Proponen reglamentar el proceso de juicio político en Entre Ríos

Buscan establecer reglas claras para el trámite de los juicios políticos, fijando procedimientos, plazos y garantías para las denuncias que se presenten contra funcionarios alcanzados por este mecanismo constitucional.

La iniciativa fue presentada por la diputada Gabriela Lena, presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento. El proyecto establece que cualquier persona física o jurídica podrá presentar una denuncia, y que la comisión legislativa correspondiente deberá resolver en un plazo de cinco días corridos si corresponde abrir o rechazar el proceso.

Lena explicó que la propuesta surge a partir de la experiencia reciente en la Legislatura, tras los pedidos de juicio político presentados en 2024 contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia Gisela Schumacher y en 2025 contra Susana Medina de Rizzo.

Según indicó, esos casos evidenciaron vacíos en la normativa vigente, ya que la Constitución provincial contempla el instituto del juicio político pero no regula en detalle su procedimiento.

El proyecto busca cubrir esas lagunas estableciendo reglas sobre cómo iniciar el proceso, la forma de las notificaciones, los plazos, la etapa probatoria, la defensa del acusado y la resolución final, tomando como referencia herramientas del Código Procesal Civil y Comercial de Entre Ríos.

Además, delimita las funciones de cada cámara legislativa: la Cámara de Diputados tendrá a su cargo la etapa investigativa, mientras que el Senado será el órgano encargado de emitir la resolución final, con un alcance similar al de una sentencia.
La diputada sostuvo que la iniciativa apunta a garantizar principios constitucionales como el debido proceso, la defensa en juicio, la presunción de inocencia y la seguridad jurídica, dotando al juicio político de un marco procedimental claro.

Según Lena, el objetivo es que este mecanismo constitucional funcione como una herramienta institucional de control y equilibrio entre los poderes del Estado, evitando que su aplicación genere incertidumbre o conflictos institucionales.