En su presentación, la central obrera argumenta que la medida viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, al imponer niveles mínimos de prestación del 50% al 75%, lo que —según el escrito— “hace imposible llevar adelante una medida de fuerza efectiva”.

Además, la CGT denunció que el DNU amplía de forma arbitraria la lista de servicios esenciales, y vulnera tratados internacionales con jerarquía constitucional como los Convenios 87 y 98 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

También se cuestionó la forma en que fue dictado el decreto, señalando que no se acreditaron razones reales de necesidad y urgencia, tal como exige la Constitución Nacional. 
“No puede reformarse el régimen de huelga por decreto cuando el Congreso funciona con normalidad”, advirtió la central.

La CGT sostiene que limitar el derecho a huelga debilita la acción sindical y agrava las asimetrías en las relaciones laborales, por lo que reclama una suspensión urgente del DNU para evitar daños irreparables al movimiento obrero mientras se resuelve el fondo del planteo.