El precio del crédito: el ajuste que frena inversión y empleo
El plan puede bajar inflación y ordenar el frente fiscal, pero si no reconstruye el mercado de crédito queda sin motor.
La economía argentina volvió a recibir esta semana una señal que no admite eufemismos: el dinero sigue siendo caro. En la primera licitación del Tesoro de 2026, el Estado logró renovar casi la totalidad de sus vencimientos, pero pagando tasas que rozaron el 50% anual en instrumentos de corto plazo.
El dato no es menor: implica que, aun con disciplina fiscal y un discurso oficial enfocado en “orden macro”, el mercado sigue exigiendo una prima elevada para prestarle a Argentina, incluso a plazos breves.
El resultado oficial de la licitación lo confirma con precisión: en la reapertura de una letra capitalizable con vencimiento en febrero, la tasa efectiva anual convalidada fue 49,16%.
Ese número no queda encerrado en una planilla del Ministerio de Economía. Funciona como “tasa madre” del sistema. Si el Tesoro —que es el demandante dominante de fondos en pesos— paga ese rendimiento para refinanciarse, el sistema financiero replica el costo hacia abajo: los bancos se fondean más caro, el crédito al sector privado se encarece, los plazos se acortan y el financiamiento productivo pasa a ser un lujo.
En la Argentina real, la tasa no es un indicador técnico: es una frontera concreta entre producir o achicarse, invertir o sobrevivir, competir o resignarse.
Para las pymes, el impacto es inmediato. Una empresa que trabaja con márgenes ajustados necesita crédito para capital de trabajo: comprar insumos, financiar inventarios, cubrir logística, pagar salarios entre la compra y el cobro, descontar cheques, sostener exportaciones hasta el ingreso de divisas. Cuando el costo financiero se dispara, la pyme queda atrapada en una “pinza”: por un lado, los costos operativos y tributarios; por el otro, una tasa que actúa como impuesto adicional al capital. El crédito deja de ser herramienta y se vuelve castigo.
Para las familias ocurre algo similar, aunque con otro lenguaje: tasa de tarjeta, préstamo personal, crédito prendario, refinanciación, mora, sobreendeudamiento. Con dinero caro, el consumo durable cae, la renovación de bienes se posterga, la vivienda se vuelve inaccesible y el salario real queda más expuesto a shocks. Y hay un efecto silencioso, pero decisivo: cuando el crédito formal se restringe, crece el financiamiento informal (más caro y más riesgoso), con consecuencias sociales que luego terminan absorbiéndose en el sistema de asistencia pública, en la litigiosidad y en la conflictividad cotidiana.
El problema no es solo que la tasa sea alta. Es que la tasa alta convive con una estructura financiera todavía frágil y poco profunda. Según el propio Banco Central, a fines de 2025 el crédito al sector privado (incluyendo préstamos en dólares) alcanzó 11,6% del PIB.
Es un número bajo para cualquier economía que aspire a crecer sostenidamente con inversión privada. En países vecinos, el crédito funciona como transmisión de productividad: financia tecnología, moderniza procesos, permite exportar más, multiplica escala. En Argentina, el crédito aparece como un fenómeno episódico, corto, defensivo, y altamente sensible al riesgo soberano.
Aquí aparece el núcleo del problema: el Estado y el sector privado compiten por el mismo ahorro disponible. Cuando el Tesoro necesita refinanciar vencimientos grandes y lo hace ofreciendo tasas elevadas, produce un efecto clásico de crowding out: desplaza al sector productivo del mercado de fondos prestables. Y como el ahorro en moneda local es escaso —por razones históricas y presentes—, la puja se resuelve siempre de la misma forma: sube el precio del dinero.
En este punto, la comparación internacional no busca humillar a la Argentina, sino dimensionar la desventaja competitiva. En Estados Unidos, la tasa de referencia se ubica en un rango cercano a 3,50%–3,75%. En Chile, la tasa de política monetaria cerró 2025 en 4,5%. En México, el banco central la redujo a 7% en diciembre y discute ajustes graduales. En Brasil, aun con una de las tasas más elevadas de la región, la Selic se encuentra en 15%.
Argentina, en cambio, opera con instrumentos cortos del Tesoro con tasas cercanas a 50% anual, que terminan filtrándose al resto del sistema.
