Nación y provincias: ¿el conflicto que se viene?
La relación entre el presidente Javier Milei y los gobernadores atraviesa su punto más crítico desde el inicio de la actual gestión. La decisión del gobierno nacional de eliminar las transferencias discrecionales y paralizar la obra pública impactó de lleno en las provincias, muchas de las cuales dependían de esos fondos para sostener servicios esenciales, ejecutar planes de desarrollo e impulsar infraestructura.
En un país federal con profundas disparidades regionales, este desfinanciamiento generalizado plantea un interrogante central: ¿cuán viable es el modelo actual para las jurisdicciones subnacionales?
El recorte de recursos no se limita a una cuestión técnica o administrativa. Hoy, el 97% de los presupuestos provinciales se destina a gastos operativos: sueldos, mantenimiento básico de servicios, funcionamiento institucional. No hay margen para la inversión, ni capacidad de planificación a mediano plazo.
Aun así, el gobierno nacional insiste en que las provincias deben imitar su ajuste, sin reparar en que no parten del mismo punto de partida ni tienen las mismas herramientas. La Nación controla el 85% de los recursos fiscales y los estados subnacionales el 15%, mientras que las provincias y municipios cargan con la ejecución de funciones críticas como la educación, salud, seguridad, justicia y servicios públicos.
El federalismo argentino, ya erosionado por años de centralismo fiscal, enfrenta una crisis terminal. La responsabilidad de Milei no radica tanto en haber generado esta matriz –que viene de arrastre– sino en haberla profundizado sin contemplar mecanismos de compensación.
La situación actual revela una peligrosa asimetría institucional y económica, que amenaza no solo la gobernabilidad local, sino la cohesión del país en su conjunto.
Los indicadores están a la vista. Rutas nacionales abandonadas, hospitales con servicios suspendidos, conflictos docentes crecientes, falta de mantenimiento edilicio y cancelación de programas estratégicos son parte del paisaje cotidiano en muchas provincias.
La transferencia de responsabilidades sin transferencia de recursos (que comenzó en la década de los 90) no es solo una injusticia: es un factor de desestabilización política y social.
El caso de Entre Ríos: desfinanciamiento sin precedentes
Entre Ríos es un ejemplo paradigmático de esta crisis federal. Con un presupuesto provincial fuertemente condicionado por la masa salarial –más del 95% de los recursos se destinan a sueldos y funcionamiento del Estado–, la eliminación de transferencias discrecionales y la parálisis de la obra pública han generado un virtual congelamiento de la inversión provincial.
Asimismo, se recortaron desde nación los aportes al Fondo de Incentivo Docente y al transporte urbano de pasajeros, se suspendieron los fondos destinados a cubrir el déficit de la caja previsional provincial, y se redujeron al mínimo las transferencias para infraestructura, educación y salud. Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) prácticamente colapsaron en 2024, con una recuperación parcial en 2025, aunque de manera desigual y discrecional.
Frente a esta situación, el gobernador ha impulsado algunas acciones judiciales contra el Gobierno nacional, entre ellas una demanda ante la Corte Suprema reclamando alrededor de $154.600 millones por el incumplimiento del Régimen de Asistencia Financiera para cubrir el déficit previsional. También exige el pago de montos adeudados por excedentes de la represa de Salto Grande y por obras públicas nacionales contratadas en gestiones anteriores cuya financiación fue suspendida, por un estimado adicional de $10.000 millones.
Sin embargo, más allá de esas acciones puntuales, no se percibe hasta el momento una estrategia política provincial clara ni un posicionamiento más firme en defensa de los recursos que la provincia ha dejado de percibir. A ello se suma que, con el paso del tiempo, la situación tiende a agravarse: la provincia aún no ha logrado fortalecer su solvencia fiscal ni avanzar de manera sustantiva en una mayor autonomía financiera. Persisten limitaciones en materia tributaria y no se han generado, hasta ahora, las condiciones necesarias para dinamizar la actividad productiva y promover un crecimiento sostenido.
