"Nadie podrá decir que no fue advertido": Amiano endureció su reclamo por la licitación de residuos

La adjudicación de la recolección de residuos en Concordia sumó un nuevo capítulo de discusión. La presidenta del bloque justicialista, Carolina Amiano, solicitó al Departamento Ejecutivo que revise el procedimiento de la Licitación Pública Nº 47/2026, que concluyó con la elección de VITSA, y que ponga a disposición la documentación utilizada para comparar las ofertas.
El punto más concreto de su planteo es una diferencia dentro de la Comisión Evaluadora. Mientras la mayoría recomendó adjudicar el servicio a VITSA, uno de sus integrantes, el contador Matías Oscar Rodríguez, firmó un dictamen disidente: ubicó primera a ASHIRA, segunda a Bodegas y Viñedos Santa Elena, tercera a VITSA y cuarta a Transportes Malvinas. Amiano sostiene que esa discrepancia exige conocer cómo se asignaron los puntajes. También afirma que el voto disidente no fue incluido inicialmente entre los documentos enviados al Concejo Deliberante y que se incorporó cuando ya corría el plazo para impugnar la adjudicación.

La concejal puso el foco, además, en la limpieza de los microbasurales. Según su interpretación, esa tarea no quedó establecida con suficiente claridad en el pliego para que todas las empresas pudieran calcularla y cotizarla bajo las mismas condiciones. Cuestionó que luego se valorara favorablemente el ofrecimiento de VITSA para realizarla. Será necesario examinar el pliego, las respuestas dadas a los oferentes y las planillas de evaluación para establecer qué peso tuvo ese punto en el resultado.

La dimensión del contrato vuelve relevante esa revisión. De acuerdo con las cifras citadas por Amiano del Decreto Nº 854/2026, el precio inicial es de 268 millones de pesos mensuales por 48 meses: 12.864 millones a valores nominales de adjudicación, antes de las actualizaciones previstas. La discusión alcanza así tanto al costo del servicio como a las reglas con las que se eligió a quien deberá prestarlo.
Amiano vinculó sus objeciones actuales con las que formuló cuando el Municipio recurrió a una contratación directa, antes de convocar a la licitación. Señaló que aquella etapa dio lugar a una denuncia penal y a actuaciones ante el Tribunal de Cuentas provincial. Esos antecedentes forman parte del debate, aunque su existencia no demuestra por sí sola que la adjudicación posterior haya sido irregular. La concejal anticipó que incorporará a esas presentaciones el dictamen disidente y otros documentos de la evaluación.

En un escenario político que ya muestra internas demasiado tempranas, será cada vez más difícil distinguir los reclamos legítimos de los actos de confrontación destinados a ganar posiciones. Los lectores tendrán que mirar los documentos y las respuestas, y separar las campañas de los actos de gobierno. Esa exigencia vale para quien cuestiona la licitación y para el Ejecutivo que la llevó adelante.

Por ahora, hay preguntas precisas que merecen una respuesta pública: por qué dos evaluaciones produjeron órdenes de mérito distintas, cuándo se remitió al Concejo el voto disidente y cómo se ponderó la limpieza de microbasurales. Amiano pide que el Municipio revise lo actuado antes de avanzar con el contrato. 
El Ejecutivo tiene la oportunidad de explicar su decisión con el expediente completo a la vista; a los organismos de control les corresponderá determinar si hubo irregularidades y, en su caso, sus consecuencias.