Salto Grande quedó en el centro de la polémica por negarse a entregar información pública sobre su manejo administrativo

El planteo generó fuerte debate institucional y político en Entre Ríos, ya que Salto Grande administra recursos millonarios vinculados a la generación hidroeléctrica, distribuye regalías y excedentes a municipios entrerrianos y a organismos regionales, además de recibir asistencia financiera del Estado nacional.
El pedido periodístico apuntaba a obtener datos administrativos y financieros básicos: cantidad de funcionarios, salarios, contratos, convenios, viáticos y manejo de recursos. Según el informe, no se solicitó información estratégica ni comercial reservada.
La respuesta oficial de la CTM se basó en que el organismo fue creado mediante un convenio internacional entre Argentina y Uruguay y posee inmunidades especiales otorgadas por tratados internacionales y acuerdos de sede firmados en 1977. También se citó un fallo de la Corte Suprema de 1993 para sostener que la Ley 27.275 no resulta aplicable.
Sin embargo, el artículo cuestiona esa interpretación y sostiene que las inmunidades previstas para organismos internacionales fueron pensadas para evitar embargos, allanamientos o intervenciones compulsivas de los Estados, pero no para impedir el acceso ciudadano a información pública vinculada al uso de fondos públicos.
La nota también recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia Corte Suprema argentina han reconocido el acceso a la información pública como un derecho derivado de la libertad de expresión, incluso respecto de entidades mixtas o no estatales que administran recursos públicos.
Además, advierte que si el criterio adoptado por Salto Grande se extendiera a otros organismos binacionales o internacionales, importantes estructuras que manejan recursos millonarios quedarían fuera de cualquier control ciudadano.

Otro de los puntos señalados es que la propia Delegación Argentina de Salto Grande publica información institucional en su página web bajo apartados vinculados a “transparencia”, lo que evidenciaría una contradicción entre la práctica cotidiana y la negativa formal al pedido periodístico.
El informe también marca el contraste político entre esta postura y el discurso de transparencia impulsado por el gobernador Rogelio Frigerio, quien desde el inicio de su gestión promovió compromisos de apertura gubernamental y acceso a la información pública. En ese contexto se menciona además que Daneri, actual titular de la Delegación Argentina ante la CTM, es cuñado del mandatario provincial, aunque fue designado por el Gobierno nacional.
Finalmente, el artículo remarca que solicitar información pública no implica formular acusaciones ni investigaciones judiciales, sino ejercer un derecho ciudadano básico sobre organismos que manejan recursos que pertenecen a la sociedad. 
(I:Síntesis de informe periodístico de Daniel Enz para Análisis)