Ponen bajo la lupa el contrato de recolección con VITSA y reclaman control del Tribunal de Cuentas
Las concejalas justicialistas Carolina Amiano y Claudia Villalba presentaron una nota ante el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos para que el organismo analice el proceso mediante el cual la Municipalidad de Concordia contrató y concesionó el servicio de recolección de residuos a la firma VITSA Soluciones Ambientales S.A.
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Las concejalas justicialistas Carolina Amiano y Claudia Villalba presentaron una nota ante el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos para que el organismo analice el proceso mediante el cual la Municipalidad de Concordia contrató y concesionó el servicio de recolección de residuos a la firma VITSA Soluciones Ambientales S.A.
La iniciativa surgió luego de que tomaran conocimiento de la denuncia presentada por el abogado Mariano Giampaolo ante la Justicia, donde solicita investigar posibles irregularidades vinculadas a la contratación del servicio y el manejo de fondos públicos comprometidos en la operación.
Las ediles sostienen que, independientemente de la actuación judicial, corresponde que los organismos de control administrativo ejerzan sus facultades de supervisión sobre una contratación que involucra recursos municipales de significativa magnitud. En ese sentido, solicitaron que el Tribunal de Cuentas evalúe la legalidad del procedimiento, la razonabilidad económica del acuerdo alcanzado, la existencia de previsiones presupuestarias suficientes y los antecedentes técnicos y jurídicos que respaldaron la decisión adoptada por el Ejecutivo.
En la presentación también remarcan que el organismo de control debería requerir toda la documentación vinculada al expediente administrativo y determinar si existieron observaciones de carácter contable, presupuestario o patrimonial que ameriten una intervención específica.
Las concejalas consideran que el debate excede las diferencias partidarias, debido a que involucra un servicio esencial para la ciudad y compromete fondos públicos por montos que superarían los 3.000 millones de pesos anuales.
El pedido se suma a los cuestionamientos que se vienen planteando en distintos ámbitos sobre el proceso de contratación, especialmente en relación con los tiempos administrativos utilizados y los mecanismos que derivaron en la adjudicación del servicio.
Desde el bloque justicialista entienden que la intervención del Tribunal de Cuentas puede aportar una mirada técnica e independiente mientras la Justicia avanza con las actuaciones correspondientes.
La presentación también refleja el posicionamiento político que viene adoptando el PJ en el Concejo Deliberante frente a las principales decisiones de la actual gestión municipal. En ese contexto, y tal como ocurrió durante el tramo final de la última administración justicialista, todo indica que las decisiones más relevantes del Departamento Ejecutivo comenzarán a atravesar un fuerte filtro político, con un nivel de observación y cuestionamiento que probablemente se intensifique a medida que avance la gestión y se acerquen los tiempos electorales.

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