Piden que el Gobierno informe sobre el cumplimiento del aporte para prestaciones de salud destinado a Bomberos Voluntarios

Un pedido de informes que ingresó este jueves en la Cámara de Diputados solicitó al Poder Ejecutivo que informe, por intermedio del Ministerio de Seguridad y Justicia, la Dirección Provincial de Defensa Civil y demás organismos que correspondan, de “manera completa, precisa y documentada”, una serie de puntos vinculados con el “cumplimiento del aporte para prestaciones de salud previsto en el artículo 33, inciso c), de la Ley N° 11.116 y su Decreto Reglamentario N° 4.943/23 —destinado a garantizar, a través de la Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Entre Ríos (Ambver), cobertura de salud a las bomberas y bomberos sin obra social…”.
El pedido refirió que “ante la información que da cuenta de demoras reiteradas en los pagos y en la tramitación de los beneficios establecidos por la normativa vigente, resulta necesario que el Poder Ejecutivo informe de manera completa, precisa y documentada el grado de cumplimiento de sus obligaciones, la ejecución de los recursos destinados a tal fin y las medidas adoptadas para garantizar, sin más demoras, la continuidad de las prestaciones que la ley reconoce a quienes, de manera voluntaria, arriesgan su vida por la seguridad de todos los entrerrianos”. Así, entre otros puntos, solicitó que se detalle la “cantidad de bomberas y bomberos informados e incorporados efectivamente como beneficiarios, desde la sanción de la ley a la fecha, con indicación de los expedientes tramitados y en trámite y su estado actual; monto abonado y monto adeudado, mes por mes, desde enero de 2024 a la fecha; períodos adeudados o pendientes de regularización, y motivos administrativos, presupuestarios o financieros de la demora”.
La autora del proyecto, la diputada peronista Andrea Zoff, fundamentó el pedido en que “el Sistema Provincial de Bomberos Voluntarios constituye un servicio público esencial para la protección de la vida, los bienes y el ambiente. Su intervención permanente frente a incendios, accidentes, emergencias climáticas, rescates y demás situaciones de riesgo convierte a las asociaciones de bomberos voluntarios en instituciones indispensables para la seguridad de la comunidad entrerriana”. Precisó que “en reconocimiento de esa función estratégica, la Provincia de Entre Ríos sancionó en el año 2023 la Ley Nº 11.116, mediante la cual instituyó un régimen de promoción y fortalecimiento del Sistema Provincial de Bomberos Voluntarios, asumiendo obligaciones concretas destinadas a garantizar su sostenimiento, funcionamiento y desarrollo institucional”. Aquella norma fue reglamentada por el Decreto Nº 4.943/23, del 7 de diciembre de 2023 y precisó el alcance de los beneficios económicos previstos por la ley. Añadió que “… el artículo 33, inciso b), establece un aporte destinado a la operatividad de las asociaciones equivalente al valor de mil ochocientos (1.800) litros de nafta súper YPF por semestre para cada asociación, disponiendo que su pago deberá efectuarse durante el primer y el tercer trimestre de cada año”.
Zoff consideró que “en consecuencia, si la Provincia asume un rol protagónico en la coordinación regional para la prevención y el combate de incendios, resulta imprescindible que cuente con un Sistema Provincial de Bomberos Voluntarios debidamente fortalecido y con recursos suficientes para garantizar una respuesta eficaz”.
Por último, señaló que “el propio Poder Ejecutivo, mediante el Decreto Nº 786, del 27 de marzo de 2026, delegó en el Señor Ministro de Seguridad y Justicia la tramitación, verificación y otorgamiento del beneficio previsto en el artículo 33, inciso c), de la Ley N.º 11.116, disponiendo expresamente que el mismo se instrumentará mediante resoluciones ministeriales”. Así, expresó que “en los considerandos del citado decreto se reconoce que la prestación reviste naturaleza asistencial y de seguridad social, destacándose la necesidad de contar con mecanismos administrativos que garanticen celeridad en su tramitación y eviten demoras incompatibles con la finalidad protectora del régimen”.

