Proyecto de ordenanza para la prevención del suicidio en Concordia

 Trabajadores, desocupados, estudiantes, jóvenes, adultos mayores jubilados, personas con discapacidad, docentes, no solo han sido puestas en condiciones miserables por omisión de los derechos constitucionales, sino que además los actuales gobiernos ejecutan políticas activas de destrucción de los más vulnerables con complicidad de los otros Poderes del Estado, o sin ella, como es el caso del incumplimiento obsceno, por parte del Poder ejecutivo nacional, es decir, del Presidente de la República,  de las leyes de emergencia en discapacidad y de presupuesto universitario, ante la indiferencia  o reacción en cámara lenta de la “Justicia”, ante un delito flagrante que genera daños descomunales e irreparables. De hecho, el martes 12 habrá movilizaciones en todo el país en defensa de la Universidad pública, gratuita y de calidad, porque el gobierno nacional decidió no cumplir con la ley de financiamiento universitario, hiriendo de muerte las casas de altos estudios. Con este panorama la salud mental de toda la población-que no es un área autónoma de la vida social y política- sufre una debacle concomitante a la crisis. La salud mental, dice la ley 267.657, también amenazada por este gobierno, es “un proceso determinado por componentes históricos, socio-económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento, implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona”; es decir, un proceso de causas complejas e inexistente si los derechos humanos y sociales pierden consistencia real. En este estado de vulneración de derechos la salud mental es imposible, si la entendemos como una búsqueda de bienestar colectiva, ya que ese impulso a una vida placentera y digna, debe basarse en la satisfacción de las necesidades humanas y en la justicia social. A este cuadro de situación se suma el colapso de un sistema de salud cada vez más estragado. En el terreno de la salud mental precisamente, la ausencia del Estado, la falta de inversión y recursos acordes a las demandas, los salarios de indigencia de los trabajadores, activamente buscada por quien nos gobierna, “topo del Estado”, según su propia definición, ilegal y anticonstitucional a todas luces, a quien adhieren, sin fisuras, los gobiernos provincial y municipal, han llevado la situación a un estado crítico. Así las cosas, el campo de la violencia social engorda y es muy difícil que, en ese contexto, las conductas autodestructivas no tengan un incremento desmesurado, en tanto denuncian sintomáticamente el malestar en la cultura y una cultura del malestar, una cultura tanática, feroz, inhumana y cruel. En ese marco inquietante, es muy importante que, en nuestra ciudad de Concordia, donde la miseria incrementa exponencialmente estos emergentes, se presente un proyecto de ordenanza para la creación, a nivel municipal, de un sistema de prevención del suicidio que busca prevenir, asistir y acompañar a las personas afectadas y sus familias. Este proyecto ha sido elaborado por el Concejal Pablo Bovino quien requirió la consulta de los vecinos preocupados particularmente por los dolorosos hechos que se vienen suscitando de un modo cada vez más delicado. Como miembro de “Lazos en red”, una red de vecinos voluntarios para la prevención del suicidio de la ciudad de Concordia, con la que intentamos aportar humildemente a la contención del sufrimiento del “otro”, valoramos haber sido consultados para la elaboración del proyecto de ordenanza y que nuestra opinión haya sido tenida en cuenta. El voluntariado no es, lógicamente un dispositivo suficiente para abordar semejante problema, que debe ser tratado con los recursos del Estado, obligado por la ley a garantizar el derecho a la salud, que no es distinta que la salud mental, de todas las personas. Ese es el fundamento que guía nuestras concepciones e ideales, sin banderías, pero tampoco sin ingenuidad política (como búsqueda del bien común de las poli), en tanto y en cuanto el objetivo de los gobiernos, sea precisamente la aplicación de políticas públicas concretas que motiven el bienestar y la felicidad y alivien el sufrimiento psíquico y social. Es por tal circunstancia que queremos informar sobre este proyecto, a nuestro criterio bien encarado, fundado en los principios y el espíritu de la ley nacional de prevención del suicidio, 27130, cuyo objeto es la prevención, asistencia y posvencion del suicidio, en todo el territorio nacional. Es decir, promover salud mental, detectar situaciones de vulnerabilidad para una intervención inmediata y eficaz, y evitar nuevos casos, cuando estos suceden, en el entorno de las personas que toman estas penosas determinaciones.  Son variadas y múltiples las medidas que contempla la ordenanza, como la creación de equipos interdisciplinarios, asesoramientos y capacitaciones fundamentalmente a las instituciones educativas, la construcción de mesas interinstitucionales de trabajo etc. etc., medidas que iremos informando para que no solo todos podamos acceder al conocimiento de las mismas, sino que, fundamentalmente, podamos acompañar y apoyar, comprometidamente todos los emprendimientos y decisiones que mejoren las condiciones actuales que nos atraviesan,  de infortunios y tristezas.
 

Nota: Al momento de elaboración de la presente nota el Concejo Deliberante local comunicaba la adhesión a la ley nacional y provincial de prevención del suicidio, formalidad que solo adquirirá sentido si se traduce a futuro en la inversión concreta en recursos y programas específicos y concretos de prevención y no queda en una mera formalidad.

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AUTOR

Sergio Brodsky

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