Reestructuración en el ministerio del Interior y cambios en áreas clave

A través del Decreto 85/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional formalizó una reestructuración integral del Ministerio del Interior.

La medida fue dispuesta por el presidente Javier Milei y refrendada por el ministro Diego Santilli, y redefine la estructura orgánica de la cartera encargada de áreas estratégicas para el Poder Ejecutivo.

La norma establece una reorganización de secretarías, subsecretarías y unidades asesoras, con el objetivo de reordenar competencias vinculadas a la relación con las provincias, los asuntos indígenas y el área deportiva, entre otros temas sensibles de la administración nacional.
Entre los principales cambios, se confirmó la creación de una Subsecretaría de Enlace Legislativo, una Subsecretaría de Deportes y una Subsecretaría del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, todas bajo la órbita de la Secretaría de Interior.
Asimismo, la Subsecretaría Legal tendrá ahora la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la Ley N.º 27.275, que regula el acceso a la información pública, reforzando los mecanismos institucionales de transparencia.
Por su parte, la Subsecretaría de Gestión Administrativa concentrará tareas vinculadas al fortalecimiento de políticas de control interno y cooperación con la Oficina Anticorrupción, con el propósito de prevenir y supervisar posibles irregularidades dentro de la gestión pública nacional.

En el mismo marco de cambios administrativos, se designó a Damián Andrés Selem como subdirector de la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), con vigencia a partir del 1 de febrero, tras la renuncia de Benito Mario Molver.

Debate por la edad de imputabilidad

En paralelo a la reorganización ministerial, la ministra Patricia Bullrich se refirió al debate legislativo en torno a la baja de la edad de imputabilidad. En declaraciones públicas, reconoció que el Gobierno podría aceptar una reducción hasta los 14 años.

Bullrich explicó que la legislación vigente establece la imputabilidad a partir de los 13 años, aunque señaló que en casos de delitos cometidos por menores de 11 años podrían aplicarse medidas vinculadas al “enderezamiento”, en referencia a mecanismos de intervención del sistema penal juvenil.

Mientras el Congreso avanza en el tratamiento de estos proyectos, el Ejecutivo combina la reestructuración administrativa con definiciones políticas en temas sensibles de la agenda pública.