La jueza Preska, a punto de decidir si activa los embargos contra la Argentina
En el juicio por la nacionalización de YPF de 2012, en primera instancia, la Argentina fue condenada a abonar un resarcimiento de 16.000 millones de dólares a Burford Capital, que beneficiaría tanto al Grupo Petersen como a Eton Park. Hoy 10 de enero era el plazo máximo que tiene la jueza para reconfirmar o no la sentencia.
La jueza de Nueva York Loretta Prezka decidirá en las próximas horas si acepta o no el planteo argentino para que no se activen a partir de este martes los embargos contra el país en el juicio por la nacionalización de YPF. El abogado querellante Randy Matro, del estudio King and Spalding, sostuvo -en un escrito de dos páginas enviado a Preska- que "nada en la ley estipula que esta Corte sólo puede definir una fecha bajo la presencia de activos embargables".
De esta forma, Mastro respondió de manera negativa al planteo efectuado por la Argentina el lunes, para que no se establezca una fecha puntual para comenzar con los eventuales embargos en caso de no presentar garantías, en el marco de la causa por la nacionalización de la petrolera YPF concretada en 2012.
La decisión en torno al tema ahora queda nuevamente en manos de Preska, que deberá determinar si da lugar al planteo argentino o reconfirma la sentencia inicial que establecía la fecha del 10 de enero.
Burford precisó -en una nota enviada a inversores en septiembre último- que compró derechos de litigio al accionista minoritario de YPF Petersen por el 61 % de sus tenencias, y que luego vendió cerca de la mitad a terceros inversores.
Por lo tanto, el Grupo Petersen conservaría el resto y también sería beneficiario del juicio. En el caso de Eton Park, Burford también tiene los derechos de litigio.
En base al acuerdo firmado con ambos, el "impacto neto combinado de esas transacciones que Burford espera recibir es de 73 % de los ingresos", precisó el fondo de inversión en la misma nota.
El pedido presentado por la Argentina el lunes obligará a la jueza Preska a reconfirmar o modificar el fallo en el que estableció al 10 de enero como fecha límite para que los demandantes puedan comenzar a hurgar sobre algún activo del país en el caso de que la Argentina no presente las garantías que se le solicitan.
"Mientras los beneficiarios del fallo no encuentren activos para embargar en Estados Unidos, no hay necesidad de establecer una fecha puntual para comenzar los embargos", sostiene el texto presentado por el estudio Sullivan & Cromwell al que accedió Télam.
Esta presentación muestra cierto cambio de estrategia de parte del nuevo gobierno, si bien mantuvo al mismo estudio de abogados que lleva adelante la causa.
En diciembre último, Preska accedió a eximir el pago de una fianza por el monto total del juicio, a la espera de una sentencia firme para el fallo que obliga a la Argentina a abonar un resarcimiento de 16.100 millones de dólares a Burford Capital.
"Hay un problema, porque la plata no la tenemos, pero sí la voluntad de pagar.
''Una de las ideas en las que estamos trabajando, es crear la 'tasa Kicillof'; que es pagarle a este fondo con un bono perpetuo.
La idea es que los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof", dijo hace un par de semanas el presidente Javier Milei, en una entrevista con LN+.
En los primeros días de enero, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que “la Argentina está en una situación muy complicada” respecto del juicio por la expropiación de YPF.
“Son montos que exceden a lo que uno puede suponer como un traspié menor; entendemos el desastre que se ha hecho y el desastre que la administración en aquel momento, con tal vez el exabrupto de Axel Kicillof, ha desembocado en este gran desastre que es este fallo”, completó Adorni.
El pasado 27 de noviembre, en plena transición de gobierno, Argentina solicitó a la jueza Preska una postergación del plazo de ejecución de la sentencia para la presentación de garantías. El motivo del pedido fue que el nuevo Gobierno aún no había asumido, lo que sucedió como estaba previsto el 10 de diciembre pasado. En ese marco, la jueza Preska concedió la prórroga.
“Esta breve prórroga le daría a la nueva administración treinta días para evaluar las condiciones establecidas en la Resolución de la Corte de 21 de noviembre de 2023”, indicó el estudio Sullivan & Cromwell en esa oportunidad.
En la nueva presentación realizada el lunes los patrocinantes de la Argentina señalaron que “la República no puede aceptar esta condición porque privaría a la nueva administración de la capacidad de evaluar la totalidad de la Orden del Tribunal. En particular, acelerar el cronograma de presentación de informes sobre la apelación sería un desafío debido a que los demandantes presentaron una apelación cruzada, e YPF, en respuesta, presentó una apelación cruzada, lo cual requerirá información adicional”.
Por otro lado, Preska concedió al nuevo gobierno -en otro escrito paralelo- plazo hasta el 22 de febrero para presentar los primeros argumentos contra el fallo que condena al país a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF concretada en 2012, cuando la fecha original fue fijada para el 23 enero.
