La fusión del Banco Entre Ríos espera al Senado: Boleas defendió la continuidad del contrato provincial
Diputados autorizó el avance del proyecto con 27 votos afirmativos.
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El ministro de Hacienda explicó que la Provincia no tiene participación accionaria en la entidad y sostuvo que la reorganización deberá respetar las obligaciones vigentes, incluidas las garantías laborales.
La autorización para modificar la relación contractual entre la Provincia y el Nuevo Banco de Entre Ríos ya obtuvo media sanción de Diputados y debe completar su tratamiento en el Senado. La Cámara baja aprobó el proyecto el jueves 12 de noviembre, con 27 votos afirmativos y ninguno en contra, como parte del proceso que permitiría integrar la entidad entrerriana con los bancos de Santa Fe y San Juan.
Mientras continúa el recorrido legislativo, el ministro de Hacienda, Fabián Boleas, explicó por qué el Gobierno interviene en una reorganización de entidades privadas y cuáles son las condiciones que, según afirmó, deberán mantenerse.
El funcionario puso el acento en una distinción: la Provincia no es propietaria del banco, pero mantiene con él un contrato para la prestación de servicios financieros al Estado. Por lo tanto, su intervención está vinculada con ese acuerdo y con las autorizaciones necesarias para cambiar la entidad que lo ejecutará y la ubicación de su casa central.
Boleas recordó que el Estado entrerriano dejó de participar en la propiedad del banco durante el proceso de privatización y capitalización desarrollado en la década de 1990. “El banco ya no es nuestro hace rato”, resumió.
Desde entonces, la relación con la administración provincial se sostuvo mediante sucesivos contratos como agente financiero. El acuerdo vigente fue celebrado en 2020 y contiene dos cláusulas que adquieren relevancia ante la fusión: una exige autorización provincial para trasladar la casa central y otra para ceder la posición contractual.
La propuesta del Grupo Petersen contempla que el Nuevo Banco de Santa Fe absorba al Nuevo Banco de Entre Ríos y al Banco de San Juan. La entidad santafesina sería la continuadora y asumiría los derechos y las obligaciones correspondientes al servicio financiero provincial. La operación todavía necesita completar las aprobaciones societarias y obtener la autorización definitiva del Banco Central.
Según explicó Boleas, el contrato permitía que el Poder Ejecutivo resolviera las autorizaciones dentro de sus atribuciones. Sin embargo, Rogelio Frigerio decidió someter la cuestión a la Legislatura por su trascendencia institucional y por las consecuencias que tiene sobre la administración de los recursos públicos.
La discusión excede, en ese sentido, una modificación de nombres comerciales. El agente financiero interviene en el funcionamiento cotidiano del Estado, desde la gestión de sus fondos hasta el pago de haberes. El proyecto aprobado por Diputados establece que la continuadora deberá asumir las obligaciones del contrato firmado el 15 de septiembre de 2020 y garantizar la prestación ininterrumpida del servicio.
Otro de los puntos sensibles es la situación de los trabajadores. Boleas sostuvo que la reorganización no libera a la entidad de los compromisos asumidos y señaló que el contrato contiene disposiciones contra los despidos arbitrarios y sin causa.
“Hay un contrato vigente, tienen que cumplir con todas las cláusulas”, afirmó. Su planteo ubica la protección del empleo dentro de las obligaciones que deberán seguir siendo exigibles después de la operación.
Respecto de la atención al público, el mensaje enviado por el Ejecutivo asegura que el traslado de la casa central a Santa Fe no deberá afectar la calidad del servicio ni la cobertura territorial comprometida en Entre Ríos, incluidas las filiales y los cajeros automáticos.
La estrategia empresarial apunta a reunir las tres entidades bajo una estructura de mayor escala, con capacidad para ampliar el financiamiento y afrontar inversiones tecnológicas. El proyecto prevé además una nueva denominación e identidad comercial que contemple el arraigo de los bancos en las provincias donde operan.
Para Entre Ríos, el próximo paso institucional está en el Senado. La aprobación de Diputados habilitó el avance de la iniciativa, pero todavía no convierte la fusión en un hecho consumado. El proceso deberá completar tanto las decisiones públicas como las instancias empresariales y regulatorias pendientes.
En ese recorrido, la posición expresada por Boleas es que puede cambiar la estructura societaria del banco, pero deben mantenerse las obligaciones con la Provincia, sus trabajadores y los usuarios del servicio.

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