La obra pública nacional en Entre Ríos, que en años anteriores incluyó rutas estratégicas, escuelas, centros de salud y obras hídricas, hoy está totalmente paralizada. Proyectos clave como la autovía sobre la ruta 18, la ampliación de redes cloacales o las defensas costeras en ciudades ribereñas fueron interrumpidos sin fecha de reactivación.
A pesar de intentar la provincia mostrar responsabilidad fiscal y equilibrio en sus cuentas, carece de financiamiento alternativo para continuar estas obras por sí sola. Además, la caída en la recaudación propia y en la coparticipación, producto de la recesión inducida por el ajuste nacional, redujo aún más el margen de acción.
El modelo nacional actual no ofrece respuestas estructurales y deja a las provincias sin herramientas ante la crisis. La situación se agrava en los municipios, que dependen en buena medida de fondos provinciales y cuya recaudación se ha desplomado.
El costo del ajuste: superávit a expensas del Estado federal
La administración nacional celebra su superávit fiscal como un logro de gestión. Sin embargo, ese equilibrio se logró trasladando el costo del ajuste al interior del país. Se eliminaron como lo mencionáramos anteriormente giros discrecionales, se interrumpió la inversión pública y se redujeron al mínimo las transferencias para infraestructura, educación y salud.
La Corte Suprema tiene más de 30 causas originadas por 16 provincias que demandan al Estado nacional el pago de fondos recortados (educación, transporte, cajas previsionales, Ganancias, etc.), por un monto acumulado cercano a mil millones de dólares.
Lejos de representar un ahorro genuino, esta estrategia hipoteca el desarrollo futuro, especialmente en regiones donde la inversión nacional era el único dinamizador de actividad económica.
El caso de la obra pública es paradigmático. La falta de inversión en rutas y caminos no solo agrava las condiciones de vida y la conectividad, sino que encarece exponencialmente los costos de mantenimiento futuros, afecta la competitividad del sistema productivo y, lo que es aún más grave, contribuye al aumento de los accidentes viales evitables. Estos costos humanos y económicos difícilmente pueden ser reducidos a una lógica fiscalista.
¿Rebelión de los gobernadores?
La tensión acumulada empieza a traducirse en movimientos políticos concretos. Gobernadores de distintos signos ideológicos ya expresaron su malestar por la falta de diálogo y la ausencia de un plan federal que contemple sus realidades.
En varias provincias, se evalúan caminos alternativos de financiamiento y hasta alianzas para reclamar un rediseño del sistema de reparto. La posibilidad de una rebelión fiscal o institucional, aunque hoy aún incipiente, no puede descartarse si la presión sigue aumentando.
En paralelo, la recesión económica –potenciada por la política monetaria y fiscal de la Nación– deteriora la recaudación propia de los gobiernos subnacionales y achica los fondos coparticipables. El modelo actual de recentralización de recursos y descentralización de funciones no es sostenible, ni política ni económicamente.
Una advertencia necesaria
La discusión de fondo no es solo coyuntural ni partidaria. Lo que está en juego es el funcionamiento mismo del federalismo argentino. Sin una reforma que equilibres competencias con recursos, y sin una mirada estratégica que reconozca las particularidades regionales, el sistema tiende al colapso. Y con él, se desdibuja la posibilidad de un país integrado, equitativo y funcional.
Milei asumió con el mandato de cambiar las reglas de juego. Pero la transformación que propone no puede construirse sobre la ruina de las provincias. La estabilidad macroeconómica no es suficiente si no se acompaña de un modelo institucional que garantice cohesión territorial, inversión pública inteligente y autonomía fiscal subnacional.
De lo contrario, el superávit nacional será apenas un espejismo, sostenido sobre la creciente inviabilidad del interior argentino.
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