El nuevo endeudamiento de Entre Ríos: un problema de ingresos más que de deuda
La reciente aprobación en la Legislatura provincial de un endeudamiento por 500 millones de dólares abrió un intenso debate político sobre las finanzas públicas de Entre Ríos.
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Sin embargo, es importante aclarar que la provincia no enfrenta un problema de endeudamiento estructural, sino una crisis de liquidez derivada principalmente de la fuerte caída de los ingresos, en particular las transferencias nacionales.
Es importante señalar que el gobierno ya contaba con autorización en el presupuesto 2025 para tomar endeudamiento, pero para este caso el propósito era la inversión pública y cubrir déficits estacionales.
Este contexto se vio agravado por una respuesta local que no demostró adecuadamente los desafíos previsibles que se avecinaban.
La deuda no es el problema
A marzo de 2025, el stock de deuda de Entre Ríos ascendía a 725 millones de dólares (74% de los recursos), prácticamente el mismo nivel que al inicio de la actual gestión (USD 742 millones). Esto se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Ley de Responsabilidad Fiscal, a la que se encuentra adherida nuestra provincia.
El servicio de la deuda para el 2025 equivale aproximadamente al 8% de los ingresos, un porcentaje sostenible en comparación con otras provincias.
Es decir, Entre Ríos no está sobreendeudada ni enfrenta un riesgo inmediato de default.
El nuevo endeudamiento responde a una necesidad distinta: compensar la abrupta caída de los ingresos corrientes que dejó a la provincia sin margen para cubrir sus gastos operativos básicos y, al mismo tiempo, asegurar la sostenibilidad de los compromisos financieros ya asumidos.
Es extraño que, ante esta situación, el oficialismo y la oposición se culpen mutuamente en lugar de reconocer la realidad. Mientras el oficialismo habla de “deuda heredada”, la oposición responde con la “mala administración”. Decir la verdad a los entrerrianos sobre la situación financiera sería más sencillo y beneficioso para todos que una disputa de narrativas.
El efecto de las políticas nacionales
La política de ajuste del Gobierno nacional para alcanzar el déficit cero impactó de manera directa sobre las provincias.
La reducción de transferencias discrecionales, la eliminación de fondos claves como el FONID y el Fondo Compensador del Transporte, la retención de aportes para cubrir los déficits previsionales, y la caída real de la coparticipación federal (10% en promedio) explican la pérdida de recursos.
Este escenario obligó al gobernador Rogelio Frigerio a realizar múltiples reclamos ante la Nación, inclusive recurriendo a la vía judicial para exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas por ley, y garantizar la llegada de fondos que constitucionalmente corresponden a la provincia.
Además, a este cuadro debemos agregarle la caída de la recaudación propia que en el 2024 fue de un 12% en términos reales, producto de la recesión económica que atraviesa el país.
En una provincia donde el 80% de los ingresos dependen de la Nación, este recorte generó un desfinanciamiento inmediato que obligó a buscar financiamiento en los mercados, aun en condiciones poco favorables.
A pesar de la situación, en el año 2024 solo cuatro provincias cerraron con déficit fiscal, mientras que el resto, incluyendo nuestra provincia, tuvieron superávit. Este logro fue posible gracias al esfuerzo de las provincias, que se vieron forzadas a realizar una drástica reducción de sus erogaciones en promedio de un 15% real en el 2024 , en respuesta a la fuerte caída de los ingresos.
La falta de previsión provincial
Ahora bien, si bien el contexto nacional explica la mayor parte del problema, la provincia tampoco actuó con la previsión necesaria.
La administración tributaria entrerriana no mostró avances significativos en eficiencia recaudatoria ni en diversificación de recursos propios.
Del mismo modo, la planificación financiera no se ajustó a un escenario que era, en gran medida, previsible: las medidas de ajuste fueron anunciadas por el presidente Javier Milei incluso antes de asumir.
Esto llevó a que la provincia deba salir de manera apresurada a buscar financiamiento en condiciones poco favorables, en un mercado restringido y con una calificación crediticia débil (B+ con perspectiva negativa), lo que seguramente elevará los costos del endeudamiento.
Qué debería hacer la provincia hacia adelante
El nuevo endeudamiento no es en sí mismo negativo: permite garantizar la sostenibilidad fiscal de corto plazo. Pero sí resulta problemático que no esté acompañado de un plan económico y financiero integral que asegure capacidad de repago futuro.
De aquí en adelante, Entre Ríos debería avanzar en tres frentes principales:
1) Mejorar la autonomía fiscal: incrementar la eficiencia de la administración tributaria y diversificar la base impositiva para reducir la dependencia de la Nación,
2) Diseñar un programa financiero plurianual: prever escenarios de recesión prolongada y caída de transferencias, estableciendo un esquema claro de financiamiento sostenible,
y 3) Definir prioridades de gasto: proteger los servicios esenciales y evitar que el endeudamiento se destine exclusivamente a cubrir déficit operativo sin mejorar la capacidad productiva de la provincia.
En conclusión
El endeudamiento de 500 millones de dólares no responde a un problema heredado ni a un desmanejo de la actual gestión, sino a la combinación de un desfinanciamiento nacional inédito y a los desafíos de planificación que encontró la provincia.
La salida del laberinto no está en negar la necesidad del crédito, sino en construir una estrategia de mediano plazo que permita que la deuda se convierta en una herramienta de sostenibilidad, y no en una carga adicional para los entrerrianos, orientando esos recursos al desarrollo económico y al aprovechamiento pleno del potencial productivo de nuestra provincia.
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