Promueven capacitaciones y coordinación para atender la violencia infantil
El diputado provincial, Uriel Brupbacher (UCR - Juntos por Entre Ríos) presentó un proyecto de ley en la legislatura provincial para adherir a la Ley Nacional que establece de manera obligatoria la capacitación en la función pública en derechos de la infancia y violencia contra niñas, niños y adolescentes, y para que las respuestas ante los casos sean rápidas y coordinadas entre todos los estamentos del Estado que intervienen.
�SEl trágico asesinato de Lucio Dupuy puso en evidencia a un sistema que funciona mal, sin detección temprana, sin coordinación y que no garantiza el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes establecidos en nuestra Constitución y a todos los tratados internaciones a los que adherimos⬝ explicó el legislador provincial.
�SRecientemente se aprobó en el Congreso Nacional la llamada �SLey Lucio⬝ y creemos que es importantísimo que Entre Ríos esté a la altura elaborando un protocolo provincial, que luego será adecuado al que se establezca a nivel nacional cuando éste sea elaborado⬝, explicó Brupbacher.
La medida apunta a formar a todas las personas que se desempeñen en los tres poderes del estado provincial y se prevén sanciones para quienes no quieran hacerlo sin justa causa. Las capacitaciones deben contener de forma clara y precisa la información sobre cómo denunciar situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes en cada jurisdicción. Además, deben brindar información que permita reconocer indicadores sobre posibles hechos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, antes de que sea demasiado tarde.
�SSabemos que con el proyecto no vamos a erradicar la violencia contra las niñas y niños, pero es un paso más para promover un cumplimiento real de las normas ya existentes, sin dar lugar a las discrecionalidades propias de cada funcionario⬝ sostuvo el legislador.
Finalmente, Brupbacher destacó que �Snada de esto puede lograrse si el Gobierno Provincial no se compromete a destinar el dinero necesario para realizar las capacitaciones, y para sostener en condiciones dignas la infraestructura y los profesionales que intervienen en estas situaciones de violencia y vulnerabilidad (médicos, psicólogos, asistentes sociales, terapeutas, etc). De nada sirven las grandes declaraciones si el sistema no se sostiene económicamente como corresponde⬝ reclamó el legislador.
