UPCN reclama límites laborales para la transformación digital del Estado entrerriano

La transformación digital impulsada por el Gobierno de Entre Ríos sumó cuestionamientos de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), que reclamó incorporar garantías específicas para evitar que la modernización estatal derive en modificaciones unilaterales de las tareas o en una pérdida de derechos laborales.

El sindicato presentó hace dos semanas una serie de propuestas durante el tratamiento del proyecto en una comisión de la Cámara de Diputados. Sin embargo, aseguró que hasta el momento no recibió respuestas de los legisladores.

Ante la posibilidad de que la iniciativa llegue al recinto, UPCN pidió que cualquier cambio importante en la organización administrativa, las funciones o las condiciones laborales sea discutido previamente con las entidades sindicales que representan a los trabajadores.

La organización señaló que la aplicación de nuevas tecnologías debe realizarse de manera gradual, ordenada y con participación de los empleados. Para ello, propuso incorporar al proyecto el concepto de “transición digital justa” y mantener las garantías previstas en las leyes provinciales 9755 y 9811 hasta que se alcance un Convenio Colectivo de Trabajo.

El planteo busca impedir que la digitalización sea utilizada para eliminar funciones, aumentar obligaciones o modificar responsabilidades sin acuerdos previos. Según la postura gremial, la incorporación de herramientas tecnológicas no otorga al Estado la facultad de alterar por sí solo las relaciones de trabajo.

Capacitación y reconocimiento salarial

UPCN también solicitó que los empleados tengan garantizado el acceso a capacitación, reconversión laboral y participación en las diferentes etapas de implementación de los sistemas digitales.

El Estado, según la propuesta, debería proporcionar los conocimientos y equipos necesarios para que los trabajadores puedan adaptarse a las nuevas funciones. Al mismo tiempo, las responsabilidades adicionales derivadas del uso de tecnología tendrían que estar acompañadas por el correspondiente reconocimiento salarial.

El gremio resumió esta posición con un criterio concreto: modernizar el Estado no puede significar asignar mayores obligaciones sin mejorar las condiciones de trabajo ni la remuneración.

La entidad también advirtió sobre la brecha digital y pidió conservar canales presenciales y asistencia humana para quienes no puedan utilizar plataformas electrónicas. Esta garantía debería alcanzar tanto a los trabajadores como a los ciudadanos que necesitan acceder a trámites, prestaciones y servicios públicos.

Finalmente, UPCN propuso ampliar los principios éticos previstos para la utilización de inteligencia artificial y crear un organismo encargado de supervisar y controlar las tecnologías aplicadas por el Estado.

El objetivo es que estas herramientas no queden sometidas únicamente a decisiones administrativas, sino que existan controles institucionales sobre su funcionamiento y sus consecuencias. Para el sindicato, la innovación puede mejorar la gestión pública, pero debe avanzar con reglas claras, participación gremial y protección efectiva de los derechos laborales.