Dólar, tasas y apertura: el triángulo imposible que enfrenta la Argentina
La teoría económica sostiene que un país no puede mantener al mismo tiempo un dólar estable, una política monetaria independiente y plena libertad de capitales. La Argentina de 2026 intenta abrir la economía, contener la inflación y conservar capacidad de intervención. Pero el trilema sigue vigente: toda combinación obliga a resignar algo y a distribuir los costos de la elección.
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Un ministro de Economía puede prometer tres objetivos que, por separado, parecen razonables: un dólar estable, tasas de interés adecuadas para la economía local y libertad para que los capitales entren y salgan del país. El problema aparece cuando intenta sostener los tres al mismo tiempo.
La macroeconomía denomina a esta incompatibilidad “trinidad imposible” o “trilema de la política económica”. Un país puede alcanzar plenamente solo dos de tres objetivos: estabilidad cambiaria, autonomía monetaria y libre movilidad internacional de capitales. Cuando el dinero puede desplazarse sin restricciones, busca las monedas y los activos con mejor rendimiento. Si el Gobierno pretende fijar el dólar y, al mismo tiempo, establecer tasas muy diferentes de las internacionales, los capitales reaccionan. Para defender la paridad, el Banco Central debe intervenir, modificar las tasas o imponer controles.
La convertibilidad: estabilidad a cambio de autonomía
La convertibilidad eligió una combinación definida: tipo de cambio fijo y apertura financiera, a cambio de resignar gran parte de la política monetaria. La paridad de un peso por un dólar y el respaldo de la emisión con reservas permitieron reducir drásticamente la inflación y facilitaron el crédito durante los primeros años.
Pero el esquema dejó a la economía con escaso margen para responder cuando cambiaron las condiciones externas, aumentó el riesgo argentino y comenzaron a retirarse los capitales. La Argentina no podía emitir ni bajar libremente las tasas sin poner en peligro la paridad. Después de una prolongada recesión y del default soberano, la convertibilidad terminó en enero de 2002. El objetivo sacrificado había sido la autonomía monetaria.
El cepo: controlar los capitales para administrar el dólar
Desde 2011 se ensayó la combinación opuesta: un tipo de cambio oficial administrado y mayor capacidad para emitir, regular las tasas y financiar al Estado. Para intentar sostener esos dos objetivos se restringió el tercero: la movilidad de capitales.
Los límites para comprar divisas, las obligaciones de liquidar exportaciones, las autorizaciones para girar utilidades y los distintos tipos de cambio permitieron postergar algunos ajustes, pero no resolvieron los desequilibrios fiscales, monetarios y externos. Cuando el dólar oficial perdió credibilidad aparecieron la brecha, los mercados paralelos y crecientes distorsiones sobre la producción, el comercio y la inversión. En esta etapa, la punta sacrificada fue la libertad de capitales.
¿Dónde está la Argentina en 2026?
La Argentina actual no tiene un tipo de cambio fijo ni una flotación completamente libre. Desde abril de 2025 funciona un sistema de bandas y, desde enero de 2026, sus límites se actualizan mensualmente según la inflación informada por el INDEC con dos meses de rezago. Al 31 de julio, la banda se extendía desde $754,14 hasta $1.844,87 por dólar: una amplitud que confirma que el Gobierno acepta un margen considerable de fluctuación, aunque conserva la posibilidad de intervenir ante movimientos extremos.
En materia monetaria, el Banco Central prioriza el control de los agregados y conserva instrumentos para administrar la liquidez, los encajes y las operaciones con títulos. Sin embargo, ese margen está condicionado por la demanda de pesos, la inflación, las necesidades financieras del Tesoro, las reservas y el comportamiento del dólar.
La movilidad de capitales también es parcial. Las personas pueden comprar moneda extranjera sin límite mediante débito en una cuenta bancaria, pero las empresas todavía enfrentan autorizaciones y condiciones para determinadas operaciones, mientras continúan la obligación de liquidar exportaciones y otras restricciones cruzadas. Por eso, no puede afirmarse que el cepo haya desaparecido por completo.
El desafío de este esquema no consiste únicamente en levantar restricciones, sino en lograr que la apertura sea compatible con una acumulación sostenida de reservas y con una mayor demanda de pesos. Si la liberalización avanza más rápido que la capacidad del Banco Central para fortalecer su posición externa, cualquier cambio en las expectativas puede traducirse en presión cambiaria, suba de tasas o pérdida de reservas. La transición, por lo tanto, exige algo más que modificar regulaciones: requiere consistencia fiscal, confianza y un ingreso genuino de divisas.
