PAMI adeuda más de $1.704 millones a la salud pública entrerriana y Concordia figura entre las ciudades afectadas

El impacto en Concordia
Los hospitales públicos de Concordia aparecen dentro de la extensa nómina de efectores a los que el PAMI mantiene facturas pendientes por prestaciones ya brindadas a jubilados y pensionados.

La documentación difundida establece que la deuda total en Entre Ríos asciende exactamente a 1.704.123.743 pesos, actualizada al 25 de junio de 2026. Sin embargo, el artículo publicado por ANÁLISIS no individualiza en su texto cuánto corresponde específicamente a cada hospital concordiense.
Entre los establecimientos alcanzados se encuentra el Hospital Delicia Concepción Masvernat, principal centro asistencial de referencia de Concordia y de gran parte de la costa del Uruguay. Como dato comparativo, el nosocomio había recibido una asignación presupuestaria provincial de 15.722 millones de pesos para 2025. La existencia de montos pendientes implica que la Provincia debió sostener con recursos propios prestaciones realizadas a afiliados del organismo nacional mientras espera el pago correspondiente.
La situación adquiere especial importancia porque no se trata de servicios futuros ni de fondos reclamados por anticipado: son atenciones médicas, estudios, internaciones y otras prestaciones que los hospitales públicos ya brindaron a jubilados y pensionados.

Una investigación basada en datos oficiales
El informe elaborado por el periodista Daniel Enz para ANÁLISIS surgió de una respuesta oficial del propio Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. La documentación fue obtenida mediante un pedido realizado bajo la Ley de Acceso a la Información Pública y reúne datos de las gerencias de Medicamentos, Económico Financiera y de la Unidad de Gestión Local XIV de Paraná.
La información confirma que el PAMI debe más de 1.704 millones de pesos a 57 efectores públicos entrerrianos, entre hospitales generales, establecimientos rurales, geriátricos, instituciones de salud mental y la sociedad estatal Salud Entre Ríos S.E.

El principal acreedor es precisamente Salud Entre Ríos S.E., con unos 237,7 millones de pesos. Le siguen el Hospital Enrique Fidanza de Paraná, con 216,7 millones; el Geriátrico Pascual Palma, con 192,2 millones; el Hospital Brage Villar de Hasenkamp, con 117 millones, y el Sagrado Corazón de Jesús de Basavilbaso, con 93,8 millones.
El listado también comprende establecimientos de Concordia, Federación, La Paz, Victoria, Gualeguay, Crespo, Federal, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, además de hospitales ubicados en numerosas localidades más pequeñas.

El nuevo sistema concentra la mayor deuda
La documentación divide las obligaciones impagas en dos mecanismos administrativos. Por el circuito de facturación centralizada, el PAMI adeuda alrededor de 529,8 millones de pesos, mientras que por el sistema de facturación unificada la deuda asciende a 1.174,3 millones.
Este último mecanismo comenzó a aplicarse a los hospitales públicos entrerrianos a partir de 2024. La contradicción señalada por la investigación es evidente: los establecimientos fueron incorporados a un circuito administrativo determinado por el propio PAMI, pero gran parte de las facturas emitidas bajo esa modalidad no fue abonada en los plazos esperados.
Ante la consulta sobre el tiempo promedio de pago, el organismo no ofreció una cifra concreta. Explicó que las cancelaciones dependen de las partidas que transfiere periódicamente el Ministerio de Economía y reconoció que la reducción de la recaudación nacional condicionó la disponibilidad de fondos.
En términos prácticos, los hospitales atienden a los afiliados, utilizan medicamentos, insumos, personal e infraestructura provincial y luego quedan a la espera de que la Nación libere los recursos.

Un préstamo forzoso de la Provincia al PAMI
ANÁLISIS plantea que cada mes de demora funciona como una suerte de préstamo involuntario del sistema sanitario entrerriano al organismo nacional.
La Provincia afronta inicialmente el costo de las prestaciones y posteriormente intenta recuperar el dinero facturado. En un contexto inflacionario, el retraso también reduce el valor real de los montos cuando finalmente son abonados.
Aunque los 1.704 millones representan una proporción pequeña dentro del presupuesto sanitario global de Entre Ríos, el impacto no es igual para todos. Un hospital de gran complejidad puede tener mayor capacidad para absorber temporalmente la demora, pero para un establecimiento rural o de una localidad pequeña la falta de pago puede comprometer una parte considerable de sus recursos operativos.

