Las metas de Boleas frente a los números: equilibrio fiscal, salarios y obras bajo examen

Las declaraciones del ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas, presentan un rumbo: ordenar las cuentas para financiar servicios esenciales, recuperar infraestructura y procurar que los salarios acompañen a los precios. Sin embargo, el contraste con la ejecución provincial y el escenario económico muestra que esas afirmaciones tienen distinto grado de respaldo. Algunas describen mejoras comprobables; otras constituyen objetivos cuya concreción todavía debe demostrarse.

El Ministro Boleas sostiene que el equilibrio fiscal debe funcionar como una herramienta para atender necesidades públicas. También condicionó la política salarial al comportamiento efectivo de los ingresos. Esa condición resulta central para evaluar el alcance de sus compromisos.

El antecedente de 2025 y la mejora parcial de 2026

El último ejercicio completo disponible ofrece una primera advertencia. Según el Instituto de Investigaciones del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER), la provincia cerró 2025 con un superávit primario de $6.500 millones, pero los intereses de deuda, por $136.700 millones, llevaron el resultado financiero a un déficit de $130.200 millones.

La diferencia importa: el resultado primario excluye intereses; el financiero los incorpora. Por eso, hablar de equilibrio sin precisar el indicador puede ofrecer una imagen incompleta de las cuentas públicas.

El primer semestre de 2026 muestra una mejora. El CEER informó un superávit financiero de aproximadamente $75.000 millones. Pero también identificó su contracara: los recursos totales cayeron 1% real interanual y el gasto primario se redujo 5%. El gasto en personal disminuyó 10% real y el de seguridad social, 6%. Son variaciones de partidas agregadas; no equivalen automáticamente a la pérdida salarial individual de cada trabajador o jubilado.

La conclusión requiere equilibrio: existe una mejora fiscal verificable durante el semestre, acompañada por una contracción del gasto descontada la inflación. Todavía no corresponde presentarla como el resultado definitivo de 2026 ni compararla directamente, por su monto, con un ejercicio anual completo.

La inflación presupuestada no garantiza la inflación real

Para 2027, el proyecto provincial adopta un crecimiento nacional del 4%, una inflación del 18% entre diciembre y diciembre y un dólar de $1.847 al cierre del año. La comunicación oficial distingue, además, una inflación promedio anual del 21,1%. Son mediciones diferentes que deben mantenerse separadas al analizar ingresos y gastos.

El marco nacional actualizado confirma las previsiones del 18% para 2027 y del 29% para 2026. Pero el antecedente inmediato invita a la prudencia: el proyecto nacional presentado el año pasado había estimado para 2026 una inflación del 10,1% y un crecimiento del 5%, según el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso. La revisión posterior muestra cuánto puede cambiar el escenario utilizado para elaborar las cuentas.

En septiembre, el INDEC informó una inflación mensual del 1,9%; durante los primeros nueve meses de 2026, los precios acumularon un aumento del 23,6%. El dato ya supera ampliamente aquella previsión inicial para todo el año. Esto no demuestra que la pauta de 2027 vaya a incumplirse, pero impide tratarla como una certeza.

El régimen de responsabilidad fiscal establece un marco macrofiscal común y reglas para formular y ejecutar presupuestos. Esa referencia institucional no elimina la incertidumbre económica ni reemplaza la necesidad de explicar qué partidas se protegerán si la recaudación resulta inferior a la esperada.

Tampoco el contexto mundial ofrece garantías. El FMI proyecta una expansión global del 3,1% en 2026 y del 3,4% en 2027, con riesgos asociados a conflictos bélicos, presiones inflacionarias y condiciones financieras. Esos porcentajes no son una vara directa para juzgar el crecimiento argentino, pero describen un entorno que puede alterar exportaciones, costos y financiamiento provincial.

Salarios y jubilaciones: compromisos pendientes de resultados

La aspiración de preservar el poder adquisitivo debe leerse junto con su condición: la disponibilidad de recursos. En las declaraciones examinadas no aparece detallado un mecanismo automático de compensación ante desvíos inflacionarios. Por lo tanto, se trata de un objetivo de política salarial, cuyo cumplimiento deberá medirse con los acuerdos efectivamente aplicados y la evolución de los precios.

Respecto de la Caja, Boleas sostuvo que la reforma tendrá efectos graduales y que resguarda a los beneficiarios actuales. 
Son afirmaciones del funcionario que requieren contrastarse con la normativa y las liquidaciones correspondientes; por sí solas no prueban la sustentabilidad futura del sistema.
El antecedente disponible dimensiona el problema: el CEER calculó para los servicios de seguridad social un déficit de $239.000 millones en 2025. Reducir su ritmo de crecimiento puede representar un avance, pero no significa haber eliminado el desequilibrio.

Obras y coparticipación: importa cuánto llega y cuánto se ejecuta

El proyecto de 2027 contempla $8,67 billones y anuncia un incremento nominal del 77,3% en inversión de capital. Es una prioridad presupuestaria relevante, aunque todavía representa una asignación proyectada. Su evaluación deberá considerar ejecución, costos de construcción y avances físicos. La firma de convenios y los estudios logísticos son pasos de planificación; su impacto productivo exige obras y servicios concretos.

Hay señales de recuperación: durante el primer semestre de 2026, el gasto de capital creció 33% real, según el CEER. Al mismo tiempo, los recursos tributarios nacionales bajaron 3% real. Esto permite distinguir dos cuestiones: que la coparticipación se transfiera regularmente no significa que conserve su capacidad de compra. Tampoco el mecanismo de goteo diario alcanza, por sí solo, para verificar todas las liquidaciones municipales.

El planteo de Boleas combina una mejora fiscal parcial con compromisos todavía abiertos. Calificar todo su programa como una expresión de deseo desconocería los resultados del semestre; presentar sus metas como logros consumados también sería incorrecto. La prueba estará en sostener las cuentas sin deteriorar servicios, comprobar la evolución salarial y convertir las partidas anunciadas en infraestructura efectivamente ejecutada.