Lo que dejó 2025 visto desde las finanzas públicas

Si tuviera que resumir el año en una sola frase, diría esto: la macroeconomía puede ordenar números, pero si no ordena expectativas, instituciones y vida cotidiana, el ajuste se vuelve frágil.

El hilo conductor fue siempre el mismo: mirar la economía con lentes de finanzas públicas. No para “hacer contabilidad”, sino para entender el poder real del Estado —nación, provincias y municipios— para sostener reglas, financiar derechos, invertir con inteligencia y, a la vez, no asfixiar al contribuyente que produce y trabaja.

En ese recorrido, una de las discusiones que reapareció varias veces fue el choque entre estabilidad y calle. En notas como “La Paradoja Milei: estabilidad macroeconómica, crisis en la calle” y también en textos sobre el “Modelo Milei” o “Argentina en recesión: ¿ajuste necesario o error histórico?”, intenté ponerle nombre a un fenómeno que suele quedar oculto: se puede mostrar orden en ciertas variables, pero si el tejido social y productivo se rompe, el costo no es solo humano; también es fiscal, político y, finalmente, macroeconómico. La idea fuerza fue clara: no hay programa económico sostenible si la economía real no empieza a mejorar de manera verificable, porque la legitimidad social es un insumo del equilibrio fiscal tanto como lo son la recaudación o el gasto.

Por eso, otra pieza central del año fue la recaudación y su relación con la actividad. En la columna “La recaudación que cae y la actividad que no arranca” tomé la recaudación como termómetro: cuando el ingreso público cae en términos reales, no estamos ante un dato técnico aislado, sino ante el retrato de una economía que no rebota y de un Estado que, por más que ajuste, se enfrenta a la “manta corta” de siempre. Allí la conclusión fue incómoda, pero necesaria: sin crecimiento y sin bases imponibles sanas, el orden fiscal se vuelve un equilibrio inestable, más cercano a una tregua que a una consolidación.

En paralelo, la discusión de fondo fue institucional: cómo se gobierna un ajuste, cómo se diseña un presupuesto, cómo se construye credibilidad. En “Presupuesto 2026: equilibrio fiscal, vulnerabilidad política y la prueba del realismo” el foco estuvo en que el presupuesto no es un trámite; es el contrato fiscal y político que le dice a la sociedad qué se prioriza, qué se posterga y con qué supuestos se está jugando. Un presupuesto creíble reduce discrecionalidad y baja incertidumbre; uno irrealista alimenta desconfianza. Y esa desconfianza se paga con tasa de interés, con riesgo país, con falta de inversión, y, al final, con más ajuste.

Ese mismo eje político-institucional lo abordé desde otro ángulo en “El gobierno de Milei: el Teorema de Baglini y la teoría del ‘pato rengo’” y en la nota sobre el país “modelo” que vota en contra de su propio “éxito”. Allí el mensaje fue directo: cuando el discurso de éxito no coincide con la vida cotidiana, aparece el voto castigo; y cuando las promesas son maximalistas pero la gobernabilidad es limitada, la realidad impone límites. La conclusión, sin vueltas, fue que la política condiciona a la economía: sin construcción legislativa, sin acuerdos mínimos y sin reglas claras, las reformas se vuelven frágiles, aunque sean técnicamente defendibles.

Otra línea fuerte del año fue el debate sobre informalidad, control estatal y moral tributaria, un tema que vuelve cada vez que se pretende “normalizar” la economía apelando a mecanismos extraordinarios. En “Remonetización o impunidad: el riesgo de premiar la informalidad” y, ya hacia fin de año, en “Ley de Inocencia Fiscal: ¿alivio para el contribuyente o premio para el evasor?”, busqué separar el eslogan del problema real: es atendible revisar regímenes informativos masivos que se volvieron caros e ineficientes, pero es peligroso construir la idea de que el que incumple siempre termina ganando. La idea fuerza fue que el Estado no necesita mirar a todos todo el tiempo; necesita mirar mejor, con inteligencia, proporcionalidad y foco en quienes realmente operan por fuera del sistema. Y la conclusión fue que, si la desburocratización no se integra en una estrategia macro-institucional consistente, puede deteriorar la confianza, alimentar la informalidad y, en el mediano plazo, debilitar el propio financiamiento del Estado.

El año también tuvo capítulos dedicados a reformas estructurales: tributarias, laborales y previsionales. En la nota “Hacia un rediseño integral del sistema previsional argentino: equidad, sostenibilidad y racionalidad fiscal” el punto fue que el sistema previsional se transformó en uno de los nudos más pesados y delicados de la Argentina. No hay sostenibilidad fiscal sin una discusión previsional seria, pero tampoco hay justicia social sin un sistema que sea equitativo y comprensible. Allí la conclusión buscó correr la discusión del prejuicio: ordenar previsión no es una bandera ideológica; es una necesidad estructural, y cuanto más se patea, más se paga en crisis recurrentes y litigiosidad.

