Comedores escolares: la Provincia cerró la investigación administrativa y envió las actuaciones al Consejo de Educación

La excoordinadora Silvina Murúa está imputada en una causa penal que continúa en investigación.

En 37 comedores escolares del departamento Concordia, durante marzo y abril de 2025, una auditoría interna de rutina detectó diferencias e irregularidades en el manejo de fondos destinados a la alimentación de estudiantes. El monto observado ascendió a 103.738.136 pesos y dio origen a una investigación administrativa y a una causa penal que continúa en trámite. 
La auditoría y los hechos relevados en esos establecimientos llevaron al apartamiento de Silvina Soledad Murúa, entonces coordinadora departamental de Comedores. Ahora, el Gobierno entrerriano aprobó y convalidó la información sumaria instruida en el área y dispuso remitir las actuaciones al Consejo General de Educación (CGE), donde la exfuncionaria mantiene un cargo docente.
La decisión quedó formalizada mediante un decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y refrendado por la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso. El procedimiento administrativo se había iniciado a través de la Resolución 267/25 del ministerio.

Según el dictamen de la Asesoría Letrada de la Fiscalía de Estado citado en el decreto, quedaron acreditadas graves irregularidades administrativas atribuibles a Murúa durante su gestión. La investigación concluyó que la entonces coordinadora conocía observaciones sobre sobreprecios y otras inconsistencias, sin haber adoptado medidas eficaces para corregirlas ni informado a sus superiores.
El informe también le atribuyó intervención en el direccionamiento de compras hacia determinados proveedores, instrucciones sobre la confección de rendiciones y la concentración de funciones sensibles en familiares y personas de confianza.
El decreto señaló que esos colaboradores no tenían cargos ni legajos activos en la administración provincial o municipal, por lo que no corresponde aplicarles sanciones disciplinarias por esa vía. En cuanto a los proveedores mencionados, indicó que su eventual responsabilidad quedará sujeta al resultado de la investigación penal. 
Respecto de Murúa, la Fiscalía de Estado sostuvo que ya no puede ser sancionada bajo el régimen aplicable a su antiguo cargo porque fue apartada de esa función. Como conserva su vinculación laboral con la Provincia en el ámbito educativo, el CGE deberá evaluar si corresponde iniciar un sumario administrativo conforme al Estatuto del Docente Entrerriano.
En paralelo, continúa la investigación judicial a cargo de los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning. Según la hipótesis fiscal, desde enero de 2024 Murúa habría participado, junto con familiares, de maniobras para persuadir o presionar a responsables de tarjetas de compra de comedores a fin de que se abastecieran en determinados comercios.

Murúa afirmó que había denunciado irregularidades en los comedores
La excoordinadora de Comedores de Concordia aseguró en redes sociales que es inocente y sostuvo que informó sus sospechas a funcionarios provinciales. También cuestionó recortes en la asistencia alimentaria.
Silvina Murúa, investigada por el presunto desvío de fondos destinados a comedores escolares de Concordia, difundió un descargo en el que rechazó las acusaciones y aseguró que la información de su teléfono celular permitirá demostrar su inocencia.
La exfuncionaria afirmó que guardó silencio durante un tiempo y que ahora cuenta con un equipo de abogados dedicado a su defensa. Según su relato, al asumir en enero de 2024 encontró irregularidades en el funcionamiento de los comedores y buscó modificar una situación de concentración de las compras en un proveedor.
Aclaró que su señalamiento no alcanza a todas las personas que administraban las tarjetas destinadas a adquirir alimentos, ya que, dijo, muchas cumplían correctamente con su tarea.

Murúa aseguró que comunicó sus sospechas al diputado Marcelo López y a funcionarios del Gobierno provincial. También sostuvo que presentó una denuncia en la Fiscalía de Concordia el 7 de marzo de 2025 y envió un correo a la Presidencia de la Nación. Según afirmó, recibió una respuesta formal, pero no observó avances en sus reclamos.
En su exposición, cuestionó además recortes en la asistencia alimentaria y mencionó como primera escuela afectada durante su gestión a la Benito Garat. Afirmó que advirtió a las autoridades sobre las consecuencias que esas decisiones podían tener para los alumnos.
La excoordinadora también rechazó que todos los administradores de tarjetas hubieran sido designados por ella: sostuvo que algunos fueron incorporados durante su gestión y otros provenían de decisiones de otros sectores o de la administración anterior.

El descargo se conoce mientras avanza la causa penal por presuntas irregularidades en fondos destinados a 37 comedores escolares y después de que la Provincia convalidara una investigación administrativa que atribuyó irregularidades a Murúa.