Más para Entre Ríos rechaza cambios en la Ley de Concesiones

El bloque de diputados provinciales Más para Entre Ríos expresó su rechazo al proyecto presentado por la diputada Noelia Taborda y acompañado por legisladores oficialistas, que propone modificar el artículo 5° de la Ley Nº 11.280, correspondiente al nuevo Régimen General de Concesiones de la Provincia.

Desde la bancada opositora señalaron que la iniciativa genera preocupación no sólo por su contenido, sino también por el mensaje institucional que transmite, al intentar modificar una ley que fue sancionada, debatida y promulgada hace poco más de un mes.
En un comunicado, los legisladores recordaron que durante el tratamiento de la norma uno de los principales planteos de la oposición estuvo relacionado con la necesidad de establecer límites claros para impedir cualquier posibilidad de privatización de áreas sensibles del Estado. En ese marco, destacaron que el texto vigente excluye expresamente de toda modalidad de concesión, delegación o transferencia a terceros a la educación pública, la salud pública, la seguridad, la justicia y el sistema penitenciario.
Según advirtieron, la modificación impulsada por el oficialismo elimina esa prohibición explícita y la reemplaza por una redacción que permitiría concesionar actividades y funciones esenciales, manteniendo en manos del Estado únicamente la titularidad y las facultades de regulación y control.
Para Más para Entre Ríos, la diferencia entre ambos textos es significativa, ya que la normativa actual prohíbe de manera categórica la concesión de funciones esenciales, mientras que la propuesta abre la posibilidad de que esas actividades sean gestionadas por terceros.
El bloque también cuestionó que quienes defendieron públicamente la ley durante su sanción ahora impulsen cambios sobre uno de sus puntos centrales. En ese sentido, planteó interrogantes sobre la consistencia del debate legislativo que precedió a la aprobación de la norma.
Finalmente, los diputados opositores sostuvieron que la discusión excede el plano jurídico y se vincula con el papel que debe desempeñar el Estado en la garantía de derechos fundamentales. “La educación, la salud, la justicia y la seguridad son responsabilidades indelegables del Estado”, señalaron, al tiempo que ratificaron que defenderán la redacción vigente de la ley por considerar que protege funciones esenciales que no deben ser concesionadas ni privatizadas.