En el plano productivo, varias columnas giraron alrededor de una pregunta central: ¿cómo crecer de verdad en un mundo que cambió? En “Apertura comercial sin estrategia: ¿exportar más para producir menos?” y en textos sobre la industria y las estructuras productivas desequilibradas, la idea fuerza fue que abrirse no es malo en sí mismo, pero abrirse sin competitividad sistémica puede destruir tejido local. No se trata de “cerrar” o “abrir” como dogma, sino de construir capacidades: logística, crédito, infraestructura, tecnología y reglas estables. El corolario fue que Argentina no puede volver a equivocarse: si la apertura llega antes que la productividad, el resultado es desindustrialización; si la productividad llega con una estrategia, el resultado puede ser exportación y empleo formal.

A ese debate se sumó el capítulo de inversión. En “Inversión extranjera en espera: claves para entender la caída de la IED” el mensaje fue simple: las inversiones no llegan por deseo, llegan por previsibilidad. Y esa previsibilidad es macro, pero también micro e institucional: reglas de juego, justicia, estabilidad tributaria razonable, capacidad estatal y un horizonte de demanda.

Pero 2025 no se explicó solo con Nación y mundo. Una parte clave de la agenda —y una de las más sensibles para el elector— fue la relación Nación–provincias–municipios. En “El desfinanciamiento de las provincias como pilar del superávit nacional” y en “Nación y provincias: ¿el conflicto que se viene?” el eje fue el federalismo fiscal real: cuando la Nación logra orden a costa de recortar o trasladar cargas hacia provincias y municipios, se genera una tensión que tarde o temprano vuelve en forma de conflicto político, caída de inversión local o deterioro de servicios. La idea fuerza fue que sin coordinación fiscal, el país entra en una pelea por recursos. Y la conclusión: el orden nacional puede ser frágil si el interior se vuelve inviable.

En esa misma clave trabajé específicamente Entre Ríos en “El nuevo endeudamiento de Entre Ríos: un problema de ingresos más que de deuda”. Allí la idea fuerza fue diferenciar deuda como herramienta versus deuda como síntoma: muchas veces el problema central no es el stock de deuda, sino la caída de ingresos, la rigidez del gasto y la falta de un plan plurianual serio. La conclusión fue que el endeudamiento puede ser razonable si financia inversión y si existe estrategia de repago; pero se vuelve una carga cuando se usa para tapar agujeros sin corregir la estructura.

Y si hay un nivel del Estado donde los debates se vuelven tangibles, es el municipal. Por eso, varias notas se apoyaron en un mensaje insistente: los municipios no pueden quedar como espectadores. En “El rol protagónico de los gobiernos municipales en los próximos años” sostuve que lo local ya no es administración de rutina; es desarrollo, datos, digitalización, ordenamiento, planificación y cercanía con el ciudadano. En esa línea, también abordé uno de los golpes más directos a la caja municipal: el debate sobre la tasa de alumbrado y su financiamiento. En las columnas “Tasa de alumbrado: el golpe a las finanzas locales que nadie quiso ver” y “Tasa de Alumbrado Público: procrastinar no ayuda”, el mensaje fue que los cambios regulatorios y judiciales pueden desfinanciar a los municipios en muy poco tiempo, y que negar el problema es la peor estrategia. La conclusión fue que se necesita reacción técnica y política: diversificar recursos, modernizar la administración tributaria y diseñar instrumentos más transparentes y defendibles.
Una parte del año estuvo dedicada a pensar el largo plazo: capital humano, demografía, juventud, tercera edad y el impacto tecnológico. En “Juventud y Tercera Edad: un equilibrio necesario para el desarrollo argentino” trabajé el desafío intergeneracional: sin empleo joven y sin protección razonable para mayores, el contrato social se rompe y la sostenibilidad fiscal también. En esa misma línea, en notas sobre educación y el caso chino, sostuve que el debate sobre ciencia, educación e innovación no es ornamental: es el corazón del desarrollo. La idea fuerza fue que los países que hoy lideran invirtieron durante décadas en cerebros, y la conclusión fue una advertencia: recortar capacidades en nombre del corto plazo es “ahorrar” futuro.
Por eso cerré el año con una reflexión que, de algún modo, resume todo: en “La trampa del ingreso medio: el error de recortar donde se crece” y también en la columna sobre la Ley de Inocencia Fiscal, la preocupación de fondo fue la misma: Argentina corre el riesgo de discutir solo el día a día —la coyuntura, la urgencia, la pelea— y descuidar lo esencial: instituciones, productividad, capital humano, federalismo y un Estado capaz. Ajustar sin plan de desarrollo es un equilibrio contable; no es un proyecto.
Si algo quise dejarle al lector a lo largo de 2025 es una convicción: la economía no se arregla con slogans ni con milagros; se arregla con reglas, coordinación y trabajo sostenido. Y, sobre todo, con una política que tenga la madurez de pensar más allá del próximo titular.
Para terminar, quiero agradecer especialmente a Diario El Heraldo por el espacio y por la posibilidad de analizar y opinar durante todo 2025 con total libertad, como especialista en finanzas públicas. En tiempos donde la discusión pública muchas veces se simplifica o se polariza, contar con un ámbito para argumentar, proponer y debatir con seriedad es, también, un servicio a la democracia y a la ciudadanía.
 

Temas

• finanzas

AUTOR

Álvaro Sierra

Comentarios

Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión

INGRESA