Crece la preocupación por el deterioro de la atención a los afiliados del PAMI

La protesta pone nuevamente en evidencia las dificultades que enfrentan miles de jubilados para acceder a consultas, tratamientos y medicamentos.
Los médicos de cabecera y odontólogos que prestan servicios para el PAMI iniciarán un paro de 72 horas en reclamo de una actualización de sus honorarios, una medida que busca visibilizar el creciente malestar del sector y las dificultades para sostener la atención de los afiliados.
La situación, sin embargo, trasciende el reclamo profesional y vuelve a exponer una realidad que los jubilados vienen señalando desde hace tiempo: el deterioro progresivo en el acceso a la salud. 
Las demoras para obtener turnos, las esperas para autorizaciones médicas y las restricciones en determinadas prestaciones se han convertido en una constante para miles de beneficiarios.
Entre las principales quejas aparecen los largos plazos para acceder a especialistas o estudios, situaciones que en muchos casos terminan resolviéndose por el simple paso del tiempo, cuando dolencias o afecciones leves se curan solas antes de que llegue la fecha de atención. 
En otros casos, las demoras agravan cuadros de salud que requerían una respuesta más rápida.
A ello se suma la creciente preocupación por el acceso a los medicamentos. Los cambios en los sistemas de cobertura y una mayor participación económica de los afiliados en la compra de remedios han llevado a que numerosas personas mayores reduzcan dosis, posterguen tratamientos o directamente abandonen medicamentos considerados esenciales para controlar enfermedades crónicas.
Profesionales y afiliados coinciden en que estas dificultades impactan directamente en la calidad de vida de los adultos mayores y generan situaciones que muchas veces resultan difíciles de disimular. 
La pérdida de autonomía, el deterioro físico y la imposibilidad de acceder oportunamente a tratamientos médicos son consecuencias que se observan con creciente frecuencia.
Mientras tanto, el paro anunciado busca abrir una discusión sobre la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo de los prestadores y garantizar la continuidad de un servicio que resulta fundamental para millones de jubilados y pensionados en todo el país.