Los medicamentos, principal reclamo de los afiliados
La investigación no se limita a la deuda hospitalaria. La respuesta del PAMI incluye una base de datos con 29.208 reclamos, consultas y solicitudes presentados ante la Unidad de Gestión Local XIV entre 2024 y lo transcurrido de 2026.
Durante 2024 se contabilizaron 11.176 casos. En 2025 la cifra aumentó a 12.921, un crecimiento del 15,6%. Hasta el momento relevado de 2026 ya se habían acumulado otras 4.764 presentaciones.
El principal motivo de reclamo fue el acceso a medicamentos sin cargo, con 7.277 casos. Los pedidos relacionados con tratamientos especiales sumaron 5.512, mientras que los medicamentos oncológicos originaron otras 1.522 presentaciones.
También se registraron 2.694 reclamos por médicos de cabecera, 2.092 por pañales y elementos higiénicos, 1.161 por insumos de ostomía, 840 por sillas de ruedas, camas ortopédicas y otros elementos de fisiatría, y 577 vinculados con insumos para personas con diabetes.
Al momento de elaborarse la respuesta oficial, alrededor de 1.900 trámites continuaban abiertos, la mayoría iniciados durante 2026.

Más jubilados necesitan ayuda para comprar remedios
Otro indicador preocupante es el crecimiento de afiliados que deben demostrar vulnerabilidad económica para acceder gratuitamente a sus medicamentos.
A fines de 2023, el subsidio social alcanzaba a 45.358 jubilados entrerrianos. Un año después eran 53.977 y al cierre de 2025 la cantidad había llegado a 54.186 personas.
Esto significa que, en apenas dos años, casi nueve mil afiliados más debieron acreditar que no contaban con ingresos suficientes para afrontar el costo de los remedios: un incremento del 19,5%.
Paralelamente, los medicamentos considerados de uso eventual dejaron de contar con cobertura total y pasaron a tener un reconocimiento del 40%. Para acceder al 100% en otros tratamientos, los afiliados deben tramitar un subsidio social o atravesar una evaluación médica excepcional.

Menos médicos para una cantidad mayor de afiliados
La cartilla también sufrió una reducción. En el área correspondiente a la UGL XIV, los médicos de cabecera pasaron de 195 en 2023 a 170 en 2026.
Son 25 profesionales menos, una caída cercana al 13%, mientras que el padrón de afiliados aumentó. La unidad con sede en Paraná administra actualmente la cobertura de 84.143 personas distribuidas en distintos departamentos del centro y oeste provincial.
La red dispone además de 43 prestadores especializados y centros de diagnóstico, 28 establecimientos para internaciones y solamente tres empresas para cubrir traslados y derivaciones en toda esa extensa región.

Una deuda que podría transformarse en equipamiento
Para dimensionar el monto, el informe compara los 1.704 millones de pesos con inversiones concretas. Ese dinero permitiría adquirir aproximadamente 12 ambulancias de alta complejidad, alrededor de 14 tomógrafos de última generación o financiar durante un año el tratamiento completo de medicamentos crónicos de más de 700 jubilados.

No alcanzaría para construir un hospital de mediana complejidad desde cero, pero sí para levantar un centro de salud, ampliar establecimientos rurales o renovar una parte importante del equipamiento de la red pública provincial.
La investigación de ANÁLISIS deja así expuesta una realidad que permanecía silenciosa: los hospitales entrerrianos continúan atendiendo a los afiliados del PAMI, pero una parte significativa de esas prestaciones no fue pagada. La deuda ya no es una estimación ni una denuncia política. Es una cifra reconocida oficialmente por el propio organismo nacional y sostenida, mientras tanto, por un sistema público de salud que enfrenta necesidades crecientes.