La provincia activa medidas extraordinarias ante una situación que preocupa
Entre Ríos declaró la Urgencia Sanitaria durante un año. La decisión permitirá adecuar recursos y reforzar las respuestas del sistema, mientras se establece un plazo de 30 días para elaborar un plan específico de intervención.
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Entre Ríos oficializó la Urgencia Sanitaria en Salud Mental ante un escenario que el propio Gobierno reconoce como crítico por el crecimiento sostenido de las consultas y la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta de hospitales y centros de atención.
La decisión quedó establecida mediante el Decreto N° 2130, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Salud, Daniel Ulises Blanzaco. Tendrá una duración inicial de un año, aunque podrá extenderse por otro período similar si la evaluación de la situación epidemiológica así lo requiere.
La declaración permite al Ministerio de Salud reorganizar partidas presupuestarias, gestionar recursos adicionales y reforzar con profesionales e insumos aquellos servicios que se encuentran sometidos a una mayor demanda.
El diagnóstico oficial reconoce que Entre Ríos acompaña una problemática que se observa a nivel mundial, pero que tiene una expresión concreta dentro de la provincia. El aumento de las consultas obliga, según señala el decreto, a ampliar progresivamente la respuesta sanitaria y fortalecer especialmente las áreas más exigidas.
Actualmente, la red provincial dispone de 85 efectores de atención primaria y 65 hospitales generales.
Dentro de estos últimos, nueve cuentan con servicios específicos de salud mental, 24 poseen equipos interdisciplinarios y 17 disponen de recursos especializados. A esa estructura se suman cuatro hospitales destinados a internación especializada.
Uno de los aspectos centrales de la emergencia será la elaboración de un Plan Provincial de Contingencias en Salud Mental. La Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental y Consumos Problemáticos deberá reunirse dentro de los diez días y tendrá un máximo de 30 días para presentar el programa, con objetivos, acciones, plazos y mecanismos para evaluar sus resultados.
Entre las prioridades aparecen la prevención del suicidio, el abordaje de los consumos problemáticos, la capacitación del personal sanitario, el fortalecimiento de las redes comunitarias y la ampliación de dispositivos de acompañamiento en el territorio.
El decreto también convoca a municipios y comunas de Entre Ríos a adherir a la emergencia, con el propósito de coordinar las respuestas locales con el sistema provincial.
La declaración pone formalmente sobre la mesa una realidad que desde hace tiempo se percibe en hospitales, centros de salud, familias y comunidades: la salud mental dejó de ser una problemática secundaria y pasó a exigir una respuesta inmediata, coordinada y con mayores recursos del Estado.

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