Seis policías muertos, precariedad extrema y un pastor como “solución” oficial
En medio de una crisis sin precedentes dentro de la Policía de Entre Ríos —con seis efectivos que se quitaron la vida y otro que intentó asesinar a su pareja antes de dispararse a sí mismo— el Ministerio de Seguridad decidió apostar a una salida insólita: la contratación de un pastor evangélico para recorrer jefaturas y comisarías, ofreciendo charlas “espirituales” a los uniformados.
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El radiograma oficial de la Dirección General de Personal, firmado el 28 de agosto de 2025 por el comisario general Adalberto Raúl Menescardi, confirma que el pastor Miguel Kecher, de la Iglesia Evangélica Pentecostal, será quien encabece las visitas. La comunicación, de categoría “U”, ordena a jefes departamentales y de comisarías recibir la iniciativa, aclarando que la asistencia será voluntaria.
La fe como respuesta a la falta de recursos
El anuncio llega cuando la institución policial enfrenta carencias básicas: móviles sin combustible, falta de equipamiento, salarios que no alcanzan para llegar a fin de mes y un régimen disciplinario que castiga a quienes piden ayuda psicológica, quitándoles el arma reglamentaria y parte del sueldo mientras reciben atención.
Lejos de enfrentar esas urgencias, el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, parece apostar a lo simbólico. Mientras los agentes lidian con la precariedad, él viaja desde su casa en Buenos Aires a Paraná en un BMW brillante y tuneado, exhibiendo un nivel de vida que contrasta brutalmente con la realidad de la tropa.
¿Charlas espirituales o abandono estatal?
La decisión de enviar un pastor en lugar de fortalecer los equipos de salud mental es vista como una maniobra de distracción. Los audios filtrados de efectivos desesperados, las familias destruidas por los suicidios y el descontento en las filas son prueba de que el problema no es espiritual, sino estructural: bajos sueldos, estrés extremo y abandono institucional.
“Los policías no necesitan sermones, necesitan salarios dignos, contención psicológica real y condiciones mínimas de trabajo”, cuestionaron voces críticas tras conocerse el decreto.
El trasfondo
El gobierno intenta tapar con discursos de fe lo que debería resolverse con políticas públicas. La seguridad entrerriana se encuentra en un punto de quiebre y, mientras la sociedad reclama respuestas, las autoridades parecen más preocupadas en aparentar acción que en garantizar soluciones concretas.
La pregunta que queda flotando es brutal: ¿cuántos efectivos más deben morir antes de que el Estado entienda que el problema de la Policía de Entre Ríos no se resuelve con un pastor, sino con dignidad y recursos?
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