Troncoso impulsa cambios en la Justicia Laboral y no descarta retiros voluntarios

El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, explicó que el Gobierno provincial trabaja en una reforma del Código Procesal Laboral destinada a reducir la litigiosidad, agilizar los trámites y equilibrar la relación entre trabajadores y empleadores.
Según indicó, el equipo jurídico busca acompañar el camino de Córdoba y Santa Fe, en el marco de la Región Centro. Para elaborar los cambios, mantiene un trabajo conjunto con la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER).

Una de las propuestas centrales es crear un cuerpo médico de peritos especializados en accidentes laborales, dependiente del Poder Judicial. Troncoso señaló que sus integrantes tendrían un sueldo fijo y que deberían intervenir siempre que una controversia laboral requiera una evaluación médica.

El ministro cuestionó que los honorarios de los peritos estén vinculados con el grado de incapacidad que proponen en el conflicto. A su entender, ese mecanismo introduce un sesgo que puede afectar la imparcialidad. También mencionó la fijación de un tope para los honorarios cuando resulte necesaria la participación de un perito externo.
“Buscamos la imparcialidad”, sostuvo. Además, consideró fundamental unificar los criterios utilizados para determinar incapacidades, porque eso permitiría aportar previsibilidad y seguridad jurídica.
Troncoso afirmó que Entre Ríos es la segunda provincia con mayor litigiosidad del país y que los conflictos judiciales laborales aumentaron considerablemente durante los últimos dos años. Describió el fenómeno como multicausal, aunque atribuyó parte de ese crecimiento a desequilibrios en el procedimiento.
En ese contexto, propuso fortalecer las instancias de conciliación para descomprimir el fuero y ordenar el acceso a la Justicia, sin impedir que las partes puedan reclamar sus derechos.

Otro punto de la reforma apunta a las condiciones para apelar una sentencia. Según explicó, actualmente la parte demandada debe depositar como garantía el monto de la condena más un 30 por ciento o comprometer capital si no dispone de esos recursos. “Tenemos que garantizar que se pueda apelar, es un derecho”, remarcó.
El funcionario señaló que el proyecto lleva más de un año de trabajo. Reconoció que inicialmente intentaron introducir modificaciones sin recurrir a una ley, pero la falta de acuerdo los llevó a insistir por la vía legislativa.
Respecto del equilibrio que pretende alcanzar, sostuvo que es necesario proteger tanto a quienes generan empleo como a los trabajadores, a quienes reconoció como la parte más débil del contrato laboral. No obstante, consideró que la aplicación de esa protección ha producido un desbalance en la relación.

Troncoso expresó su intención de que la iniciativa se discuta antes del receso de verano y dejó abierta la posibilidad de incorporar otros puntos durante el tratamiento legislativo.
Tambien, no descartó la implementación de retiros voluntarios en la administración provincial. Confirmó que la alternativa fue conversada con el secretario general de UPCN Entre Ríos, José Ángel Allende, aunque aclaró que “no es algo inminente”.