Estado: la burocracia que demora y la institución que protege. Por eso, la discusión central no consiste en elegir entre tener Estado o eliminarlo. La pregunta seria es otra: qué Estado necesitamos, para cumplir qué funciones, con qué recursos, con qué resultados y al servicio de quién.
Orden fiscal: un acierto necesario
Hay que reconocerlo, incluso cuando incomode a una parte de la oposición: varias reformas impulsadas por el Gobierno nacional eran necesarias. La Argentina llevaba demasiado tiempo naturalizando el déficit permanente, la emisión monetaria, la inflación crónica y la utilización del aparato público como refugio de militantes, familiares, asesores y estructuras cuya utilidad concreta nadie podía demostrar.
El equilibrio fiscal no es una extravagancia ideológica ni una obsesión contable. Es una condición básica de estabilidad. Un Estado que gasta sistemáticamente más de lo que recauda termina financiándose con impuestos, deuda o emisión. Las tres vías tienen límites y, tarde o temprano, trasladan el costo a la sociedad, especialmente a quienes menos herramientas poseen para protegerse.
La baja de la inflación no es solamente una mejora estadística. Permite que un comerciante calcule sus costos con algo más de previsibilidad, reduce la pérdida de ingresos entre el comienzo y el final del mes y evita que una familia deba convertirse en especialista financiera para defender sus ahorros. La estabilidad también es una política social, porque la inflación castiga con mayor dureza a quienes viven de ingresos fijos y conservan sus recursos en pesos.
La política de desregulación tuvo, además, aspectos positivos. Según la información oficial, hasta junio de 2026 se habían dictado 689 normas de desregulación, modificado o eliminado 2.699 normativas y revisado más de 16.000 artículos. Detrás de esos números existen trámites redundantes, registros superpuestos y exigencias que, muchas veces, protegían más a una burocracia o a intereses establecidos que al ciudadano.
Eliminar formularios inútiles, digitalizar expedientes, simplificar habilitaciones, compartir información entre organismos y revisar estructuras duplicadas son reformas razonables.
Cuando la motosierra deja de distinguir
El problema aparece cuando una herramienta necesaria se transforma en una identidad política. Una motosierra puede cortar una rama seca, pero también puede dañar el tronco que sostiene al árbol. El Estado argentino requería una revisión profunda; revisar, sin embargo, no es arrasar. Reducir cargos políticos, organismos superpuestos o gastos sin finalidad no equivale a debilitar hospitales, universidades, infraestructura, ciencia, políticas de discapacidad o capacidades de regulación.
Desde la perspectiva de las finanzas públicas, el equilibrio de las cuentas responde solamente a una de las preguntas que debe formularse un gobierno. La buena gestión fiscal exige contestar al menos tres: cuánto se gasta, en qué se gasta y qué resultados produce ese gasto. Reducir el déficit puede resolver la primera dimensión, pero no garantiza por sí mismo una asignación inteligente ni una prestación eficiente.
La disciplina fiscal es indispensable, pero necesita criterio. Sin prioridades, el ajuste puede ser contablemente exitoso y económicamente miope.
Una parte del orden fiscal se obtuvo mediante la compresión de gastos y transferencias que cumplen funciones económicas y sociales relevantes.
La postergación de obras, el deterioro real de remuneraciones en áreas sensibles, la incertidumbre presupuestaria y la pérdida de equipos técnicos no siempre aparecen de inmediato en el resultado mensual del Tesoro. Sus efectos surgen después: rutas deterioradas, proyectos demorados, profesionales que se alejan, menor investigación, servicios saturados y costos productivos más altos.
La pregunta incómoda es inevitable: ¿qué ocurre cuando la macroeconomía comienza a ordenarse, pero una parte de las familias, las industrias, las pequeñas empresas y las economías regionales todavía no encuentra su lugar dentro de ese orden? No alcanza con responder que el mercado resolverá todo en algún momento. La política debe administrar la transición, porque las reformas estructurales generan costos concretos y no todos los sectores disponen del mismo tiempo ni de la misma capacidad para absorberlos.
Una economía no se desarrolla solamente porque el Tesoro deja de tener déficit. También necesita inversión, infraestructura, crédito, educación, innovación, empresas competitivas y trabajadores con ingresos suficientes para consumir.
