Santiago Peña fue trasladado al Regimiento Escolta Presidencial y deberá declarar ante la Fiscalía
El expresidente de Paraguay fue detenido en su domicilio tras ser destituido por el Senado en medio de la crisis financiera de Ueno Bank. Debido a las protestas frente a su vivienda, las autoridades dispusieron su traslado por razones de seguridad.
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El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue trasladado durante la madrugada de este sábado al Regimiento Escolta Presidencial, en Asunción, luego de que las autoridades consideraran que no podían garantizar su seguridad ante las protestas registradas frente a su residencia.
El exmandatario había sido detenido el viernes por orden del Ministerio Público, pocas horas después de que el Senado paraguayo aprobara su destitución mediante un juicio político, en el marco de la crisis financiera vinculada con Ueno Bank.
Según informó Infobae, tres camionetas participaron del operativo de traslado desde su vivienda, ubicada en el barrio Mburucuyá. La decisión se tomó ante la concentración de manifestantes y las dificultades para garantizar la seguridad en el lugar.
Peña deberá comparecer este sábado a las 11 ante el Ministerio Público para prestar declaración en el marco de la investigación por presuntas irregularidades relacionadas con la entidad financiera. La Fiscalía analiza posibles delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.
La orden de detención también alcanzó al expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo, quien se presentó ante las autoridades policiales.
La defensa cuestionó el procedimiento
El abogado de Peña, Ricardo Preda, cuestionó las condiciones de la detención y sostuvo que todavía desconoce los hechos concretos que se le atribuyen a su representado. No obstante, aseguró que el exmandatario colaborará con la investigación y se someterá al proceso judicial.
El letrado también consideró que una eventual prisión preventiva debería estar respaldada por circunstancias concretas, como riesgo de fuga u obstrucción de la investigación.
Tras la declaración, los fiscales deberán analizar los elementos reunidos y definir si corresponde formular una imputación. Posteriormente, un juez penal de garantías tendrá que resolver las medidas cautelares que se aplicarán durante el proceso.
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