La expansión de la red eléctrica quedará en manos de capitales privados

El Gobierno Nacional puso en marcha un nuevo mecanismo para ampliar el sistema de transporte de energía eléctrica, con el foco puesto en reforzar la infraestructura y asegurar el suministro frente al crecimiento sostenido de la demanda.

La iniciativa se apoya en la participación del sector privado y busca acelerar obras estratégicas sin generar impacto directo en las finanzas públicas, en el marco de la emergencia energética vigente.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 921/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial. Allí se establece que las obras destinadas a expandir la red eléctrica nacional se llevarán adelante bajo el régimen de concesión de obra pública, con financiamiento privado. 
Las intervenciones incluidas como prioritarias dentro del Plan Nacional de Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica serán adjudicadas a través de licitaciones públicas, tanto a nivel nacional como internacional, conforme a la legislación vigente.

Desde el Ejecutivo destacaron que este esquema permitirá avanzar con proyectos de gran escala “sin comprometer recursos fiscales”, ya que las empresas concesionarias estarán a cargo de la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura. Según se explicó oficialmente, el modelo apunta a ofrecer previsibilidad jurídica y sustentabilidad económica a largo plazo.
Entre los objetivos centrales del plan, el Gobierno señaló la necesidad de reducir el riesgo de cortes, fortalecer la red de transporte y resolver cuellos de botella estructurales que hoy limitan el traslado de energía desde las zonas de generación hacia los principales centros de consumo. También se subrayó que la ampliación del sistema es clave para acompañar el aumento de la demanda y habilitar nuevas inversiones en generación eléctrica.

La decisión se inscribe dentro de la emergencia del Sector Energético Nacional, prorrogada hasta julio de 2026, y responde a la urgencia de garantizar un servicio continuo y confiable en condiciones técnicas y económicas adecuadas.

En cuanto a la implementación, el decreto asigna a la Secretaría de Energía la responsabilidad de llevar adelante los procesos licitatorios —incluida la elaboración de pliegos, la convocatoria y la adjudicación—, mientras que el Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación y control del nuevo esquema.