Quedó confirmada una sentencia civil contra la diputada Liliana Salinas

La Justicia entrerriana dejó firme una condena civil contra la diputada provincial Gladys Liliana Salinas en una causa vinculada al incumplimiento de un contrato de alquiler que se extendió durante varios años.

La resolución ratifica la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Concordia, a cargo del juez Jorge Ignacio Ponce, y establece la obligación de desalojar el inmueble involucrado, además del pago de una deuda acumulada por alquileres impagos.

El expediente determina que Salinas, junto con los garantes solidarios del contrato, deberá afrontar el pago de una suma superior a los 2,1 millones de pesos, monto al que deberán agregarse intereses y demás conceptos derivados de la ejecución de la sentencia.

Según surge de las actuaciones judiciales, la deuda corresponde a más de 35 meses de alquileres impagos acumulados entre 2022 y 2024. El fallo también dispuso que las costas del proceso sean afrontadas por los demandados.

La propiedad objeto del litigio está ubicada sobre calle Laprida de Concordia y pertenece a Francisco Ramón Iriarte, quien promovió la demanda luego de varios intentos fallidos por regularizar la situación contractual.

El caso generó repercusiones debido a que la condena alcanza también a los fiadores que respaldaron el contrato. Ambos son trabajadores de ingresos modestos y, al quedar firme la sentencia, podrían verse alcanzados por medidas patrimoniales destinadas a garantizar el cobro de la deuda.

Un antecedente que volvió a generar cuestionamientos
La situación judicial reavivó además cuestionamientos que acompañaron la trayectoria pública de la legisladora en los últimos años.

Salinas ha protagonizado diversos enfrentamientos políticos, cambios de posicionamiento partidario y controversias públicas que generaron debate tanto dentro como fuera de la Legislatura provincial.

En esta oportunidad, sin embargo, el eje del cuestionamiento no se centra en diferencias políticas sino en el incumplimiento de obligaciones contractuales que terminaron afectando a un propietario particular y a los garantes que respaldaron la operación.

El caso adquiere una dimensión adicional debido a que el dueño del inmueble es un jubilado que utilizaba el alquiler como complemento de sus ingresos, mientras que los garantes son empleados públicos cuyos salarios podrían quedar comprometidos por la ejecución de la sentencia.

Con la resolución ya firme, el expediente ingresa ahora en una nueva etapa orientada al cumplimiento efectivo de las obligaciones económicas establecidas por la Justicia.