Nueva ofensiva contra el lobby: quieren transparentar las reuniones del poder

La iniciativa, denominada “Régimen de Gestión de Intereses”, busca establecer reglas claras sobre la relación entre actores privados y el Estado en temas vinculados a elaboración de leyes, contrataciones, subsidios, concesiones y decisiones económicas o regulatorias.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un Registro Público de Gestores de Intereses, que será obligatorio, digital y abierto. Allí deberán inscribirse las personas o representantes que realicen gestiones ante funcionarios nacionales en nombre de empresas, organizaciones o sectores privados.

Además, la propuesta establece que los funcionarios deberán informar y publicar periódicamente las reuniones mantenidas con representantes privados, incluyendo agendas oficiales y detalles de los encuentros.
El texto también incorpora limitaciones para ex funcionarios públicos que, luego de dejar sus cargos, pretendan desempeñarse como gestores de intereses, uno de los aspectos históricamente más cuestionados por posibles conflictos entre la función pública y los negocios privados.
Desde el Ejecutivo sostienen que actualmente existe un vacío normativo en torno al lobby y consideran que una regulación permitiría dar mayor transparencia y trazabilidad a los vínculos entre sectores económicos y quienes toman decisiones dentro del Estado.
La iniciativa retoma además varios proyectos similares impulsados en los últimos años por dirigentes de distintos espacios políticos, entre ellos propuestas vinculadas a la Coalición Cívica, sectores radicales y referentes del peronismo federal.

Entre las actividades alcanzadas por la futura ley figuran las gestiones relacionadas con licitaciones públicas, beneficios fiscales, concesiones, subsidios y modificaciones legislativas que puedan generar impacto económico.

El proyecto prevé además que los reportes sobre reuniones y actividades de lobby deban presentarse de manera trimestral y hacerse públicos dentro de los diez días hábiles posteriores.

En los fundamentos, el Gobierno sostiene que la falta de una regulación integral generó durante años “espacios de opacidad” que afectan la confianza pública y la igualdad en los procesos de decisión estatal.
Ahora el debate quedará en manos de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo intentará reunir apoyos para avanzar con una norma que toca uno de los temas más sensibles en la relación entre política, empresas y grupos de presión.