Esa brecha no es un detalle: es un diferencial de costo de capital que define quién puede invertir, innovar y exportar, y quién queda condenado a administrar urgencias.
El Gobierno suele responder que la tasa alta es el costo inevitable de estabilizar: que hay que “pagar por la credibilidad”, sostener la demanda de pesos y evitar tensiones cambiarias.
En términos macroeconómicos, el argumento tiene lógica: con inflación todavía elevada, el mercado exige un premio para quedarse en moneda local; además, con restricciones en el balance del Banco Central, la política monetaria tiende a ser contractiva. El problema es que la estabilización, si no reconstruye el mercado de crédito, se vuelve un programa sin motor. Ordena, pero no tracciona.
Cuando el riesgo argentino se mantiene elevado, el mercado interpreta que cualquier flujo futuro está bajo amenaza: cambios regulatorios, controles, restricciones a pagos, eventuales reestructuraciones, conflictos judiciales. Y eso se traduce en spreads. En síntesis: Argentina paga caro porque el mundo todavía percibe que el contrato financiero argentino es frágil.
La consecuencia competitiva es brutal. Una pyme argentina que exporta o compite con importados enfrenta costos dolarizados en insumos, tecnología, energía y logística, pero debe financiarse con una tasa que no existe en sus competidores. A igual productividad, pierde. A igual calidad, queda más cara. A igual precio, reduce margen y capitaliza menos.
La macro puede celebrar el equilibrio fiscal o la desaceleración inflacionaria, pero la micro vive otra película: empresas que no pueden financiar un ciclo de producción, que cortan turnos, que bajan stock, que se achican por prevención y no por falta de demanda.
Y esto no afecta solo al sector privado: también daña las finanzas públicas. Cuando el crédito se encarece y la actividad se frena, la recaudación se debilita. Se reduce el IVA, cae el impuesto a las ganancias, se resiente la seguridad social, se desploman ingresos provinciales y municipales atados al consumo y a la actividad.
En finanzas públicas, esto tiene un nombre: inconsistencia intertemporal. Podes ajustar hoy, pero si destruís el crédito y la inversión, comprometés la base tributaria del mañana.
Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque el Gobierno —y parte del debate público— tiende a confundir dos planos. Cree que estabilizar precios equivale automáticamente a reconstruir crédito. Pero el crédito no nace de la inflación baja únicamente. El crédito nace de tres pilares: confianza contractual, profundidad financiera y reglas de juego estables. Argentina arrastra décadas de reestructuraciones, cambios de moneda, controles, defaults selectivos, alteraciones regulatorias y shocks políticos. El mercado no presta a largo plazo porque no puede proyectar a largo plazo. Y si presta, lo hace caro.
Además, el programa económico parece subestimar que una economía puede ordenar nominalidad, podes bajar la inflación, pero si el riesgo país permanece alto, el crédito en dólares seguirá siendo caro; y si el Tesoro necesita seguir refinanciando a tasas elevadas, el crédito en pesos seguirá caro también. El sistema queda atrapado entre dos techos: el riesgo país y el rollover permanente.
El dilema, en definitiva, es político y económico a la vez. La sociedad está dispuesta a tolerar un esfuerzo de estabilización cuando percibe un horizonte de mejora. Pero si ese esfuerzo se convierte en una trampa donde el crédito no aparece, la inversión no despega y la competencia se pierde, la estabilización se vuelve socialmente inviable.
Y si esto no se revierte, el riesgo es claro y tiene nombre: desindustrialización silenciosa. No porque “cierren fábricas” de un día para otro, sino porque el tejido pyme se achica lentamente: menos reposición, menos tecnología, menos capital humano, menos exportación, menos escala. Las familias ajustan consumo y se endeudan peor. El Estado recauda menos y enfrenta más demandas. La economía se vuelve más chica, más rígida y más desigual.
El costo del dinero no es un tema de banqueros: es un tema de competencia, empleo y desarrollo. Y mientras Argentina siga pagando tasas que no existen en el mundo para financiar lo básico, las pymes y las familias seguirán corriendo una carrera internacional con una mochila de plomo. Sin crédito accesible, no hay capitalismo posible; y sin inversión sostenida, no hay estabilidad durable.

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