La Justicia ordena aplicar de inmediato la Ley de Emergencia en Discapacidad y anula el decreto que la frenaba
El Juzgado Federal de Campana resolvió que la Ley de Emergencia en Discapacidad —aprobada por el Congreso en 2025— debe ponerse en marcha de manera inmediata en todo el país. El fallo declara inválido el Artículo 2 del Decreto 681/2025, con el cual el Poder Ejecutivo había suspendido su ejecución alegando falta de financiamiento.
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La causa fue iniciada por familias de niños con discapacidad y sumó el respaldo de numerosas organizaciones y prestadores. Denunciaban que la suspensión dejaba sin cobertura tratamientos esenciales y profundizaba la crisis del sistema.
El juez sostuvo que el Ejecutivo no puede condicionar la vigencia de una ley aprobada por insistencia del Congreso, ya que eso vulnera la supremacía constitucional.
También rechazó el argumento fiscal, recordando que el propio Parlamento habilitó al Gobierno a reasignar partidas para garantizar su financiamiento.
El fallo enfatiza el impacto directo sobre miles de personas con discapacidad y sus familias, y ordena al Estado aplicar la ley sin más demoras.
La sentencia deberá publicarse en el Registro de Procesos Colectivos y constituye un precedente relevante en materia de protección de derechos sociales.
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