Muntes: salarios, despidos y contratos en el centro de la preocupación estatal

—Como dirigente comprometido con la clase trabajadora, ¿cómo se define?
—Me defino como un compañero militante, profundamente solidario y comprometido con la clase trabajadora. Creo que la única forma de salir adelante de esta tragedia es con la participación del pueblo trabajador, con una autocrítica profunda y, por sobre todo, con honestidad.
La dirigencia está cuestionada y aceptamos ese cuestionamiento, porque el pueblo está cansado de tanta corrupción y de la entrega de nuestro patrimonio. La honestidad debe ser una práctica constante para recuperar la confianza.

—Tras asumir al frente de la CTA Autónoma de Entre Ríos, ¿qué agenda de acciones definieron?
—La agenda que acordamos con los secretarios generales de toda la provincia contempla asambleas en cada organismo, con posibilidades de movilizaciones locales, para culminar con una gran marcha provincial. Si podemos hacerlo junto con toda la multisectorial, mejor. Queremos seguir construyendo colectivamente la resistencia a las políticas de Frigerio y su Gobierno.

—¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los empleados estatales?
—Los salarios son muy bajos. El 85% de los trabajadores que representamos está por debajo de la canasta familiar y, por eso, el endeudamiento es muy grande. Una línea de crédito no resuelve ese problema cuando los ingresos son insuficientes.
Hablamos de salarios mínimos de entre un millón y un millón cien mil pesos, frente a una canasta de alrededor de $1.700.000. Según nuestros cálculos, la pérdida del poder adquisitivo desde que asumió este Gobierno es del 44%.
A eso se suman los aumentos de los aportes personales a la Caja de Jubilaciones: tres puntos adicionales el año pasado y otros tres para salarios brutos de tres millones de pesos. Todo eso agrava la pérdida salarial.

También hay despidos y contratos que finalizan sin renovación en áreas sensibles para la sociedad entrerriana. Eso sobrecarga al personal que permanece trabajando.
En enfermería, por ejemplo, denunciamos falta de personal, incumplimiento de horarios, sobrecarga laboral, persecución y falta de reconocimiento de las prolongaciones de jornada.

Además, las paritarias se han convertido en meros trámites administrativos. Las decisiones se toman en otro lado y quienes representan al Gobierno en la mesa no tienen poder de resolución.

—Usted sostiene que el Gobierno provincial busca desgastar a ATE. ¿Por qué y de qué manera considera que favorece a UPCN?
—Porque debilitar a ATE les dejaría el terreno libre para profundizar el ajuste. Sostenemos que funcionarios del Gobierno promueven la afiliación al otro gremio.
También cuestionamos que no se autoricen o no se dicten las resoluciones necesarias para reconocer nuestras capacitaciones. Eso genera incertidumbre entre los trabajadores, a quienes les dicen que deben ir a UPCN para formarse.
Denunciamos un desfinanciamiento del sindicato relacionado con el aporte solidario, por no aceptar paritarias a la baja. Tampoco se aprobó la transferencia de fondos para el Jardín Maternal Acunate, de Paraná, lo que genera deudas y dificultades para sostener su funcionamiento.
Además, enfrentamos una denuncia penal por reclamar salarios y condiciones dignas de trabajo. Sabemos que mantener la coherencia, la independencia y la autonomía tiene un costo.

—¿Qué reclamos llevaron a la Justicia y cuáles están preparando?
—Judicializamos el aporte solidario y el pago de conceptos salariales en negro. También iniciaremos acciones por la falta de reconocimiento del relevamiento de salud realizado por ATE, mientras que a UPCN sí se le reconoce. Entendemos que esa diferencia genera más temor entre los trabajadores precarizados.
Cuestionamos, además, que el régimen de concursos abiertos no reconozca adecuadamente la antigüedad. Hay compañeros que pueden quedar afuera por tener menos formación, cuando debería existir un plan de capacitación para todos.
Respecto del Convenio Colectivo de Trabajo, denunciamos que se pretende avanzar únicamente con UPCN, desconociendo la participación que le corresponde a ATE y la normativa vigente.

—¿Qué lugar ocupa la capacitación dentro de la política gremial de ATE?
—A pesar de los obstáculos, seguimos adelante con la formación en toda la provincia y eso nos llena de orgullo. Firmamos un convenio con la UADER para desarrollar capacitaciones destinadas a distintas áreas, con puntaje para concursar cargos.

Formarse es un derecho de las trabajadoras y los trabajadores del Estado. Deben tener la posibilidad de alcanzar sus objetivos personales, académicos y laborales.
La capacitación también debe ser una responsabilidad permanente del Gobierno, abierta a todos y no limitada a un sindicato o a una necesidad puntual, como una recategorización.

—Este 8 de octubre se realizará en ATE Concordia la capacitación “Programación y Planificación de Enfermería”. ¿Qué importancia tiene?
—Es una instancia muy importante. Permite ofrecer formación con resolución ministerial y puntaje para concursar cargos a nuestras afiliadas y afiliados.

Además, significa reivindicar la lucha que las enfermeras y los enfermeros vienen llevando adelante en toda la provincia.

—¿Qué mensaje quiere dejarles a los afiliados de ATE Concordia?
—Estamos atravesando un momento de mucha crueldad hacia la clase trabajadora. En Concordia hay compañeros y compañeras despedidos en medio de una crisis muy profunda, y denunciamos persecución por pensar distinto.

La resistencia debe encontrarnos unidos en cada acción. Tenemos que trabajar para que el Gobierno que suceda a este sea de reparación y transformación, y no de administración de la pobreza que deja. No todo está perdido. 
Mientras estén ATE y los sindicatos que luchan y no se entregan, hay esperanza. 
Es con ATE.