La combinación elegida
La orientación oficial puede resumirse así: mayor movilidad de capitales y una política monetaria basada en el control de la cantidad de dinero, a cambio de aceptar una mayor flexibilidad del tipo de cambio. La punta que la Argentina comenzó a soltar es la del dólar completamente estable.
El proceso, sin embargo, permanece incompleto. Las bandas limitan la flotación y las regulaciones empresariales restringen la apertura financiera. El país se encuentra en un punto intermedio del triángulo: intenta conservar parcialmente los tres objetivos, sin alcanzar plenamente ninguno. Un esquema híbrido puede ser razonable durante una transición; el error sería presentarlo como si hubiese eliminado las restricciones económicas.
En una economía con un mercado de crédito reducido y una fuerte referencia al dólar, el equilibrio es especialmente frágil. Una entrada de capitales puede ayudar a financiar inversiones y ampliar el crédito, pero también puede apreciar artificialmente el peso y generar una sensación transitoria de estabilidad. Del mismo modo, una salida brusca puede obligar a corregir el tipo de cambio o endurecer las condiciones monetarias. El problema no es solamente cuánto se abre la economía, sino con qué reservas, qué nivel de confianza y qué capacidad productiva se sostiene esa apertura.
Las tres alternativas que enfrenta el Gobierno
Si la Argentina continúa liberalizando el movimiento de capitales y quiere mantener una política monetaria propia, deberá aceptar que el dólar se mueva con mayor libertad. Ese movimiento podría ayudar a absorber crisis externas, aunque también trasladarse rápidamente a precios en una economía altamente dolarizada.
Si, por el contrario, el Gobierno pretende evitar cualquier aumento del dólar mientras abre completamente la cuenta de capital, deberá adaptar las condiciones monetarias a las exigencias del mercado. Esto puede significar tasas de interés más elevadas, menor crédito y mayores costos para la actividad económica.
Finalmente, si busca mantener simultáneamente un dólar controlado y tasas compatibles con la recuperación económica, necesitará conservar restricciones cambiarias o utilizar reservas para intervenir.
El dato de inflación de junio de 2026, con una variación mensual del 1,9% y un acumulado del 16,8% durante el primer semestre, muestra un proceso de desaceleración respecto de los niveles extremos anteriores, pero también confirma que la estabilización todavía no está concluida.
Una economía que no permite milagros
El trilema muestra que la política cambiaria no puede analizarse de manera aislada. El dólar depende de las tasas, la cantidad de pesos, las reservas, la confianza, el riesgo soberano y la posibilidad de mover fondos hacia el exterior. La Argentina no resolvió el triángulo imposible: simplemente cambió la combinación.
El anuncio realizado el 30 de julio de enviar al Congreso una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central —con la prohibición del financiamiento monetario al Tesoro y sanciones para quienes vulneren esa regla— busca convertir la disciplina monetaria en una restricción institucional permanente. Si se aprueba y se cumple, puede reducir el riesgo de volver a financiar el déficit con emisión y fortalecer la credibilidad de la moneda.
Pero cerrar esa vía no crea reservas, no reduce por sí solo el riesgo país ni garantiza crédito y crecimiento. También implica que, ante un desequilibrio, el ajuste deberá recaer con mayor fuerza sobre las cuentas fiscales, el endeudamiento, las tasas de interés, el tipo de cambio o el uso de reservas. La reforma puede modificar las reglas del juego; no puede abolir las restricciones de la economía.
La prohibición de financiar al Tesoro puede funcionar como una señal relevante, pero su eficacia dependerá de que el Estado mantenga un resultado fiscal compatible con esa regla y no reemplace la emisión por un endeudamiento creciente o por mecanismos indirectos de asistencia. Una norma puede limitar una herramienta, pero no sustituye la necesidad de ordenar el gasto, mejorar los ingresos públicos y recuperar el acceso a financiamiento sostenible. La verdadera prueba llegará cuando la economía enfrente una recesión, una caída de exportaciones o una salida de capitales: será entonces cuando el Gobierno deberá decidir qué variable ajusta y qué sector absorbe el costo.
La Argentina puede elegir qué vértice resignar, a qué velocidad y con qué instrumentos. Lo que no puede es sostener los tres al mismo tiempo ni borrar el costo de la transición. En el triángulo imposible no hay milagros: hay decisiones económicas y una definición política inevitable sobre quién termina pagando cada elección.

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