El mercado necesita libertad, pero también caminos, energía, justicia, seguridad y capital humano. Y necesita un Estado capaz de impedir que la desregulación termine reemplazando la competencia por posiciones dominantes. Retirar controles inútiles puede ampliar la libertad; destruir toda capacidad de control puede dejar al ciudadano solo frente a actores mucho más poderosos.
Milei interpretó un enojo verdadero. Pero la casta no es la maestra que enseña en una escuela rural, el médico que cumple una guardia, el investigador que trabaja en un laboratorio, el empleado municipal que recoge residuos ni el administrativo que atiende correctamente a un contribuyente.
La casta aparece cuando el poder se utiliza para colocar amigos, garantizar impunidad, obtener negocios, eludir controles o convertir recursos públicos en patrimonio partidario
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Además, los privilegios no existen solamente dentro del Estado. También pueden aparecer en empresas protegidas de la competencia, sindicatos cerrados, corporaciones profesionales, concesionarios y organizaciones privadas que utilizan su influencia para obtener ventajas.
La reforma que todavía falta
La Argentina no necesita regresar al Estado desordenado, deficitario y colonizado por intereses políticos. Pero tampoco debe avanzar hacia un Estado ausente, incapaz de garantizar derechos, planificar el desarrollo o intervenir frente a desigualdades profundas.
El equilibrio fiscal debe incorporar una mirada intertemporal: no todo gasto es consumo y no todo ahorro genera riqueza. Postergar mantenimiento o inversión puede mejorar el presente contable a costa de empeorar el futuro económico.
En un país federal, además, el rediseño debe incluir a provincias y municipios, responsables de buena parte de los servicios que la población utiliza cada día. No existe un Estado nacional eficiente si el ajuste simplemente traslada obligaciones sin recursos a los niveles subnacionales.
La coordinación fiscal debe premiar la responsabilidad, pero también asegurar estándares mínimos de educación, salud, infraestructura y protección social en todo el territorio.
La Argentina necesita salir de la falsa elección entre un Estado elefante y un Estado fantasma. No debe volver al aparato burocrático que multiplicaba oficinas mientras los problemas seguían intactos. Pero tampoco puede aceptar un Estado reducido hasta la impotencia, que se retire de funciones esenciales bajo la expectativa de que todo será resuelto espontáneamente por el mercado.
La moderación no significa tibieza, neutralidad ni falta de convicciones. Significa distinguir. Defender con la misma firmeza el equilibrio fiscal y la inversión estratégica; eliminar privilegios sin abandonar derechos; promover la libertad económica sin renunciar a la competencia; reducir burocracia sin destruir capacidades; y comprender que el orden de la caja debe estar al servicio de un proyecto de desarrollo.
Significa reconocer que Milei tuvo razón al cuestionar el déficit, la inflación y una burocracia muchas veces ineficiente, pero también advertir que la motosierra, cuando deja de diferenciar entre lo inútil y lo indispensable, puede debilitar aquello que después resulta mucho más costoso reconstruir. Reconocer un acierto no obliga a justificar todas sus consecuencias; señalar un daño no exige negar todo el proceso de estabilización.
Los extremos ofrecen respuestas simples a problemas complejos. Uno promete que el Estado puede resolverlo todo sin restricciones; el otro sostiene que casi cualquier problema se resuelve retirándolo. Ambos alimentan la frustración y la división.
Tal vez el hombre de nuestra historia regrese algún día a aquella oficina. Quizás ya no tenga que llevar una carpeta ni presentar información que el propio Estado posee. Tal vez pueda completar el trámite desde su teléfono en pocos minutos, conocer el estado del expediente y reclamar si el plazo no se cumple.
Y si esa misma tarde su madre vuelve a necesitar atención, encontrará un hospital equipado, profesionales reconocidos y medicamentos disponibles. Ese sería un verdadero Estado moderno: uno que no molesta cuando no es necesario y que nunca desaparece cuando la sociedad más lo necesita.
El equilibrio fiscal debe ser el punto de partida, no el punto de llegada. Pero convertir la caja en la única medida del éxito también es una forma de fracaso: un presupuesto puede cerrar y, al mismo tiempo, dejar abiertas las heridas de una sociedad que pierde producción, infraestructura, conocimiento y oportunidades.
El país se reconstruirá cuando el orden fiscal se transforme en desarrollo, la eficiencia en confianza y la libertad en una posibilidad concreta para todos.
Ni elefante ni fantasma: un Estado que sepa retirarse donde estorba, actuar donde hace falta y permanecer, con firmeza, allí donde se juega el futuro de su gente.
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