El error del ajuste: por qué despedir empleados y licuar salarios no corrige el Estado

Esta estrategia suele presentarse como sinónimo de racionalidad, eficiencia y modernización del Estado. Sin embargo, desde el punto de vista económico, constituye un error de diagnóstico.

No se trata solo de una discusión distributiva o social. Se trata de un error conceptual profundo. El ajuste se concentra precisamente en el componente del gasto que está sometido a una presión estructural de costos que no puede corregirse por decreto: el trabajo humano en los servicios públicos. 
Para comprender por qué esta estrategia no solo es ineficiente sino contraproducente, es necesario introducir un concepto central de la economía del sector público: la llamada Enfermedad de Baumol.

La Enfermedad de Baumol: una teoría sobre costos, no sobre despilfarro

La Enfermedad de Baumol —o “enfermedad de costos de Baumol”— fue formulada por el economista William J. Baumol en la década de 1960 para explicar por qué ciertas actividades de servicios se encarecen persistentemente en términos reales aun en ausencia de ineficiencia. 
Su argumento parte de una observación simple: no todos los sectores de la economía pueden aumentar su productividad al mismo ritmo.
Baumol distingue entre dos grandes sectores. Por un lado, los sectores “progresivos”, caracterizados por aumentos sostenidos de productividad gracias al cambio tecnológico y la acumulación de capital, como la industria, el agro moderno o la tecnología. Por otro lado, los sectores “estancados”, intensivos en trabajo humano y con escaso margen para incrementos de productividad física, como la educación, la salud, la justicia, la seguridad y la administración pública en general.

Un docente no puede duplicar la cantidad de alumnos por clase sin afectar la calidad educativa; un médico no puede triplicar la cantidad de pacientes atendidos por hora sin reducir el tiempo de consulta; un inspector no puede controlar cientos de establecimientos por día sin volver ficticio el control. La productividad, entendida como cantidad de servicios por trabajador, está tecnológicamente limitada.
Sin embargo, los salarios de estos trabajadores deben crecer en línea con el resto de la economía para evitar su expulsión hacia sectores más dinámicos. El resultado es que el costo por unidad de servicio aumenta estructuralmente. Este aumento no es producto de la ineficiencia ni del despilfarro, sino de la propia naturaleza tecnológica de los servicios.

Qué muestra realmente la teoría

La Enfermedad de Baumol permite comprender tres cuestiones fundamentales.
En primer lugar, que el crecimiento del gasto en servicios públicos no es necesariamente un signo de mala gestión. En segundo lugar, que los recortes lineales de gasto en estos sectores no corrigen la causa del problema. Y en tercer lugar, que el ajuste vía salarios y empleo tiene costos reales sobre la calidad, la capacidad y la legitimidad del Estado.
Dicho de otro modo: el problema del gasto público no es solamente cuánto se gasta, sino por qué ese gasto tiende a crecer y qué funciones cumple.

El error del ajuste en el empleo público

Cuando un gobierno enfrenta restricciones fiscales, suele actuar sobre lo que puede controlar rápidamente: salarios y empleo. Desde el punto de vista contable, el gasto en personal es una variable fácilmente ajustable. Desde el punto de vista económico, es la peor variable sobre la cual operar.

Reducir empleo público en sectores intensivos en trabajo no reduce proporcionalmente la demanda de servicios. La población sigue necesitando atención médica, educación, seguridad, justicia, control y asistencia social. 
Lo único que cambia es que el mismo volumen de necesidades debe ser atendido por menos personal, con menor salario real y menores incentivos.
Esto genera una cadena de efectos bien conocida: sobrecarga laboral, pérdida de calidad, fuga de trabajadores calificados, aumento del ausentismo y la rotación, mayor informalidad en la provisión de servicios y creciente conflictividad. El ajuste no genera eficiencia; genera precarización.

Ajuste sin reforma: una falsa solución

La única forma estructuralmente consistente de enfrentar la Enfermedad de Baumol no es ajustar, sino reformar. Reformar implica invertir en tecnología que permita liberar tiempo humano, digitalizar trámites, simplificar normas, reorganizar funciones y evitar superposiciones. Implica también proteger y profesionalizar el capital humano crítico del Estado.

Sin embargo, esto es precisamente lo que hoy no está ocurriendo en el orden nacional, provincial y municipal: se ajusta sin reformar, se recorta sin modernizar y se licúan salarios sin mejorar la eficiencia del Estado. El esfuerzo se concentra casi exclusivamente en la contención del gasto de corto plazo, mientras se posterga —o directamente se abandona— la agenda de transformación organizacional que permitiría una mejora genuina y sostenible.
Nada de esto se logra con despidos ni con licuación salarial. Por el contrario, estas políticas destruyen justamente el capital humano que se necesita para llevar adelante cualquier proceso serio de modernización estatal y terminan dejando un Estado más barato, pero también más débil, menos profesional y menos capaz.
En provincias y municipios argentinos el problema es aún más agudo. Allí se concentran los servicios más intensivos en trabajo humano y, al mismo tiempo, las mayores restricciones fiscales. Cuando el ajuste baja a este nivel, el efecto no es macroeconómico: es microeconómico y social. No se ve en el déficit, se ve en el hospital sin insumos, en el aula saturada, en la calle sin mantenimiento, en el trámite que demora meses.

Conclusión

Si los distintos gobiernos continúan aplicando el ajuste exclusivamente a través del despido de empleados públicos o de la licuación sistemática de los salarios reales, el resultado no será un Estado más eficiente, sino un deterioro progresivo y acumulativo de la calidad de los servicios públicos.
No se trata de una hipótesis ideológica ni de una advertencia retórica: es la consecuencia económica directa de operar sobre sectores intensivos en trabajo humano, donde la productividad no puede comprimirse por decreto.

Cada ronda de ajuste que se apoya en reducir personal o ingresos reales no elimina el problema estructural de costos; lo traslada. Se traslada al trabajador, que pierde incentivos y capacidad profesional; al usuario, que recibe un servicio más lento, más precario y más desigual; y al propio Estado, que pierde capital humano, memoria institucional y capacidad de gestión.

El efecto no es instantáneo, sino gradual: no se ve el primer mes, pero se vuelve evidente al cabo de algunos años, cuando los sistemas colapsan silenciosamente.

Lo más grave es que este proceso suele ser políticamente legitimado mediante un relato simplificador: que el Estado está lleno de “ñoquis”, que sobra gente, que el problema es el exceso de empleo público y que por lo tanto despedir y licuar salarios es “hacer lo que hay que hacer”. Ese relato cumple una función clave: convencer a la sociedad de que el desmantelamiento del Estado es una forma de modernización, cuando en realidad es su debilitamiento.

La Enfermedad de Baumol muestra exactamente lo contrario: que en los servicios públicos el trabajo no es el problema, sino el insumo central; que no sobra gente donde la demanda social crece; y que el ajuste mal diseñado no genera eficiencia, sino precariedad institucional.

Persistir en esta estrategia no conduce a un Estado más chico y mejor, sino a un Estado más chico y peor. Y eso no es un éxito fiscal: es, en realidad, un proceso silencioso pero sostenido de debilitamiento institucional, que degrada la capacidad del Estado para cumplir sus funciones esenciales y erosiona —paso a paso— la calidad del contrato social.
 

Temas

• ajustes

AUTOR

Álvaro Sierra

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