En el Poder Judicial hay 8 personas con COVID-19 y 48 se encuentran aisladas
En el ámbito de la declaración de la Pandemia COVID-19, desde marzo pasado, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) adoptó políticas tendientes a resguardar la salud de los integrantes de la magistratura, de la planta de personal, profesionales de la matrícula, funcionariado y justiciables que concurren a los edificios públicos de las distintas jurisdicciones; garantizando la prestación del servicio de justicia.
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Todas las medidas que se implementaron fueron con el objetivo de cuidar la salud de quienes cumplen con su trabajo y poder dar respuesta a los requerimientos de la ciudadanía.
Las decisiones que se fueron plasmando a lo largo de estos meses, tuvieron el objetivo de cubrir las diferentes etapas transitadas durante la pandemia.
En ese sentido se incorporaron protocolos de trabajo, atendiendo las situaciones epidemiológicas de las distintas jurisdicciones de la provincia.
No obstante, el Poder Judicial de Entre Ríos no está exento de las consecuencias de la pandemia y a la fecha se registran 8 casos positivos y 48 personas se encuentran aisladas, de las cuales 27 residen de Paraná.
Cada jurisdicción tiene una particularidad diferente en relación a su funcionamiento y al impacto de la pandemia; por eso las políticas que aplica el STJ atienden específicamente a esas necesidades particulares.
A partir de la declaración de la circulación comunitaria tanto en Paraná como en Gualeguaychú, se fijaron pautas de trabajo para garantizar la salud y el servicio indelegable que tiene el Poder Judicial.
Es así, que en ambas ciudades debido a que el personal debe prestar su trabajo desde los domicilios particulares, al igual que integrantes de la magistratura, la capacidad de respuestas de los organismos se ve menguada, por razones lógicas.
De igual manera, si bien los plazos procesales se encuentran suspendidos, los jueces y juezas continúan dictando sentencias con su considerada validez.
El Superior Tribunal de Justicia ha encarado durante estos últimos meses una política de seguimiento del trabajo que se realiza en los distintos organismos judiciales de todos los fueros e instancias en relación a los trámites que se resuelven, a modo de garantía de la prestación del servicio de justicia.
