Salud mental en Entre Ríos: el reclamo por los suicidios llegó al Senado y abrió un debate sobre los recursos

La discusión sobre cómo responder a las crisis de salud mental llegó este miércoles a las comisiones de Legislación General y de Salud Pública y Drogadicción del Senado entrerriano. El eje fue un proyecto para crear una red integral de cuidados, pero las intervenciones de organizaciones sociales, autoridades sanitarias y representantes del sistema de control pusieron el foco en una pregunta más urgente: qué recursos están disponibles hoy para atender y acompañar a quienes los necesitan. 
Sandra Cislaghi, representante de la Mesa de Salud Mental, pidió que se declare la emergencia y reclamó medidas concretas. Según los datos que expuso ante los senadores, entre enero y julio de 2026 se notificó en Entre Ríos, en promedio, un intento de suicidio cada 12 horas. Se trata de intentos registrados, no de muertes. Su planteo apuntó especialmente a la necesidad de actuar a tiempo ante las situaciones que afectan a niños, adolescentes y jóvenes.

La preocupación tiene antecedentes. En una exposición oficial de abril, Blanzaco informó que los efectores públicos entrerrianos habían notificado 841 intentos entre julio de 2023 y febrero de 2026. Un informe provincial difundido entonces desglosó 108 notificaciones en el segundo semestre de 2023, 218 en 2024, 395 en 2025 y 125 solo durante los primeros dos meses de 2026. Esas cifras muestran una suba de los casos registrados, pero no permiten medir por sí solas cuánto creció la cantidad real de intentos: la provincia viene incorporando hospitales al sistema de notificación. 
En el país también aumentaron las notificaciones. Hasta la semana epidemiológica 12 de 2026 se habían comunicado 2.501 intentos sin resultado mortal y 113 con resultado mortal, por encima de las referencias utilizadas para ese período en el Boletín Epidemiológico Nacional. El Ministerio de Salud de la Nación advierte, sin embargo, que el registro todavía se está consolidando: más provincias y establecimientos informan estos episodios que en años anteriores. Por eso, un aumento de notificaciones no equivale automáticamente a un aumento de la misma magnitud en los hechos ocurridos. 
Ante los senadores, Blanzaco defendió una respuesta centrada en los servicios existentes. “Más que leyes nuevas, mejoremos las que están”, expresó. Planteó la necesidad de distribuir los recursos hacia las zonas de mayor demanda, capacitar a los equipos y mejorar la calidad de los datos oficiales. El ministro recordó que la problemática lleva años y señaló que la provincia registró picos de mortalidad por suicidio en 2011 y 2024.
Desde las organizaciones, Javier Billordo, del movimiento Ni un Pibe Menos por la Droga, describió equipos barriales desbordados y pidió vincular la atención en salud mental con políticas de educación, alimentación y trabajo. Martín Cabrera, del Órgano de Revisión del Ministerio Público de la Defensa, acompañó el pedido de emergencia, pero propuso revisar aspectos del proyecto: sostuvo que una red de cuidados no debería reemplazar la coordinación interministerial y advirtió sobre la falta de presupuesto, el agotamiento de los equipos y la necesidad de alternativas habitacionales para personas que ya no requieren internación.

La reunión dejó planteadas dos tareas para el Senado y el Ejecutivo: definir si avanzará la declaración de emergencia y precisar con qué personal, dispositivos y fondos se sostendrá la atención. También mostró por qué es necesario publicar estadísticas comparables y completas: sin distinguir entre intentos, muertes y capacidad de registro, resulta más difícil evaluar la evolución del problema y la respuesta del Estado.