La compra del departamento de Adorni genera interrogantes por su financiación

La operatoria mediante la cual Manuel Adorni adquirió un departamento en Caballito volvió a quedar en el centro de la escena tras la declaración de la escribana Adriana Nechevenko, quien brindó detalles sobre el esquema de pago acordado para concretar la compra.
Según explicó ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, el funcionario accedió a un mecanismo de financiamiento no bancario que le permitió cubrir 200 mil dólares en 12 cuotas, sin interés. El acuerdo, firmado en noviembre, contempla pagos mensuales cercanos a los 16.666 dólares.

De acuerdo a la información aportada, Adorni habría entregado un anticipo de 30 mil dólares a las vendedoras del inmueble, dos jubiladas. Ese desembolso se habría realizado con fondos propios, teniendo en cuenta que, según su última declaración jurada, contaba con ahorros que superaban los 48 mil dólares entre efectivo y depósitos en el exterior.
Sin embargo, distintos cálculos financieros ponen en duda la viabilidad del esquema. Incluso con la actualización salarial del gabinete nacional dispuesta en enero, los ingresos del funcionario quedarían muy por debajo de lo necesario para afrontar cada cuota mensual.

Hasta diciembre, los salarios del equipo de gobierno se mantenían congelados en torno a los 3,5 millones de pesos brutos. Tras la recomposición, Adorni pasó a percibir más de 7 millones mensuales, con una proyección que supera los 8 millones en los próximos meses.
Aun así, esos ingresos, al tipo de cambio actual, permitirían acceder a una cantidad de dólares muy inferior a la requerida para cumplir con cada vencimiento. En el mejor de los casos, necesitaría acumular varios sueldos completos para cubrir una sola cuota del plan acordado.
A este escenario se suman otros movimientos financieros mencionados en la causa, como gastos en viajes y la adquisición de otra propiedad a nombre de su esposa, lo que reduce aún más el margen disponible de sus ahorros.
El esquema de financiamiento, poco habitual en el mercado inmobiliario, y la relación entre ingresos declarados y compromisos asumidos, forman parte de las líneas de análisis que ahora evalúa la Justicia para determinar la consistencia patrimonial del funcionario.