Diputados exigen explicaciones al Ejecutivo por las demoras en las prestaciones a los bomberos voluntarios

Un pedido de informes ingresó en la Cámara de Diputados de Entre Ríos para que el poder Ejecutivo explique el estado de cumplimiento de la Ley 11.116, que instituyó un régimen de promoción y fortalecimiento del Sistema Provincial de Bomberos Voluntarios. La iniciativa, impulsada por la diputada provincial Andrea Zoff, tomará estado parlamentario en la próxima gestión legislativa.
El proyecto reclama al Ejecutivo, a través del ministerio de Seguridad y Justicia y la Dirección Provincial de Defensa Civil, que informe “de manera completa, precisa y documentada” sobre siete puntos vinculados a la norma. Entre ellos, el cumplimiento del aporte para prestaciones de salud previsto en el artículo 33, inciso c), destinado a garantizar cobertura médica a las bomberas y bomberos que carecen de obra social a través de la Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Entre Ríos (Ambver). En los fundamentos del texto se remarcó que ese beneficio equivale al 30 por ciento del Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada integrante informado, y se solicitó que el Ejecutivo detalle “monto abonado y monto adeudado, mes por mes, desde enero de 2024 a la fecha” y los “motivos administrativos, presupuestarios o financieros de la demora”. También apuntó contra la ejecución del Fondo para la Defensa Civil de Entre Ríos, creado por el artículo 37 de la misma ley, que se nutre entre otras fuentes del uno coma cinco por ciento de la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural y de un porcentaje idéntico del Impuesto Inmobiliario Urbano provincial. Sobre ese fondo, se exigió una “planilla mensual” con lo recaudado desde enero de 2024 hasta julio de 2026, además de copia certificada del extracto bancario de la cuenta específica prevista por los artículos 39 y 40 —a cargo de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (Ater)— o, en su defecto, que se informen “expresamente los motivos y la fecha prevista para su apertura”.
El pedido reclamó precisiones sobre las resoluciones ministeriales dictadas en el marco del Decreto 786/2026, que delegó en la cartera de Seguridad y Justicia la tramitación del beneficio de salud, así como un “cronograma de regularización de pagos con fechas ciertas” y el “mecanismo de contingencia” previsto ante la persistencia de las demoras.
Otro de los ejes del proyecto fue la articulación provincial con el Sistema Federal de Manejo del Fuego, creado por la ley nacional 26.815. En los fundamentos se advirtió que el Ejecutivo nacional dispuso en julio de 2025 la disolución del Fondo Nacional de Manejo del Fuego mediante el Decreto 463/2025, “mecanismo que garantizaba financiamiento específico y automático para la prevención y el combate de incendios”, y que el presupuesto nacional 2026 para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego resultó “uno de los más bajos de la última década”. Por ese motivo, se pidió que la Provincia informe si readecuó o incrementó partidas propias para compensar esa retracción del financiamiento nacional.
En ese marco, el texto recogió declaraciones del gobernador Rogelio Frigerio durante la apertura del Período de Sesiones Ordinarias número 146, cuando sostuvo: “Pero también los incendios afectan la vida y la seguridad de los entrerrianos. Para enfrentarlos con efectividad, empezamos por lo más importante: apoyar a nuestros Bomberos Voluntarios”. El mandatario había agregado, según el mismo documento, que la Provincia “también empezamos a abonar la cobertura social a través de sus propias mutuales, y comenzamos a reconocer a los voluntarios que prestaron 25 años de servicio”.
Frigerio también había señalado, en esa misma alocución, que la gestión provincial desarrolló “por primera vez una estrategia común con nuestras provincias hermanas de la Región Centro y la Región Litoral” para enfrentar los incendios de manera articulada, “porque el fuego no reconoce fronteras”. Pese a esas afirmaciones, los fundamentos del pedido de informes remarcaron que persisten “demoras reiteradas en los pagos y en la tramitación de los beneficios establecidos por la normativa vigente”, lo que motivó el reclamo formal al Ejecutivo. El proyecto fue presentado por Zoff junto a un extenso bloque de coautores integrado por los diputados Arrozogaray, Ávila, Bahillo, Deccó, Moreno, Seiler y Stratta.