Modernización: el oficialismo impuso el dictamen y abrió una nueva disputa en el recinto

El tratamiento podría concretarse este miércoles, en medio de cuestionamientos opositores por la falta de cambios, las compras tecnológicas sin licitación y las garantías para resguardar la información estatal. El justicialismo presentará una propuesta alternativa. 
Después de tres semanas sin reuniones de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, el oficialismo reactivó este martes el tratamiento del proyecto de Transformación e Innovación Digital enviado por el Poder Ejecutivo.
El bloque gobernante reunió las firmas necesarias para emitir dictamen de mayoría y encaminar la propuesta hacia el recinto. El avance se produjo sin acuerdo con la oposición, que había presentado observaciones y modificaciones durante las instancias anteriores de discusión.
Desde los bloques opositores señalaron que el propio oficialismo había solicitado aportes para revisar el proyecto, pero que esas propuestas finalmente no fueron incorporadas al despacho aprobado.
La iniciativa busca digitalizar procedimientos administrativos y avanzar en la modernización del Estado provincial. Para ello, concede amplias facultades a la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación, que tendrá intervención directa en la definición de los sistemas, herramientas y condiciones que deberán adoptar los organismos públicos.
La presidenta de la comisión, Susana Pérez, admitió durante la reunión que las diferencias no habían podido resolverse. “Evidentemente no vamos a llegar a un consenso, la decisión está tomada”, manifestó.
La diputada Andrea Zoff también objetó la rapidez con la que se cerró el tratamiento. Según planteó, los legisladores no contaron con tiempo suficiente para estudiar el texto luego de tres semanas sin convocatoria a la comisión.

Stratta explicó con firmeza la posición de su bloque
Con un estilo simple, directo y firme, la presidenta del bloque Más para Entre Ríos, Laura Stratta, explicó por qué la bancada que conduce no acompañará el dictamen oficialista y presentará una propuesta de minoría.
La legisladora comenzó señalando que los aportes realizados por la oposición durante el debate fueron desestimados: “Las modificaciones que se propusieron no fueron tenidas en cuenta a la hora de construir un dictamen”.
Stratta aclaró que su bloque comparte la necesidad de actualizar el funcionamiento de la administración pública, aunque mantiene diferencias profundas sobre las herramientas elegidas y las facultades que se pretende conceder al Ejecutivo.
“Si ustedes quieren hacer una modificación a la Ley de Contrataciones del Estado y no construir de verdad un Estado moderno, eficiente y profesionalizado, sigan con este dictamen”, expresó.
También cuestionó la falta de definiciones sobre el resguardo y almacenamiento de la información pública. “El proyecto no esboza cuestiones que debe legislar a la hora de la modernización y la digitalización: soberanía de datos y cuestiones tecnológicas”, afirmó.
La titular del bloque opositor confirmó que impulsarán un dictamen propio que incorpore los puntos que consideran esenciales. “Si la reunión de hoy es para contestar por qué no tomaron las modificaciones que se propusieron oportunamente, nosotros hacemos un dictamen de minoría donde contemplaremos cuestiones centrales y neurálgicas”, anticipó.
Finalmente, sintetizó la postura de su bancada: “Se genera una dependencia tecnológica si no se legisla. Creemos en modernizar, pero tenemos otra mirada”.

Las contrataciones directas concentran las críticas
Uno de los aspectos más discutidos es la posibilidad de contratar directamente programas, plataformas y servicios tecnológicos, incluidos aquellos que funcionan mediante almacenamiento en la nube.
La diputada Silvia Moreno sostuvo que esa autorización podría reducir la transparencia y dificultar el seguimiento del dinero público.
“Con la compra directa, ¿no hay un retroceso en la trazabilidad cuando hablan de transparencia? ¿Cuál será el tope de la compra? ¿Quién lo va a controlar? Habilitamos a que usen la plata de los entrerrianos y no se sabe quién lo controlará”, cuestionó.
La oposición también pidió mayores precisiones sobre el lugar y la jurisdicción bajo los cuales se almacenarán los datos públicos y personales. El texto no crea una autoridad de protección de datos con independencia funcional ni establece auditorías externas específicas.
Otro de los reparos apunta a que varias decisiones centrales quedarán sujetas a la reglamentación posterior del Ejecutivo. Entre ellas aparecen las condiciones de contratación, los sistemas tecnológicos utilizados y distintos mecanismos de fiscalización.

El impacto sobre los trabajadores estatales
La situación de los empleados públicos también formó parte de la discusión. UPCN participó de las reuniones de comisión y reclamó garantías para evitar que la automatización y la inteligencia artificial provoquen cambios unilaterales en las funciones o condiciones laborales.
El gremio solicitó que las modificaciones sustanciales sean discutidas previamente con las organizaciones sindicales. También propuso capacitación permanente, programas de reconversión laboral, asistencia presencial para quienes encuentren dificultades con los sistemas digitales y reconocimiento salarial cuando las nuevas tareas impliquen mayores responsabilidades.
Asimismo, pidió incorporar controles éticos sobre el uso de herramientas digitales y sistemas de inteligencia artificial dentro del Estado.
Susana Pérez respondió que el proyecto contiene una cláusula destinada a proteger los derechos de los trabajadores y obliga a la Provincia a proporcionar capacitación y los elementos necesarios para afrontar los cambios.
Desde UPCN, sin embargo, consideran que una declaración general resulta insuficiente y reclaman compromisos concretos dentro del articulado.

El debate se traslada al recinto
El dictamen de mayoría dejó al proyecto en condiciones de ser incorporado al temario de la sesión de este miércoles. Si eso ocurre, la discusión pasará al pleno de la Cámara de Diputados con posiciones claramente enfrentadas.
El oficialismo sostiene que la Provincia necesita una norma que permita acelerar la digitalización, agilizar los trámites y reducir el uso del papel.
La oposición advierte que ese proceso debe incluir límites precisos, controles independientes y garantías sobre el dinero público, la información de los ciudadanos y los derechos de los trabajadores estatales.
La controversia ya supera la incorporación de nuevas tecnologías. Lo que Diputados deberá resolver es quién tendrá la facultad de contratar los sistemas, administrar los datos públicos y controlar el funcionamiento de una transformación que alcanzará a toda la estructura del Estado provincial.