La Justicia rechazó frenar la licitación de la Hidrovía y el proceso seguirá adelante

La resolución judicial quedó plasmada en un fallo de 15 páginas en el que el juez federal Daniel Rafecas rechazó los pedidos para suspender de manera urgente la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay. Las presentaciones habían sido impulsadas por la diputada nacional Marcela Pagano y por Fernando Míguez, titular de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, quienes cuestionaron el proceso y advirtieron sobre posibles irregularidades.

Al fundamentar su decisión, Rafecas consideró que las denuncias presentadas todavía se apoyan mayormente en hipótesis y presunciones sobre hechos que aún no fueron comprobados. En ese sentido, sostuvo que el estado inicial de la investigación no permite adoptar una medida cautelar de semejante magnitud, en línea con el dictamen previo del fiscal federal Guillermo Marijuan.
El magistrado señaló además que no se logró demostrar la existencia de arbitrariedad manifiesta ni ilegalidad concreta en el accionar administrativo vinculado a la licitación. También remarcó que no se acreditó un riesgo inmediato o un daño irreparable que justificara la suspensión del proceso mientras avanza la investigación.

En otro tramo del fallo, Rafecas destacó que cualquier decisión judicial destinada a frenar actos de la administración pública debe tomarse con extrema prudencia para evitar interferencias indebidas sobre funciones propias del Estado.
La causa se originó tras una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano el pasado 11 de mayo. Allí sostuvo que el proceso licitatorio habría sido diseñado para beneficiar a determinados sectores empresarios y cuestionó supuestos vínculos entre funcionarios nacionales y compañías relacionadas con la concesión de la Hidrovía.

Entre las acusaciones incluidas en la presentación, se mencionó un supuesto direccionamiento del pliego para excluir competidores chinos, la existencia de presuntos socios ocultos detrás de la empresa belga Jan de Nul y la incorporación de documentación que, según la denuncia, habría sido falsificada y atribuida a organismos internacionales.
La denuncia también mencionó posibles delitos vinculados con fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad.
Posteriormente se sumó una presentación de Fernando Míguez, quien afirmó que el esquema licitatorio podría generar un perjuicio multimillonario durante el período de concesión y apuntó contra funcionarios del área económica y portuaria, entre ellos el asesor presidencial Santiago Caputo y el ministro de Economía Luis Caputo.

No obstante, el fiscal Guillermo Marijuan ya se había pronunciado previamente en contra de suspender la licitación.

En su dictamen entendió que las acusaciones no contaban todavía con elementos suficientes para justificar una medida cautelar y advirtió que las sospechas planteadas no podían sostenerse únicamente sobre conjeturas.
Finalmente, Rafecas resolvió rechazar las cautelares solicitadas y dispuso que el expediente continúe bajo análisis de la Fiscalía Federal para profundizar la investigación sobre las denuncias presentadas.