La gran pregunta fiscal del siglo XXI: ¿cómo financiarse en una economía que cambió?

En la Argentina, la discusión económica suele girar siempre alrededor de las mismas variables: inflación, dólar, ajuste, actividad, tasas de interés. Pero mientras el debate público sigue atrapado en esa coyuntura, debajo de la superficie se está desarrollando un problema mucho más profundo, más silencioso y probablemente más decisivo para el futuro del Estado: la crisis de adecuación entre los sistemas tributarios vigentes y la nueva estructura de la economía.

No es un problema ideológico. Tampoco es una discusión entre más impuestos o menos impuestos. Es un problema estructural de capacidad estatal. En otras palabras: el mundo cambió más rápido que las administraciones tributarias. Y cuando la economía cambia de naturaleza, también cambia la posibilidad real del Estado de identificar, medir y gravar aquello que genera ingresos, valor y acumulación.
Ese diagnóstico ya no surge solamente de la academia. En la reunión de administradores tributarios organizada por el CIAT en Montevideo en 2025 se identificaron 120 desafíos y oportunidades para las administraciones fiscales, agrupados en cinco grandes bloques: recursos humanos, tecnología, gestión de riesgos, gestión institucional y sistema tributario. Es decir: los propios organismos recaudadores del mundo ya están admitiendo que el problema excede la evasión tradicional y que compromete el funcionamiento futuro de la recaudación.

Uno de los datos más reveladores aparece en el plano de los recursos humanos. En el bloque específico sobre capital institucional, la principal preocupación fue la pérdida de talento por jubilaciones, salarios poco competitivos, condiciones laborales menos atractivas y cambio generacional. El CIAT la ubicó al tope de ese bloque con una valoración promedio de 8,2. La OECD, por su parte, agregó otro dato igual de elocuente: en promedio, 28% del personal de las administraciones tributarias relevadas ya tiene 55 años o más, lo que anticipa una pérdida adicional de conocimiento acumulado en los próximos años.
Esto obliga a reinterpretar algo que muchas veces se presenta como simple “modernización”. La automatización del control tributario no es solo una mejora tecnológica: en buena medida es una respuesta defensiva frente al deterioro del capital humano especializado. A escala internacional, la OECD registra que 72% de las administraciones tributarias ya utiliza inteligencia artificial; sus usos más frecuentes son la detección de evasión y fraude, la evaluación de riesgos y la asistencia virtual al contribuyente. 
Al mismo tiempo, el organismo aclara que ninguna administración reportó utilizar IA para adoptar decisiones administrativas finales. En paralelo, alrededor de 85% ya dispone de sistemas que detectan automáticamente errores o inconsistencias en los datos provistos por los contribuyentes.
Pero la tecnología no resuelve por sí sola el problema central. El verdadero desajuste está en la base económica sobre la cual fue construido el sistema tributario moderno. Durante décadas, los tributos se diseñaron para gravar hechos relativamente visibles y localizables: producción fabril, comercio físico, trabajo asalariado registrado, consumo presencial, patrimonio identificable territorialmente.

Hoy, en cambio, una parte creciente del valor se genera a través de servicios digitales, plataformas, activos intangibles, comercio transfronterizo, trabajo remoto, criptoactivos y esquemas empresariales con localización difusa.
Ese corrimiento ya aparece explícitamente en la agenda internacional. En el bloque “sistema tributario” del trabajo del CIAT, los desafíos más relevantes fueron la legislación y gestión de criptoactivos (8,8 puntos), la legislación y supervisión de servicios digitales prestados por no residentes (7,9), las nuevas reglas tributarias internacionales vinculadas a intangibles y planificación global (7,9) y, además, la informalidad y la administración de regímenes simplificados (7,3). La señal es inequívoca: las dificultades centrales ya no están solo en la vieja evasión, sino en la creciente distancia entre normas tributarias pensadas para economías territoriales y una economía que se desmaterializa.
Por eso, del lado de las oportunidades, el mismo estudio ubica en el primer lugar la simplificación y modernización de la normativa tributaria y de la comunicación con el contribuyente, con una valoración promedio de 8,4. En paralelo, también aparece como prioridad institucional la confianza de contribuyentes y ciudadanos en la administración tributaria. 
Esto es clave: cuando la economía se vuelve más compleja y menos observable, la sustentabilidad recaudatoria depende no solo de fiscalizar mejor, sino también de reducir costos de cumplimiento, dar previsibilidad y reconstruir legitimidad.
La OECD viene formulando este mismo diagnóstico desde otra perspectiva. Su enfoque de Tax Administration 3.0 parte de una idea sencilla pero disruptiva: la administración tributaria del futuro ya no puede descansar únicamente en controles ex post y declaraciones juradas tradicionales, sino que debe integrarse a los “sistemas naturales” en los que operan empresas y contribuyentes. En otras palabras, la tributación tiende a desplazarse desde el expediente y la inspección hacia el dato, la interoperabilidad y la trazabilidad en tiempo real.
Argentina no está fuera de este proceso. Al contrario: ya exhibe varios síntomas de esta transición. La actual ARCA mantiene y actualiza regímenes informativos sobre operaciones financieras, aplica percepciones de IVA sobre servicios digitales, prevé regímenes especiales para operaciones concertadas a través de plataformas digitales, desarrolla esquemas de presentaciones digitales y participa en mecanismos de intercambio internacional de información financiera bajo estándares CRS/FATCA.
Todo eso muestra un Estado que intenta ampliar su capacidad de observación a través de datos, interfaces y trazabilidad porque la economía real se le escapa cada vez más por los canales tradicionales.
Sin embargo, esa expansión de información no equivale, por sí sola, a una solución estructural. De hecho, en la Argentina convive una mayor densidad de controles digitales con niveles todavía muy elevados de informalidad. En la medición específica difundida por INDEC para el cuarto trimestre de 2024, la tasa de empleo informal alcanzó el 42,0%. Eso sugiere que el problema no pasa solamente por recolectar más datos, sino por la dificultad de gravar de manera consistente una economía crecientemente fragmentada, precarizada y desplazada hacia formas de inserción más difíciles de capturar.
Por eso, seguir discutiendo el sistema tributario solo en términos de presión fiscal, alícuotas o incentivos aislados es mirar una parte muy limitada del problema. El interrogante de fondo es otro: si el Estado del siglo XXI puede seguir financiándose con instrumentos diseñados para la economía del siglo XX. Y la respuesta, al menos hoy, no es obvia.
La cuestión decisiva no será únicamente cuánto se paga, sino qué se puede gravar, dónde se lo puede gravar y con qué capacidades institucionales se lo puede administrar.
Si el valor económico se vuelve más intangible, más móvil y menos territorial; si el empleo se informaliza o se fragmenta; si el conocimiento técnico escasea dentro del propio Estado; y si la legitimidad fiscal se deteriora, entonces la crisis ya no es meramente tributaria: es una crisis de sustentabilidad del financiamiento público.
El mundo ya lo está viendo: recaudar dejó de ser sólo un tema de voluntad y pasó a ser un problema de capacidad. Cuando el valor se mueve por lo intangible, lo digital y lo transfronterizo, el Estado no pierde sólo ingresos: pierde trazabilidad y control. Y cuando eso ocurre, el financiamiento público entra en crisis no por una decisión política, sino porque el sistema quedó viejo para la economía real.

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AUTOR

Álvaro Sierra

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