La reforma previsional en Entre Ríos: un retroceso de derechos ante el incumplimiento federal

La Caja de Jubilaciones de Entre Ríos y el sufrimiento de la clase trabajadora: por qué la reforma previsional en Entre Ríos es un ajuste contra los y las personas empleadas del estado provincial.

El debate sobre la reforma del sistema previsional en Entre Ríos ha vuelto a encender las alarmas en el sector laboral de nuestra provincia. Detrás de discursos oficiales que hablan de “modernización”, “sustentabilidad” y la urgencia de paliar un déficit financiero, se esconde una realidad ineludible: el costo de la crisis se le pretende trasladar, una vez más, a los y las trabajadores/as del sector activos y pasivo.

La celeridad con la que el gobernador Rogelio Frigerio busca aprobar este proyecto legislativo evidencia una intencionalidad clara de consolidar un ajuste estructural sin el debido consenso de las bases que no debe limitarse a los gremios, partidos políticos o legisladores.  
Sino a una amplia difusión en el sistema educativo de adultos y jóvenes y para la ciudadanía en general a través de los medios de comunicación

Esta reforma resulta profundamente perjudicial para los y las laburantes por tres razones fundamentales.

En primer lugar, la instalación del debate sobre el aumento de la edad jubilatoria desconoce la realidad de la expectativa de vida laboral y el desgaste físico e intelectual de quienes se emplean públicamente, golpeando con especial dureza a las mujeres, cuyas tareas de cuidado histórico y paralelo al empleo estatal suelen ser invisibilizadas.

En segundo lugar, aunque desde los micrófonos oficiales se jure defender el histórico 82% móvil, la verdad radica en los cambios metodológicos de su cálculo. 
Propuestas de modificar la base imponible del haber bruto al neto, o cambiar el cálculo para promediar la historia laboral real de los últimos 30 años a valores actuales, significan en la práctica un desenganche de los aumentos salariales de los activos y una pérdida real del poder adquisitivo para quienes aportaron o van aportar toda una vida.

Por otra parte, es inadmisible el reduccionismo discursivo que intenta mostrar la relación de aportantes del empleado/a estatal como centro del déficit previsional. Los y las aportantes cumplieron estrictamente con sus obligaciones durante décadas.

Si la Caja de Jubilaciones se encuentra desfinanciada, es en gran medida responsabilidad del propio Poder Ejecutivo provincial que insiste en otorgar aumentos mediante sumas “en negro” (conceptos no remunerativos), privando deliberadamente al sistema de los recursos genuinos que necesita para sostenerse.
Sin embargo, el dato más alarmante y que destruye el argumento del colapso local es la asfixia financiera ejercida desde el orden nacional. 
Se estima que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) debería girar aproximadamente $2,5 billones de pesos durante el año 2026 en total para cubrir las necesidades de las 13 cajas previsionales provinciales no transferidas, entre las cuales Entre Ríos ocupa un lugar central.

El gobierno del presidente Javier Milei mantiene una multimillonaria e histórica deuda acumulada con nuestra provincia debido al corte discrecional de las transferencias y la demora de auditorías que en muchos casos llegan congeladas a valores desactualizados.

Resulta incomprensible que, en lugar de plantarse con firmeza ante el Gobierno Nacional para exigir la restitución de los fondos legítimos que le corresponden a Entre Ríos por ley, la gestión provincial elija el camino más fácil y doloroso: ajustar a los propios entrerrianos.

Modificar la Ley 8732 no solucionará un problema estructural que es, antes que nada, de recaudación y de cumplimiento de convenios federales. Los gremios y las bases trabajadoras ya han fijado una postura unánime: el sistema previsional entrerriano no es un gasto, es un derecho conquistado. La seguridad social debe garantizar una vejez digna, por lo que la ley previsional no se debiera tocar; se defiende y se fortalece en la expresión ciudadana mediante su manifestación pública en las calles y seguramente en el voto en el 2027.

No espere Sr. Gobernador que quienes eventualmente van a recibir menos beneficios le voten. Alegremente y aplaudiendo una reforma que no es tal, sino un simple y llano ajuste para que den los números.  Sabido es de su alineamiento político con el gobierno actual que se autodefine como anarco capitalismo.

Y justamente toda reforma no se da en el marco de una anarquía y de un un capitalismo sin control o regulación como bien sostenía Frigerio Julio Rogelio: El desarrollismo del mencionado (ideólogo principal del gobierno de Arturo Frondizi) concebía al Estado como un planificador y árbitro estratégico, no como un competidor o productor directo.

Su regulación se orientaba a corregir los desequilibrios estructurales mediante incentivos fiscales, crediticios y arancelarios para dirigir la inversión hacia sectores clave. Cosa que Ud parece desconocer.